CASO #56

Los 90 milloncitos del patrimonio de Quito.

En un informe del Consejo Nacional de Competencias, de julio de 2024, hay una tabla con ocho ciudades. Quito va primero, con 90,62 millones de dólares en una columna llamada FONSAL. El FONSAL dejó de existir el 28 de diciembre de 2010.

Debe ser el único difunto del Estado ecuatoriano que sigue apareciendo en las cuentas con la plata completa. En dólares de 2010, eso sí.

El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural está detrás de buena parte de lo restaurado en el Centro Histórico. Quien haya subido un viernes por la noche la calle Morales, en La Ronda, caminó sobre su obra. Nació de un susto: el terremoto de marzo de 1987 dejó rajadas las bóvedas y cúpulas de San Francisco y de la Catedral, y nueve meses después ya existía la Ley 82.

Después vino lo decisivo: el 6% del impuesto a la renta recaudado en Quito. Llegaba cada año, sin que nadie tuviera que demostrar, presupuesto tras presupuesto, que una cubierta del siglo XVII era más urgente que un bache.

La plata tenía un destino reconocible: el patrimonio. Mucha terminaba en un retablo, una plaza o una cubierta; otra, en investigación y gestión. Pero había obra real todos los años. La falsa pelea entre “obra dura” y capacidad técnica sirve para una discusión en redes, no para restaurar una iglesia: los técnicos se hicieron mejores porque tenían sobre qué trabajar, y las obras fueron mejores porque había técnicos que sabían hacerlas. Esa atadura a la obra, que algunos desprecian como manía de ingenieros, permitió algo que en este país casi nunca pasa: que una restauración durara cuatro alcaldes. En 2009, el FONSAL invirtió 86 millones.

Lo más valioso que dejó fue gente: restauradores y carpinteros que aprendieron durante años sobre el andamio. De yapa, un programa editorial que investigaba planos viejos y fiestas de barrio.

La calle Morales quedó preciosa, con geranios en los balcones y hoteles boutique en casas que fueron de inquilinato. Hubo plata y hubo técnicos, y aun así, según el Municipio, el Centro Histórico perdió más de la cuarta parte de sus habitantes entre 2010 y 2022.

Me toca corregirme. En un caso anterior escribí que en 2010 el FONSAL dejó de ejecutar para ponerse a regular. Me equivoqué de verbo: su sucesor, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, siguió contratando obra. Lo que cambió de raíz fue la arquitectura de la plata. Entre la reforma tributaria de 2007, la Constitución de 2008 y el nuevo régimen de 2010 se desmontó el viejo sistema de preasignaciones. El 6% sobrevivió transitoriamente; después dejó de existir como caja FONSAL separada. La plata perdió el apellido. Y ya que estoy confesándome: el Teatro Bolívar, que puse como ejemplo de terquedad privada, también recibió plata del Fondo en 2009.

Eliminar las preasignaciones tenía un argumento serio: un presupuesto nacional lleno de candados, con porcentajes amarrados por ley, no deja gobernar a nadie. Pero con el candado se fue la etiqueta, y sin etiqueta la plata del patrimonio compite cada año con el bache, que gana porque se ve desde el carro. En el Caso #37 escribí que un mecanismo solo vale si dura más que su autor. El FONSAL lo cumplió. Lo desarmó un cambio nacional de reglas pensado para ordenar otro presupuesto.

Queda un muerto con dos herederos. Las transferencias que Quito recibía por ley en 2010 quedaron incorporadas al Monto A, la parte fija que el Estado le repite cada año dentro de sus transferencias generales. La tabla del principio anota la parte que venía del FONSAL. Cuando en 2015 el Estado traspasó a los municipios la competencia de patrimonio con una bolsa adicional, Quito quedó fuera de esa distribución justamente por su antecedente FONSAL. El Municipio, por su lado, recibe esa plata como transferencia general, sin que ninguna cuenta pública muestre cuánto de ella llega a una sola iglesia. En 2025 el Ministerio de Cultura preguntó en público dónde estaba, y la pregunta era legítima. El Municipio contestó que el fondo ya no existía y que el Estado le adeudaba más de 270 millones en transferencias. Los dos tenían su parte de razón, y cuando cada uno tiene su parte, nadie está obligado a cambiar nada.

En 2024, el IMP tuvo alrededor de 14 millones para inversión, menos de la sexta parte de lo que el FONSAL invirtió en 2009. Quien lea esa diferencia como mal trabajo del Instituto está culpando a sus técnicos por el tamaño de un presupuesto que ellos no deciden.

En Manabí y Vargas, a pocas cuadras del Teatro Sucre, una casa de los años treinta lleva más de una década convirtiéndose en ecomuseo y biblioteca. El Municipio se la entregó en comodato a la Fundación FIDAL y, desde entonces, la obra avanza a punta de donaciones: una empresa pone la madera, otra, las pantallas. Yo ayudé, ad honorem, a conseguir fondos para los vidrios y otros materiales, así que no hablo desde la vereda de enfrente. Va por el 80% y, el día que abra, voy a estar en primera fila. Pero un inmueble patrimonial del Municipio puede aprovechar donaciones; no debería depender de que aparezcan para ponerse en pie.

