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CASO #59

Me equivoqué de animal

«El corazón de Quito»

«¿Es Cumbayá el corazón de Quito? ¿Mito o verdad?» Me lo preguntaron en la trivia de un podcast y contesté entre risas y por reflejo: Cumbayá es el dedo gordo del pie de Quito. Supuse un cuerpo humano con un solo corazón, en el pecho, más o menos donde está la Plaza Grande.

En junio, un diario le pidió al Instituto Geográfico Militar el punto medio de la mancha construida, y el corazón geográfico de Quito apareció en La Chilena, entre las calles Manabí e Imbabura, a unas seis cuadras de Carondelet; tres años antes, el mismo ejercicio lo había ubicado junto al Itchimbía.

El cálculo equivale a recortar en cartón todo lo construido, con calles, casas y edificios, y buscar el único punto en el que el cartón se sostiene horizontalmente sobre la punta de un lápiz. En una ciudad larga y flaca como esta, ese punto queda más o menos en el medio. Para el cartón pesa lo mismo una manzana llena de familias que un galpón vacío.

De acuerdo al interesante estudio realizado por André Zurita, «Quito se mueve», al que llegué por un enlace en redes sociales, el resultado cambia si en lugar del cartón de lo construido se toma el mapa del cantón entero, con los valles y lo rural, y se para encima a cada uno de los casi 2,7 millones de quiteños en la puerta de su casa, suponiendo con generosidad que todos pesamos lo mismo. El punto de equilibrio se corre a La Mariscal, donde se compensan los que viven al norte, al sur y en los valles.

Si la pregunta fuese dónde colgar una campana imaginaria para que se oiga hasta en el último rincón de la ciudad con el menor esfuerzo posible, la respuesta es: Nono, ya en el campo. La campana no cuenta casas: busca el sitio desde donde el rincón más lejano le quede lo más cerca posible, y en una ciudad larga y torcida, ese sitio queda afuera. Si tiene que hacerse oír en todo el distrito, incluidas sus parroquias rurales, la respuesta es Lloa. Las tiendas, en cambio, vistas desde lejos, se amontonan junto a La Carolina, y la estación de Metro con más pasajeros es Quitumbe.

Quito tiene tantos centros como preguntas se le hagan, y dos le quedan fuera de la ciudad.

La capital mide unos treinta kilómetros de largo por cinco de ancho sobre la meseta, y una ciudad con esa forma no tiene un punto que le quede cerca a todos. No conozco a nadie que ubique su corazón de Quito en La Chilena. El mío, desde que vivo en el valle, es el parque de Cumbayá, frente a la iglesia de San Pedro. Sospecho que en Solanda, en Carapungo o en Llano Chico, la respuesta a una encuesta de vereda sería otra.

Los datos dejan una pista. El mismo estudio identifica diecinueve lugares donde tiendas, restaurantes y servicios se concentran más que en el resto de su zona, y en ocho de ellos el sitio con el nombre más cercano en el mapa es un parque, como los de Tumbaco, Conocoto o Pomasqui. Siete de cada diez quiteños viven a tres kilómetros o menos en línea recta de alguno de esos lugares, y el de Guamaní es el más cercano para casi 380 mil personas. Las parroquias del oriente tenían plaza, iglesia y parque antes de que Quito llegara, y la ciudad las rodeó sin borrarlas. Como arquitecto, ahí estuve a punto de comprarme la conclusión fácil: los corazones son las plazas viejas, cuidémoslas y listo.

Esa conclusión no aguanta tres pruebas. La plaza más antigua de todas queda en el Centro Histórico, una parroquia que perdió casi el 28 % de sus habitantes entre 2010 y 2022: plaza de sobra, vecinos cada vez menos. Solanda nació en los ochenta en un plano sin plaza fundacional y hoy está entre las parroquias con mayor mezcla de gente, comercio y calle, según el Instituto de Investigaciones de la Ciudad. Y El Condado tiene más de 115 mil residentes y menos de nueve tiendas, consultorios, escuelas o restaurantes registrados por kilómetro cuadrado: un cuerpo grande con un corazón chiquito, al menos en el mapa. El corazón de un barrio es el lugar donde la gente se cruza para resolver la semana, y puede ser un mercado, una avenida con tiendas, una estación o, a veces, una plaza.

Los quiteños que tendrían que cruzar por ahí vienen de muchos lugares. En el censo de 2010, uno de cada tres habitantes de Quito había nacido en otro cantón o provincia; en 2022, además, había 115 mil extranjeros, más de la mitad de ellos venezolanos. Calderón, la parroquia que más creció entre 2010 y 2022, también es la que más venezolanos y colombianos recibe. En el mapa del estudio hay unos veinte de esos sitios por kilómetro cuadrado, frente a más de 650 en La Mariscal. La comparación es engañosa porque Calderón todavía tiene potreros, pero al recién llegado no le venden pan en los potreros. El chagra al que se nombra de reojo andaba a caballo por el páramo antes de que existiera la avenida desde donde lo miran así, y «El chulla quiteño», según la familia de su compositor, se escribió en 1946 en Patate, de pura nostalgia por Quito.

En el primer Caso a Caso escribí que Quito era un organismo enfermo. Me equivoqué de animal nomás. El pulpo tiene tres corazones y la mayor parte de sus neuronas está en los brazos; cada brazo siente y decide sin consultarle todo a la cabeza, y aun así sigue siendo el mismo animal. Según el Instituto de Investigaciones de la Ciudad, Tumbaco y Calderón ya cuentan con su propio centro para la vida diaria, pero siguen dependiendo de la ciudad para gran parte de lo demás. Los corazones de barrio alcanzan para la escuela, el parque y la panadería. El trabajo es otra cosa, y Quito ni siquiera sabe con precisión dónde está: las cifras de empleo se publican para la ciudad entera y no por barrio.

Lo práctico tiene dos escalas. En el barrio, inventariar los corazones que ya funcionan, presupuestar su mantenimiento como el de un colector y, donde no hay ninguno, preguntar a los vecinos dónde se cruzan antes de dibujarles una plaza. En la ciudad, medir dónde está el trabajo y fijar una meta pública de cuántos de esos empleos se alcanzan en bus en menos de una hora desde cada barrio.

Mito o verdad era una pregunta para un animal de un solo corazón.

FUENTES

• Zurita, André. «Quito se mueve». Investigaciones 01, 02 y 03, septiembre de 2026. https://quito-se-mueve.andrezurita2.chatgpt.site/
• Najas, Esteban. Caso #1, «Casuística quiteña», Quito Caso a Caso, 17 de agosto de 2025.
• Salazar, Andrés. «¿Dónde está el centro exacto de Quito? La capital se expande y su corazón geográfico se muda al barrio La Chilena», Primicias, 6 de junio de 2026.
• Salazar, Andrés. «¿En dónde se encuentra el centro exacto de Quito?», El Universo, 30 de enero de 2023.
• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2024–2033.
• Instituto de Investigaciones de la Ciudad. Boletín 4, «Crecimiento y decrecimiento demográfico entre 2010 y 2022 en el DMQ», 2024.
• Instituto de Investigaciones de la Ciudad. Boletín 5, «Análisis multidimensional del DMQ: patrones de zonificación y niveles de vitalidad urbana», 2025.
• Instituto de Investigaciones de la Ciudad. «Características demográficas y educativas de la población migrante», Censos 2010 y 2022.
• Censos de Población y Vivienda 2010 y 2022.
• El Comercio. «El 35 % de los habitantes de Quito son inmigrantes internos».
• El Comercio. Origen de «El chulla quiteño».
• Oñate, Sara. Centro histórico de Cumbayá, Expreso, 12 de julio de 2026.
• La Nación. «Diez datos increíbles sobre los pulpos».

CASO #58

«Para llorones no es.» Parte 2

¿Quién se queda con la última milla?

Desde 2023, quien llega en carro al Metro sí tiene dónde dejarlo: el Municipio abrió parqueaderos junto a varias estaciones, uno de ellos en el Parque La Carolina, con descuento si se muestra el ticket. Quien llega en bici tiene que buscar dónde amarrarla. Hay cicloparqueaderos en algunas paradas del sistema, y los propios ciclistas se quejan de que están descuidados y no son seguros. El de Quitumbe parece ser una excepción según me dicen.

La semana pasada, en el caso # 57, traté otros hallazgos que, si no los encuentran aquí, ya saben dónde podrían estar. Damien Kientz me contó de la subida a la Guangüiltagua, que «para llorones no es», y que mucho de lo que falla en Quito, supongo yo, fallaría también en una ciudad plana donde se dependería menos de unos potentes gemelos.

Entonces, supongamos un Quito plano como una mesa de billar, entre Carapungo y Quitumbe, y lo que dificultaría moverse sin carro sigue ahí: el tramo entre la estación y la puerta. Los urbanistas le llaman la última milla. El término viene de las telefónicas, que llamaban así al cable entre la central y cada casa: el tramo más corto de la red y el más caro de tender.

Para ilustrarlo, sigamos un tramo mío: tengo una reunión a primera hora cerca de la plaza de San Francisco. A mí me funciona dejar el carro en La Carolina y tomar el Metro. Si viviera en La Floresta, a un toque de pedaleo, tendría que ver dónde amarrar la bici al llegar a la estación, porque el Metro solo la deja subir de 10am a 4pm y de 8pm hasta el cierre: ni a la hora de ir a trabajar ni a la de volver. Terminaría caminando, como más de la mitad de los usuarios del Metro que, según sus propias encuestas, llegan y salen a pie. Ese tramo aparece poco cuando se discute la movilidad. A esos peatones les mejoraron el entorno inmediato de casi todas las estaciones con el proyecto Zonas Metro. A la cuadra siguiente, este año, le está llegando asfalto nuevo; de aceras, nada hasta la fecha.

En esa cuadra cada edificio decide qué hacer con la vereda de todos. Es una ruta de obstáculos: una rampa vehicular que desciende hasta la calzada y, en conjunto, carros parqueados de punta contra la fachada. En los ejes de uso múltiple, la norma no permite estacionar ni en el retiro frontal ni en la acera. Para que se cumpla, no hace falta un agente en cada esquina: basta con un bordillo o un árbol en el punto exacto donde hoy se parquea de punta. Mientras tanto, si una señora con un coche de bebé se atreviera a recibir el sol, se vería obligada a bajar a la calzada.

Desde la bici, el mapa se ve distinto para quien la usa todos los días. La regla técnica es sencilla: mientras más rápido va el carro, más separada tiene que ir la bici, y en las calles de barrio se puede compartir si la velocidad se reduce mediante el diseño, con árboles y aceras más anchas, porque el letrero de 30 lo respeta poca gente. Lo que se hizo en Quito fueron ciclovías con bolardos y tachas, instaladas como provisionales y que se quedaron, con un ancho pensado para una sola bicicleta. Ahí no se rebasa, y una bici de carga que en otras ciudades lleva a los niños a la escuela no entra. Las que van pegadas al parterre dejan al ciclista lejos de la panadería y del amigo que va por la vereda, donde se siente más seguro. Él mismo lo lamenta: hasta los ciclistas, dice, siguen viendo la ciudad como un lugar de paso y no como una casa grande en la que quedarse. Es una presunción razonable en una ciudad que parece hecha para pasar.

Pero la factura debe ser compartida entre el Municipio y nosotros. El ciclista que esquiva al bus subiéndose a la vereda le impone un riesgo al peatón, a quien la Ley de Tránsito prioriza. La moto hace lo mismo, con más peso y a mayor velocidad, y el COIP les cobra lo mismo a ambas por subirse a la vereda: 24,10 dólares. Yo tampoco salgo limpio. En Cumbayá uso el carro para trayectos que en otra ciudad caminaría, porque hay zonas hechas para que el carro no frene y la vereda aparezca cuando le da la gana. Me animé una vez a caminar por la Av. Intervalles con mi hija: ni cagando repito semejante trauma al que tanta gente tiene que someterse para tomar un bus.

Mi relación menos tóxica con la bici en esta ciudad es el ciclopaseo del domingo. Meto las bicis en el carro, bajo del valle, parqueo en La Carolina, pedaleo por la Amazonas hasta El Ejido, entro al centro y me como un sánduche con cola en la Plaza Grande. Después, vuelvo por el mismo camino para recoger el carro. Ese día la ciudad, la ciudad es de todos: cierra un eje, le baja la velocidad al resto y sale gente que entre semana no se atrevería. El lunes, naturalmente, cada pieza vuelve a su dueño.

El parqueadero es de la EPMMOP, el tren es del Metro, la ciclovía es de la Secretaría de Movilidad, el control es de la AMT, la bici pública es de un contratista y la vereda es medio del dueño del edificio y medio de nadie. Las piezas llegaron en administraciones distintas, casi siempre para resolver lo urgente del momento, y cada una se defiende bien en su propio informe.

