Caso #29

marzo, 1, 2026 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #29• La Mariscal: el papel ya existe, ahora empieza lo difícil.

Son tres meses desde que escribí el Caso #12: «Barrio La Mariscal: Quito ya está construido, solo está dormido»; conté cómo nació un proceso que pudiera ayudar a enlazar necesidades barriales, incentivos privados, criterios técnicos y voluntad pública para alinearlos con los objetivos compartidos de esta zona de Quito.

A finales de enero de 2026, el Concejo aprobó el Plan Urbanístico Complementario Parcial de La Mariscal (PUCP-001-2026).

Como todo instrumento urbano, es mejorable y sujeto a revisión, pero lo suficientemente concreto como para empujarnos a no desperdiciar la oportunidad de incidir en él.

Este llamado «polígono de innovación» entre Colón, Reina Victoria, Lizardo García y 6 de Diciembre —con epicentro en el Parque Gabriela Mistral— ha sido aprobado con algunos objetivos: volver a poblar el barrio, activar el comercio de cercanía y recuperar residentes en un entorno que concentra nueve universidades y una potencial demanda de unidades residenciales que reconozcan su identidad histórica.

Mientras eso ocurre en el plano normativo, en la calle ya hay piezas concretas a la vista, a las que haremos seguimiento técnico y ciudadano para tratar de que no queden en letra muerta.

Primero: la AEI (Alianza para el emprendimiento e innovación del Ecuador) adquirió oficinas en las Torres de Almagro, donde próximamente funcionará el HUB de Innovación.

Desde distintos equipos técnicos se ha trabajado en su diseño arquitectónico y en la mejora del espacio público para fortalecer la conexión peatonal, el uso mixto y la relación directa con el Parque Gabriela Mistral. Este es solo uno de varios esfuerzos que deberán coordinarse para que el plan tenga un efecto positivo medible.

En paralelo, se trabaja con universidades y actores barriales en la elaboración de un manual con propuestas para el espacio público del polígono, que plantea la extensión de veredas, atrios gradados de estancia y una arborización que conecte, con mayor fluidez, el subsuelo comercial de las torres con el parque.

Segundo: La Asamblea Barrial Mariscal Legado Cultural, con la participación activa de vecinos y dueños de emprendimientos locales, ha obtenido fondos de participación ciudadana por aproximadamente cuarenta mil dólares para rediseñar el parque, con la ayuda de docentes y estudiantes de la PUCE.

Tercero: El Colegio de Arquitectos de Pichincha, dentro del marco de la XXV Bienal Panamericana de Arquitectura, lanzó el concurso de nueve pabellones urbanos centrados en la niñez; uno permanecerá de forma permanente en el parque, con el objetivo de lograr una apropiación real y duradera por parte de la comunidad.

Cuarto: El 11 de diciembre de 2025, en la intersección de Diego de Almagro y Luis Cordero, ConQuito inauguró el centro de innovación IQ con servicios de coworking, salas de reuniones, talleres de prototipado, cabinas de estudio y áreas de capacitación. Sería excelente que algunos de sus ocho pisos fueran destinados a vivienda de jóvenes funcionarios de esta institución.

El texto del plan amplía el margen de acción: la innovación no se reduce a lo tecnológico, sino que también habilita iniciativas urbanas que pueden evaluarse caso por caso. En ese sentido, el polígono puede funcionar como un laboratorio regulado donde nazcan nuevas ideas de ciudad para su ensayo y medición de su impacto en la zona.

A la Mariscal le urge recuperar residentes permanentes, especialmente de la clase media, como estudiantes y docentes, que hoy no encuentran una oferta adecuada en la zona. Sin población estable, no hay mezcla social que sostenga la actividad cultural y económica más allá de los picos horarios.

Pero hay una pieza crucial que, de no resolverse, cierra toda posibilidad: la plaza El Quinde, mejor conocida como Plaza Foch.

Durante décadas, fue el corazón nocturno del norte de Quito. Hoy es un epicentro de toda estirpe de ilegalidades y de microtráfico que degrada de manera devastadora la percepción integral del barrio.

Si la Foch no se interviene con urgencia en materia de seguridad, el repoblamiento no despegará jamás. Se requiere presencia operativa constante, coordinación efectiva entre la Policía Nacional y el Municipio, control real de permisos y horarios, y combate sostenido al microtráfico.

