Autor: Esteban Najas

CASO #51

El tiempo de la lanfor

Cyrano abrió al público en 1960, en la avenida 6 de Diciembre entre Jorge Washington y Robles, y se quedó ahí hasta 1984. Libri Mundi nació en 1971 y su local en la Juan León Mera y Wilson cerró en 2015, después de 43 años por conflictiva y con poca afluencia de gente, La demanda, como suele hacer, se mudó a lugares más predecibles, como los malles.

Podría decirse que, así como el índice Big Mac usa una hamburguesa para comparar informalmente el poder de compra entre monedas, la salud de un barrio puede medirse por el número de panaderías. Una panadería no aguanta el arriendo de una discoteca ni vive de la gente que aparece una vez al mes. Necesita repetición: alguien que duerma a la vuelta, baje por pan a las siete y vuelva mañana. Una panadería hace un censo sin formularios.

El 31 de diciembre vencen las licencias de 32 locales de La Mariscal: bares, discotecas, licorerías, night clubs y moteles que seguían abiertos por herencia, donde ese uso ya no se permite. Treinta y seis mesas de trabajo y veinte votos unánimes bastaron para decidirlo. Todavía nadie ha discutido lo otro: quién abre la puerta lanfor del localcito y firma por cinco años de arriendo.

La agonía del barrio se apresuró con la pandemia; nos mandó a todos a casa, cuando las instituciones se llevaron a otro lado los trámites que traían gente a la cuadra, y cuando los toques de queda se normalizaron. El Cabildo llegó mucho después.

En 2021 se levantaron 2.237 establecimientos en el barrio y el 28% ya estaban cerrados. Dos años más tarde quedaban 840 activos. En 2025, en cambio, el Municipio otorgó 3.110 nuevas LUAE en el sector: tres mil ciento diez permisos para abrir. Las tres cifras pueden ser ciertas al mismo tiempo. Una métrica puede decir la verdad y, aun así, contar la historia equivocada.

Un permiso dice que una actividad fue habilitada. No dice cuánto duró. El Municipio puede cambiar las reglas de un permiso en una sesión de Concejo; levantar una lanfor no está entre sus atribuciones. Nos falta la edad de los negocios. Yo mediría algo bastante menos abstracto: el tiempo de la lanfor. ¿Cuántos días se queda abajo desde que el local cierra y se llena de grafiti? ¿Cuánto tarda otro en levantarla? ¿Cuántos meses consigue sostenerla arriba? La recuperación empieza cuando las inauguraciones han acumulado años.

Hace unos días publiqué en X doce cosas que, a mi juicio, faltan para que una panadería vuelva a esa cuadra y aguante. Se ordenan en cuatro problemas bastante terrenales. El precio: si el local sigue tasado a lo que pagaba la farra en su mejor año, seguirá vacío. El tamaño: quinientos metros cuadrados de discoteca son absurdos para un negocio cotidiano; cuatro locales más pequeños quizá no. Los vecinos: el propio Municipio habla de más de 100.000 estudiantes en el entorno de La Mariscal. La gente ya llega. El problema empieza cuando terminan las clases: se va o se queda para chupar o traficar. Y el plazo: nadie firma cinco años en la Reina Victoria sobre una ordenanza que puede reformarse en una tarde.

Todo eso es oficio y se puede hacer con presupuesto ordinario. Ninguna de esas cosas apaga un foco encendido a las diez de la noche, y una calle vacía y oscura siempre encuentra quien la ocupe.

Hay una segunda contabilidad que no figura en el Plan Parcial. Donde opera la vacuna, un negocio paga dos arriendos: uno al propietario y otro a quien controla la cuadra. El segundo no tiene contrato ni consta en ningún catastro, y tampoco figura en el flujo con el que el Municipio calcula el incentivo. La extorsión convierte la inseguridad en un costo fijo. Ningún descuento de concesión onerosa puede competir con eso. La prueba de recuperación es bastante humilde: que abrir una panadería deje de ser un acto de valentía.

El viernes 14 de agosto, a varios administradores de discotecas de La Mariscal les llegaron panfletos y mensajes de WhatsApp exigiéndoles que cerraran. Al mediodía, el ministro del Interior llevó a la Plaza Foch una nueva fase del Plan de Protección Quito: dos mil policías y dos mil militares adicionales para la capital. Esa noche, dos personas de 57 y 18 años resultaron heridas en un ataque armado afuera de una discoteca, en Reina Victoria y Joaquín Pinto.

El Municipio administra La Mariscal desde el edificio El Quinde, Reina Victoria N24-66 y Pinto. El ataque fue en esa esquina.

Frente a esa misma puerta se han reportado campaneros; desde adentro, avisos antes de que salga el patrullero. Está documentado desde julio.

Entre enero y junio, la Policía realizó 2.522 operativos en el sector y aprehendió a 229 personas. Del 14 al 16 de agosto, dentro del nuevo plan, se realizaron 96 operativos y se aprehendieron dos personas. En X escribí: 96 a 2. Funciona como provocación; como indicador, es flojo, porque un operativo no busca únicamente detener gente. Prefiero corregir una frase eficaz antes que convertirla en una conclusión falsa. El problema serio sigue ahí: contar operativos mide actividad del Estado, no control de la cuadra.

El jefe de operaciones policiales del distrito reconoce que en La Mariscal hay territorios repartidos y que eso no cambia solo con operativos. El administrador zonal reconoce que el Municipio no tiene funcionarios capacitados ni herramientas para enfrentar microtráfico y extorsión, y que esa competencia es de la Policía. Los dos pueden tener razón; la cuadra no sabe de organigramas. El delito encontró una de las partes más blandas del Estado: el borde entre dos competencias.

Mis doce puntos estaban casi todos del lado urbanístico. No fue descuido. Supuse un orden: primero, acomodar usos, arriendos, vivienda y permisos; después, asegurar la cuadra. Como si el barrio atendiera en ventanillas. La ciudad real hace todo a la vez.

En marzo ya había escrito que, sin intervenir en la Plaza Foch en materia de seguridad, el repoblamiento no despegaría. Prometí volver sobre el asunto si el plan se torcía. No volví. Esto es eso.

Desde 2021 han pasado diez personas por la Administración Zonal La Mariscal y ninguna ha completado un año en el cargo. El que más ha durado llegó a once meses. El barrio tiene un plan que mira doce años hacia adelante y una administración que no consigue memoria de doce meses. Es el florón administrativo, solo que cada relevo vuelve a aprender la misma cuadra.

Por eso pediría cuatro números publicados cada mes y un reloj. Locales vacíos. Gente que vive en el barrio. Delitos por cuadra. Horas diarias de presencia policial efectiva en la calle. Y el tiempo de la lanfor. Una cifra útil tiene que poder incomodar a quien la publica y permitirle a cualquiera demostrar que el Municipio tiene razón, que no la tiene o que yo estaba equivocado.

Faltan 130 días para el corte y todavía no existe una descripción pública y verificable de cómo se verá La Mariscal el día después: quién administrará la transición, qué ocuparán los locales que salgan, qué se medirá y a quién se le reclamará.

El 31 de diciembre cae en jueves. El 1 es feriado y el fin de semana es fin de semana. El lunes 4 de enero es el primer día en que el barrio y la oficina que lo administra amanecen bajo la misma regla y a la misma hora.

Ese lunes alguien va a levantar una lanfor en la Reina Victoria. Que abra será noticia. Que siga abierta en 2032 dependerá de algo que todavía no se ha discutido en ninguna mesa de trabajo: quién cobra en esa cuadra.

Fuentes

— Cyrano | Corfú, Historia Cyrano; y Ñan Magazine, «Cyrano: 64 años de pan francés en Ecuador», 31 de mayo de 2022. Apertura del local de la avenida 6 de Diciembre en diciembre de 1960 y permanencia hasta 1984.

— El Comercio, «Libri Mundi de La Mariscal cierra después de 43 años de vida cultural», 13 de julio de 2015. Fundación, cierre del local de Juan León Mera y Wilson y razones señaladas por Alfonso Reece.

— Concejo Metropolitano de Quito / Quito Informa, 10 de febrero de 2026. Aprobación por unanimidad con 20 votos del Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal; fin de la preexistencia; vigencia máxima de licencias hasta el 31 de diciembre de 2026; 36 mesas de trabajo; 3.110 nuevas LUAE reportadas en 2025.

— Quito Informa, 12 de febrero de 2026. Distrito de Innovación La Mariscal: más de 100.000 estudiantes en el entorno.

— Fundación Periodistas Sin Cadenas / Unidad de Investigación Tierra de Nadie / PlanV, «Un nudo criminal en la Plaza Foch estrangula a La Mariscal», julio de 2026. Establecimientos relevados en 2021 y locales activos en 2023; control territorial, campaneros e infiltrados; 2.522 operativos y 229 aprehendidos entre enero y junio; declaraciones del mayor Byron Flores, jefe de operaciones del distrito Eugenio Espejo, y del administrador zonal Leandro Buratovich; rotación de diez administradores desde 2021 y permanencia máxima de once meses.