Damien me hizo ver algo que yo no tenía claro: los planes de ordenamiento, tal como los plantea la ley, empujan a dividir la ciudad en componentes, la vialidad por un lado y el espacio público por otro. Él propone ordenar los problemas desde la vida de la gente antes que desde las obras. Lo explicaba con el alcantarillado: en un barrio sin tubería, lo que hay que medir es cuántas familias viven sin saneamiento, y el tubo es el medio para resolverlo. Con la movilidad pasa igual: lo que importa es que la gente llegue adonde necesita, y la ciclovía es una de las herramientas para lograrlo. Mi conclusión es que, con la ciudad compuesta por componentes desconectados, nadie responde por el viaje completo de una persona. Con los años, el rompecabezas quedó armado de modo que las piezas del que llega en carro encajan solas y las demás hay que forzarlas.

Lo que movería a alguien como yo a soltar el volante de vez en cuando cabe en esa misma escala. El tren no deja subir bicis en hora pico porque va lleno, y tiene razón; por eso, la bici necesita un lugar donde quedarse en la estación, que fue lo que pedí en la primera parte. Resulta que en Quitumbe ya existe y los ciclistas lo toman como ejemplo; se puede replicar en El Labrador antes de diseñar uno nuevo. En las calles de un barrio de un solo sentido, un carril bici en contravía la convierte en un atajo, como se hace en varias ciudades europeas. Y a los edificios, a los que la licencia ya les exige parqueaderos con toda seriedad, se les puede pedir con la misma seriedad dónde dejar una bici y una ducha en los de oficinas. Ninguna de esas piezas es una obra grande.

La última milla casi no aparece en los informes de las entidades: no es de ninguna, y ninguna le para mucha bola. Este caso tampoco la resuelve. Quedó afuera la mercadería que, en otras ciudades, llega al barrio en bici de carga, y me llevo una pregunta de la conversación: ¿qué mide esta ciudad cuando dice que se mueve? Todavía no sé qué tendría que cambiar para que, en un martes cualquiera, dejemos el carro en la casa. Sé que no es solo la loma. Para lo demás, a Quito le quedan varios kilómetros de pedaleo por delante.

 

Glosario de fuentes de información

1. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)
   Reportado por Teleamazonas, 8 de mayo de 2023 (vigencia de la tarifa por confirmar).
   Sustenta: Seis parqueaderos con 528 puestos para usuarios del Metro (entre ellos, Parque La Carolina), con tarifa preferencial al presentar el ticket del parqueadero y el del Metro.
2. Secretaría de Movilidad del DMQ
   Boletín Informativo #12, «Quito pedalea hacia una movilidad más segura e integrada», mayo de 2026 (publicado en septiembre de 2026).
   Sustenta: Diagnóstico 2025–2026: 71 espacios con cicloparqueadero y 82 sin él; observaciones de colectivos ciudadanos en la Mesa Interinstitucional sobre problemas de mantenimiento, visibilidad, seguridad y operatividad en El Labrador, La Y y Río Coca; Quitumbe como experiencia positiva.
3. Ordenanza Metropolitana 067-2024 y Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
   Ordenanza 067-2024, art. 2937.20, sancionada el 23 de enero de 2024; cuenta oficial del Metro de Quito en X, 11 de septiembre de 2025, citada por Expreso el 17 de septiembre de 2025 (vigencia del horario y aplicación en fines de semana por confirmar).
   Sustenta: Ingreso con bicicleta permitido según los protocolos de la operadora, que puede restringirlo por congestión; bicicleta a mano, una por usuario; horario de ingreso de 10:00 a 16:00 y de 20:00 al cierre de la estación.
4. Metro de Quito, boletines estadísticos
   Boletín 02-2026 (encuesta de satisfacción a 710 usuarios, enero de 2026) y boletín de junio de 2026, reportados por El Comercio.
   Sustenta: Más de la mitad de los usuarios llegan y salen de las estaciones a pie.
5. Zonas Metro
   Metro de Quito, «La implementación de las Zonas Metro está en marcha», 20 de enero de 2022; El Comercio, «Quito aprendió a caminar hacia el Metro. ¿Por qué la bicicleta sigue sin despegar?», 2026.
   Sustenta: Intervención en los espacios aledaños a los ingresos y salidas de las estaciones, con diseño del IMPU; ampliación de aceras, rampas, adoquines podotáctiles y cruces seguros en el entorno de 14 de 15 estaciones antes de la apertura del Metro; trayectos previos no intervenidos con la misma sistematicidad.
6. Rehabilitación de vías de conexión al Metro
   EPMMOP, nota de septiembre de 2026; El Comercio, «Arrancan los cierres en 14 vías de Quito que conectan con el Metro», julio de 2026.
   Sustenta: Programa de rehabilitación de calles que conectan con las estaciones (86 tramos y unos 12 km hasta marzo de 2027, dentro de un plan de cerca de 31 km en las Zonas Metro del centro y norte), descrito como fresado, asfalto, drenaje y señalización, sin mención de aceras.
7. Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo, Tomos 1 y 2
   Municipio del DMQ; Tomo 1, numeral 1.2.3; Tomo 2 (Edificabilidad), v2.0, numeral 1.2.8 (confirmar en el texto oficial vigente).
   Sustenta: Prohibición de ocupar la acera con estacionamiento; en lotes de uso múltiple, prohibición de estacionar vehículos livianos y pesados en el retiro frontal.
8. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
   Art. 3A, prioridad de movilidad (confirmar en texto consolidado vigente).
   Sustenta: Orden de prioridad en el uso del espacio vial, con el peatón en primer lugar.
9. Código Orgánico Integral Penal (COIP)
   Art. 392, numerales 12 y 14 (confirmar).
   Sustenta: Ciclista o motociclista que circula por sitios no permitidos: 5% del salario básico (24,10 dólares en 2026).
10. Damien Kientz, urbanista
    Entrevista por notas de voz, 1 y 2 de octubre de 2026. Uso de nombre y frase autorizado por el autor.
    Sustenta: Frase «Pero eso sí, para llorones no es»; segregación según velocidad; reducción de velocidad por diseño en vías locales; separadores provisionales; ciclovías dimensionadas para una sola bicicleta y sin espacio para bicis de carga; pérdida del encuentro al ubicarlas junto al parterre, preferencia de muchos ciclistas por esa ubicación y crítica a entender la ciudad como lugar de paso y no como «casa grande» de estancia; ciclocarril en contraflujo en vías locales; falta de duchas y cicloparqueaderos; planificación por componentes en los PDOT y planteamiento de los problemas desde la calidad de vida de las personas (ejemplo del alcantarillado).
11. Quito Caso a Caso, Caso #57
    «Para llorones no es.» Parte 1 · ¿Quién se queda con el viaje? Esteban Najas, 2026.
    Sustenta: Primera parte de la serie.

CASO #57

Para llorones no es.

Parte 1 · «¿Quién se queda con el viaje?»

A Damien Kientz lo conozco de una conferencia y de varias conversaciones por redes, casi siempre sobre ciudad y casi siempre con él sabiendo bastante más que yo. Hace unos días contó que se fue en bici once kilómetros en media hora, con subida a la Guangüiltagua incluida, casi sin sudar, ahorrándose gasolina, parqueo y al menos veinte minutos. Y remató: «Pero eso sí, para llorones no es». Me incluyo: subo del valle en carro todos los días. Plañidera ad honorem.

Lo busqué por eso: es urbanista y anda en bici todos los días, y terminé recibiendo una clase que me dejó material para varios casos, y una certeza: la bicicleta en Quito tiene bastantes más aristas que las dos que se pelean en redes. Este es el primero, el de la loma.

Yo tenía un dato que me parecía sólido: según la encuesta del Plan Maestro de Movilidad, alrededor del 0,6% de los viajes en Quito eran en bicicleta en 2022. Damien trabajó en la revisión de ese plan y me contó que la encuesta no registró como viajes los recorridos más cortos, de menos de cinco o diez minutos, ni el tramo en bici de un viaje que termina en bus, porque en los viajes combinados siempre gana el modo motorizado. La metodología detallada, encima, no la encontré publicada, y la Secretaría de Movilidad admite que no tiene aforos de ciclistas consolidados de 2025 ni de 2026. El número que yo traía como certeza empezó a parecer mucho menos cierto.

La cuesta pesa, y hay que decirlo sin rodeos. En Inglaterra, al cruzar censos, encontraron que cuando la pendiente de una zona aumenta, el uso de la bici cae casi en la misma proporción. Pero Damien tiene un dato que cambia la discusión: buena parte de los colegios y las oficinas está en la meseta, de norte a sur, mientras la vivienda trepa por las laderas. En la mañana se baja; la subida queda para el regreso, cuando ya da igual llegar sudado. Lo mío, desde el valle, se explica con otra cuenta. Cumbayá y Tumbaco se llenaron de urbanizaciones bastante antes de que les llegara un bus frecuente, y entre la casa y la oficina quedó una distancia que pocas piernas aguantan a diario, con la subida al túnel Guayasamín de yapa. Algunas de esas casas las diseñé yo. De esa ciudad estirada hablé en el Caso #42.

Para la subida, Quito ya tuvo respuesta. En 2016 circulaban a diario unas 700 bicis públicas convencionales y 150 eléctricas. De los 1.700 viajes diarios, 700 eran en eléctricas: cada una rendía más de tres veces que una convencional. Lisboa, otra ciudad de colinas, también estaba en 0,6% en 2017 y, después de lanzar un sistema público con 70% de bicicletas eléctricas, vio multiplicarse por 2,5 los conteos de ciclistas. Aquí, la Contraloría no encontró evidencia de dónde ni bajo qué custodia estuvieron las bicicletas durante seis meses, y las 300 eléctricas terminaron en bodega con la garantía vencida.

En julio de 2026, el sistema volvió como QuitoBici, anunciado como la mayor expansión de su historia: 250 bicicletas con GPS y candado electrónico, sin asistencia eléctrica en ninguna ficha oficial, y 25 estaciones entre Quitumbe y La Ofelia. En sus primeros 53 días promedió 1.887 viajes diarios. Damien me pasó otra regla: una red de bici pública necesita estaciones tan cerca que encontrar una llena no te obligue a pedalear medio barrio y volver caminando. Habla de unos 350 o 400 metros. QuitoBici tiene 25 estaciones repartidas entre La Ofelia y Quitumbe. Lo que cuenta es qué tan cerca tienes una cuando la necesitas.

Mientras ciclistas y conductores se pelean el carril, el viaje mediano con loma se lo está llevando otro. En la encuesta de 2022, la moto ya representaba el 2,7% de los viajes en Quito, más de cuatro veces la bici, y en Ecuador se venden aproximadamente dos motos por cada carro, según AEADE. Quien la compra decide bien con lo que tiene: en una moto entra la familia entera y, para el repartidor, es el sueldo. Las eléctricas llegan con arancel cero y sin IVA. Pero la mayor ventaja de la moto no figura en ninguna factura. Va entre carros, se sube a la ciclovía o a la vereda y nadie le dice nada, mientras que a la bici la ciudad la arrinconó contra el parterre porque las fachadas están llenas de entradas de garaje. Damien recuerda una sola ciclovía en Quito hecha quitándole un carril al carro: la de la Amazonas, que es la más usada. La flexibilidad que era de la bicicleta se la quedó la moto, gratis, y la cuenta la paga el ciclista al que una moto le sale de frente en su propio carril. Según la ANT, motociclistas, ciclistas y peatones suman más de la mitad de las víctimas fatales del país, y la AMT reconoce que no puede sancionar a las motos eléctricas y a los scooters en la ciclovía mientras no exista una ordenanza.

Ese es el dilema de cualquier ciudad con lomas: cada tipo de viaje termina con un vehículo ganador, lo decida alguien o no. El carro se quedó hace rato con los viajes largos del valle; los medianos con cuesta se los está llevando la moto, sin que nadie lo haya votado en el Concejo. Ese ganador lo deciden la infraestructura y la costumbre, bastante más que las piernas de nadie.

Lo que Damien propone, y yo suscribo desde el carro, no necesita un plan nuevo:

1. Que los buses suban la loma por la bici. Las consultorías de reestructuración de rutas ya dibujaron troncales norte-sur y alimentadores este-oeste; con portabicis en esos alimentadores, lo plano se pedalea y la cuesta se sube en bus.
2. Cicloparqueaderos junto a las estaciones del Metro, en los estacionamientos subutilizados y en los edificios abandonados que las rodean, donde hoy no hay dónde amarrar una bici.
3. Si QuitoBici crece, que crezca hacia adentro: estaciones cada 400 metros, una encuesta que cuente los viajes cortos y, esto ya es mío, asistencia eléctrica donde la ruta sube.
4. Control de verdad para las motos que invaden ciclovías y veredas, porque ahí el que pone el cuerpo es otro. Y recién después hablar de impuestos, que a quien no tiene otra forma de llegar le pegan primero.

La frase de Damien tenía más razón de la que quiso. Para llorones no es, todavía. Solo que los llorones, los que no nos animamos con la loma ni con el tráfico, no nos quedamos llorando en la parada. Unos nos fuimos en carro. Otros, cada vez más, se compraron una moto.