A eso se suman la tecnología interoperable, la iluminación estratégica y el rediseño del espacio público bajo criterios de seguridad activa y pasiva: visibilidad, eliminación de puntos ciegos, mezcla de usos y flujo peatonal continuo. Sin ese estándar integral, cualquier inversión resultará inútil.

En varias ciudades, cuando un distrito se degrada, su recuperación viene de la mano de un control eficaz, de reglas claras e incentivos que hacen que volver a invertir tenga sentido financiero. La norma, por sí sola, no atrae capital; pero con el modelo de innovación urbana implantado en el texto, se abre la puerta a nuevas propuestas de inversión sostenible con valor tangible para el barrio.

Si hablamos de innovación urbana, hay que aterrizarla. Incentivos tributarios bien diseñados. Traslado de los derechos de edificabilidad a zonas más densas. Y algo clave: que los créditos hipotecarios preferenciales del Ministerio de Vivienda no sirvan solo para construir desde cero, sino también para remodelar y rehabilitar edificios existentes. La diferencia estará en activar lo que ya está construido, generar un producto accesible por cercanía y precio justo, y evitar que la clase media siga siendo expulsada hacia la periferia.

El papel ya está. Lo que sigue no depende solo de las autoridades ni de los desarrolladores. Ahora está en la arena pública. Si se ejecuta con metas claras para Quito, puede convertirse en un precedente ejemplar. Si se tuerce, quedará claro dónde y en manos de quién. Eso será material para el CASO #45.

IMPORTANTE: Aquí está el enlace público para descargar el Plan Urbanístico Complementario Parcial de La Mariscal (PUCP-001-2026). POR FAVOR, PONGÁNLO BAJO SU MICROSCOPIO.

Descargar el PUCP-001-2026 →

Caso #28

febrero, 22, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #28• Barrios de ocho horas.

¿Es una realidad el vaciamiento de Quito?

En el Foro de la Ciudad #91, presentado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha hace unos días, se lanzó una pregunta muy amplia: ¿Es una realidad el vaciamiento de Quito?

Si bien cualquier ciudad puede degenerar paulatinamente por causas fortuitas, como la pandemia; demográficas, como el envejecimiento de la población; y administrativas, como la falta de estabilidad jurídica y normativa, la conclusión más evidente para el ciudadano es que esto sucede cuando se vuelve unifuncional y pierde habitantes. Es decir, cuando los incentivos para quedarse se desvanecen y la mezcla deja de sostener la vida cotidiana.

Detroit, como caso extremo, perdió cerca del 65 % de su población en setenta años, entre otras razones, tras depender durante décadas de un único motor económico y urbano: la industria automotriz.

Pero a veces también lo que suena como una buena idea en papel puede acelerar el deterioro, no solo en sus calles inmediatas, sino también, con el paso del tiempo, provocar cambios inesperados a kilómetros de distancia.

Quiero mirar dos ejemplos locales. No son los únicos, pero ayudan a entender cómo las decisiones urbanas o arquitectónicas pueden reconfigurar barrios enteros sin que lo notemos a tiempo.

A la altura de lo que hoy es el Parque Bicentenario, el norte fue durante décadas un territorio densamente habitado, aunque imperfecto; allí convivían hoteles, oficinas, cines, bancos, supermercados y colegios. Todo superpuesto en pocas cuadras y con una fricción citadina constante.

El antiguo aeropuerto movía más de cinco millones de pasajeros al año antes de cerrar en 2013. Desde 1960, funcionó como un motor urbano incrustado en estos barrios caminables donde crecí y jugué. Los aviones pasaban amenazantes sobre nuestras cabezas, sí, pero abajo ocurría todo lo que necesitábamos sin un plan maestro para validarlo, porque había algo elemental: vivienda y variedad de usos.

El 19 de febrero de 2013 no solo despegó el último avión. Se apagó un sistema cotidiano con el que habíamos aprendido a convivir, a aceptar riesgos y a generar comunidad y pertenencia. En cuestión de meses, su pulso fue perdiendo vitalidad.