— Administración Zonal La Mariscal, oficio GADDMQ-AZLM-2026-0468-O, 9 de marzo de 2026. Dirección oficial: Reina Victoria N24-66 y Pinto, edificio El Quinde.

— El Comercio y El Diario, 14 de agosto de 2026. Presentación de la fase del Plan de Protección Quito en la Plaza Foch; despliegue de 2.000 policías adicionales y dispositivo conjunto con Fuerzas Armadas.

— Diario Extra, 17 de agosto de 2026. Ataque armado del 14 de agosto en Reina Victoria y Joaquín Pinto; dos heridos, de 57 y 18 años.

— Ecuador Comunicación, 16 de agosto de 2026. Balance del Plan de Protección Quito del 14 al 16 de agosto: 96 operativos, 1.794 personas registradas, 1.345 vehículos y motocicletas revisados, dos aprehendidos.

027.

CASO #50

El 0% de Quito.

Diecisiete años, cuatro alcaldías, varios estatutos y una ciudad que todavía no sabe qué le están proponiendo.

Hace unas semanas pregunté en X qué tema de Quito merecía ser atacado primero y puse cuatro opciones. El Centro Comercial Montúfar se llevó el 43%, los superbarrios el 33%, la ciudad y los terremotos el 24%. La cuarta opción decía “¿Más poder a Quito?” y sacó cero. Ni un dedo resbaló en la pantalla. Esa encuesta terminó decidiendo el orden de los tres casos siguientes: 47, 48 y 49 salieron en el orden en que la gente los votó. El cuarto tema se quedó esperando turno hasta hoy.

Cincuenta semanas seguidas documentando pedazos de esta ciudad, uno por domingo, y resulta que el tema que define quién tiene la autoridad para arreglar esos pedazos llegó al aniversario por descarte. La pregunta era mía, así que el cero también. Escribí una frase que podía significar más poder para el alcalde, más poder para el Municipio, más poder para los barrios, más poder para las parroquias rurales o más poder para Quito frente al Gobierno central, y no aclaré cuál. El cero midió con bastante precisión cuánto significa esa frase para alguien atrapado en el pico y placa de las 8am: nada.

Ese vacío tiene expediente. Quito se llama Distrito Metropolitano desde diciembre de 1993, y la placa aparece en cada membrete y en cada ordenanza. Para que la categoría funcione, la Constitución de 2008 y el COOTAD exigen una norma institucional básica aprobada por la propia ciudad: un texto que defina qué competencias asume Quito, cómo se organiza por dentro, con qué plata, bajo qué controles y ante quién responde. Quito lleva el nombre de Distrito Metropolitano desde hace más de treinta años. La constitución que ese nombre promete sigue sin escribirse. Y mientras tanto, las decisiones que sí nos tocan a diario —quién manda sobre el transporte que cruza a Rumiñahui, por qué una administración zonal no maneja un presupuesto que sirva para algo— siguen repartidas entre oficinas que se echan la culpa entre sí.

Cuatro administraciones distintas intentaron escribirlo. En 2009, el equipo de Paco Moncayo imaginó a Quito como ciudad-región, con competencias cantonales, provinciales y regionales bajo un mismo techo. En 2010, la administración de Augusto Barrera convirtió el proyecto en una carta de derechos: vivienda, salud, cultura, ambiente, todo declarado y casi nada costado. En 2017, el estudio encargado por Mauricio Rodas entendió lo que los anteriores esquivaron: Quito dejó de ser una ciudad compacta hace rato y funciona como un archipiélago que se mueve a diario entre el hipercentro, los valles y Calderón, y gobernar eso exige repartir poder hacia adentro. En 2020, Jorge Yunda presentó el borrador más avanzado de todos, con concejos zonales, comunas reconocidas y consulta popular anunciada. Después vino la pandemia, el convenio con el PNUD expiró en junio de ese año, la destitución del alcalde decapitó el proyecto, un oficio pidiendo auxilio a la Procuraduría se quedó sin respuesta y en 2022 un memorando interno cerró la actividad sin que ningún titular lo registrara. El estatuto tuvo muchos autores, varias oficinas y ningún dueño permanente.

En medio de todo esto, la ciudad sí aprobó un Estatuto. En febrero de 2024 se expidió, por resolución de Alcaldía, el Estatuto Orgánico del Municipio: el documento que ordena secretarías, direcciones y unidades, el mapa de quién tramita qué. Cualquiera que busque el Autonómico se topa primero con ese, y la confusión hasta se entiende, porque los dos empiezan igual y solo uno de los dos existe. Un organigrama ordena la burocracia. El primero ordena oficinas. El segundo reparte poder. Quito lleva tres décadas perfeccionando lo primero y postergando lo segundo, y por eso cada reorganización municipal se celebra como reforma mientras el régimen de fondo sigue siendo el mismo municipio centralizado con placa metropolitana.

Cuando el tema vuelva a la campaña —y va a volver: desde 2023 la Alcaldía habló de retomarlo y en 2025 ocho concejales pidieron concluirlo— la discusión se va a pintar como autonomía sí o autonomía no. Esa cancha está mal pintada. El dato más jodido de los diecisiete años es fiscal: ningún borrador ha calculado cuánto cuesta la autonomía que propone, ni qué personal, activos y litigios se transfieren con cada competencia. El diseño interno del borrador más reciente trae su propia trampa: alcaldes zonales elegidos de ternas que envía el alcalde metropolitano, una descentralización con correa tan corta que el perro nunca sale del Palacio. Más competencias para ese mismo aparato producirían un gobierno más grande administrando los problemas de siempre.

La salida tiene instrumentos y plazos, no misterios. Primeros cien días: publicar todos los borradores anteriores en un solo archivo abierto; pedir a la Procuraduría Metropolitana el dictamen que nadie ha emitido sobre la ruta exacta —la disposición general séptima del COOTAD sugiere que la Ley de 1993 ya cumplió la etapa de creación, y de esa lectura depende si falta un referéndum o una ley entera—; y crear por resolución del Concejo una instancia técnica con presupuesto, cronograma y obligación de publicar avances. Primer año: una matriz pública que diga, competencia por competencia, quién la ejerce hoy, cuánto cuesta y quién la pagaría. Segundo año: negociar con Pichincha, Rumiñahui, el Gobierno nacional y el Consejo Nacional de Competencias, y recién ahí redactar. A los candidatos les toca algo más simple: escoger en público entre completar el Estatuto o reformar la Ley de 1993 con alcance limitado. Inaugurar otra ronda de estudios para heredarla cerrada dejó de ser serio hace dos alcaldías.

Yo voy a volver a preguntar. Cuando la papeleta sea de verdad —un referéndum con la Corte Constitucional de por medio, ya no cuatro opciones en una red social— la frase tendrá que llegar traducida: cuánto cuesta, quién manda, quién responde. Ese día la placa del membrete y el motor del municipio tendrán que ser la misma máquina. Y si el cero vuelve a salir, que salga porque la ciudad entendió la pregunta y dijo que no. Un cero así ya sería una respuesta.

Fuentes

— Constitución de la República del Ecuador (2008), arts. 242, 247 y disposiciones aplicables sobre distritos metropolitanos autónomos.

— Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en especial la disposición general séptima y las normas relativas a los distritos metropolitanos autónomos.

— Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, Registro Oficial No. 345, 27 de diciembre de 1993.

— Proyecto de Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de Quito, borrador para discusión pública, febrero de 2020.

— Estado Situacional del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito, Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), 2023.

— Encuesta Perfil y Sondeo de Opinión sobre el Estatuto Autonómico de Quito, Instituto de la Ciudad, 2020.

— Resolución ADMQ-007-2024, Estatuto Orgánico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, febrero de 2024.

— Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) del Distrito Metropolitano de Quito.

— Documentación técnica, memorandos, oficios y expedientes administrativos relativos al proceso de elaboración del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito (2009–2023), revisados durante la investigación de este artículo.

CASO #49

El nudillazo

Con seguridad, casi todos hemos dado dos golpecitos contra la pared para sentirla. Si se siente seco y sólido, aprobada; si se siente hueco, torcemos la boca. Llevo quince años trabajando con el mismo ingeniero civil; cuando los clientes lo hacen, nos miramos y sonreímos con complicidad.

El nudillazo es la ingeniería de bolsillo criolla, hija de una idea sencilla: lo pesado es fuerte; lo macizo, seguro. Pero hay casi tantas clases de pared como variedades de papa en los Andes. Unas sostienen, otras rellenan o cierran una estructura y otras apenas separan dos habitaciones. El sonido no distingue ninguna. Es la limpia de cuy de la construcción, placebo puro.

¿Y si todo se mueve?