 

Glosario de fuentes de información

1. Damien Kientz, urbanista

Publicación en X, finales de septiembre de 2026, y notas de voz a Esteban Najas del 1 y 2 de octubre de 2026. Uso de nombre y frase autorizado por el autor.

Sustenta: Recorrido de 11 km en 30 minutos con subida a la Guangüiltagua y la frase «Pero eso sí, para llorones no es»; observaciones sobre la metodología de la encuesta (viajes cortos y combinados no registrados), la distribución de atractores en la meseta, la ubicación de ciclovías junto al parterre, la distancia recomendada entre estaciones de bici pública (350 a 400 m), los alimentadores con portabicis y los cicloparqueaderos junto al Metro.

2. Plan Maestro de Movilidad Sostenible del DMQ 2022–2042

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Tabla 3-3 de distribución modal, con base en la Encuesta Origen-Destino 2022.

Sustenta: Bicicleta (agrupada con patinetas en la tabla) en torno al 0,6% de los viajes diarios; motocicleta en 2,7%.

3. El Comercio, con información de la Secretaría de Movilidad y la AMT

Nota sobre movilidad activa y Metro de Quito, 2026.

Sustenta: La Secretaría reconoce que no cuenta con aforos ciclistas consolidados para 2025 y 2026; la AMT señala que no puede controlar ni sancionar motos eléctricas y scooters sin ordenanza específica.

4. Parkin, Wardman y Page

Estimation of the determinants of bicycle mode share for the journey to work using census data. Transportation, 2008.

Sustenta: Relación entre pendiente y uso de la bicicleta con datos censales de Inglaterra y Gales.

5. El Universo / AFP

Nota sobre BiciQuito, 7 de julio de 2016.

Sustenta: 700 bicicletas estándar y unas 150 eléctricas circulando a diario; 1.700 desplazamientos diarios, 700 en eléctricas. La relación de «más de tres veces» (4,67 frente a 1,43 viajes por bicicleta) es cálculo propio.

6. Contraloría General del Estado

Examen especial al sistema de bicicleta pública, reportado por El Universo, abril de 2022.

Sustenta: Falta de evidencia sobre la ubicación y custodia de las bicicletas durante seis meses; las 300 eléctricas quedaron en bodega con garantía vencida (reporte de prensa).

7. Félix, Moura y Clifton

Build it and give ‘em bikes, and they will come: cycling infrastructure and electric bike-sharing in Lisbon. 2020.

Sustenta: Lisboa en 0,6% de viajes en bicicleta en 2017; aumento adicional de 2,5 veces en los conteos de ciclistas tras el sistema público con 70% de flota eléctrica. Son volúmenes observados, no reparto modal.

8. Quito Informa (Municipio de Quito)

Notas del 28, 29 y 30 de julio y del 21 de septiembre de 2026.

Sustenta: QuitoBici: 250 bicicletas con geolocalización y candado electrónico, sin asistencia eléctrica mencionada; contratación como servicio integral, no compra de bicicletas; 25 estaciones entre Quitumbe y La Ofelia; anuncio como mayor expansión del servicio; promedio de 1.887 viajes diarios en sus primeros 53 días.

9. Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

Genaro Baldeón en el Congreso MotoLatam, Cuenca, 20 de septiembre de 2026, reportado por El Mercurio.

Sustenta: En Ecuador se comercializan aproximadamente dos motocicletas por cada automóvil (ventas nacionales).

10. Servicio de Rentas Internas y acuerdo comercial Ecuador–China

Reportado por El Universo; Ley de Régimen Tributario Interno, art. 55 num. 14.

Sustenta: Motos eléctricas homologadas con arancel de importación de 0% y tarifa 0% de IVA.

11. Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

Visualizador de siniestralidad vial.

Sustenta: Motociclistas, ciclistas y peatones suman más de la mitad de las víctimas fatales en vías del país.

12. Quito Caso a Caso, Caso #42

Cuarenta años manejando. Esteban Najas, 2026.

Sustenta: Antecedente sobre dispersión hacia los valles y dependencia del automóvil.

CASO #56

Los 90 milloncitos del patrimonio de Quito.

En un informe del Consejo Nacional de Competencias, de julio de 2024, hay una tabla con ocho ciudades. Quito va primero, con 90,62 millones de dólares en una columna llamada FONSAL. El FONSAL dejó de existir el 28 de diciembre de 2010.

Debe ser el único difunto del Estado ecuatoriano que sigue apareciendo en las cuentas con la plata completa. En dólares de 2010, eso sí.

El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural está detrás de buena parte de lo restaurado en el Centro Histórico. Quien haya subido un viernes por la noche la calle Morales, en La Ronda, caminó sobre su obra. Nació de un susto: el terremoto de marzo de 1987 dejó rajadas las bóvedas y cúpulas de San Francisco y de la Catedral, y nueve meses después ya existía la Ley 82.

Después vino lo decisivo: el 6% del impuesto a la renta recaudado en Quito. Llegaba cada año, sin que nadie tuviera que demostrar, presupuesto tras presupuesto, que una cubierta del siglo XVII era más urgente que un bache.

La plata tenía un destino reconocible: el patrimonio. Mucha terminaba en un retablo, una plaza o una cubierta; otra, en investigación y gestión. Pero había obra real todos los años. La falsa pelea entre “obra dura” y capacidad técnica sirve para una discusión en redes, no para restaurar una iglesia: los técnicos se hicieron mejores porque tenían sobre qué trabajar, y las obras fueron mejores porque había técnicos que sabían hacerlas. Esa atadura a la obra, que algunos desprecian como manía de ingenieros, permitió algo que en este país casi nunca pasa: que una restauración durara cuatro alcaldes. En 2009, el FONSAL invirtió 86 millones.

Lo más valioso que dejó fue gente: restauradores y carpinteros que aprendieron durante años sobre el andamio. De yapa, un programa editorial que investigaba planos viejos y fiestas de barrio.

La calle Morales quedó preciosa, con geranios en los balcones y hoteles boutique en casas que fueron de inquilinato. Hubo plata y hubo técnicos, y aun así, según el Municipio, el Centro Histórico perdió más de la cuarta parte de sus habitantes entre 2010 y 2022.

Me toca corregirme. En un caso anterior escribí que en 2010 el FONSAL dejó de ejecutar para ponerse a regular. Me equivoqué de verbo: su sucesor, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, siguió contratando obra. Lo que cambió de raíz fue la arquitectura de la plata. Entre la reforma tributaria de 2007, la Constitución de 2008 y el nuevo régimen de 2010 se desmontó el viejo sistema de preasignaciones. El 6% sobrevivió transitoriamente; después dejó de existir como caja FONSAL separada. La plata perdió el apellido. Y ya que estoy confesándome: el Teatro Bolívar, que puse como ejemplo de terquedad privada, también recibió plata del Fondo en 2009.

Eliminar las preasignaciones tenía un argumento serio: un presupuesto nacional lleno de candados, con porcentajes amarrados por ley, no deja gobernar a nadie. Pero con el candado se fue la etiqueta, y sin etiqueta la plata del patrimonio compite cada año con el bache, que gana porque se ve desde el carro. En el Caso #37 escribí que un mecanismo solo vale si dura más que su autor. El FONSAL lo cumplió. Lo desarmó un cambio nacional de reglas pensado para ordenar otro presupuesto.

Queda un muerto con dos herederos. Las transferencias que Quito recibía por ley en 2010 quedaron incorporadas al Monto A, la parte fija que el Estado le repite cada año dentro de sus transferencias generales. La tabla del principio anota la parte que venía del FONSAL. Cuando en 2015 el Estado traspasó a los municipios la competencia de patrimonio con una bolsa adicional, Quito quedó fuera de esa distribución justamente por su antecedente FONSAL. El Municipio, por su lado, recibe esa plata como transferencia general, sin que ninguna cuenta pública muestre cuánto de ella llega a una sola iglesia. En 2025 el Ministerio de Cultura preguntó en público dónde estaba, y la pregunta era legítima. El Municipio contestó que el fondo ya no existía y que el Estado le adeudaba más de 270 millones en transferencias. Los dos tenían su parte de razón, y cuando cada uno tiene su parte, nadie está obligado a cambiar nada.

En 2024, el IMP tuvo alrededor de 14 millones para inversión, menos de la sexta parte de lo que el FONSAL invirtió en 2009. Quien lea esa diferencia como mal trabajo del Instituto está culpando a sus técnicos por el tamaño de un presupuesto que ellos no deciden.

En Manabí y Vargas, a pocas cuadras del Teatro Sucre, una casa de los años treinta lleva más de una década convirtiéndose en ecomuseo y biblioteca. El Municipio se la entregó en comodato a la Fundación FIDAL y, desde entonces, la obra avanza a punta de donaciones: una empresa pone la madera, otra, las pantallas. Yo ayudé, ad honorem, a conseguir fondos para los vidrios y otros materiales, así que no hablo desde la vereda de enfrente. Va por el 80% y, el día que abra, voy a estar en primera fila. Pero un inmueble patrimonial del Municipio puede aprovechar donaciones; no debería depender de que aparezcan para ponerse en pie.

El fondo que venga puede llamarse como quiera el alcalde de turno para su placa.

Primero, devolverle el apellido a la plata. No hace falta esperar una ley nacional: la Alcaldía puede ordenar un código interno de trazabilidad presupuestaria común y publicar su consolidado. Cada dólar que el Municipio gaste en patrimonio, lo gaste el IMP, Obras Públicas o quien sea, lleva una marca en el presupuesto, como una tarrina con nombre en la refri de la oficina. A fin de año se publican tres datos: cuánto recibió Quito por Monto A, cuánto gastó todo el Municipio en patrimonio y, como referencia histórica, los 90,62 millones del CNC. Es la misma trazabilidad que pedí en el Caso #54 para cada decisión urbana, esta vez aplicada a la plata.

Después, una regla municipal de varios años para la inversión patrimonial, aprobada por el Concejo y publicada con cifras. Cada presupuesto anual puede cumplirla o apartarse, pero si se aparta tiene que explicarlo. Eso ya funciona como candado político.

También un núcleo técnico estable, seleccionado por mérito, que sobreviva a los cambios de alcaldía, tenga obra todos los años y forme a la siguiente generación. Y con la gestión cultural adentro: quien programa un teatro o saca adelante una fiesta en la plaza de San Francisco también hace oficio.

Y una meta que se cuente en personas que vivan en el Centro todo el año, medida cada año con indicadores sencillos: población cuando haya dato, conexiones residenciales activas y viviendas rehabilitadas que de verdad se ocupan. Esa meta se comparte con quien responde por la seguridad, porque nadie se muda a una calle por la que no puede caminar de noche.

Con una parte expresa para los que ya viven ahí, porque veinte departamentos boutique también suman residentes. Suelo e inmuebles públicos para esa vivienda hay que reservarlos desde el primer año, ahora que ya se están moviendo inversiones alrededor de la estación San Francisco del Metro. Quito ya aprendió esa lección una vez: en la revitalización financiada por el BID, la primera fase alcanzó a destinar algo más del 9% a vivienda solidaria. Para la segunda, el suelo ya estaba demasiado caro.

Si funciona, dentro de diez años el éxito se va a medir a las nueve de la noche en San Marcos o en San Roque, con luces en los segundos pisos y alguien sacando la basura a la esquina.

A quien gobierne Quito, en este período o en los que vienen, le tocan dos preguntas: cuánto gasta y publica cada año en patrimonio, y cuántos vecinos más viven en el Centro al final de su gestión que al principio. La primera se puede pedir hoy por transparencia. La segunda debería convertirse en un indicador público.

Este caso se quedó en el 6% y en la plata que perdió el apellido. Falta la otra mitad: de qué vive un Centro con vecinos. El turista y el vecino pueden compartir la misma cuadra, y la plata que deja el primero puede ayudar a pagar la casa del segundo. Para eso hace falta una administración que cobre y reinvierta a la vista de todos. Esa parte merece su propio caso.

Fuentes

— Consejo Nacional de Competencias (2024). Informe técnico: Estado actual del ejercicio de la competencia de Patrimonio arquitectónico y cultural, julio 2024, sección 4.2.2 y Tabla 2 (fuente MEF, 2022).

— Consejo Nacional de Competencias. Modelo de Equidad Territorial: Monto A y Monto B.

— Ley 82 de creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. Registro Oficial 838, 23 de diciembre de 1987; reformada por Ley 129, Registro Oficial 808, 8 de noviembre de 1991.

— ICOMOS/UNESCO (2013). Advisory Mission Report, City of Quito. Sobre la sustitución del FONSAL por el IMP y la Resolución de Alcaldía A0040 del 28 de diciembre de 2010.

— Kennedy, Alexandra (2007). Apropiación y resimbolización del patrimonio en el Ecuador. Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia 25.

— BID (2009). Patrimonio cultural y desarrollo socioeconómico: la recuperación de áreas centrales históricas. Nota técnica IDB-TN-201.