No fue accidental ni imprevisto. Desde los años 2000, se sabía que retirar el aeropuerto era necesario. Durante años, nuestra disfuncional burocracia enterró concursos, estudios y discursos en décadas de alcaldías discontinuas, dándole la espalda a un parque urbano que sigue en deuda con todos los quiteños.

Luego vino otra decisión: esta vez, no por quitar una pieza urbana, sino por imponer una nueva, que concentraría a miles de funcionarios en un solo complejo administrativo al norte. Muy cómodo para muchos ciudadanos, pero su impacto indirecto en la vida del gran tejido quiteño fue monumental.

La Plataforma Norte, resultado de un concurso público en 2012, terminó siendo un volumen horizontal ininterrumpido de más de 130.000 metros cuadrados. El planteamiento original hablaba de dos piezas y de un sistema de plazas, pero lo que se construyó fue una masa ajena a la escala peatonal, lo que rigidizó aún más la ya frágil conexión oriente–occidente en esta ciudad tan alargada.

La concentración institucional no solo alteró los flujos y los horarios. Reordenó el mapa invisible entre los barrios. Lo que antes estaba distribuido en varios ejes —oficinas públicas, trámites, abogados, cafeterías, movimiento diario— se comprimió en un solo punto. El efecto no fue inmediato, pero sí claro. En la Av. 10 de Agosto, están a la vista decenas de edificios y locales cerrados o subutilizados, incluidos inmuebles oficiales como oficinas del IESS y antiguas sedes públicas. Lo que durante generaciones sostuvo el tránsito cotidiano y la economía de cercanía entró en desgaste que todavía no sabemos cómo revertir.

Un edificio de esta magnitud, donde solo hay oficinas estatales monofuncionales, altera los recorridos, comprime los horarios y genera picos de entrada y salida que dan lugar a barrios de solo ocho horas. Edificios que funcionan hasta las cinco de la tarde y luego apagan las luces. Sin ojos en la calle, el deterioro y la inseguridad germinan con facilidad.

No sería la primera vez que un traslado estratégico reconfigura todo el tejido urbano. Río de Janeiro lo vivió cuando dejó de ser capital; Bogotá cuando su centro internacional perdió mezcla tras la migración empresarial hacia el norte. Las ciudades no siempre colapsan; a veces solo se desplazan.

Como arquitecto, uno debe aprender que un edificio no termina en su perímetro. Cambian trayectorias, bordes y esquinas. Y cuando esas decisiones se toman sin medir su efecto sistémico, el impacto es silencioso y, casi siempre, irremediable.

El problema es que rara vez evaluamos el impacto potencial de las grandes decisiones urbanas a lo largo del tiempo. Medimos presupuesto, eficiencia e imagen inmediata, pero rara vez medimos cuánta vida soportarán cuando pase la novedad y solo quede lo cotidiano.

Entonces: ¿la ciudad se vacía?

Tal vez lo que ocurre sea más discreto: los barrios se «especializan» y, poco a poco, empiezan a necesitar menos gente para sostenerse y se vuelven invivibles. Peor aún, irrelevantes.

Quito convive en una relación tóxica con lo construido. Nos resistimos a reconocer su agresividad topográfica, pero la ley de la gravedad le importa un bledo la viveza criolla o las abstenciones del Concejo al tratar de prevenir oportunamente potenciales tragedias.

El letal terremoto que sacudió nuestro país en 2016 reveló cifras que indicaban que solo el 40% de las edificaciones cuenta con permisos de construcción y que se estima que el 65% de las edificaciones de nuestra capital presentan algún grado de informalidad o incumplimiento normativo. Esto expone los múltiples riesgos sistémicos que enfrentamos, tanto en la periferia como en las zonas urbanas.

En mi práctica profesional, uno advierte rápidamente nuestros vicios territoriales: siempre habrá quien desee coronar una meseta con un capricho de Pinterest o aplanar una pendiente para un partidito de ecuavóley. Mientras haya suelo, alguien encontrará la forma de venderlo o invadirlo para construir donde el terreno está en desacuerdo.

El borde del abismo sobre el río Monjas —en Pomasqui, Carretas, El Común Bajo—, del que tanto se ha hablado estas semanas, no nació ayer y es apenas una pequeña muestra de cómo se desgrana lentamente nuestra infraestructura.