En términos simples, cuando una masa se acelera, aparece una fuerza inercial. Si la masa aumenta y lo demás se mantiene, la fuerza también. El sacudón suele cobrar por kilo. La menor masa juega a favor, aunque no convierte automáticamente cualquier tabique liviano en un seguro. Si ambas paredes solo separan dos habitaciones, la liviana suele ser sísmicamente más favorable: genera menos fuerza inercial y, si falla, lo que puede caer pesa mucho menos. También importan el material, el refuerzo, la geometría, los anclajes y la relación de la pared con el edificio. La menor masa ayuda, pero por sí sola no garantiza la seguridad.

Hemos usado el nudillo para comprar casas, aprobar acabados y desconfiar de todo lo hueco. Una pared liviana nos parece barata. Una de bloque se siente muy seria, aunque no siempre sepamos qué controles y ensayos se realizaron durante su fabricación. Una mampostería pesada, mal anclada o sin el refuerzo adecuado puede agrietarse, separarse o caerse, aunque la estructura principal no colapse. Un edificio no necesita desplomarse para herir o matar a alguien. A veces basta con un trozo de mampostería.

La falla del borde oriental —Puengasí, Ilumbisí, El Batán, Calderón— existe desde antes de que hubiera algo llamado Quito: a su actividad se atribuye el levantamiento del bloque sobre el que estamos parados, unos cuatrocientos metros respecto de los valles. En 1755, una secuencia de sismos dañó templos y casas, llevó a muchos habitantes a buscar refugio en el campo y dejó réplicas durante al menos ocho semanas: la gente mirando su casa como se mira a un perro que acaba de morder. La falla sigue activa. No avisa ni explica por sí sola el daño; eso también depende de lo que encuentre construido encima.

El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7,8 afectó especialmente a Manabí y Esmeraldas. Murieron 676 personas y decenas de miles fueron desplazadas. Las evaluaciones identificaron una combinación de factores: suelo, configuración, detallamiento, materiales, ejecución y elementos no estructurales. Nació en la costa, en otro escenario sísmico, pero dejó nuestra evidencia más cercana de que la norma escrita y la obra construida no siempre se hablan.

Cuando vuelva un sismo fuerte, hará el avalúo más honesto de la ciudad: sin mirar la plusvalía, el sector ni quién firmó los planos.

La ciudad puede modelar escenarios; la ingeniería, estimar cómo responden ciertos tipos de edificios. Lo que nadie puede adivinar es la biografía de cada casa: el piso que apareció con el tercer hijo, la pared retirada para abrir una tienda o la terraza convertida en un departamento. En una misma cuadra conviven una casa del 58, un edificio del 86 y un piso aumentado el año pasado. El suelo no revisa permisos.

La informalidad vuelve esa biografía aún más borrosa. En 2010, Quito había identificado unos 2.153 asentamientos humanos de hecho y consolidados. La cifra no equivale a edificios ni permite calcular cuántas construcciones informales existen hoy. El problema es precisamente ese: los registros describen mejor lo que entró al sistema; de lo demás, la ciudad sabe mucho menos.

Informal tampoco significa automáticamente ruinoso. Hay casas autoconstruidas con sensatez y edificios formales mal ejecutados o transformados después. La diferencia está en la trazabilidad: en unos casos hay planos, cálculos, ensayos y responsables; en otros, apenas quedan rastros de cómo se construyó. Sin esa información, hablar con certeza de cada edificio se parece demasiado a nuestro nudillazo.

La responsabilidad, además, no puede recaer únicamente sobre los habitantes. No basta con decirles que paguen una evaluación profesional, los estudios que correspondan y una fiscalización: cuando esa asistencia compite con el costo del cuarto que necesitan construir, el sistema les pide elegir entre la seguridad y el techo. Arquitectos, ingenieros, universidades, gremios y municipios deben encontrar una manera de ofrecer asistencia técnica seria, supervisada y proporcional, especialmente donde el mercado profesional casi nunca llega.

Podríamos empezar por un inventario de equipamientos esenciales: hospitales, escuelas, estaciones de bomberos y edificios de alta ocupación; crear una biografía técnica de los inmuebles que separe lo conocido de lo que nadie puede demostrar; y abrir una ruta accesible para quien quiera aumentar un piso. La idea es que ese conocimiento llegue también a quien hoy construye con necesidad, intuición y maestro mayor, sin reemplazar jamás una evaluación profesional.

La próxima vez que visite una casa, volverá a cerrar el puño y a golpear la pared. Hágalo nomás: es gratis, rápido y bastante satisfactorio. Solo no confunda el sonido con un diagnóstico.

Detrás de esa pared hay un año, una norma, un material y quizá tres ampliaciones que nadie registró. Del otro lado está usted, durmiendo. Esa pared lo ve dormir desde hace años; usted todavía no conoce su historia. En una ciudad sísmica, dejarle al nudillo lo suyo y a los profesionales lo demás también es una forma de dormir tranquilo.

Fuentes

— Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional — Sistema de Fallas de Quito; sismicidad histórica (secuencia de 1755).
— Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional — terremoto de Pedernales/Muisne, 16 de abril de 2016 (Mw 7,8).
— Banco Mundial — balance humano, social e infraestructura tras el terremoto de 2016.
— FEMA E-74 — Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage (componentes no estructurales).
— Earthquake Engineering Field Investigation Team, EEFIT — comportamiento de edificios y elementos no estructurales durante el terremoto de Ecuador de 2016.
— Municipio del Distrito Metropolitano de Quito / Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda — asentamientos humanos de hecho y consolidados identificados a 2010.
— NTE INEN 3066 — bloques de hormigón: requisitos y métodos de ensayo.

CASO #48

Nos ahorramos el saludo en una ciudad sin vecinos

En cualquier calle de Quito, a cualquier hora, hay algo midiéndose. El contador de agua gira. Las cámaras del ECU 911 graban y el Municipio sabe cuántos carros cruzan la Occidental a las 7:40. Todo lo que se mueve en esta ciudad deja registro.

Y en esa misma calle pasa lo único que ningún aparato anota: la señora de la tienda ve pasar a un niño con uniforme y sabe de quién es. Ese dato no consta en ninguna base municipal. Sin ese dato, la calle solo ofrece un tallarín de cables.

Un barrio es una frecuencia. La cantidad de veces que una persona se cruza, sin planearlo, con otra que reconoce. El vecino nota que el señor del tercer piso lleva dos días sin aparecer. Un favor pequeño. Esa cara que uno jamás invitó a comer, pero que igual echaría de menos si desapareciera. Nada de esto exige amistad: basta con reconocer al otro, saber que pertenece, notar cuando algo no cuadra. Cuando esos cruces se repiten lo suficiente, la calle acumula memoria y aparece lo que llamamos barrio. Cuando la frecuencia cae bajo cierto umbral, quedan casas. Casas con gente adentro y nadie alrededor.

Quito tiene medido su apagón. La encuesta de percepción ciudadana que se realiza cada año lo registra con la frialdad de un electrocardiograma: en 2020, 65 de cada 100 quiteños confiaban en sus vecinos. En 2023 quedaban 46. La última medición recuperó terreno, 57, y mejor tragarse el dato sin celebrar: parte del repunte vino de vecinos que se organizaron por miedo a la delincuencia, que es la forma más triste de conocerse. En Los Chillos confían el 64 por ciento; en Calderón, el 32. Y el dato más jodido: los que menos confían en sus vecinos tienen entre 18 y 25 años. Un conteo vehicular mueve presupuesto, cambia un intercambiador, justifica un crédito internacional. Diecinueve puntos de confianza perdidos en tres años no movieron un solo plano.

La frecuencia la apagamos entre todos, de puro cómodos. Cada mejora de la vida individual eliminó una razón para cruzarse con alguien: el carro nos ahorró la vereda; el delivery, la tienda; la pantalla, la banca del parque; y la cerca eléctrica nos ahorró el saludo. Yo tampoco soy inocente. Cada decisión es razonable por separado. Sumadas, dejaron la calle sin oficio. Y una calle sin oficio termina sirviendo únicamente para pasar de largo. La seguridad hizo el resto: cada muro protege un interior y borra un par de ojos sobre el exterior; cada conjunto cerrado mejora la protección de veinte familias y deja ciega a la cuadra entera. Un barrio reconoce lo anormal porque conoce lo normal. Cuando ya nadie mira, lo anormal circula campante.

Barcelona, que hoy presume de sus supermanzanas como el invento urbano del siglo, también empezó midiendo algo. Salvador Rueda buscaba bajar los decibeles a la ciudad desde 1987; el silencio lo llevó a sacar el tráfico de paso de ciertas calles, y el famoso piloto de Poblenou, en 2016, terminó devolviéndole espacio a la gente. Devolver espacio ya es bastante. Pero un espacio vacío no conversa con nadie. Si los vecinos no lo ocupan, sigue siendo eso: metros cuadrados bienintencionados.