— Rojas, Eduardo. La preservación del patrimonio histórico urbano en América Latina y el Caribe. BID.

— Plan V (2019). El presupuesto para conservar el patrimonio de Quito se achica.

— Primicias (7 de marzo de 2025). ¿Dónde están los recursos para preservar el patrimonio de Quito?

— La Hora (2025). Polémica por el presupuesto para patrimonio en Quito.

— Revista Zona Libre (20 de septiembre de 2026). El primer Ecomuseo Biblioteca del Ecuador alcanza el 80% de ejecución.

— La Hora (8 de junio de 2024). El primer Ecomuseo Biblioteca del Ecuador; y Red Ceres (2024 y 2026), aportes de EDIMCA y SMARTCO al Ecomuseo Biblioteca de Fundación FIDAL.

— Municipio de Quito, datos del censo INEC 2022 sobre la parroquia Centro Histórico.

CASO #55

¿Y si la IA nos gobierna?

Un VAR para las decisiones de la ciudad 

Esta semana, Skynet volvió a los grupos de WhatsApp. El 10 de septiembre, Anthropic publicó un informe sobre gente que intentó usar su inteligencia artificial para ciberataques y, posiblemente, desarrollar armas biológicas. Dos días más tarde, Dario Amodei, su cofundador, pidió bajarle la velocidad a la industria. Elon Musk y Sam Altman, los que más pisaban el acelerador, ahora también están pidiendo bajar la velocidad.

Mientras ellos discuten si frenar, a mí me frena un cono. Transito por la Ruta Viva todos los días; salgo por la Transversal 9 rumbo al sector de la Cerámica y luego voy a Puembo. Ahora la están arreglando por tramos, así que mi agenda depende de dónde amanezca ese cono. Waze calcula y me desvía, mientras veo cómo se estira la hora de llegada. La batalla entre obedecer y no obedecer a las máquinas la perdimos hace años. Así que llamo para disculparme por la demora y, en el tráfico, prefiero pensar en cómo la inteligencia artificial puede domesticar la estupidez natural.

Alexandre Bayen, del Instituto de Transporte de Berkeley, estudió cómo las ciudades son afectadas por estas apps de ruteo y lo explicó con la teoría de juegos de John Nash: fueron creadas para ahorrarnos tiempo, y funcionan muy bien de a uno por uno, pero mientras más personas le hacemos caso a la vez, el atajo se llena y la cola se muda a calles de barrio que nunca estuvieron pensadas para eso. Antes, la ruta la marcaban los letreros que salían del plan vial de la ciudad. Ahora la decide una app que no tiene plan vial ni por qué tenerlo. La app solo puede ver tu carro y la ciudad, por supuesto, le vale lo mismo que un brócoli.

El Municipio, mientras tanto, trabaja al ojímetro para decidir dónde va un semáforo, a qué hora se cierra un carril, por dónde entra el desvío o en qué orden se asfaltan cinco tramos, con la información que alcanzó a reunir y con el tiempo que le dieron. A veces le pega. Cuando no le pega, nadie se entera, porque la ciudad no lleva cuentas de sus propias decisiones. Cada cagada es parte de nuestro paisaje, uno la maneja todos los días, y una decisión de dos horas nos dura veinte años.

Es aquí donde yo quisiera que entrara la IA, para revisarle la tarea al que gobierna. Algo así como el VAR. Antes de cerrar un carril, revisar qué pasó las otras veces que lo cerraron a esa misma hora. Antes de aprobar un desvío, ver a qué calles del barrio los va a mandar y avisar que esas calles tienen escuela. Cruzar el cronograma de la empresa que asfalta con el de la que abre huecos para meter tubería: una comparación que ninguna reunión de coordinación ha logrado nunca.

El VAR no juega el partido ni le quita el pito al árbitro. Le muestra la repetición. Después, que pite lo que quiera. Con un alcalde debería pasar lo mismo: que decida, que cambie de opinión, que bote el proyecto anterior si le da la gana. Pero que no nos venga después con que no había información. Con la IA le será más difícil fingir demencia.

De ahí sale, de paso, otra cosa que nadie quiere decir en campaña: una buena parte del aparato público se pasa el día moviendo papeles de un escritorio a otro y comparando a mano cosas que una máquina puede cruzar en el tiempo que dura una siesta de funcionario. Esa burocracia se puede achicar bastante. Y probablemente el único que la extrañe sea el que vivía de que el trámite se demorara.

Lo humano viene después, y es lo difícil. En la obra misma. Sentarse con el barrio. Entender por qué, en esa esquina, la regla general no funciona. Decidir cuándo una excepción tiene sentido y cuándo es viveza. Ahí sí quiero gente avispada en la calle en lugar de expertos en poner sellos.

Ojo, también hay cómo hacerlo pésimo, y ya pasó. Rotterdam le puso un algoritmo encima a la gente que recibía ayuda social y terminó sospechando más de quien hablaba mal el holandés. El VAR revisa la jugada, no al jugador. La máquina mira decisiones públicas, contratos, cronogramas y datos de la calle. El día que pase de eso a ponerle puntaje a la gente, apáguenla.

No me lo estoy inventando. En Brasil, la Contraloría tiene un robot que lee las licitaciones antes de que se adjudiquen. Albania decidió saltarse un par de capítulos y presentó directamente a una ministra virtual creada con inteligencia artificial. Se llama Diella y está metida en uno de los lugares donde más fácil se pierde la plata pública: las contrataciones. El primer ministro la vendió como una máquina que no duerme ni tiene primos contratistas.

Diella puede leer, comparar, detectar y recomendar. Pero al final firma una persona. Y cuando algo sale mal, la responsabilidad todavía tiene nombre y apellido.

O sea: hicieron ministra a la máquina y terminaron inventando el VAR.

Entonces, la máquina, ¿de quién es?

Porque estas cosas no flotan en el aire. Corren en servidores, nubes y contratos de alguien. Y en alguna cláusula que casi nadie lee se decide si todo lo que la máquina aprende de la ciudad se queda en la ciudad o termina arrendado, con renovación automática y letra pequeña.

Que la IA nos gobierne, no. Pero que le mire por encima del hombro al que decide por dónde va a pasar la ciudad los próximos veinte años. Activémosla mañana mismo.

Una máquina no se cansa, no se va de vacaciones en agosto y no almuerza con nadie. Tampoco va a convertir en santo al que nunca lo fue. Pero sí puede hacerle la vida difícil al vivo y al incompetente, y sobre todo al que tenía el informe sobre el escritorio y firmó sin abrirlo. En obra pública, los tres cuestan lo mismo.

Y si a alguien le molesta trabajar con la jugada grabada, que se dedique a otra cosa.

Fuentes

• Ensayo de Dario Amodei, “We Must Pace the Frontier”, 12 de septiembre de 2026, y respaldo público de Sam Altman y Elon Musk; informe de amenazas de Anthropic, septiembre de 2026.
• Investigación del Instituto de Estudios de Transporte de UC Berkeley sobre aplicaciones de navegación: la optimización individual empeora el resultado del conjunto y desplaza tráfico a calles residenciales.
• Algoritmo de riesgo de fraude social de Rotterdam y su sesgo por dominio del idioma, documentado por Lighthouse Reports y Follow the Money.
• Robot ALICE de la Contraloría General de Brasil: revisión diaria de pliegos de licitación y alertas previas a la adjudicación.
• Diella, ministra de Estado para la Inteligencia Artificial de Albania, y declaraciones del primer ministro Edi Rama.

CASO #54

Ese señor ya no trabaja aquí.

Un director de secretaría del Municipio sale de su oficina por última vez con una caja de resmas. Adentro van un cargador que no es suyo y un diploma que nunca alcanzó a colgar. Devuelve el computador, el carné, las llaves y una clave que esa tarde deja de servir. Un funcionario de Talento Humano, esfero en mano, verifica que el inventario cuadre y ambos firman un acta. Todavía le falta jurar ante la Contraloría qué bienes tiene, hasta el carro.

Ese señor sabe por qué algún trazado vial no pudo ir por donde le tocaba, cuál de los tres estudios ya pagados sirvió para algo y cuáles terminaron de pisapapeles, con qué dirigente barrial no hubo acuerdos y qué se intentó en 2019 que nadie quiere volver a mencionar. Nada de eso va en el acta ni en la declaración. No hay casillero.

Nadie le preguntó nada y se pisó.

Y ahí quedó su breve paso por la cosa pública. El acta contiene exactamente lo que la norma manda, ni una coma más. En diciembre, el alcalde anunció catorce cambios en su gabinete y descartó tocar Movilidad porque la estabilidad importa para la continuidad de los planes municipales. Tiene razón, pero lo que viene pasa igualito.

El acta se rige por una norma nacional de archivos, vigente desde 2019, según la cual los archivos respaldan las decisiones y la memoria de la administración pública. Memoria, así mismito, con el sello del Estado. Y define la entrega-recepción como el momento en que el que sale le pasa al que entra la documentación y el archivo generados en su cargo.

Se entrega lo que pide el proceso, pero el razonamiento casi nunca queda escrito. La conversación de pasillo donde alguien dijo «por ahí no, que en 2019 ya lo intentamos y nos fue como la mierda» no cabe en ninguna carpeta. Al que sale, le dan 30 días para meterlo en un sobre de manila.

A mí me pasó con el cambio del PUOS al PUGS. Tenía trámites abiertos, con criterios conversados y aceptados, y de un lunes a otro quien los aprobó ya no estaba. En ventanilla, hay una frase hecha: «ese señor ya no trabaja aquí». El expediente seguía completo, foliado y sumillado: un primor. Lo que faltaba era por qué se aceptó lo que se aceptó. El que llegó empezó de cero, de buena fe, porque no tenía de dónde sacarlo. Y a mí me tocó volver a explicar desde la lámina uno algo que ya estaba resuelto.

Si usted estuvo en la directiva de su barrio, conoce la versión sin arquitecto: el oficio pidiendo el muro de la quebrada, la promesa, el cambio de administrador y, otra vez, el mismo oficio, con otra fecha, otro número de trámite y la misma foto del talud.

Multiplique eso por toda la ciudad. En el Caso 51 conté que desde 2021 han pasado por la Administración Zonal La Mariscal diez personas y que ninguna ha completado un año; la que más aguantó, once meses. Escribí que cada relevo vuelve a aprender la misma cuadra y lo dejé en una sola frase. Me faltó preguntar lo obvio. Cuando llegó el décimo al edificio El Quinde, ¿alguien se sentó a contarle lo que sabían los nueve anteriores?

Y no es un invento de esta administración. Territorio cambió de cabeza con Rodas, Yunda, Guarderas y Muñoz, y en enero de 2024 hubo que cambiar hasta el letrero de la puerta.

Para el Atahualpa, busqué el estudio sísmico que el Ministerio del Deporte pagó en 2012 por unos 237.000 dólares y no lo encontré publicado. Primero pensé mal, que alguien lo tenía guardado bajo llave. Ahora creo que es algo más aburrido y bastante peor. Aunque exista, no hay a dónde ir a buscarlo. En julio de 2025, el MTOP volvió a tomar muestras del hormigón y, desde afuera, no hay cómo saber si partió de ese estudio o de cero.

Quito ya resolvió esto, aunque para otra cosa. Cada predio tiene un número catastral que no cambia cuando el abuelo muere y los nietos se pelean por la casa, ni cuando cambia el alcalde. El catastro tendrá sus líos (en marzo la Superintendencia sancionó al Municipio por no tenerlo al día), pero el número no se mueve. A las decisiones sobre ese lote, Quito nunca les puso número.

Afuera tampoco inventaron el agua tibia. En Colombia, desde 2005, el que se va deja, por ley, al que llega un informe de su gestión y de lo que queda en marcha, todavía sin el porqué, pero bastante más que el carné y las llaves. En Chile, cada proyecto público nace con un código que no se le cambia en ninguna etapa, y los estudios cuelgan de él, así que lo pagado en 2009 queda a la vista de quien quiera contratarlo de nuevo en 2026.

El Código Municipal de Quito ya dice que todos los sistemas del Municipio deben enlazarse a uno solo, el Sistema Metropolitano de Información. Pero en ninguno queda anotado por qué se escogió una obra y se descartó otra. Y usted, que se come todos los días el tráfico del intercambiador nuevo, no tiene cómo enterarse si salió de un estudio o de una corazonada. Para arreglarlo, se me ocurren dos cosas y ninguna requiere abrir otra oficina.

La primera es un anexo al acta que igual se va a firmar. Póngale el nombre que quiera; yo le digo memoria de decisiones. Cinco preguntas que contesta el que sale y se publican, salvo reserva legal: qué grandes decisiones se tomaron y con qué evidencia, qué se descartó y por qué, qué estudios se pagaron y en qué cajón quedaron, qué quedó a medias y, la más importante, qué sabe usted hoy que no sabía el día que se sentó en esa silla.