Allí, como en centenares de otros casos, al menos una decena de viviendas comparte un riesgo inminente. Varias familias han sido evacuadas; otras han regresado por falta de alternativas reales. Como muchas otras, no se trata de una quebrada rural aislada, sino de una cuenca intervenida durante décadas, con rellenos, urbanizaciones y la presión constante sobre suelos inestables.

En 2022, la Corte Constitucional declaró al río Monjas sujeto de derechos de la naturaleza mediante una sentencia vinculante. Ordenó su restauración ecológica, el control de las descargas, la gestión integral de la cuenca, la protección de los taludes y la coordinación interinstitucional.

No fue una iniciativa municipal, sino que surgió tras la presión sostenida de ciudadanos organizados, como el Cabildo Cívico de Quito y la Veeduría Ciudadana de la Sentencia Río Monjas, que, con pocos oyentes, se esmeran por insistir en este mandato constitucional.

Cuatro años después, hay mesas técnicas y enrocados parciales, pero el plan integral de su recuperación no cuenta con un cronograma ni un presupuesto claros y accesibles para la ciudadanía. Sin hoja de ruta, cada intervención se siente como un parche frente a una deformación geográfica acumulada durante décadas.

En las últimas semanas, en muchos medios, las imágenes de dron del caso Monjas y otros mostraron erosión activa y cimentaciones expuestas que se acercaban a la infraestructura estratégica del norte de Quito. Familias con maletas listas, esperando compensaciones que, según denuncias públicas, no reflejan el valor real de los inmuebles.

No es solo un dilema técnico, sino también ético. Vergonzosamente, en un evidente clima preelectoral, tanto para la alcaldía como para algunos ediles, parece que les resulta un estorbo comunicacional abordar esta urgencia. ¿Debemos permitir estas omisiones hasta que ocurran tragedias como la del aluvión de La Gasca? ¿Solo un terremoto nos hará entender que lo preventivo es tan inaplazable como lo reactivo?

El martes 3 de febrero, bajo presión mediática, el Concejo Metropolitano intentó abordar el tema: hubo diez abstenciones y el alcalde no asistió. Una semana después, el 10 de febrero, con su presencia, se registraron 12 abstenciones.

Calladito, el río erosiona la base en la que nos asentamos, tal como el cálculo político abre un socavón institucional, pero ni el reloj ni Newton distinguen entre bancadas.

Basta con que tiemble la tierra o con que el invierno haga lo suyo. Ahí, nadie querrá mirarse en el espejo ante la tragedia y les será urgente fingir demencia ante todas las obras preventivas omitidas por ser tan poco fotogénicas. Vendrá entonces el performance de diligencia, con obras correctivas costosas que sí aportan contenido mediático.  

El caso de Río Monjas no solo retrata abstenciones funcionales en medio de una emergencia. Expone una conciencia colectiva en la que nuestro territorio andino se apoya en el voluntarismo político y en una comodidad civil que se acostumbró a convivir con el riesgo.

Caso #27

febrero, 15, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #27• Río Monjas: La ley de la gravedad no se abstiene.

La topografía de Quito convive en una relación tóxica con lo construido. Nos resistimos a reconocer su agresividad topográfica y le exigimos que todas sus pendientes sean de suelo aprovechable. Pero Newton no negocia cuando la masa y la pendiente hacen lo suyo. A la gravedad le importa un bledo la viveza criolla o las abstenciones del Concejo.

Según un informe técnico difundido en 2019 por el Colegio de Arquitectos de Pichincha, alrededor del 70 % de las edificaciones de nuestra capital presentan algún grado de informalidad o incumplimiento normativo, y una parte importante quedaría en problemas serios ante un sismo fuerte. No solo en la periferia extrema, sino también en la «normalidad urbana».

En mi práctica profesional, uno advierte rápidamente nuestros vicios territoriales: siempre habrá quien quiera coronar una meseta con un capricho de Pinterest o aplanar una pendiente del 60 % para un partidito de ecuavoley. Mientras haya suelo, alguien encontrará la forma de venderlo o invadirlo para construir donde el terreno está en desacuerdo.