Quito ya hizo algo parecido hace más de cuarenta años, y le fue mejor y peor de lo que cualquier manual predice. El plan de Solanda, aprobado por el Municipio en 1980, organizó cerca de 150 hectáreas del sur en supermanzanas —así, con esa palabra, consta en los documentos— con una red peatonal continua y pasajes de ocho metros con jardines. Cuatro décadas después, los pasajes miden dos metros: los vecinos construyeron sobre los jardines, cuarto a cuarto, losa a losa, hasta comerse el diseño. Y mientras se lo comían, fabricaron uno de los barrios con más identidad de la ciudad, con más de cien mil habitantes, una tienda en cada esquina y una vida de calle que muchas urbanizaciones de lujo mirarían con envidia si supieran mirar. La forma ayuda. Pero el barrio lo terminan de armar los vecinos. Incluso cuando el plano decía otra cosa.

Si el barrio es una frecuencia, la pregunta municipal cambia: ¿qué hicimos para que la gente volviera a cruzarse? Cinco ideas bastante terrenales.

La primera ni siquiera cuesta plata: que toda obra grande declare qué le hace a la vecindad, igual que hoy declara qué le hace al tráfico. El indicador ya existe y se publica cada año; falta que alguien lo adopte como meta de gestión, con la misma seriedad con que se persigue un porcentaje de asfalto.

La segunda: inventariar la infraestructura de la confianza. O, dicho menos elegante, empezar a cuidar esos lugares donde los vecinos todavía tienen excusa para encontrarse. La tienda de la esquina hace algo que ninguna obra millonaria consigue: obliga a que dos vecinos se crucen. El plan de uso de suelo —el documento que decide qué se construye y dónde— protege tuberías con celo religioso y deja morir tiendas sin pestañear.

La tercera: un piloto barato cuya unidad la dicta el recorrido cotidiano: tres calles alrededor de una escuela, o el trayecto entre un mercado, una cancha y una parada del Metro. Cruce seguro, luz, sombra, una vereda donde quepan dos personas conversando. Nada de eso exige crédito internacional. Si funciona, la siguiente encuesta debería empezar a contarlo.

La cuarta: premiar con norma a la urbanización cerrada que abra un borde, un frente comercial, un acceso peatonal, algo que devuelva ojos a la calle.

La quinta: amarrar toda mejora a la protección de los que ya estaban, porque un barrio puede morir de abandono y también cuando el éxito termina expulsando a quienes lo mantuvieron vivo.

En la calle del inicio, los contadores siguen trabajando. El medidor gira, el sensor suma y la cámara graba. Todo queda registrado. Menos el barrio. La señora de la tienda sigue ahí, por ahora, viendo pasar niños con uniforme. El día en que baje la reja por última vez, ningún tablero municipal registrará la pérdida. El agua seguirá corriendo y los carros seguirán pasando. Y la calle, perfectamente medida, se quedará sin nadie que sepa de quién es cada niño.

Fuentes

— Quito Cómo Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana, series 2020–2025 (quitocomovamos.org / datos.quitocomovamos.org).

— Primicias, “Menos de la mitad de los quiteños confía en sus vecinos” (diciembre 2023).

— La Hora, “Nueva encuesta de Quito Cómo Vamos revela desafíos y percepciones ciudadanas” (noviembre 2024).

— Quito Informa, resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 (diciembre 2025).

— PUCE / Metro de Quito, “Estudio de Diagnóstico Preliminar: Asentamientos de viviendas en el Barrio de Solanda” (2018).

— Municipio del DMQ, Términos de Referencia del Plan Parcial de Renovación Urbana de Solanda.

— Salvador Rueda, “La Supermanzana: modelo funcional y urbanístico de Barcelona” (2016); entrevistas en El Nacional (2016) y Revista Barcelona-NY, Universitat de Barcelona (2021).

— Durán, Duque et al., “Geografía de la fragmentación en el periurbano de Quito”, EURE (2020).

— Eric Klinenberg, Palaces for the People: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life (2018).

— Robert Sampson, Stephen Raudenbush y Felton Earls, “Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy”, Science (1997).

CASO #47

El choro en el tejado

Centro Comercial Montúfar

En marzo de este año, en el techo de un local del Centro Comercial Montúfar, un operativo policial encontró una mochila con 66 celulares con alertas de bloqueo. Seguro, una de las centenas que pululan en tan prestigioso establecimiento.

No sé si todos se acuerdan, pero en la célebre madrugada de la gesta heroica del 24 de mayo de 2003, el Centro Histórico amaneció con 6.801 puestos informales menos, despachados en camiones municipales tras la firma de 98 asociaciones: casi 10.000 comerciantes que llevaban décadas en la calle. La ciudad entera aplaudió esta “nueva era”.

El Montúfar retrata esa fe ingenua que trasladó la economía de vereda a un inmueble con más de 400 locales, abrumadoramente privados, y una minoría municipal a la que le resulta imposible gobernar.

En 2024, el 30% contaba con licencia de funcionamiento. Un operativo retiró un cachito de evidencia de 86 celulares dudosos y clausuró 19 locales; entre 2024 y 2025, la Agencia Metropolitana de Control acumuló 98 procedimientos. En enero de 2026, cayeron tres detenidos en los exteriores mientras el Concejo proclamaba con entusiasmo: ¡expropiación!

Los comerciantes —más de 350 firmaron la queja— cuentan que las mafias son externas, que tienen reglas propias, multas y cierres temporales para quienes comercializan objetos de dudosa procedencia, y que cualquiera puede acercar un celular robado a la esquina para que el GPS lo localice en el Montúfar. Pero incluso si fuera cierto, la conclusión los compromete de todas formas: si el problema está afuera, el Municipio debe abordar lo externo. Si está adentro, debe auditar lo interno. Y si está en ambos lados, pues avíspense.

Que el Montúfar sea una mafia podrá no tener respaldo judicial, pero funciona igualito que una, y el sistema no tiene idea de cómo lidiar con piratas. Habría que probar que el vendedor sabía que el equipo era robado, y un celular reseteado no sabe ni recuerda nada. Mientras tanto, la gobernanza es un bailecito administrativo: operativo para un lado, boletín para el otro, clausura temporal para adelante y una vueltita para atrás. El Municipio ve permisos; la Policía, indicios; la Fiscalía, denuncias que no llegan. A cada institución le importa su pupo, y el artefacto robado entra, cambia de manos, se resetea y se revende. Impunes, por los días de los días, amén.

No solo en Quito proliferan estos callejones con olor a orina. Lima reubicó a sus ambulantes en 1981 y creó los célebres “Polvos Azules”. Marca identitaria de los corsarios populares. En Las Malvinas, su pariente tecnológico, la Policía, tras más de cuarenta años de operativos, sigue coleccionando gadgets que alimentan a la bestia y a los titulares amarillistas.

Si me lo permiten, propongo unas pocas reglas. ¿Les parece?

Primera: trazabilidad o suspensión. Dentro de la LUAE, una categoría de alto riesgo de receptación para todo local que compre, repare o revenda tecnología usada. La condición: registro digital de cada equipo —IMEI, fotografía, cédula de quien lo entrega, comprobante de venta—. Equipo sin historia: suspensión, clausura, revocatoria, sin esperar la sentencia penal ni presumir la culpa. Un restaurante demuestra su salubridad; un local de usados, su origen. Y la carga de la prueba se invierte: hoy la víctima debe probar que su celular terminó allí; mañana el comerciante deberá probar que lo que vende entró legalmente.

Segunda: memoria pública. Un semáforo de locales —verde, amarillo, rojo— publicado cada mes en la entrada del centro, en la web municipal y en un código QR en la vitrina, alimentado solo con actos administrativos firmes. Hoy, el edificio entero carga con la mala fama, mientras los locales opacos se camuflan con la vecina que vende llaveros de Naruto; el semáforo rompe ese anonimato funcional y separa al comerciante honesto del opaco con consecuencias automáticas: multa, suspensión, clausura, imposibilidad de renovar la LUAE y ¡fuera!

Tercera: una zona especial de control comercial por 18 meses. Mesa técnica permanente, con actas públicas y metas medibles —AMC, Policía Judicial, Fiscalía, SRI, SENAE, ARCOTEL, administración del centro, comerciantes electos y veeduría ciudadana—. La mesa administra el riesgo urbano; la propiedad privada queda intacta.

Cuarta: el anillo seco. En un radio definido alrededor del edificio quedan prohibidas la compraventa y la intermediación informal de tecnología usada en el espacio público: ni reparación ambulante, ni entregas sin factura, ni intermediarios en parqueaderos ni accesos. Si los comerciantes sostienen que el problema está afuera, perfecto: empecemos por secar el afuera. El anillo también los protege.

Quinta, y aquí se desarma el fetiche facilista de la expropiación, que suena contundente hasta que uno abre el Registro de la Propiedad. El edificio está repartido en cientos de escrituras individuales, cada local con su dueño y su alícuota; la utilidad pública habría que declararla dueño por dueño, cada uno con derecho a su propio juicio de precio, durante años y con plata que la ciudad no tiene. El Municipio ya posee una minoría de locales adentro y esa es su palanca: convertirlos en usos ancla —ventanilla de denuncias, verificación de IMEI, punto ARCOTEL, red de locales habilitados con trazabilidad reforzada—, comprar voluntariamente los estratégicos y, solo con un proyecto público real, expropiar de forma milimétrica. Deja de ser un espectador minoritario y se convierte en un actor dentro del edificio.