El fondo que venga puede llamarse como quiera el alcalde de turno para su placa.

Primero, devolverle el apellido a la plata. No hace falta esperar una ley nacional: la Alcaldía puede ordenar un código interno de trazabilidad presupuestaria común y publicar su consolidado. Cada dólar que el Municipio gaste en patrimonio, lo gaste el IMP, Obras Públicas o quien sea, lleva una marca en el presupuesto, como una tarrina con nombre en la refri de la oficina. A fin de año se publican tres datos: cuánto recibió Quito por Monto A, cuánto gastó todo el Municipio en patrimonio y, como referencia histórica, los 90,62 millones del CNC. Es la misma trazabilidad que pedí en el Caso #54 para cada decisión urbana, esta vez aplicada a la plata.

Después, una regla municipal de varios años para la inversión patrimonial, aprobada por el Concejo y publicada con cifras. Cada presupuesto anual puede cumplirla o apartarse, pero si se aparta tiene que explicarlo. Eso ya funciona como candado político.

También un núcleo técnico estable, seleccionado por mérito, que sobreviva a los cambios de alcaldía, tenga obra todos los años y forme a la siguiente generación. Y con la gestión cultural adentro: quien programa un teatro o saca adelante una fiesta en la plaza de San Francisco también hace oficio.

Y una meta que se cuente en personas que vivan en el Centro todo el año, medida cada año con indicadores sencillos: población cuando haya dato, conexiones residenciales activas y viviendas rehabilitadas que de verdad se ocupan. Esa meta se comparte con quien responde por la seguridad, porque nadie se muda a una calle por la que no puede caminar de noche.

Con una parte expresa para los que ya viven ahí, porque veinte departamentos boutique también suman residentes. Suelo e inmuebles públicos para esa vivienda hay que reservarlos desde el primer año, ahora que ya se están moviendo inversiones alrededor de la estación San Francisco del Metro. Quito ya aprendió esa lección una vez: en la revitalización financiada por el BID, la primera fase alcanzó a destinar algo más del 9% a vivienda solidaria. Para la segunda, el suelo ya estaba demasiado caro.

Si funciona, dentro de diez años el éxito se va a medir a las nueve de la noche en San Marcos o en San Roque, con luces en los segundos pisos y alguien sacando la basura a la esquina.

A quien gobierne Quito, en este período o en los que vienen, le tocan dos preguntas: cuánto gasta y publica cada año en patrimonio, y cuántos vecinos más viven en el Centro al final de su gestión que al principio. La primera se puede pedir hoy por transparencia. La segunda debería convertirse en un indicador público.

Este caso se quedó en el 6% y en la plata que perdió el apellido. Falta la otra mitad: de qué vive un Centro con vecinos. El turista y el vecino pueden compartir la misma cuadra, y la plata que deja el primero puede ayudar a pagar la casa del segundo. Para eso hace falta una administración que cobre y reinvierta a la vista de todos. Esa parte merece su propio caso.

Fuentes

— Consejo Nacional de Competencias (2024). Informe técnico: Estado actual del ejercicio de la competencia de Patrimonio arquitectónico y cultural, julio 2024, sección 4.2.2 y Tabla 2 (fuente MEF, 2022).

— Consejo Nacional de Competencias. Modelo de Equidad Territorial: Monto A y Monto B.

— Ley 82 de creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. Registro Oficial 838, 23 de diciembre de 1987; reformada por Ley 129, Registro Oficial 808, 8 de noviembre de 1991.

— ICOMOS/UNESCO (2013). Advisory Mission Report, City of Quito. Sobre la sustitución del FONSAL por el IMP y la Resolución de Alcaldía A0040 del 28 de diciembre de 2010.

— Kennedy, Alexandra (2007). Apropiación y resimbolización del patrimonio en el Ecuador. Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia 25.

— BID (2009). Patrimonio cultural y desarrollo socioeconómico: la recuperación de áreas centrales históricas. Nota técnica IDB-TN-201.

— Rojas, Eduardo. La preservación del patrimonio histórico urbano en América Latina y el Caribe. BID.

— Plan V (2019). El presupuesto para conservar el patrimonio de Quito se achica.

— Primicias (7 de marzo de 2025). ¿Dónde están los recursos para preservar el patrimonio de Quito?

— La Hora (2025). Polémica por el presupuesto para patrimonio en Quito.

— Revista Zona Libre (20 de septiembre de 2026). El primer Ecomuseo Biblioteca del Ecuador alcanza el 80% de ejecución.

— La Hora (8 de junio de 2024). El primer Ecomuseo Biblioteca del Ecuador; y Red Ceres (2024 y 2026), aportes de EDIMCA y SMARTCO al Ecomuseo Biblioteca de Fundación FIDAL.

— Municipio de Quito, datos del censo INEC 2022 sobre la parroquia Centro Histórico.