El borde del abismo sobre el río Monjas —en Pomasqui, Carretas, El Común Bajo—, del que tanto se ha hablado estas semanas, no nació ayer y es apenas una muestra pequeña de un territorio que se desgrana lentamente a lo largo de toda la infraestructura del territorio ecuatoriano.

Allí, como en centenares de otros casos, al menos una decena de viviendas comparten un riesgo inminente. Varias familias han sido evacuadas; otras han regresado por falta de alternativas reales. Como muchas, no se trata de una quebrada rural aislada, sino de una cuenca intervenida durante décadas por descargas, rellenos, urbanizaciones y la presión constante sobre taludes inestables.

En 2022, la Corte Constitucional declaró al río Monjas como sujeto de derechos de la naturaleza mediante una sentencia vinculante. Ordenó su restauración ecológica, el control de las descargas, la gestión integral de la cuenca, la protección de los taludes y la coordinación interinstitucional.

Y el problema no se limita a las viviendas recientes ni a los barrios periféricos.

Uno de tantos está en Ponceano: la Casa de la Marquesa de Solanda —Hacienda Carcelén, del siglo XVIII— también observó cómo el suelo cedía junto al borde de la misma quebrada, mientras los informes circulaban y las mesas técnicas se multiplicaban. Contexto distinto, mismo patrón. (Al final del artículo enumeraré muchos otros casos locales y nacionales)

No fue un gesto espontáneo de la administración municipal. Llegó tras la presión sostenida de ciudadanos organizados que presentaron amicus curiae y llevaron el conflicto a los tribunales cuando aún no era tendencia. El Cabildo Cívico de Quito y la Veeduría Ciudadana de la Sentencia Río Monjas no pidieron protagonismo: se esmeran en cumplir su mandato.

Cuatro años después, hay estudios, mesas técnicas y enrocados parciales, pero el plan integral de recuperación de la cuenca no cuenta con un cronograma ni un presupuesto claro, ni siquiera de forma visible y accesible para la ciudadanía. Sin hoja de ruta, cada intervención se siente como un parche frente a una dinámica geomorfológica acumulada durante décadas.

La llamada Ordenanza Verde-Azul intentó reconocer que las quebradas no son bordes sobrantes, sino infraestructura natural viva. Nació por obligación y su fuerza en la práctica todavía está en disputa.

En las últimas semanas, las imágenes de dron del caso Monjas mostraron grietas activas, taludes desbrozados, cimentaciones expuestas y erosión que se acercaba a la infraestructura estratégica del norte de Quito. Familias con maletas listas, esperando compensaciones que, según denuncias públicas, no reflejan el valor real de los inmuebles.

También vale preguntarnos: ¿se debe indemnizar por el valor catastral o por el valor comercial? ¿Qué ocurre cuando la construcción es irregular pero tolerada durante años por el propio sistema? No solo es un dilema técnico, sino también moral. Vergonzosamente, en un clima preelectoral evidente, tanto para la alcaldía como para algunos ediles, parece que les resulta un estorbo comunicacional.

El 3 de febrero, el Concejo Metropolitano intentó abordar el tema ante la presión mediática. Diez abstenciones y ausencia del alcalde. El 10 de febrero, doce abstenciones, esta vez con el alcalde presente. El río erosiona la base de los taludes. El cálculo político erosiona la credibilidad institucional. Newton no distingue bancadas. El reloj tampoco.

Basta que tiemble la tierra o que el invierno haga lo suyo. Ahí nadie querrá mirarse al espejo ante la tragedia y les será urgente fingir demencia ante todas las omisiones de obras preventivas tan poco fotogénicas. Vendrá entonces el momento performativo de la indignación, antes de capitalizar con las jugosas obras correctivas que suman contenido mediático.

El caso de Río Monjas no solo retrata la abstención de votos calculados de ediles serviles. Trata de un estado de conciencia colectiva y territorial en el que todas las capas estructurales conviven en un territorio andino, atravesado por quebradas activas y suelos saturables, donde el voluntarismo político y la comodidad civil han aprendido a convivir.

Cada relleno y cada descarga dejan una huella que, tarde o temprano, aparecerá. El río Monjas no necesita informes para seguir abriéndose paso. Solo necesita que el sistema siga funcionando como hasta ahora.