Los primeros cien días alcanzan para la trazabilidad, el anillo y la mesa; el primer año, para el semáforo; el resto es paciencia presupuestada. La meta: que cada objeto tenga historia, cada local tenga rostro, cada sanción tenga memoria y cada reincidente tenga consecuencia. El Montúfar necesita una autopsia administrativa permanente. En 2003 aplaudimos las veredas limpias y nadie preguntó quién gobernaría puertas adentro.

A la ecuatoriana, obra sí, sistema nunca.

Veintitrés años después, la respuesta sigue siendo la misma: 66 pantallas apagadas que alguna vez fueron de alguien que todavía mira el puntito azul, sabiendo ya que no se puede hacer nada. Los choros, bajo techo; sus mochilas, en los tejados.

Fuentes

— Plan V, recuento por los 20 años de la reubicación del comercio informal del Centro Histórico (2023).

— El Universo, cobertura del cierre de la reubicación: 6.801 puestos trasladados y 98 asociaciones firmantes (junio de 2003).

— Primicias, megaoperativo en el Centro Comercial Montúfar: 86 celulares retirados y 19 locales clausurados (mayo de 2024); posición de la AMC sobre los límites de la competencia municipal.

— Expreso, «¿Expropiar, demoler o regular? El futuro del Centro Comercial Montúfar en Quito»: locales municipales minoritarios, bajo porcentaje de licencias en 2024 y mecánica de la expropiación (enero de 2026).

— Expreso, «¿Es posible que el Centro Comercial Montúfar de Quito se transforme en parqueadero?»: operativo del 27 de enero, clausuras de la AMC y sanciones internas del centro (enero de 2026).

— Extra, el caso de Bernardo Jijón y el debate público sobre el Montúfar (enero de 2026).

— Ecuavisa, debate en el Concejo Metropolitano, mayoría de locales privados y pronunciamiento de más de 350 comerciantes (2026).

— El Comercio, el Montúfar como mercado formal bajo sospecha recurrente: más de 400 locales y 98 procedimientos de la AMC entre 2024 y 2025 (marzo de 2026).

— La Hora, operativo policial con hallazgo de 66 celulares en el techo de un local (marzo de 2026).

— Municipio de Quito, Dirección de Centros Comerciales Populares: adjudicación de locales con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad (Resolución C 0037 de 2003).

— Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador y su Reglamento General: régimen de copropiedad, alícuotas y bienes exclusivos.

— COOTAD, requisitos de la declaratoria de utilidad pública: motivación, certificado registral, valoración y disponibilidad presupuestaria.

— ARCOTEL, consulta pública de IMEI y procedimientos sobre equipos reportados como robados o perdidos.

— El Comercio (Perú), reconstrucción histórica de Polvos Azules y la reubicación de 1981 en Lima.

— Cobertura periodística del operativo de la Policía Nacional del Perú en Las Malvinas: más de 500 celulares incautados (2025).

CASO #46

Ciudad sin párpados.

Ilustración: Kitty Najas

Hoy, casi todo lo que nos vende algo trae un botón de apagado. Cierras la pestaña, te saltas el comercial a los cinco segundos o pagas la suscripción premium. Y ese mismo aparato, tan difícil de soltar, que nos tiene jorobados y babeando en un scroll infinito, al levantar la vista, la ciudad te remata con la valla LED frente a tu ventana, sin control de apagado, o con el parlante del local de abajo sin opción de mute. En un mundo donde casi todo se silencia, nuestras ciudades nos gritan 24/7.

Es que a Quito le fascina empapelarse. Poste, fachada, árbol, ladera: a cada superficie se le mete capa tras capa de papeles y lonas. Crecimos creyendo que una ciudad tapizada de pantallas gigantes y figuras 3D, como carros alegóricos sin ruedas, nos convierte en primer mundo —cosmopolitas, dinámicos, despiertos—, un Times Square con olor a hornado o a una gigante cubeta de pollo frito que nos abre el apetito. Pero no tanta hambre como la del Municipio. Lo desarmé en las cifras del Caso #10 —ocho de cada diez vallas fuera de norma y multas millonarias que se acumulan sin que nadie las cobre—; en el Caso #8, traté de descubrir la trampa oculta—una legalización exprés de todo lo ilegal con premio al que más pedestales para publicidad metió.

El daño, sin embargo, ocurre también mucho más por dentro: en nuestros cerebros. La atención dirigida —la capacidad de concentrarse e ignorar el resto— es finita y se fatiga como un músculo; la psicología ambiental lleva décadas mostrando que los entornos saturados la agotan y los naturales la reponen. Un cerebro obligado a filtrar, todo el bendito día, estímulos que nadie pidió —un letrero encima de otro, una luz parpadeante, una marca cada diez metros— mantiene encendido el sistema nervioso autónomo, ese que se dispara ante una amenaza. Cortisol, pulso y alerta sostenidos en el tiempo. Ese estado no equivale, por sí solo, a un diagnóstico, pero sí es terreno fértil para la ansiedad, la irritabilidad y el insomnio.

La OMS recomienda reducir el ruido del tráfico rodado por debajo de 53 dB Lden (promedio de día, tarde y noche) y por debajo de 45 dB Lnight durante la noche. En Quito, un estudio de la UDLA halló que uno de cada cuatro quiteños estaba expuesto a niveles superiores a 65 dB durante el día y casi cuatro de cada diez a niveles superiores a 55 dB durante la noche. La luz nocturna de las pantallas hace lo suyo aparte: desordena los ciclos circadianos, ese reloj interno que nos pide oscuridad para dormir —una valla iluminando la ventana hasta medianoche hace justo eso, igualito a la pantalla azul del celular, con el detalle de que a esa sí podemos voltearla boca abajo; a la valla, te la bancas, sí o sí. Y la neurociencia ya vio que la ciudad deja al cerebro más reactivo al estrés: nos exige una regulación emocional de base y, encima, sumamos brillo, bocina y saturación. Uno cree que, con el tiempo, se acostumbra. Mentira. Se desgasta de a poquito, sin sentirlo, hasta que la mala leche de las calles se vuelve nuestro temperamento local y resulta que es, en buena parte, un agotamiento colectivo.

La Encuesta de Salud Mental del propio Municipio, realizada con TANDEM y PLURAL, encontró que el 92,6% de la población presenta algún nivel de estrés y que, entre los síntomas más frecuentes, se encuentran el cansancio, los problemas para dormir y la irritabilidad. Hubo una pregunta que lo dice casi todo: al consultar qué obras mejorarían su bienestar, la gente pidió más árboles y más parques, y una mayoría abrumadora confirmó que eso le haría bien a la cabeza. La ciudad se recetó su propio antídoto: sombra, verde, un poco de silencio. Pero la calle le mete más pantallas, con la bendición de las agencias de control.

Son tan delirantes las estimaciones que un estudio técnico, reportado por la prensa, calculó que Quito aguantaría hasta 6.500 estructuras publicitarias antes de saturarse. Como si se tratara de una subasta de metros cuadrados listitos para ser capturados. El Concejo, tan prudente, pasó de 115 legales a 900 legalizadas y autorizó un cupo de 1.430. Pura capacidad de absorción comercial. En ese cálculo no entran el campo visual, ni el sueño de nadie, ni el paisaje, ni el dato de fatiga que el mismísimo Municipio levantó en su otra encuesta. Dos instrumentos, dos verdades, y entre ambos un silencio comodísimo, porque cruzarlos saldría carísimo. Mientras tanto, la valla dejó de ser una lona que cobra arriendo y la publicidad exterior también se volvió digital, programable y medible —pantallas que ya empiezan a estimar, con sensores y analítica de video, quién las mira, cuánto rato y qué hace después. São Paulo entendió el peso del asunto y en 2007 descolgó quince mil vallas de un solo tajo; nosotros, en cambio, amarramos hasta el techo de una parada de bus a un contrato publicitario, y ya vimos cómo terminó: pleito, deuda y gente esperando el bus bajo la lluvia (Caso #35). El espacio público no se privatiza solo porque alguien le mete una reja. Se privatiza, calladito, cuando te obligan a mirar, oír y procesar lo que otro decidió venderte. Ahí ya no te quitan un pedazo de vereda. Te quitan la atención, que era lo único que te quedaba gratis.

Y, mientras tanto, arriba sigue el cerro. El paisaje es un derecho colectivo —el de mirar el Pichincha, el Panecillo, esa vaina rara y hermosa de vivir metidos en una hondonada andina—, solo que ya casi no lo ejercemos, tapados por una cubeta de presas de pollo más alta que los edificios. Una ciudad sin párpados no puede cerrar los ojos para descansar ni cuando levantas la vista.