La segunda es darle a cada iniciativa urbana un número propio desde que nace, cuando todavía es un reclamo de la directiva del barrio, mucho antes del primer render, y colgar de ese número todo lo que venga después: el estudio, las alternativas descartadas, el contrato, la obra y lo que pasó cinco años más tarde, cuando ya nadie se acuerda de quién cortó la cinta.

Al que más le sirve es al que gane el 29 de noviembre, que va a entrar a esas oficinas tanteando la pared en busca del interruptor. Entre la elección y la posesión hay unos meses en los que a nadie le conviene que esto aún no exista. Después ya no.

Por eso mando un pedido, por escrito y con sello de recibido, a la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos y a la Secretaría General de Planificación del Municipio de Quito: que el acta de entrega-recepción de secretarios y directores incluya la memoria de decisiones, y que cada iniciativa urbana nazca con su número. Lo que contesten, o lo que no, lo cuento en otro caso.

Fuentes verificadas

— Acuerdo SGPR-2019-0107, Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, Registro Oficial Suplemento 487, 14 de mayo de 2019: artículos 3, 4 y 5; respaldo de las decisiones y la memoria de la administración pública, y entrega a los sustitutos de los archivos bajo resguardo, inventariados y con acta de entrega-recepción.

— Norma Técnica N.° DMGDA-NT-2023-002, agosto de 2023, que regula el Sistema Integral de Gestión Documental y Archivos de los órganos y organismos del GAD DMQ.

— Instructivos de gestión documental de entidades del Municipio de Quito que aplican la Regla Técnica Nacional: término de treinta días para la elaboración del acta de entrega-recepción. [Confirmar documento específico.]

— Constitución de la República del Ecuador, artículo 231: declaración patrimonial jurada de las servidoras y servidores públicos al iniciar y al finalizar su gestión.

— Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, capítulos sobre el Sistema Metropolitano de Información; Gobierno Abierto Quito: carácter integrador del SMI y obligación de que los sistemas municipales existentes y futuros se enlacen a él. [Consignar número de artículo.]

— Quito Informa, mayo de 2018, junio de 2020 y julio de 2021: designaciones de titulares de Movilidad y de Territorio, Hábitat y Vivienda.

— Quito Informa, 11 de enero de 2024: la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda pasa a ser Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

— Quito Informa, 10 de mayo de 2024: aprobación de la actualización del PMDOT-PUGS por el Concejo Metropolitano.

— Primicias y Teleamazonas, 16 y 29 de diciembre de 2025: anuncio de catorce cambios sobre unas sesenta entidades municipales y declaraciones del alcalde sobre la estabilidad en Movilidad.

— Consejo Nacional Electoral, calendario electoral 2026: elecciones seccionales el domingo 29 de noviembre de 2026.

— El Telégrafo, 31 de agosto de 2012: contratación del estudio de vulnerabilidad sismorresistente del Estadio Olímpico Atahualpa por aproximadamente USD 237.000.

— La Hora, 23 de julio de 2025: visita de técnicos del MTOP al Estadio Olímpico Atahualpa y toma de muestras de hormigón, vigas y suelo.

— Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Resolución SOT-INAR-DIS-2026-016, 11 de marzo de 2026: sanción al GAD DMQ por incumplimientos en la actualización y remisión de información catastral.

— Congreso de la República de Colombia, Ley 951 de 2005, por la cual se crea el acta de informe de gestión: obligación de los servidores públicos de todos los órdenes, incluido el municipal, de entregar a quien los sustituye un informe de su gestión y de los asuntos a su cargo.

— Sistema Nacional de Inversiones de Chile, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Banco Integrado de Proyectos: código BIP único y correlativo que se mantiene durante las distintas etapas de la iniciativa.

— Fundación Periodistas Sin Cadenas / Unidad de Investigación Tierra de Nadie / PlanV, «Un nudo criminal en la Plaza Foch estrangula a La Mariscal», 2 de julio de 2026: diez administradores zonales desde 2021 y permanencia máxima de once meses.

— Quito Caso a Caso, Caso 51: «El tiempo de la lanfor»; y Caso 53: «El Atahualpa está feo».

CASO #53

El Atahualpa está feo.

Cuando el Atahualpa se llena y la general empieza a saltar, la tribuna se mueve. Quien estuvo ahí alguna vez lo sintió en las canillas. Para el hincha, ese temblor es parte de la fiesta. Para un ingeniero, es una pregunta.

No quiero asustar a nadie de gana. Una estructura puede moverse y estar perfectamente bien; justamente se diseña para deformarse dentro de ciertos límites. Lo que sí me parece raro es que, después de tantos años de discutir si el estadio sirve, no podamos abrir un documento reciente y saber con precisión en qué estado está.

Empecemos por algo menos técnico: el Atahualpa está feo.

Si usted tiene cincuenta años, probablemente le suena a algo que no cabe en una ficha técnica: un partido con su papá, una cola en funda y un cabezazo que nos dejó afónicos. Si tiene veinte, quizá ve otra cosa: pintura chillona y baños nauseabundos. Los dos tienen razón. Nadie puede pedirle a un pelado con el pantalón humedecido por una fría grada de hormigón destartalado que sienta nostalgia por un gol que ocurrió antes de que naciera.

El estadio también era joven y, cuando lo inauguraron en 1951, estaba muy bien pensado para lo que se le pidió: un estadio olímpico con pista de atletismo. Un anillo de pista empuja la primera fila 30 metros hacia atrás, y por eso todos los estadios olímpicos del mundo se sienten lejanos. Eso lo decidió el encargo original que puede adaptarse fácilmente a requerimientos modernos.  El Batán era todavía un borde poco urbanizado, con terrenos vacíos y potreros donde hoy pasan avenidas, oficinas y edificios. El Atahualpa llegó primero. Quito vino después y terminó construyéndose a su alrededor.

Setenta y cinco años después, esas ocho hectáreas están en uno de los puntos más apetecidos de Quito. Una estimación publicada en 2025 calculó el suelo entre 80 y 100 millones de dólares. No es un avalúo oficial, pero basta para entender por qué el terreno deja de parecer un estadio apenas alguien saca la calculadora.

El 23 de julio de este año, el presidente Daniel Noboa anunció un Atahualpa para 60.000 personas y dijo que se haría con «la misma gente que construyó el Bernabéu». No explicó qué empresa, cuánto costaría, cómo se financiaría ni si «nuevo» significaba tumbar el actual.

Bueno, miremos el Bernabéu.

Abrió en 1947 y acaba de pasar por una transformación brutal: techo retráctil, cancha que puede guardarse, restaurantes, tiendas, museo y una envolvente completamente nueva. Pero los arquitectos del proyecto explican que buena parte de la estructura existente se conservó. Y resulta que el Bernabéu, aquí convertido en sinónimo de estadio nuevo, decidió precisamente no empezar de cero.

Y tampoco es la única salida. Berlín renovó su estadio olímpico de 1936 respetando su condición histórica y cambiando muchísimo por dentro. Bilbao reemplazó San Mamés, pero levantó el siguiente prácticamente en el mismo lugar y heredó el nombre, la relación con la ciudad y hasta el apodo. Highbury, en Londres, dejó de ser estadio: hoy tiene viviendas, pero las fachadas protegidas siguen ahí y el antiguo campo quedó como jardín. No hay dos botones que digan CONSERVAR y TUMBAR. Hay bastantes más.

Por eso le eché un ojo a los papeles del grandote y feo del barrio.

En 2012, el Ministerio del Deporte contrató un estudio de vulnerabilidad sismorresistente por cerca de 237.000 dólares. Revisaba el estadio desde la cimentación hasta las graderías y debía decir si convenía reforzarlo total o parcialmente. Entre 2013 y 2014 consta además la ejecución de trabajos complementarios vinculados a reforzamiento y rehabilitación integral. En julio de 2025, técnicos del MTOP volvieron a sacar muestras de hormigón, vigas y suelo y anunciaron nuevas recomendaciones.

Busqué los informes completos. No pude encontrarlos publicados.

Eso me parece más grave que cualquier render. Porque seguimos oyendo que el estadio «ya cumplió su vida útil», que «todavía sirve» o que «hay que botarlo», mientras el ciudadano no tiene a la vista el documento que permita separar diagnóstico de opinión. El estudio estructural debe ser la primera página de esta discusión.

Mientras tanto, seguimos metiéndole plata al edificio. En 2025, la CDP reportó alrededor de 200.000 dólares en reparaciones de humedad, iluminación, baños, camerinos, tuberías y otros trabajos. En noviembre se inauguró una plaza frontal. Ocho meses después se retiró parte de esa intervención para ejecutar otra rehabilitación de fachada, adjudicada el 20 de julio de 2026 por 268.551 dólares con 72 centavos.

Los 72 centavos están calculados. Lo demás todavía no.

Debajo de todo esto hay una pelea mucho más vieja. En 1966 el Municipio donó el estadio a la Concentración Deportiva de Pichincha. Fue una donación real, pero venía con obligaciones: uso deportivo, obras por completar, restricciones y una cláusula de reversión en caso de incumplimiento.

En junio de 2025, el Concejo Metropolitano resolvió revertirla y, al día siguiente, el inmueble fue inscrito a nombre del Municipio. En julio, un juez dejó sin efecto esa decisión por vulneraciones al debido proceso y a la seguridad jurídica, y la titularidad volvió a la CDP. El juez resolvió sobre la actuación del Municipio. No resolvió que el estadio hubiera sido maravillosamente cuidado durante sesenta años.

Y aquí aparece la pregunta que me interesa: ¿qué parte del Atahualpa es el Atahualpa?

No todo el Atahualpa es de 1951. Fue ampliado, corregido y remendado por décadas. Hasta Los Atlantes llegaron de otro Quito: antes sostenían un balcón en Guayaquil y Espejo. Cuando ese edificio desapareció, las esculturas de Enrique Avilés fueron llevadas al norte y puestas espalda contra espalda para cargar el mundo. El Atahualpa que vemos hoy ya es una suma de pedazos.

Pero hay cosas que no aparecen en un inventario. Queda el remate de la Naciones Unidas. Queda el césped donde, el 7 de noviembre de 2001, Jaime Iván Kaviedes cabeceó el centro de Álex Aguinaga contra Uruguay y Ecuador clasificó por primera vez a un Mundial. Queda, sobre todo, esa memoria rara que tienen ciertos edificios: uno puede no saber quién los diseñó y, aun así, saber perfectamente qué pasó ahí.

Mi posición es bastante sencilla. Yo no tumbaría al Atahualpa para empezar de cero. Tampoco conservaría cada grada por cariño.

Primero publicaría todo lo que ya se estudió y encargaría una auditoría estructural independiente y actualizada. Quiero saber qué sirve, qué cuesta reforzar, qué no cumple, cuánto puede durar y qué habría que reemplazar. Con ese papel encima de la mesa, lo que valga la pena se queda y lo que no, se bota. Si eso incluye una parte importante del estadio, que así sea. Si incluye casi todo, también.

Y sí: dejaría entrar capital privado. Bastante, si hace falta. Un estadio que funcione todo el año puede tener comercio, restaurantes, hotel, oficinas, conciertos y otros usos que ayuden a pagarlo. No me preocupa que alguien haga negocio. Me preocuparía que el negocio sea la primera decisión.

Una cosa es preguntar cuántos metros cuadrados caben en esas ocho hectáreas. Otra es preguntar qué le conviene a Quito que ocurra ahí durante los próximos cincuenta años. Yo contestaría la segunda primero.

Por eso mantendría el nombre Atahualpa, el lugar y las piezas que un estudio serio determine valiosas. El resto es negociable: el aforo puede bajar, la pista puede irse y el edificio debería servir los 365 días del año y no solo por las tardes en que hay partido o concierto. El resto puede cambiar sin miedo.

No todo lo viejo merece quedarse. Pero tampoco todo lo que vale mucho merece convertirse en metros cuadrados vendibles.

Al final, la escritura dirá quién es el dueño y un ingeniero dirá qué hormigón aguanta. Ninguno de los dos puede decidir por sí solo qué significa ese lugar para la ciudad.

Eso sí nos toca a los demás.

Entonces se la dejo a usted: si mañana pudiéramos rehacer el Atahualpa con plata, ingeniería y libertad suficientes, ¿qué parte no estaría dispuesto a perder?

Si su respuesta es «ninguna, hágame uno nuevo y bonito», perfecto. También es una posición. Solo quisiera que Quito la tome después de mirar bien lo que tiene, no después de otra mano de pintura ni delante del siguiente render.

Porque el Atahualpa está feo, pero no estoy tan seguro de que eso baste para borrarlo.

Fuentes verificadas

— INEC, cifras históricas de población de Quito (Censo de 1950).

— Guía de arquitectura de la ciudad de Quito, Junta de Andalucía: Estadio Olímpico Atahualpa, apertura, capacidad original documentada y ampliación de 1977; Los Atlantes de Enrique Avilés y su traslado desde el antiguo edificio de Guayaquil y Espejo.

— El Telégrafo, 31 de agosto de 2012: contratación a PPG Consultores del estudio de vulnerabilidad sismorresistente por aproximadamente USD 237.000.