Lista corta de territorios en riesgo:

  1. Río Monjas (Pomasqui/Carretas/El Común Bajo) — erosión del talud / riesgo para las viviendas (2026).
  2. Programa Habitacional del Magisterio (San Enrique de Velasco, norte) — talud / conjunto declarado inhabitable (más de 300 familias) (2026).
  3. Av. Simón Bolívar (sector Guápulo) — deslizamiento / cierre vial (2026).
  4. Guápulo — deslizamiento / afectación vial (2023).
  5. La Gasca — aluvión (quebrada / arrastre de lodo y escombros) (2022).
  6. La Gasca — nuevo aluvión/arrastre por lluvias (sector afectado durante la temporada invernal) (2024).
  7. Quebrada Rumipamba (Pomasqui) — aluvión, arrastre y afectaciones a viviendas (2024).
  8. Barrio Núñez (quebrada El Carmen) — riesgo por talud y quebrada, y reclamos vecinales (2022).
  9. Quebrada (sector Osorio) — aluvión / emergencia por lluvias (2019).
  10. Casa de la Marquesa de Solanda (Hacienda Carcelén, Ponceano) — pérdida de soporte del suelo / afectación al bien patrimonial junto a la quebrada (2025, informe técnico de visita).
  11. Colapso/derrumbe de vivienda por lluvias (Guayaquil) — falla asociada a temporada invernal (2025).
  12. Vía Cuenca–Girón–Pasaje — deslizamientos/derrumbes por lluvias (talud/vía) (2025).
  13. Ambato (intervención/estabilización de taludes por riesgo) — talud inestable como problema recurrente (2024).
  14. Esmeraldas: Reportes oficiales (SitRep) con eventos por lluvias — incluyen deslizamientos y afectaciones (año según el SitRep citado).

Fuentes documentales primarias

1. Corte Constitucional del Ecuador.
Sentencia No. 110-21-IN/22 y acumulados.
Caso: Vulneración de derechos de la naturaleza en la cuenca del río Monjas.
Quito, 2022.
Declara al río Monjas sujeto de derechos de la naturaleza y dispone medidas obligatorias de restauración ecológica, control de descargas, gestión integral de la cuenca, protección de taludes y coordinación interinstitucional.

2. Veeduría Ciudadana de la Sentencia Constitucional Río Monjas.
Informe presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Quito, 2025.
Documento que detalla observaciones sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional, cronogramas, requerimientos de información pública y seguimiento a las obligaciones municipales y de EPMAPS.

3. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Informe Técnico Nro. INPC-DCTCSPC-IT-2025-012.
«Respuesta a visita técnica Casa Marquesa de Solanda (Hacienda Carcelén)».
Quito, 2025.
Informe sobre afectaciones estructurales vinculadas a procesos de inestabilidad del talud asociado a la quebrada del río Monjas en el sector de Ponceano.

4. Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAP).
Informe técnico difundido en 2019 sobre la informalidad constructiva en el Distrito Metropolitano de Quito.
Señala que aproximadamente el 70 % de las edificaciones presentan algún grado de incumplimiento normativo y vulnerabilidad estructural.

Caso #26

febrero, 8, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #26• El idioma de las decisiones.

Manual rápido para no entender nada

Después de veinticinco textos escritos, presiento algo: no tanto sobre lo que escribo, sino desde dónde. Quito Caso a Caso es mi aprendizaje en público que, cada sábado por la noche intenta entender el entorno sin hablarle solo a especialistas, sino a cualquiera que se anime a darme unos minutos. Escribo desde mi formación técnica, sí, pero sin creer que todo pueda explicarse con planos, normas o indicadores.

Estoy en una incubación lenta: afinando ideas, corrigiendo intuiciones y nombrando certezas que a veces perduran menos de lo que espero. No porque el método falle, sino porque lo urbano rara vez se deja leer desde un solo ángulo. He escrito para detectar patrones, siempre con un método, aunque también me arriesgo a equivocarme.

Intento ser un puente imperfecto y, a ratos, incómodo entre el saber especializado y la experiencia cotidiana. Y, sobre todo, para no confundir la claridad con la verdad definitiva.

Por eso este texto no arranca como los anteriores.