Fuentes

• Encuesta de Salud Mental del Distrito Metropolitano de Quito 2023. Fundación TANDEM, PLURAL.
• Organización Mundial de la Salud. Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018.
• Universidad de Las Américas (UDLA). Estudio de exposición a ruido en Quito: 25% de la población urbana expuesta sobre 65 dB durante el día y 38% sobre 55 dB durante la noche, recogido por prensa y publicaciones institucionales.
• Psicología ambiental: teoría de la restauración de la atención. Rachel Kaplan y Stephen Kaplan.
• Neurociencia urbana: estudio sobre vida urbana y mayor reactividad cerebral al estrés, publicado en Nature.
• São Paulo. Lei Cidade Limpa, 2007: retiro de alrededor de 15.000 vallas y cientos de miles de letreros comerciales.
• Tendencia global de publicidad exterior digital (DOOH): inventario programable, sensores y analítica de video. Fuentes de industria: WPP/GroupM, JCDecaux, Broadsign.
• Ordenanza de publicidad exterior del DMQ: cupo de 1.430 vallas, estimación técnica de hasta 6.500 estructuras y proporción de vallas irregulares.
• Quito Caso a Caso. Casos #8 “La silla vacía”, #10 “La valla imperfecta” y #35 “Publicidad, pleito y lluvia” (archivo propio).
• Entrevista propia con Elena Rodríguez, psicóloga, medioambientalista, urbanista y consultora en temas de ciudad y medio ambiente.

CASO #45

La ruta muerta.

Usted ya pagó la Ruta Viva. La construyó con sus impuestos hace más de una década y la va a pagar otra vez en la garita el día en que el municipio le ponga peaje. Dos veces por la misma vía. Y encima, un privado la pasó por Excel, ROI, CAPEX, TIR y todo lo que se usa para ponerle precio a las cosas, y concluyó que el negocio no le daba. Y no se equivocó.

Hay una regla en el Ecuador que no está escrita en ninguna ley: cuando un negocio da, lo maneja el privado; cuando deja de dar, aparece el Estado para levantar el cadáver. Bien armadas, las APP —alianzas público-privadas o cualquier otro nombre que les pongan los abogados— son la forma más sensata de levantar lo que el Estado no puede solo: el privado aporta capital y velocidad; el Estado, reglas y permanencia. Funcionan cuando cada parte aporta lo que mejor sabe hacer. Se dañan al armarse al revés. Hay que preguntarse si el Estado sabe exactamente qué entrega y si será capaz de operarlo en solitario el día en que el socio se vaya. La cosa no se sostiene cuando alguien se lleva la nata y el resto carga con el suero.

Nada de esto es nuevo. Nuestra primera gran alianza de este tipo fue la del ferrocarril Guayaquil–Quito. La idea de unir la Costa y la Sierra es del siglo XIX; la construcción arrancó con García Moreno y luego Alfaro la expandió a nivel nacional. En 1897, el gobierno firmó contratos con contratistas norteamericanos y en 1908 el tren llegó a Quito. Funcionó y cambió el país. Después vino la otra mitad de la historia: para 1925, el Estado tuvo que quedarse con la empresa porque, del lado privado, ya nadie quería sostener un negocio que había dejado de rendir. El privado puso los buenos años; el país, el chuchaqui. Porque las alianzas suelen ser como las fiestas: cuando se acaba el trago, alguien tiene que quedarse alzando el relajo.

La Ruta Viva es una crónica similar. Se diseñó para unos 50.000 carros al día y hoy aguanta cerca de 90.000, además del transporte pesado y mezcladoras de hormigón que la muelen. No tiene mantenimiento integral desde que se abrió, en 2014. En 2021, una consultoría por casi 270.000 dólares revisó el pavimento y confirmó lo que cualquiera que lo conduce ya sabía sin cobrar: su escuálida base asfáltica se descascaraba antes de tiempo. Hasta marzo de este año, hubo 24 siniestros, con 16 heridos y 3 muertos. El diagnóstico estaba firmado y terminó encajonado junto a los muertos.

Frente a eso, el municipio buscó entregarla a un privado por treinta años a cambio del peaje, con su máxima favorita: “una obra que no le costaría nada a la ciudad”. En mayo, la Secretaría de Movilidad canceló el proceso porque los estudios del privado no alcanzaban ni siquiera el mínimo exigido por la propia ley. Hasta ahí, se entendería, porque firmar una mala concesión a treinta años es peor que no firmarla. Pero el motivo es peor que la cancelación: el propio estudio concluyó que la Ruta Viva no tiene rentabilidad económica ni social. El socio contó cuántos carritos había al día y, así nomás, se pisó. Nos quedamos con los baches y los parches.

La herencia es de usted. Cancelada la alianza, el alcalde anunció que la hará el propio municipio, con plata pública, por etapas, con un peaje similar al de la Guayasamín. La obra pensada para no tocar la caja municipal se pagará con la caja municipal, y nadie ha dicho todavía cuánto cuesta. El privado se ahorró un mal negocio; usted, no.

Todo esto cae en un momento muy particular. El gobierno nacional aprobó una reforma que obliga a los municipios a destinar progresivamente hasta el 70% del presupuesto a inversión, mantenimiento y obra pública. El alcalde la peleó con marchas, una demanda y la frase de que el desarrollo no es solo cemento. Después vino el cemento: la meta municipal pasó de rehabilitar 90 a 150 kilómetros de vías al año, a ocho mil dólares por bus para los transportistas, y la Ruta Viva ascendió a obra propia. La misma vía que nadie rehabilitó integralmente en once años —y, de golpe, las vías del Parque Bicentenario— se volvieron urgentísimas, a meses del 29 de noviembre

No hay que inventarle intenciones a nadie. La ley premia la obra, las urnas premian lo que se inaugura, y el fracaso de la alianza dejó abierta la vía para el brindis político. Todo nos empuja derechito a los cráteres del pendejeo eterno.

Por si alguien cree que el patrón es de ahora, ahí está el aeropuerto de Tababela: salió de una concesión, le dio a Quito una terminal de primera y, de regalo, una glosa de la Contraloría por cerca de 139 millones de dólares. Hasta cuando la cosa sale bien, la pérdida nos desinfla la billetera. Ferrocarril, aeropuerto y ahora la Ruta Viva.

La solución no es regalar la Ruta Viva por treinta años ni fingir que el Municipio la arregla con plata que apareció por milagro. La solución sería algo más sofisticada: un contrato en el que el privado cobra por mantenerla en perfecto estado de funcionamiento, no por quedarse con la carretera. Y si la vía decae, deja de cobrar.

Así que la próxima vez que pase por la Ruta Viva, salvándose de estamparse con una volqueta al maniobrar en una carretera con acné severo, acuérdese de que esa vía ya es suya y la pagó hace años. Quito discutirá quién la administra, quién la arregla y quién gana las elecciones.

CASO #44

Pagar para que nos peguen

Miro de reojo el monto final de la planilla y se me acelera el pulso; la dejo en el mesón de la cocina, entre el resto de la resignación diaria.

Hace un año, todavía podíamos mantener la guardia en alto para recibir los golpes y responder como pudiéramos. En algún momento del último año, nuestro cuerpo dejó de reaccionar. Como dijo Mike Tyson, todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer puñetazo. No hablemos del quinto ni del décimo.

Los quiteños vamos recibiendo golpes tan seguidos y sostenidos que en nuestra esquina ya no hay sales que nos despierten. No como antes, que parecían que venían de a uno.

Round 1: La basura. En octubre de 2025, el Gobierno prohibió cobrarla en la planilla de luz y el Municipio la pasó a la del agua. El problema era aritmético y el propio alcalde lo había anticipado: el mismo costo, repartido entre 700.000 medidores de agua en lugar de 1,2 millones de medidores de luz, sube. Hasta ahí, matemática de escuela. Lo que vino después: un usuario de Conocoto pasó de USD 5 a USD 122, y en Bellavista de Calderón, la tasa subió en viviendas con cortes diarios de agua; en Miravalle, una factura de basura con precio del agua embotellada. Decenas de miles de reclamos. El Municipio respondió con una campaña de animación en medios, sin mentir, con las Tortugas Ninja: otra clase para niños en la que se explicaba cómo, entre menos personas, una pizza deja porciones más grandes.

En cuanto al servicio, la misma vaina de siempre y, al salir de la Epmaps pagando el triple, nos queda un TikTok de ratas y otras plagas en la República de El Salvador, como en la cartoon institucional con mutantes de alcantarilla.