— Sentencia de la acción de protección 17U05-2025-00072, 4 de julio de 2025: escritura de donación de 1966, resolución municipal de reversión y efectos del fallo.

— La Hora, diciembre de 2025: intervención aproximada de USD 200.000 en el estadio.

— Expreso, agosto de 2026 / SERCOP: rehabilitación de fachada adjudicada el 20 de julio de 2026 por USD 268.551,72.

— Ecuavisa, 23 de julio de 2026: anuncio presidencial de un nuevo Atahualpa para 60.000 espectadores y referencia al Bernabéu.

— gmp Architekten: remodelación del Santiago Bernabéu y conservación de gran parte de la estructura existente.

— Primicias, junio de 2025: estimación no oficial de USD 80-100 millones para las ocho hectáreas del predio.

— El Comercio / Primicias: 7 de noviembre de 2001, gol de Jaime Iván Kaviedes ante Uruguay y primera clasificación de Ecuador a un Mundial.

CASO #52

Los pisos que todavía no existen.

La LOOTUGS y el precio de cambiar de opinión. 

Hay una casa baja apretada entre dos edificios de doce pisos. El dueño la compró cuando se permitía construir algo parecido a lo de sus vecinos y nunca lo hizo. No puso una columna ni vendió un departamento en planos. Años después, la ciudad revisa su planificación y decide que en ese lote van seis pisos y no doce.

¿Qué perdió exactamente su dueño? Seis pisos que nunca existieron.

Es una pregunta engañosamente útil. El 7 de julio se publicó en el Registro Oficial una reforma a la ley que regula el uso y la transformación del suelo en todo el país. La discusión fue intensa durante el trámite y se apagó antes de que casi nadie leyera el texto que quedó vigente.

Durante diez años esa ley sostuvo una frase limpia: la mera expectativa no constituye derecho. Que el mapa permita doce pisos no lo vuelve dueño de doce pisos. Lo que cambió es que ahora hay nuevas formas de reconocer y compensar derechos urbanísticos, y una de ellas alcanza a lo que nunca se construyó.

Quito lleva medio siglo produciendo demasiada ciudad fuera del plan y arreglando el papeleo después. La ley le dio abogado a la costumbre.

Y no todo eso está mal. Si alguien obtiene una autorización firme, paga estudios y cesiones y empieza a invertir bajo reglas válidas, el Municipio no debería cambiarle el piso porque amaneció con otro criterio. Nadie firma un contrato a cinco años en una calle cuyas reglas cambian en una tarde. La reforma, además, vuelve condición previa el cobro por transformar suelo rural: si una decisión pública incrementa el valor de un terreno, parte de ese valor vuelve a la ciudad. Y donde hay riesgo no mitigable, los derechos se extinguen sin indemnización.

Hasta ahí, bien. El problema empieza en el límite.

Cuando un arquitecto modifica un plano ya emitido, no borra lo anterior. Dibuja una nube alrededor del cambio, con la fecha y el responsable. Si mover esa línea desplaza una columna o encarece la obra, alguien tendrá que explicar por qué.

La reforma hace algo parecido. Su Disposición General Primera obliga a que cada acto que retire o modifique un derecho urbanístico indique qué acto lo creó, qué aprovechamiento afecta, cuál es la causa, por qué la medida es proporcional y si corresponde indemnización. Si falta alguno de esos elementos, el acto puede ser nulo.

En obra eso se llama nube de revisión. En la ley se llama Disposición General Primera, y en Quito muy pocos la han leído.

Esa huella sirve solo si el registro es confiable, y ahí Quito entra desamarrado. El 11 de marzo la Superintendencia de Ordenamiento Territorial sancionó al Distrito Metropolitano por incumplimientos en la actualización de la información catastral. En junio la misma entidad puso en conocimiento de la Fiscalía presuntas alteraciones en esa base. Denuncia, no condena. La nueva arquitectura de derechos se apoyará en esos registros, y un error de catastro dejó de ser un error de impuestos: puede terminar convertido en metros cuadrados y en plata.

Existe otro ángulo. La ley permite reconocer derechos incluso sobre proyectos no ejecutados, cuando el predio está en un entorno consolidado y la norma nueva rompe una morfología ya homogénea. Puede proteger al propietario de un capricho municipal, y también volver derecho lo que se construyó primero: cinco torres levantadas bajo la regla anterior fijan la morfología que la sexta invocará. ¿Puede un error urbano, repetido suficientes veces, volverse argumento para seguir repitiéndolo? La respuesta depende de una metodología que debe expedirse por normativa secundaria. La ley dice quién la escribe y no le pone plazo. Ese detalle decide cuánto margen tendrá Quito para corregirse dentro de veinte años.

Hay otro diseño que merece vigilancia. La Superintendencia que controla y sanciona se financiará en parte con un porcentaje de las multas que recaude, y ese porcentaje lo fija el reglamento. Eso no prueba nada sobre nadie y sí obliga a preguntarse si quien controla debe depender del resultado de sus propias sanciones. Del otro lado del mostrador también nos alcanza: quien elabore un plan responderá cinco años por vicios ocultos, y nadie ha definido qué es un vicio oculto en un plan.

El cobro por transformar suelo tiene su propio orden: primero la razón urbana, después la captura del valor. Y la ley admite exonerarlo en proyectos de vivienda social, que además pueden declararse estratégicos, con treinta días de plazo para el Municipio. Si recaudar, o no pagar, se vuelve el motivo para expandir, invertimos la secuencia. Cumbayá ya nos enseñó cómo se ve eso.

Las reglas de protección y de retiro rigen desde el 7 de julio incluso sin normativa local. Los municipios sin procedimiento propio para retirar o modificar derechos tienen seis meses para expedirlo y, mientras tanto, no pueden ejecutar esos retiros. Quito debería aclarar de inmediato si su normativa vigente ya cumple con ese estándar.

Una parte del mecanismo entró en vigencia sola; la otra espera a que alguien se siente a escribirla. En Ecuador la norma llega en ascensor y el procedimiento por las gradas. Por eso, con lo que hay hoy sobre la mesa, apostaría a que esto termina peor que mejor, por mecánica y no por mala fe.

El 7 de octubre vence el plazo para actualizar el reglamento nacional. El 29 de noviembre elegimos autoridades seccionales. El 7 de enero se cumplen los seis meses de la ordenanza. En Quito, si hace falta una nueva, la redactaría un Concejo saliente cinco semanas después de votar.

No pido mucho. Que cada nube de revisión sea pública. Que la metodología de los derechos consolidados circule en borrador antes de aprobarse, y que se sepa quién opinó. Que Quito aclare ahora qué norma aplicará en enero. Y que cada metro que se otorgue o se transfiera deje una huella legible sin necesidad de bucear en expedientes.

Una ciudad tiene que poder cambiar de opinión. Desde el 7 de julio algunas de esas opiniones cuestan dinero. De aquí a enero alguien escribirá esas reglas: el gobierno el reglamento, el Concejo la ordenanza. La pregunta es si el resto nos enteramos antes de que estén firmadas.

Fuentes

— Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Registro Oficial, Año II, Cuarto Suplemento No. 320, 7 de julio de 2026. Artículos 8, 9.1, 19, 26.1, 26.2, 39, 39.1 a 39.5, 72, 72.1, 84.1, 95.1, 108 y 109; Disposición General Primera; Disposiciones Transitorias Tercera, Quinta y Séptima.

— Corte Constitucional del Ecuador. Dictamen 1-26-OP/26, 4 de junio de 2026. Registro Oficial, Edición Constitucional No. 263, 25 de junio de 2026.

— Asamblea Nacional. Boletines de la Comisión de Gobiernos Autónomos y del Pleno, 30 de marzo y 30 de junio de 2026.

— Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Resolución SOT-INAR-DIS-2026-016, sanción al GAD DMQ, 11 de marzo de 2026; y comunicado sobre denuncia ante la Fiscalía General del Estado, 23 de junio de 2026.

— Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Ordenanza PMDOT-PUGS-001-2021 y Ordenanza Metropolitana 003-2024, actualización del PMDOT y del PUGS.

— Radio Pichincha. Análisis del informe para segundo debate de la reforma a la LOOTUGS, 30 de marzo de 2026.

— Barros-Esquivel, K. y Morales, J. L. (2026). Efectividad de las políticas de desarrollo urbano orientadas al control de la expansión urbana: análisis cualitativo comparado en Ecuador. Revista de Urbanismo, 54, 1-24.

Quito Caso a Caso es un proyecto suprapolítico. Las fechas y los números de este anexo están abiertos a corrección pública. Si algo aquí está mal, escriba y se corrige con nota.

CASO #51

El tiempo de la lanfor

Cyrano abrió al público en 1960, en la avenida 6 de Diciembre entre Jorge Washington y Robles, y se quedó ahí hasta 1984. Libri Mundi nació en 1971 y su local en la Juan León Mera y Wilson cerró en 2015, después de 43 años por conflictiva y con poca afluencia de gente, La demanda, como suele hacer, se mudó a lugares más predecibles, como los malles.

Podría decirse que, así como el índice Big Mac usa una hamburguesa para comparar informalmente el poder de compra entre monedas, la salud de un barrio puede medirse por el número de panaderías. Una panadería no aguanta el arriendo de una discoteca ni vive de la gente que aparece una vez al mes. Necesita repetición: alguien que duerma a la vuelta, baje por pan a las siete y vuelva mañana. Una panadería hace un censo sin formularios.

El 31 de diciembre vencen las licencias de 32 locales de La Mariscal: bares, discotecas, licorerías, night clubs y moteles que seguían abiertos por herencia, donde ese uso ya no se permite. Treinta y seis mesas de trabajo y veinte votos unánimes bastaron para decidirlo. Todavía nadie ha discutido lo otro: quién abre la puerta lanfor del localcito y firma por cinco años de arriendo.

La agonía del barrio se apresuró con la pandemia; nos mandó a todos a casa, cuando las instituciones se llevaron a otro lado los trámites que traían gente a la cuadra, y cuando los toques de queda se normalizaron. El Cabildo llegó mucho después.

En 2021 se levantaron 2.237 establecimientos en el barrio y el 28% ya estaban cerrados. Dos años más tarde quedaban 840 activos. En 2025, en cambio, el Municipio otorgó 3.110 nuevas LUAE en el sector: tres mil ciento diez permisos para abrir. Las tres cifras pueden ser ciertas al mismo tiempo. Una métrica puede decir la verdad y, aun así, contar la historia equivocada.

Un permiso dice que una actividad fue habilitada. No dice cuánto duró. El Municipio puede cambiar las reglas de un permiso en una sesión de Concejo; levantar una lanfor no está entre sus atribuciones. Nos falta la edad de los negocios. Yo mediría algo bastante menos abstracto: el tiempo de la lanfor. ¿Cuántos días se queda abajo desde que el local cierra y se llena de grafiti? ¿Cuánto tarda otro en levantarla? ¿Cuántos meses consigue sostenerla arriba? La recuperación empieza cuando las inauguraciones han acumulado años.

Hace unos días publiqué en X doce cosas que, a mi juicio, faltan para que una panadería vuelva a esa cuadra y aguante. Se ordenan en cuatro problemas bastante terrenales. El precio: si el local sigue tasado a lo que pagaba la farra en su mejor año, seguirá vacío. El tamaño: quinientos metros cuadrados de discoteca son absurdos para un negocio cotidiano; cuatro locales más pequeños quizá no. Los vecinos: el propio Municipio habla de más de 100.000 estudiantes en el entorno de La Mariscal. La gente ya llega. El problema empieza cuando terminan las clases: se va o se queda para chupar o traficar. Y el plazo: nadie firma cinco años en la Reina Victoria sobre una ordenanza que puede reformarse en una tarde.

Todo eso es oficio y se puede hacer con presupuesto ordinario. Ninguna de esas cosas apaga un foco encendido a las diez de la noche, y una calle vacía y oscura siempre encuentra quien la ocupe.

Hay una segunda contabilidad que no figura en el Plan Parcial. Donde opera la vacuna, un negocio paga dos arriendos: uno al propietario y otro a quien controla la cuadra. El segundo no tiene contrato ni consta en ningún catastro, y tampoco figura en el flujo con el que el Municipio calcula el incentivo. La extorsión convierte la inseguridad en un costo fijo. Ningún descuento de concesión onerosa puede competir con eso. La prueba de recuperación es bastante humilde: que abrir una panadería deje de ser un acto de valentía.

El viernes 14 de agosto, a varios administradores de discotecas de La Mariscal les llegaron panfletos y mensajes de WhatsApp exigiéndoles que cerraran. Al mediodía, el ministro del Interior llevó a la Plaza Foch una nueva fase del Plan de Protección Quito: dos mil policías y dos mil militares adicionales para la capital. Esa noche, dos personas de 57 y 18 años resultaron heridas en un ataque armado afuera de una discoteca, en Reina Victoria y Joaquín Pinto.

El Municipio administra La Mariscal desde el edificio El Quinde, Reina Victoria N24-66 y Pinto. El ataque fue en esa esquina.