En estos meses, me ha pasado algo curioso. En reuniones con amigos y clientes, la conversación se desvía rápido: si voy a ser alcalde o si esto es el inicio de algo partidista. Ahí, la respuesta es sencilla y bastante definitiva: no. No porque la esfera pública no importe, sino porque sus ritmos y formas son incompatibles con mi temperamento profesional inmediatista.

En ámbitos más académicos, en cambio, los comentarios se presentan de vez en cuando con una desconfianza irónica: ¿un arquitecto constructor hablando de urbanismo?

Para esto, tengo una respuesta más firme porque no nace de un límite real, sino de una frontera mental. En mi ejercicio profesional, la lógica siempre ha sido la misma: lugar, espacio y tiempo. Una casa no termina en el lote, y un edificio nunca es un objeto aislado, porque su extensión natural es el barrio; los barrios, en conjunto, arman la ciudad; y esta funciona bajo reglas, incentivos y organismos de gobernanza. No por vocación partidista ni por afán académico, sino por coherencia ética del oficio: pensar el habitar hasta el final obliga a pensar en lo urbano.

Como casi siempre, este texto nació de una encuesta previa. Cuatro temas sobre la mesa, cuatro posibles rutas. Técnica versus política fue, de hecho, la menos votada.

Mi primer impulso fue escribir sobre cómo los técnicos suelen resultar incómodos en los espacios públicos de toma de decisiones. Sobre lo raro que es ver a arquitectos o ingenieros ocupando cargos de poder. Sobre lo poco que ayudan los matices cuando se necesitan frases rápidas.

Pero la lógica política, en realidad, no suele rechazar el conocimiento técnico. Tiene otra maña: simplificarlo para repetirlo de una fórmula digerible en el discurso.

Ahí aparecen, por ejemplo, las mal llamadas smart cities o el manoseado concepto de la ciudad de los 15 minutos. Ideas que nacieron como marcos de lectura, con debates abiertos y límites claros. Pensadas para ordenar discusiones, pero luego reducidas a afirmaciones discursivas sin fundamento.

Cuando todo es «smart», ya nada lo es. Cuando todo cabe en quince minutos, ya no importa demasiado qué ocurre en el minuto diecisiete.

Es tentador decirlo así, sin matices: «los políticos no entienden lo técnico». Pero esa explicación resulta incompleta. Para que una idea compleja termine convirtiéndose en consigna, alguien tuvo que ceder antes. Alguien aceptó recortar más de la cuenta y dejar de insistir. Alguien permitió que la palabra se vaciara de conocimiento para transformarlo en bandera y eslogan, dejando de lado todo su potencial para aliviar problemas reales y cotidianos.

Por eso este texto no busca ser un versus. No se trata de decidir si la política debe escuchar más a la técnica o si los técnicos debemos ocupar más cargos públicos. Esa discusión ordena el mundo en bandos y aquí no hay bandos claros. Hay cruces, fricciones y responsabilidades compartidas.

Tal vez el problema no sea quién se sienta a la mesa, sino el idioma en el que se toman las decisiones: un registro sistemático, cuando repetir basta, explicar estorba y evaluar deja de ser imprescindible.

A veces, para entender una ciudad, hace falta revisar las herramientas con las que uno suele mirarla. Yo elijo publicar lo que escribo.

Me imagino a Quito como un dispositivo que cambia de estuche y actualiza su fondo de pantalla mientras su sistema operativo lleva años sin tocarlo. Se recalienta en lo cotidiano, se cuelga en tareas elementales y la batería no alcanza para completar una sola alcaldía. Es hardware que ya no dialoga con la complejidad real de la ciudad, aunque nadie sabría decir con precisión cuándo empezó a fallar.

Da la impresión de que la capital opera en “modo avión”: un estado apenas suficiente para mover esa mórbida obesidad burocrática, pero incapaz de responder a tareas básicas. La obsolescencia del software reaparece a diario y la toleramos con resignación e impotencia. “Vuelva más tarde; se cayó el sistema” se convirtió en un estándar. No nos sorprende el fallo; solo cuando no ocurre.

Conviene recordar que Quito es un distrito metropolitano, figura reconocida por la Constitución y regulada por una legislación especial, pensada para que una ciudad compleja funcione con reglas diferenciadas respecto del aparato central. Sobre el papel, ese marco existe y promete más de lo que entrega. En la práctica, nunca termina de activarse como arquitectura urbana y queda colgado a mitad de la instalación. Nadie se atreve a presionar el botón de reinicio.