Round 2:  El bus. El 22 de abril, el alcalde juró que no había plata. Un mes después, apareció una propuesta de USD 20 millones para los transportistas —hasta USD 8.000 por unidad— a cambio de congelar el pasaje en 2026 y subirlo a USD 0,40 en enero de 2027, y a USD 0,45 si el bus es eléctrico. De aprobarse, pagaríamos dos veces: hoy, del presupuesto de todos, y en 2027, en cada vuelta. El servicio: entre enero y mayo, la AMT impuso 3.121 multas a unos 3.000 buses —más de una por unidad—, con 79 siniestros, 68 heridos y 8 muertos; en mayo, un pasajero se cayó de una unidad con la puerta abierta. A esa flota se le ofrecen USD 8.000 por cabeza para la webcam en el parabrisas, junto con los dados de felpa en el retrovisor.

 Round 3: Los impuestos, que entran de gancho. Los prediales, como jabs al mentón, sin aumento de tarifa pero con reavalúo catastral, hicieron que el 74% de los títulos pagara más. La Contribución Especial de Mejoras fue el remate: el Municipio la calculó mal en 79.157 predios y, para cuando lo notó, 20.797 personas ya habían pagado de más. Mariana Salazar, una adulta mayor de La Magdalena, pagó USD 281,98 cuando le correspondía USD 115,90. Y lo fino del asunto: la devolución inmediata, a la cola. El error lo cometió el Municipio; el trámite para recuperar la plata le tocó a ella y, posiblemente, a ti, vía transferencia y paciencia, mientras tratabas de volver a ponerte de pie.

Round 4: El Metro mueve 170.000 personas al día y es de lo mejor que le ha pasado a la movilidad de Quito en décadas. También se paró por once horas el 20 de abril. Para entonces, su sistema de comunicaciones no recibía mantenimiento especializado desde diciembre de 2023, y Motorola ya había advertido al alcalde de que el Metro podía dejar de operar por completo. El alcalde no descartó un sabotaje y pidió investigarlo, por un ratito. La obra más cara de la ciudad acumula viajes y excusas. Y abajo, en el piso, la EPMMOP admite que solo el 40% de las vías está en buen estado, aun cuando pagamos fiado y subsidiado.

Round 5: Lo imposible de cuantificar son nuestro tiempo y nuestras vidas. La Ruta Viva vio una luz en una figura público-privada; en mayo, el Municipio canceló el proceso y la asume solo, sin decir cuánto cuesta ni de dónde sale la plata. No tiene mantenimiento integral desde 2014 y por ahí circulan 80.000 carros al día. Mientras en el Parque Bicentenario se anuncian vías nuevas, sin un balance claro de costos económicos ni de área verde: un concejal habla de 17 hectáreas; el Municipio, de 4,2. Nos enteramos al despertar del K.O., a la cuenta de 8…9…10, y ni así reaccionamos. Y todo cae a meses de las elecciones del 29 de noviembre, con un juego ágil de piernas que va del “no hay plata” tras un 2025 en el que el Municipio dejó sin ejecutar USD 252,3 millones y abrió un proceso por USD 1,5 millones en publicidad. Ni me hablen del golpe al hígado del atraco de las vallas publicitarias. La presidenta de su movimiento dice que esta es “una de las mejores gestiones de América Latina”.

Nosotros con la planilla en la mano y la jeta en el piso.

Seguimos en pie, no hay de otra. ¿Pero aún sentimos algo…? ¿Estamos anestesiados? El mes que viene sonará otra campana: otra planilla y otro anuncio de obra urgente. Y esto que acaba de leer es lo más cerca que estaremos de devolver el golpe: un quejido con tildes. Para entonces, el cuerpo ya ni siquiera se cubre; uno casi agradece el golpe, que confirma que sigue vivo. Subo la guardia por costumbre y salgo al siguiente round para recibir otro golpe que seguro nos conecta.

Ilustración: Kitty Najas

Fuentes

• Tasa de recolección de basura y reclamos: Primicias y Expreso (feb.–mar. 2026); admisión de demanda en la Corte Constitucional (jun. 2026).
• Proyecto de compensación a transportistas, pasaje 2027 y citaciones/siniestralidad de buses: Primicias, Expreso y AMT (may.–jun. 2026).
• Impuesto predial 2026 y error en la Contribución Especial de Mejoras: Expreso, El Universo y Primicias (ene. 2026).
• Red vial (EPMMOP), paralización del Metro del 20 de abril y contrato de mantenimiento por USD 62,1 millones: Primicias (abr.–jun. 2026).
• Cancelación de la APP de la Ruta Viva y prolongaciones del Parque Bicentenario: Primicias, Expreso y El Universo (may.–jun. 2026).
• Subejecución presupuestaria 2025 y proceso de publicidad institucional: Primicias.
• Calendario electoral (29 de noviembre de 2026) y reelección de Pabel Muñoz: CNE; declaraciones en Ecuavisa (jun. 2026).
• Encuesta del autor en la red social X, 2026.

CASO #43

La ciudad más cara es la que ya pagamos.

En 2001, la mesa de una casa quiteña se ponía para casi cuatro. Hoy se pone para tres. La casa es la misma, el comedor es el mismo, pero en algún momento de estos veinte años alguien retiró una silla y no la volvió a poner. Nadie se mudó. Bajo el mismo techo, somos menos.

Un barrio también se vacía así. Por dentro, despacio, antes de que se note en la vereda.

Esta semana pregunté en X cuál es la conversación que todos esquivamos sobre la ciudad. Ganó la más incómoda: reusar el Quito vacío, no una de las 3001 obras. Y acertaron. Quito no se encogió —entre los dos últimos censos creció casi un 20 %—; se le suma gente mientras pierde barrios. Hace unos meses hablé de los que se van: las familias que dejaron la Mariscal, San Roque o La Magdalena y reaparecen en Calderón, Conocoto o Puembo. Este caso trata de quienes se quedan y de una pregunta que debería pesar mucho más: ¿por qué cuesta tanto volver a la ciudad que ya construimos?

El censo otorga la matrícula de honor a un barrio que conserva su gente, aunque haya perdido casi todo lo demás. Las Casas, junto a la Universidad Central, crecieron un 4 % entre los dos últimos censos. En la planilla, sano. En la cuadra, los hijos crecieron y se fueron; los que llegaron no se saludan, y la tienda donde fiaba la vecina esfumada sin drama alguno. Un vecino es alguien con quien uno tiene algo que ver, y Quito tiene cada vez más franquicias de dos sílabas que se comen el comercio barrial.

El primer arreglo no cuesta un ladrillo: dejar de medir la salud de un barrio por cuánta gente cabe y comenzar a contar cuántos vecinos vuelven. Además, poner un responsable a cargo de un canal eficaz, preferiblemente digital, sin funcionario tras la ventanilla, evitando el contacto visual. Reemplazarlo por un sistema que sobreviva al cambio de alcalde, lleve el inventario de un Quito enlazado a datos inviolables y a una trazabilidad total, con incentivos claros— que trabaje con los vecinos en lugar de sumar mil estudios más, porque hoy reusar la ciudad es tarea del dueño, del municipio, del banco y del BIESS a la vez. Decenas de despachos y centenares de inacciones.

En Quito casi todo tiene techo y dueño, y buena parte está atrapada: enredada en herencias que nadie reparte, copropietarios que no se hablan, fichas patrimoniales sin un centavo detrás. Llamarla vacía es beneficencia. A ese edificio hay que ponerle urgentemente un cronómetro: un plazo para rehabilitarlo o para sacarlo a remate. Bogotá lo hace desde hace décadas y no se le ha caído el derecho a la propiedad.

La ciudad necesita obra nueva, inversión y desarrollo inmobiliario; todo eso mueve la economía, la vivienda y el empleo. El problema aparece cuando el sistema premia casi solo estrenar y vuelve heroico rehabilitar. Construir un proyecto nuevo cuenta con créditos preferenciales, ferias y subsidios. Rehabilitar implica infiernos de trámites silenciosos, fichas e inspecciones. La ciudad azota al que autogestiona y congela al que espera su turno. Hay dos palancas baratas para darle la vuelta: una: que estar vacío cueste, cobrándole al edificio cerrado y al departamento comprado para valorizarse a oscuras, y dos: un crédito de rehabilitación del BIESS con los plazos y las tasas que hoy solo tiene la obra nueva.

Cuando por fin se logra algo, casi siempre alcanza con las justas para lo cosmético: se pinta la fachada, se cambia la cubierta. No está mal, pero el barrio no revive con látex. El problema vive donde nadie entra. Las fachadas no repueblan una ciudad; pregúntenle a Cuenca, más allá de las fotos. Conservar debería venir con permiso de vivir: incentivos y trámites ágiles para meter baños, ascensores y subdivisiones dentro del cascarón, para que la ficha patrimonial deje de ser una lápida. Y abajo, en la calle, una norma que cuide e incentive la tienda del habitante que conoce tu nombre.

No todo crecimiento es vacío. En el sur, Solidaridad Quitumbe se levantó a punta de mingas y siguió siendo barrio, porque primero hubo vecinos y después casas. Cuando se invierte el orden, sale un conjunto lleno de gente que no se conoce, con piscina y sin barrio.