Frente a esa misma puerta se han reportado campaneros; desde adentro, avisos antes de que salga el patrullero. Está documentado desde julio.

Entre enero y junio, la Policía realizó 2.522 operativos en el sector y aprehendió a 229 personas. Del 14 al 16 de agosto, dentro del nuevo plan, se realizaron 96 operativos y se aprehendieron dos personas. En X escribí: 96 a 2. Funciona como provocación; como indicador, es flojo, porque un operativo no busca únicamente detener gente. Prefiero corregir una frase eficaz antes que convertirla en una conclusión falsa. El problema serio sigue ahí: contar operativos mide actividad del Estado, no control de la cuadra.

El jefe de operaciones policiales del distrito reconoce que en La Mariscal hay territorios repartidos y que eso no cambia solo con operativos. El administrador zonal reconoce que el Municipio no tiene funcionarios capacitados ni herramientas para enfrentar microtráfico y extorsión, y que esa competencia es de la Policía. Los dos pueden tener razón; la cuadra no sabe de organigramas. El delito encontró una de las partes más blandas del Estado: el borde entre dos competencias.

Mis doce puntos estaban casi todos del lado urbanístico. No fue descuido. Supuse un orden: primero, acomodar usos, arriendos, vivienda y permisos; después, asegurar la cuadra. Como si el barrio atendiera en ventanillas. La ciudad real hace todo a la vez.

En marzo ya había escrito que, sin intervenir en la Plaza Foch en materia de seguridad, el repoblamiento no despegaría. Prometí volver sobre el asunto si el plan se torcía. No volví. Esto es eso.

Desde 2021 han pasado diez personas por la Administración Zonal La Mariscal y ninguna ha completado un año en el cargo. El que más ha durado llegó a once meses. El barrio tiene un plan que mira doce años hacia adelante y una administración que no consigue memoria de doce meses. Es el florón administrativo, solo que cada relevo vuelve a aprender la misma cuadra.

Por eso pediría cuatro números publicados cada mes y un reloj. Locales vacíos. Gente que vive en el barrio. Delitos por cuadra. Horas diarias de presencia policial efectiva en la calle. Y el tiempo de la lanfor. Una cifra útil tiene que poder incomodar a quien la publica y permitirle a cualquiera demostrar que el Municipio tiene razón, que no la tiene o que yo estaba equivocado.

Faltan 130 días para el corte y todavía no existe una descripción pública y verificable de cómo se verá La Mariscal el día después: quién administrará la transición, qué ocuparán los locales que salgan, qué se medirá y a quién se le reclamará.

El 31 de diciembre cae en jueves. El 1 es feriado y el fin de semana es fin de semana. El lunes 4 de enero es el primer día en que el barrio y la oficina que lo administra amanecen bajo la misma regla y a la misma hora.

Ese lunes alguien va a levantar una lanfor en la Reina Victoria. Que abra será noticia. Que siga abierta en 2032 dependerá de algo que todavía no se ha discutido en ninguna mesa de trabajo: quién cobra en esa cuadra.

Fuentes

— Cyrano | Corfú, Historia Cyrano; y Ñan Magazine, «Cyrano: 64 años de pan francés en Ecuador», 31 de mayo de 2022. Apertura del local de la avenida 6 de Diciembre en diciembre de 1960 y permanencia hasta 1984.

— El Comercio, «Libri Mundi de La Mariscal cierra después de 43 años de vida cultural», 13 de julio de 2015. Fundación, cierre del local de Juan León Mera y Wilson y razones señaladas por Alfonso Reece.

— Concejo Metropolitano de Quito / Quito Informa, 10 de febrero de 2026. Aprobación por unanimidad con 20 votos del Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal; fin de la preexistencia; vigencia máxima de licencias hasta el 31 de diciembre de 2026; 36 mesas de trabajo; 3.110 nuevas LUAE reportadas en 2025.

— Quito Informa, 12 de febrero de 2026. Distrito de Innovación La Mariscal: más de 100.000 estudiantes en el entorno.

— Fundación Periodistas Sin Cadenas / Unidad de Investigación Tierra de Nadie / PlanV, «Un nudo criminal en la Plaza Foch estrangula a La Mariscal», julio de 2026. Establecimientos relevados en 2021 y locales activos en 2023; control territorial, campaneros e infiltrados; 2.522 operativos y 229 aprehendidos entre enero y junio; declaraciones del mayor Byron Flores, jefe de operaciones del distrito Eugenio Espejo, y del administrador zonal Leandro Buratovich; rotación de diez administradores desde 2021 y permanencia máxima de once meses.

— Administración Zonal La Mariscal, oficio GADDMQ-AZLM-2026-0468-O, 9 de marzo de 2026. Dirección oficial: Reina Victoria N24-66 y Pinto, edificio El Quinde.

— El Comercio y El Diario, 14 de agosto de 2026. Presentación de la fase del Plan de Protección Quito en la Plaza Foch; despliegue de 2.000 policías adicionales y dispositivo conjunto con Fuerzas Armadas.

— Diario Extra, 17 de agosto de 2026. Ataque armado del 14 de agosto en Reina Victoria y Joaquín Pinto; dos heridos, de 57 y 18 años.

— Ecuador Comunicación, 16 de agosto de 2026. Balance del Plan de Protección Quito del 14 al 16 de agosto: 96 operativos, 1.794 personas registradas, 1.345 vehículos y motocicletas revisados, dos aprehendidos.

027.

CASO #50

El 0% de Quito.

Diecisiete años, cuatro alcaldías, varios estatutos y una ciudad que todavía no sabe qué le están proponiendo.

Hace unas semanas pregunté en X qué tema de Quito merecía ser atacado primero y puse cuatro opciones. El Centro Comercial Montúfar se llevó el 43%, los superbarrios el 33%, la ciudad y los terremotos el 24%. La cuarta opción decía “¿Más poder a Quito?” y sacó cero. Ni un dedo resbaló en la pantalla. Esa encuesta terminó decidiendo el orden de los tres casos siguientes: 47, 48 y 49 salieron en el orden en que la gente los votó. El cuarto tema se quedó esperando turno hasta hoy.

Cincuenta semanas seguidas documentando pedazos de esta ciudad, uno por domingo, y resulta que el tema que define quién tiene la autoridad para arreglar esos pedazos llegó al aniversario por descarte. La pregunta era mía, así que el cero también. Escribí una frase que podía significar más poder para el alcalde, más poder para el Municipio, más poder para los barrios, más poder para las parroquias rurales o más poder para Quito frente al Gobierno central, y no aclaré cuál. El cero midió con bastante precisión cuánto significa esa frase para alguien atrapado en el pico y placa de las 8am: nada.

Ese vacío tiene expediente. Quito se llama Distrito Metropolitano desde diciembre de 1993, y la placa aparece en cada membrete y en cada ordenanza. Para que la categoría funcione, la Constitución de 2008 y el COOTAD exigen una norma institucional básica aprobada por la propia ciudad: un texto que defina qué competencias asume Quito, cómo se organiza por dentro, con qué plata, bajo qué controles y ante quién responde. Quito lleva el nombre de Distrito Metropolitano desde hace más de treinta años. La constitución que ese nombre promete sigue sin escribirse. Y mientras tanto, las decisiones que sí nos tocan a diario —quién manda sobre el transporte que cruza a Rumiñahui, por qué una administración zonal no maneja un presupuesto que sirva para algo— siguen repartidas entre oficinas que se echan la culpa entre sí.

Cuatro administraciones distintas intentaron escribirlo. En 2009, el equipo de Paco Moncayo imaginó a Quito como ciudad-región, con competencias cantonales, provinciales y regionales bajo un mismo techo. En 2010, la administración de Augusto Barrera convirtió el proyecto en una carta de derechos: vivienda, salud, cultura, ambiente, todo declarado y casi nada costado. En 2017, el estudio encargado por Mauricio Rodas entendió lo que los anteriores esquivaron: Quito dejó de ser una ciudad compacta hace rato y funciona como un archipiélago que se mueve a diario entre el hipercentro, los valles y Calderón, y gobernar eso exige repartir poder hacia adentro. En 2020, Jorge Yunda presentó el borrador más avanzado de todos, con concejos zonales, comunas reconocidas y consulta popular anunciada. Después vino la pandemia, el convenio con el PNUD expiró en junio de ese año, la destitución del alcalde decapitó el proyecto, un oficio pidiendo auxilio a la Procuraduría se quedó sin respuesta y en 2022 un memorando interno cerró la actividad sin que ningún titular lo registrara. El estatuto tuvo muchos autores, varias oficinas y ningún dueño permanente.

En medio de todo esto, la ciudad sí aprobó un Estatuto. En febrero de 2024 se expidió, por resolución de Alcaldía, el Estatuto Orgánico del Municipio: el documento que ordena secretarías, direcciones y unidades, el mapa de quién tramita qué. Cualquiera que busque el Autonómico se topa primero con ese, y la confusión hasta se entiende, porque los dos empiezan igual y solo uno de los dos existe. Un organigrama ordena la burocracia. El primero ordena oficinas. El segundo reparte poder. Quito lleva tres décadas perfeccionando lo primero y postergando lo segundo, y por eso cada reorganización municipal se celebra como reforma mientras el régimen de fondo sigue siendo el mismo municipio centralizado con placa metropolitana.

Cuando el tema vuelva a la campaña —y va a volver: desde 2023 la Alcaldía habló de retomarlo y en 2025 ocho concejales pidieron concluirlo— la discusión se va a pintar como autonomía sí o autonomía no. Esa cancha está mal pintada. El dato más jodido de los diecisiete años es fiscal: ningún borrador ha calculado cuánto cuesta la autonomía que propone, ni qué personal, activos y litigios se transfieren con cada competencia. El diseño interno del borrador más reciente trae su propia trampa: alcaldes zonales elegidos de ternas que envía el alcalde metropolitano, una descentralización con correa tan corta que el perro nunca sale del Palacio. Más competencias para ese mismo aparato producirían un gobierno más grande administrando los problemas de siempre.

La salida tiene instrumentos y plazos, no misterios. Primeros cien días: publicar todos los borradores anteriores en un solo archivo abierto; pedir a la Procuraduría Metropolitana el dictamen que nadie ha emitido sobre la ruta exacta —la disposición general séptima del COOTAD sugiere que la Ley de 1993 ya cumplió la etapa de creación, y de esa lectura depende si falta un referéndum o una ley entera—; y crear por resolución del Concejo una instancia técnica con presupuesto, cronograma y obligación de publicar avances. Primer año: una matriz pública que diga, competencia por competencia, quién la ejerce hoy, cuánto cuesta y quién la pagaría. Segundo año: negociar con Pichincha, Rumiñahui, el Gobierno nacional y el Consejo Nacional de Competencias, y recién ahí redactar. A los candidatos les toca algo más simple: escoger en público entre completar el Estatuto o reformar la Ley de 1993 con alcance limitado. Inaugurar otra ronda de estudios para heredarla cerrada dejó de ser serio hace dos alcaldías.

Yo voy a volver a preguntar. Cuando la papeleta sea de verdad —un referéndum con la Corte Constitucional de por medio, ya no cuatro opciones en una red social— la frase tendrá que llegar traducida: cuánto cuesta, quién manda, quién responde. Ese día la placa del membrete y el motor del municipio tendrán que ser la misma máquina. Y si el cero vuelve a salir, que salga porque la ciudad entendió la pregunta y dijo que no. Un cero así ya sería una respuesta.

Fuentes

— Constitución de la República del Ecuador (2008), arts. 242, 247 y disposiciones aplicables sobre distritos metropolitanos autónomos.

— Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en especial la disposición general séptima y las normas relativas a los distritos metropolitanos autónomos.

— Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, Registro Oficial No. 345, 27 de diciembre de 1993.

— Proyecto de Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de Quito, borrador para discusión pública, febrero de 2020.

— Estado Situacional del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito, Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), 2023.

— Encuesta Perfil y Sondeo de Opinión sobre el Estatuto Autonómico de Quito, Instituto de la Ciudad, 2020.

— Resolución ADMQ-007-2024, Estatuto Orgánico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, febrero de 2024.

— Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) del Distrito Metropolitano de Quito.

— Documentación técnica, memorandos, oficios y expedientes administrativos relativos al proceso de elaboración del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito (2009–2023), revisados durante la investigación de este artículo.

CASO #49

El nudillazo

Con seguridad, casi todos hemos dado dos golpecitos contra la pared para sentirla. Si se siente seco y sólido, aprobada; si se siente hueco, torcemos la boca. Llevo quince años trabajando con el mismo ingeniero civil; cuando los clientes lo hacen, nos miramos y sonreímos con complicidad.

El nudillazo es la ingeniería de bolsillo criolla, hija de una idea sencilla: lo pesado es fuerte; lo macizo, seguro. Pero hay casi tantas clases de pared como variedades de papa en los Andes. Unas sostienen, otras rellenan o cierran una estructura y otras apenas separan dos habitaciones. El sonido no distingue ninguna. Es la limpia de cuy de la construcción, placebo puro.

