CASO #50

El 0% de Quito.

Diecisiete años, cuatro alcaldías, varios estatutos y una ciudad que todavía no sabe qué le están proponiendo.

Hace unas semanas pregunté en X qué tema de Quito merecía ser atacado primero y puse cuatro opciones. El Centro Comercial Montúfar se llevó el 43%, los superbarrios el 33%, la ciudad y los terremotos el 24%. La cuarta opción decía “¿Más poder a Quito?” y sacó cero. Ni un dedo resbaló en la pantalla. Esa encuesta terminó decidiendo el orden de los tres casos siguientes: 47, 48 y 49 salieron en el orden en que la gente los votó. El cuarto tema se quedó esperando turno hasta hoy.

Cincuenta semanas seguidas documentando pedazos de esta ciudad, uno por domingo, y resulta que el tema que define quién tiene la autoridad para arreglar esos pedazos llegó al aniversario por descarte. La pregunta era mía, así que el cero también. Escribí una frase que podía significar más poder para el alcalde, más poder para el Municipio, más poder para los barrios, más poder para las parroquias rurales o más poder para Quito frente al Gobierno central, y no aclaré cuál. El cero midió con bastante precisión cuánto significa esa frase para alguien atrapado en el pico y placa de las 8am: nada.

Ese vacío tiene expediente. Quito se llama Distrito Metropolitano desde diciembre de 1993, y la placa aparece en cada membrete y en cada ordenanza. Para que la categoría funcione, la Constitución de 2008 y el COOTAD exigen una norma institucional básica aprobada por la propia ciudad: un texto que defina qué competencias asume Quito, cómo se organiza por dentro, con qué plata, bajo qué controles y ante quién responde. Quito lleva el nombre de Distrito Metropolitano desde hace más de treinta años. La constitución que ese nombre promete sigue sin escribirse. Y mientras tanto, las decisiones que sí nos tocan a diario —quién manda sobre el transporte que cruza a Rumiñahui, por qué una administración zonal no maneja un presupuesto que sirva para algo— siguen repartidas entre oficinas que se echan la culpa entre sí.

Cuatro administraciones distintas intentaron escribirlo. En 2009, el equipo de Paco Moncayo imaginó a Quito como ciudad-región, con competencias cantonales, provinciales y regionales bajo un mismo techo. En 2010, la administración de Augusto Barrera convirtió el proyecto en una carta de derechos: vivienda, salud, cultura, ambiente, todo declarado y casi nada costado. En 2017, el estudio encargado por Mauricio Rodas entendió lo que los anteriores esquivaron: Quito dejó de ser una ciudad compacta hace rato y funciona como un archipiélago que se mueve a diario entre el hipercentro, los valles y Calderón, y gobernar eso exige repartir poder hacia adentro. En 2020, Jorge Yunda presentó el borrador más avanzado de todos, con concejos zonales, comunas reconocidas y consulta popular anunciada. Después vino la pandemia, el convenio con el PNUD expiró en junio de ese año, la destitución del alcalde decapitó el proyecto, un oficio pidiendo auxilio a la Procuraduría se quedó sin respuesta y en 2022 un memorando interno cerró la actividad sin que ningún titular lo registrara. El estatuto tuvo muchos autores, varias oficinas y ningún dueño permanente.

En medio de todo esto, la ciudad sí aprobó un Estatuto. En febrero de 2024 se expidió, por resolución de Alcaldía, el Estatuto Orgánico del Municipio: el documento que ordena secretarías, direcciones y unidades, el mapa de quién tramita qué. Cualquiera que busque el Autonómico se topa primero con ese, y la confusión hasta se entiende, porque los dos empiezan igual y solo uno de los dos existe. Un organigrama ordena la burocracia. El primero ordena oficinas. El segundo reparte poder. Quito lleva tres décadas perfeccionando lo primero y postergando lo segundo, y por eso cada reorganización municipal se celebra como reforma mientras el régimen de fondo sigue siendo el mismo municipio centralizado con placa metropolitana.

Cuando el tema vuelva a la campaña —y va a volver: desde 2023 la Alcaldía habló de retomarlo y en 2025 ocho concejales pidieron concluirlo— la discusión se va a pintar como autonomía sí o autonomía no. Esa cancha está mal pintada. El dato más jodido de los diecisiete años es fiscal: ningún borrador ha calculado cuánto cuesta la autonomía que propone, ni qué personal, activos y litigios se transfieren con cada competencia. El diseño interno del borrador más reciente trae su propia trampa: alcaldes zonales elegidos de ternas que envía el alcalde metropolitano, una descentralización con correa tan corta que el perro nunca sale del Palacio. Más competencias para ese mismo aparato producirían un gobierno más grande administrando los problemas de siempre.

La salida tiene instrumentos y plazos, no misterios. Primeros cien días: publicar todos los borradores anteriores en un solo archivo abierto; pedir a la Procuraduría Metropolitana el dictamen que nadie ha emitido sobre la ruta exacta —la disposición general séptima del COOTAD sugiere que la Ley de 1993 ya cumplió la etapa de creación, y de esa lectura depende si falta un referéndum o una ley entera—; y crear por resolución del Concejo una instancia técnica con presupuesto, cronograma y obligación de publicar avances. Primer año: una matriz pública que diga, competencia por competencia, quién la ejerce hoy, cuánto cuesta y quién la pagaría. Segundo año: negociar con Pichincha, Rumiñahui, el Gobierno nacional y el Consejo Nacional de Competencias, y recién ahí redactar. A los candidatos les toca algo más simple: escoger en público entre completar el Estatuto o reformar la Ley de 1993 con alcance limitado. Inaugurar otra ronda de estudios para heredarla cerrada dejó de ser serio hace dos alcaldías.

Yo voy a volver a preguntar. Cuando la papeleta sea de verdad —un referéndum con la Corte Constitucional de por medio, ya no cuatro opciones en una red social— la frase tendrá que llegar traducida: cuánto cuesta, quién manda, quién responde. Ese día la placa del membrete y el motor del municipio tendrán que ser la misma máquina. Y si el cero vuelve a salir, que salga porque la ciudad entendió la pregunta y dijo que no. Un cero así ya sería una respuesta.

Fuentes

— Constitución de la República del Ecuador (2008), arts. 242, 247 y disposiciones aplicables sobre distritos metropolitanos autónomos.

— Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en especial la disposición general séptima y las normas relativas a los distritos metropolitanos autónomos.

— Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, Registro Oficial No. 345, 27 de diciembre de 1993.

— Proyecto de Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de Quito, borrador para discusión pública, febrero de 2020.

— Estado Situacional del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito, Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), 2023.

— Encuesta Perfil y Sondeo de Opinión sobre el Estatuto Autonómico de Quito, Instituto de la Ciudad, 2020.

— Resolución ADMQ-007-2024, Estatuto Orgánico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, febrero de 2024.

— Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) del Distrito Metropolitano de Quito.

— Documentación técnica, memorandos, oficios y expedientes administrativos relativos al proceso de elaboración del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito (2009–2023), revisados durante la investigación de este artículo.