Seguir estirando tuberías nuevas hacia las lomas, sin activar al mismo tiempo la ciudad ya servida, es un mal negocio. La ciudad más cara de Quito es la que ya pagamos. Por eso, lo más eficaz es que el borde pague al centro: lo que el municipio cobra por autorizar más altura en la periferia puede destinarse íntegramente a que alguien vuelva a encender una ventana en La Magdalena o en la 10 de Agosto.

De diagnósticos vamos sobrados: foros, mesas, papers que le buscan a esto un término para entrar en algún círculo académico. La ciudad lleva décadas siendo estudiada, y las mismas ideas se reciclan, citándose entre sí, sin poner ni una placa de yeso. El problema lo entendemos de sobra. No voy a fingir que sé exactamente por qué se va cada familia —el censo no trae esa columna, y quien diga que la tiene está vendiendo algo—, pero el resultado es terco.

Lo que rehabilita un barrio es una decisión, un presupuesto y vecinos sentados en la misma mesa que el municipio; las ponencias que se queden en la repisa. Menos diseño de dron y más Street View. Nada de eso pide reinventar el encebollado: casi todo ya está escrito en la ley, durmiendo desde hace años. Reusar no luce, y ningún alcalde corta una cinta porque un edificio vuelve a tener inquilinos. Urge ampliar la idea de progreso: estrenar puede ser parte del desarrollo, pero volver a habitar bien lo que ya existe también debería contarse como un avance. Nos emociona la urbanización nueva, el edificio recién inaugurado o el barrio que aparece en la publicidad —y tiene sentido que ocurra—, pero casi no celebramos la posibilidad de volver a habitar bien lo que ya existe. Quizá el reto es urbanístico y, sobre todo, cultural.

La ciudad que ya construimos sigue ahí, con la luz apagada y la puerta con candado. No sé si esa silla desapareció por inseguridad, por precio, por aspiración o porque vivir más lejos empezó a parecer una mejora. Sospecho que fue un poco de todo. La mesa sigue puesta, con una silla menos, arrimada a la pared.

Fuentes

• Censo de Población y Vivienda 2010 y 2022, INEC.
• Centro de Investigación e Información Urbana (CIIU – CAE-P): procesamiento del cambio poblacional por parroquia y barrio del DMQ, 2010–2022.
• El Foro de la Ciudad N.º 91 y N.º 92, “¿Es una realidad el vaciamiento de Quito?” (CAE-P, 2026).
• COOTAD, arts. 507 y 508; LOOTUGS (concesión onerosa de derechos, declaración de desarrollo prioritario, anuncio de proyecto); Constitución del Ecuador, art. 31.
• Encuesta del autor en la red social X, 2026.

CASO #42

Cuarenta años manejando.

Lo que en Quito llamamos tráfico es el resultado de décadas de decisiones sobre nuestro territorio. La fila en la Simón Bolívar, a las siete y media de la mañana, se ha ido formando desde los ochenta, con ideas simplistas y costosas que nos empujaron hacia los bordes para que nos cuidáramos solos. Quien sale de Conocoto a las seis y veinte para llegar a su trabajo en Iñaquito a las ocho menos cuarto se dirige hacia un Quito que tiene compulsión por mudarse.

Aquí, lo más valioso que perdemos es nuestro tiempo: un conductor que empieza a los veintiocho años y se jubila a los sesenta y cinco habrá pasado, sumando sus tres horas diarias, alrededor de tres años de vida sentado frente a un volante. En gasolina, mantenimiento, depreciación, peajes y multas, sin contar los almuerzos que compra afuera porque ya no le da tiempo de pasar por la casa. Tres años y, por lo menos, cuarenta mil dólares por el privilegio de vivir lejos de donde se trabaja.

Uno pensaría que se trata solo de un exceso de carros o de vías mal planteadas, pero los censos del INEC entre 2010 y 2022 indican que el distrito creció un 19 % en 12 años, y ese crecimiento se concentró casi por completo en las orillas. Calderón sumó noventa mil personas. Turubamba creció un 63 %, Tumbaco un 58 % y Conocoto un 55 %. En el mismo período, el Centro Histórico perdió un 9 % de su gente, Chimbacalle, un 11 %, y San Roque, un 29 %: uno de cada tres vecinos se fue en doce años. Y hablamos de barrios con agua, alcantarillado, transporte y escuelas a la vuelta de la esquina, donde las panaderías cierran por falta de clientes, no de pan.

La ciudad se está mudando.

El relato típico, ante el temor que sentimos, sostiene que esos barrios se vaciaron debido a la inseguridad. Pesan, por supuesto, otras razones de fondo: el crimen organizado, la desigualdad, los huecos en el control urbano. Pero la secuencia, vista con calma, también corre en sentido contrario: primero se fueron los vecinos, después vino el deterioro, y, claro, aumentó la inseguridad. Una calle con gente se cuida sola; pero una calle vacía, sin duda, se degrada. Lo que despobló esas cuadras fue una decisión de planificación tomada hace décadas, cuando se resolvió que el futuro estaba en los valles y que el barrio viejo se las arreglaría por sí solo. Eso no pasó.

Si esos barrios tienen todo lo que una familia joven necesita, ¿por qué esa familia no vive ahí?

Por ejemplo: una casa de los sesenta en un barrio consolidado, con sus tres dormitorios y su patio, hoy no puede partirse en tres departamentos, por más que sus dueños la quieran. La normativa la marca como residencial unifamiliar: una casa, una familia, como si en Quito todavía viviéramos en 1978. Al heredero le quedan dos caminos: ambos malos. Vivir solo en una casa demasiado grande, cosa que no hará porque ya se fue a Cumbayá, o vendérsela a alguien que la habite igual, lo cual es difícil porque ese comprador también se fue al valle. El tercer camino, el sensato: dividirla y alquilarla a estudiantes, a parejas que empiezan, a personas mayores que ya no quieren una casa entera para una sola persona, pero muchas veces eso está prohibido. Así que la casa se queda cerrada, y cerrada igual paga predial, paga agua que nadie abre y paga la luz de una refrigeradora encendida por si algún día vuelve alguien. La regla que se inventó para cuidar el barrio es la misma que lo está vaciando.

Podemos ponerle un nombre a lo que está en juego, porque no se trata solo de un tecnicismo. La Constitución, en su artículo 31, reconoce el derecho a la ciudad: vivir cerca del trabajo, moverse sin entregar un tercio del día, no terminar expulsado a la periferia porque adentro ya no cabe nadie nuevo. Suena a pura teoría, hasta que uno lo mide en la fila de la Simón Bolívar, donde ese derecho se cobra puntualmente cada mañana.

Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, lo resumió el año pasado en El Expreso: en Europa hay casas de doscientos años que la ley permite subdividir en departamentos, y así unos herederos venden, otros se quedan y la casa no se muere de soledad. En Quito, en buena parte de los barrios consolidados, eso es ilegal.

Posibles salidas a estos dilemas podrían estar en cuatro decisiones que el municipio ya puede tomar con las herramientas a mano. Abrir un trámite rápido y barato para dividir casas unifamiliares en barrios como La Magdalena, San Bartolo o Chimbacalle, con obras que cualquier arquitecto resuelve sin botar paredes maestras. Estirar la exoneración del predial, que hoy solo cubre al Centro Histórico, a todo barrio consolidado que pierda habitantes, de modo que la rehabilitación salga premiada y no castigada. Permitir más altura alrededor de cada estación del Metro, que justamente atraviesa los barrios que se vacían. Y montar un operador público que se haga cargo de los edificios abandonados —empezando por los del IESS en la 10 de Agosto, a la vista de todos desde hace una década— y que ofrezca crédito para rehabilitar de verdad, no para una mano de pintura en la fachada.

Nada de esto frena la expansión hacia los valles y la discusión nacional sobre quién decide cómo se transforma el suelo en Ecuador y bajo qué reglas será tema para otro caso.

Vuelvo al de la Simón Bolívar. Su problema no se resuelve con más carriles ni con otro intercambiador: se resuelve acortando la distancia entre donde duerme y donde trabaja. Mientras no la acortemos, lo que nos queda es lo de siempre. Seguir manejando.

Fuentes

• Censo de Población y Vivienda 2010 y 2022. Cambio poblacional por parroquia y barrio en el Distrito Metropolitano de Quito. Mayores pérdidas urbanas: Monjas Bajo (Puengasí), La Estancia (Chillogallo), Chiriyacu Alto, San Roque, San Blas, San Sebastián y San Diego. Mayores crecimientos: Calderón, Turubamba, Tumbaco, Conocoto, Yaruquí y Tababela.

• Declaración de Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, en Diario Expreso, diciembre de 2025.

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), Ley de Incentivos Tributarios por la Conservación de las Áreas Históricas de Quito.

• Metro de Quito. Metro en Cifras,

• Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 31.

• Referentes internacionales de repoblamiento y reconversión urbana: Santiago de Chile, Nueva York, California, Ciudad de México, Boston y París.