¿Y si todo se mueve?

En términos simples, cuando una masa se acelera, aparece una fuerza inercial. Si la masa aumenta y lo demás se mantiene, la fuerza también. El sacudón suele cobrar por kilo. La menor masa juega a favor, aunque no convierte automáticamente cualquier tabique liviano en un seguro. Si ambas paredes solo separan dos habitaciones, la liviana suele ser sísmicamente más favorable: genera menos fuerza inercial y, si falla, lo que puede caer pesa mucho menos. También importan el material, el refuerzo, la geometría, los anclajes y la relación de la pared con el edificio. La menor masa ayuda, pero por sí sola no garantiza la seguridad.

Hemos usado el nudillo para comprar casas, aprobar acabados y desconfiar de todo lo hueco. Una pared liviana nos parece barata. Una de bloque se siente muy seria, aunque no siempre sepamos qué controles y ensayos se realizaron durante su fabricación. Una mampostería pesada, mal anclada o sin el refuerzo adecuado puede agrietarse, separarse o caerse, aunque la estructura principal no colapse. Un edificio no necesita desplomarse para herir o matar a alguien. A veces basta con un trozo de mampostería.

La falla del borde oriental —Puengasí, Ilumbisí, El Batán, Calderón— existe desde antes de que hubiera algo llamado Quito: a su actividad se atribuye el levantamiento del bloque sobre el que estamos parados, unos cuatrocientos metros respecto de los valles. En 1755, una secuencia de sismos dañó templos y casas, llevó a muchos habitantes a buscar refugio en el campo y dejó réplicas durante al menos ocho semanas: la gente mirando su casa como se mira a un perro que acaba de morder. La falla sigue activa. No avisa ni explica por sí sola el daño; eso también depende de lo que encuentre construido encima.

El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7,8 afectó especialmente a Manabí y Esmeraldas. Murieron 676 personas y decenas de miles fueron desplazadas. Las evaluaciones identificaron una combinación de factores: suelo, configuración, detallamiento, materiales, ejecución y elementos no estructurales. Nació en la costa, en otro escenario sísmico, pero dejó nuestra evidencia más cercana de que la norma escrita y la obra construida no siempre se hablan.

Cuando vuelva un sismo fuerte, hará el avalúo más honesto de la ciudad: sin mirar la plusvalía, el sector ni quién firmó los planos.

La ciudad puede modelar escenarios; la ingeniería, estimar cómo responden ciertos tipos de edificios. Lo que nadie puede adivinar es la biografía de cada casa: el piso que apareció con el tercer hijo, la pared retirada para abrir una tienda o la terraza convertida en un departamento. En una misma cuadra conviven una casa del 58, un edificio del 86 y un piso aumentado el año pasado. El suelo no revisa permisos.

La informalidad vuelve esa biografía aún más borrosa. En 2010, Quito había identificado unos 2.153 asentamientos humanos de hecho y consolidados. La cifra no equivale a edificios ni permite calcular cuántas construcciones informales existen hoy. El problema es precisamente ese: los registros describen mejor lo que entró al sistema; de lo demás, la ciudad sabe mucho menos.

Informal tampoco significa automáticamente ruinoso. Hay casas autoconstruidas con sensatez y edificios formales mal ejecutados o transformados después. La diferencia está en la trazabilidad: en unos casos hay planos, cálculos, ensayos y responsables; en otros, apenas quedan rastros de cómo se construyó. Sin esa información, hablar con certeza de cada edificio se parece demasiado a nuestro nudillazo.

La responsabilidad, además, no puede recaer únicamente sobre los habitantes. No basta con decirles que paguen una evaluación profesional, los estudios que correspondan y una fiscalización: cuando esa asistencia compite con el costo del cuarto que necesitan construir, el sistema les pide elegir entre la seguridad y el techo. Arquitectos, ingenieros, universidades, gremios y municipios deben encontrar una manera de ofrecer asistencia técnica seria, supervisada y proporcional, especialmente donde el mercado profesional casi nunca llega.

Podríamos empezar por un inventario de equipamientos esenciales: hospitales, escuelas, estaciones de bomberos y edificios de alta ocupación; crear una biografía técnica de los inmuebles que separe lo conocido de lo que nadie puede demostrar; y abrir una ruta accesible para quien quiera aumentar un piso. La idea es que ese conocimiento llegue también a quien hoy construye con necesidad, intuición y maestro mayor, sin reemplazar jamás una evaluación profesional.

La próxima vez que visite una casa, volverá a cerrar el puño y a golpear la pared. Hágalo nomás: es gratis, rápido y bastante satisfactorio. Solo no confunda el sonido con un diagnóstico.

Detrás de esa pared hay un año, una norma, un material y quizá tres ampliaciones que nadie registró. Del otro lado está usted, durmiendo. Esa pared lo ve dormir desde hace años; usted todavía no conoce su historia. En una ciudad sísmica, dejarle al nudillo lo suyo y a los profesionales lo demás también es una forma de dormir tranquilo.

Fuentes

— Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional — Sistema de Fallas de Quito; sismicidad histórica (secuencia de 1755).
— Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional — terremoto de Pedernales/Muisne, 16 de abril de 2016 (Mw 7,8).
— Banco Mundial — balance humano, social e infraestructura tras el terremoto de 2016.
— FEMA E-74 — Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (componentes no estructurales).
— Earthquake Engineering Field Investigation Team, EEFIT — comportamiento de edificios y elementos no estructurales durante el terremoto de Ecuador de 2016.
— Municipio del Distrito Metropolitano de Quito / Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda — asentamientos humanos de hecho y consolidados identificados a 2010.
— NTE INEN 3066 — bloques de hormigón: requisitos y métodos de ensayo.

CASO #48

Nos ahorramos el saludo en una ciudad sin vecinos

En cualquier calle de Quito, a cualquier hora, hay algo midiéndose. El contador de agua gira. Las cámaras del ECU 911 graban y el Municipio sabe cuántos carros cruzan la Occidental a las 7:40. Todo lo que se mueve en esta ciudad deja registro.

Y en esa misma calle pasa lo único que ningún aparato anota: la señora de la tienda ve pasar a un niño con uniforme y sabe de quién es. Ese dato no consta en ninguna base municipal. Sin ese dato, la calle solo ofrece un tallarín de cables.

Un barrio es una frecuencia. La cantidad de veces que una persona se cruza, sin planearlo, con otra que reconoce. El vecino nota que el señor del tercer piso lleva dos días sin aparecer. Un favor pequeño. Esa cara que uno jamás invitó a comer, pero que igual echaría de menos si desapareciera. Nada de esto exige amistad: basta con reconocer al otro, saber que pertenece, notar cuando algo no cuadra. Cuando esos cruces se repiten lo suficiente, la calle acumula memoria y aparece lo que llamamos barrio. Cuando la frecuencia cae bajo cierto umbral, quedan casas. Casas con gente adentro y nadie alrededor.

Quito tiene medido su apagón. La encuesta de percepción ciudadana que se realiza cada año lo registra con la frialdad de un electrocardiograma: en 2020, 65 de cada 100 quiteños confiaban en sus vecinos. En 2023 quedaban 46. La última medición recuperó terreno, 57, y mejor tragarse el dato sin celebrar: parte del repunte vino de vecinos que se organizaron por miedo a la delincuencia, que es la forma más triste de conocerse. En Los Chillos confían el 64 por ciento; en Calderón, el 32. Y el dato más jodido: los que menos confían en sus vecinos tienen entre 18 y 25 años. Un conteo vehicular mueve presupuesto, cambia un intercambiador, justifica un crédito internacional. Diecinueve puntos de confianza perdidos en tres años no movieron un solo plano.

La frecuencia la apagamos entre todos, de puro cómodos. Cada mejora de la vida individual eliminó una razón para cruzarse con alguien: el carro nos ahorró la vereda; el delivery, la tienda; la pantalla, la banca del parque; y la cerca eléctrica nos ahorró el saludo. Yo tampoco soy inocente. Cada decisión es razonable por separado. Sumadas, dejaron la calle sin oficio. Y una calle sin oficio termina sirviendo únicamente para pasar de largo. La seguridad hizo el resto: cada muro protege un interior y borra un par de ojos sobre el exterior; cada conjunto cerrado mejora la protección de veinte familias y deja ciega a la cuadra entera. Un barrio reconoce lo anormal porque conoce lo normal. Cuando ya nadie mira, lo anormal circula campante.

Barcelona, que hoy presume de sus supermanzanas como el invento urbano del siglo, también empezó midiendo algo. Salvador Rueda buscaba bajar los decibeles a la ciudad desde 1987; el silencio lo llevó a sacar el tráfico de paso de ciertas calles, y el famoso piloto de Poblenou, en 2016, terminó devolviéndole espacio a la gente. Devolver espacio ya es bastante. Pero un espacio vacío no conversa con nadie. Si los vecinos no lo ocupan, sigue siendo eso: metros cuadrados bienintencionados.

Quito ya hizo algo parecido hace más de cuarenta años, y le fue mejor y peor de lo que cualquier manual predice. El plan de Solanda, aprobado por el Municipio en 1980, organizó cerca de 150 hectáreas del sur en supermanzanas —así, con esa palabra, consta en los documentos— con una red peatonal continua y pasajes de ocho metros con jardines. Cuatro décadas después, los pasajes miden dos metros: los vecinos construyeron sobre los jardines, cuarto a cuarto, losa a losa, hasta comerse el diseño. Y mientras se lo comían, fabricaron uno de los barrios con más identidad de la ciudad, con más de cien mil habitantes, una tienda en cada esquina y una vida de calle que muchas urbanizaciones de lujo mirarían con envidia si supieran mirar. La forma ayuda. Pero el barrio lo terminan de armar los vecinos. Incluso cuando el plano decía otra cosa.

Si el barrio es una frecuencia, la pregunta municipal cambia: ¿qué hicimos para que la gente volviera a cruzarse? Cinco ideas bastante terrenales.

La primera ni siquiera cuesta plata: que toda obra grande declare qué le hace a la vecindad, igual que hoy declara qué le hace al tráfico. El indicador ya existe y se publica cada año; falta que alguien lo adopte como meta de gestión, con la misma seriedad con que se persigue un porcentaje de asfalto.

La segunda: inventariar la infraestructura de la confianza. O, dicho menos elegante, empezar a cuidar esos lugares donde los vecinos todavía tienen excusa para encontrarse. La tienda de la esquina hace algo que ninguna obra millonaria consigue: obliga a que dos vecinos se crucen. El plan de uso de suelo —el documento que decide qué se construye y dónde— protege tuberías con celo religioso y deja morir tiendas sin pestañear.

La tercera: un piloto barato cuya unidad la dicta el recorrido cotidiano: tres calles alrededor de una escuela, o el trayecto entre un mercado, una cancha y una parada del Metro. Cruce seguro, luz, sombra, una vereda donde quepan dos personas conversando. Nada de eso exige crédito internacional. Si funciona, la siguiente encuesta debería empezar a contarlo.

La cuarta: premiar con norma a la urbanización cerrada que abra un borde, un frente comercial, un acceso peatonal, algo que devuelva ojos a la calle.

La quinta: amarrar toda mejora a la protección de los que ya estaban, porque un barrio puede morir de abandono y también cuando el éxito termina expulsando a quienes lo mantuvieron vivo.

En la calle del inicio, los contadores siguen trabajando. El medidor gira, el sensor suma y la cámara graba. Todo queda registrado. Menos el barrio. La señora de la tienda sigue ahí, por ahora, viendo pasar niños con uniforme. El día en que baje la reja por última vez, ningún tablero municipal registrará la pérdida. El agua seguirá corriendo y los carros seguirán pasando. Y la calle, perfectamente medida, se quedará sin nadie que sepa de quién es cada niño.

Fuentes

— Quito Cómo Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana, series 2020–2025 (quitocomovamos.org / datos.quitocomovamos.org).

— Primicias, “Menos de la mitad de los quiteños confía en sus vecinos” (diciembre 2023).

— La Hora, “Nueva encuesta de Quito Cómo Vamos revela desafíos y percepciones ciudadanas” (noviembre 2024).

— Quito Informa, resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 (diciembre 2025).

— PUCE / Metro de Quito, “Estudio de Diagnóstico Preliminar: Asentamientos de viviendas en el Barrio de Solanda” (2018).

— Municipio del DMQ, Términos de Referencia del Plan Parcial de Renovación Urbana de Solanda.

— Salvador Rueda, “La Supermanzana: modelo funcional y urbanístico de Barcelona” (2016); entrevistas en El Nacional (2016) y Revista Barcelona-NY, Universitat de Barcelona (2021).

— Durán, Duque et al., “Geografía de la fragmentación en el periurbano de Quito”, EURE (2020).

— Eric Klinenberg, Palaces for the People: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life (2018).

— Robert Sampson, Stephen Raudenbush y Felton Earls, “Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy”, Science (1997).