Hubo intentos serios de reprogramar ese andamiaje. La propuesta de un Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito —aún inconcluso— planteó esquemas más claros de competencias, de planificación integrada y de jerarquías menos expuestas al humor del día. Sin embargo, el nudo persiste y conviene decirlo con precisión: más autonomía formal, por sí sola, no optimiza el conjunto.

El Estado central y la ciudad mantienen atribuciones superpuestas y, peor aún, mal articuladas. En áreas críticas, como la seguridad, las responsabilidades se tocan, pero no encajan: el Gobierno conserva facultades que llegan hasta cierto punto; el Municipio asume tareas preventivas y territoriales sin control real sobre el resto del engranaje. El resultado es predecible: cuando algo falla, ninguno responde del todo y ambos encuentran en el otro una coartada para justificar su propia ineficacia.

Ese accidente institucional genera una estructura inflada en la superficie y débil en la ejecución: comités y ventanillas se multiplican, mientras el núcleo pierde capacidad real. Mucho trámite, poca acción. No por exceso de poder, sino por la ausencia de criterios operativos que obliguen a coordinar, medir y asumir costos políticos cuando corresponde.

La pregunta, entonces, no es quién dejó de ejecutar el código, sino por qué la arquitectura nunca termina de levantarse. La respuesta es estructural, no solo de apellidos que van y vienen. Un régimen con límites, controles y consecuencias verificables reduce la discrecionalidad, ese combustible preferido de las administraciones diseñadas para sobrevivir a ciclos cortos, no para sostener realidades complejas.

Han sobrado planes que prometían integrar el territorio, la movilidad y la gestión. Cuando demasiados órganos comparten ritmos incompatibles, las prioridades se diluyen, nadie responde y todos se señalan. El código existe, pero no es ejecutable.

Prácticas de gobernanza con trazabilidad, límites claros y responsabilidades auditables reducirían ese margen de maniobra. Sin métricas ni consecuencias, cualquier estructura se degrada.

Mientras tanto, la calle no disimula nada. Trabajos hechos a la carrera y sin orden reconocible: baches tapados un viernes al mediodía y repavimentaciones con cruces de cebra que terminan en parterres o árboles. Obras performativas, útiles para el cargo, inútiles para el tejido urbano.

Por eso, lo urgente no es otra obra emblemática, sino aquello que casi nunca se inaugura: un sistema capaz de ordenar jerarquías, criterios y responsabilidades, y de resistir algo más que la urgencia electoral. Un arreglo autonómico bien activado permitiría algo básico, pero decisivo: la coherencia operativa en movilidad, suelo, seguridad, ambiente y gestión de riesgos. Todas, respaldadas por mérito técnico y no solo por afinidad partidaria.

Aunque incomode admitirlo, tampoco podemos eludir nuestros deberes ciudadanos. Ninguna autonomía moderna se sostiene únicamente con derechos y garantías. El espacio público y las normas básicas no se cuidan con civismo espontáneo; se mantienen cuando hay consecuencias inmediatas. Ningún sistema sobrevive si nuestra idiosincrasia consiste en forzarlo a diario.

Pensar la ciudad desde esta lógica es un ejercicio suprapolítico. No porque esté por encima de la política —eso sería ingenuo—, sino porque intenta algo más simple y más difícil: ordenar antes de actuar, profesionalizar antes de inaugurar, alinear antes de mover. Gobernanza enmarcando la gestión.

El marco existe. No está muerto. Está suspendido.

Quito no necesita solo obras simbólicas. Necesita que el sistema corra.

Lo demás es quedarnos mirando cómo carga la pantalla.

Caso #25

febrero, 1, 2026 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #25• Porno inmobiliario.

En Instagram pulula la compulsiva captura de cada bendito plato de comida, de la que luego no nos acordamos de qué supo. Se suman a estas manías las rutinas de gimnasio de tres sets y doce repeticiones de selfies, y los turistas que se endeudan por dos años para sostener la Torre de Pisa por treinta segundos para un post mal logrado.

Compulsión que también tiene su par en el mundo inmobiliario y en todos los medios de comunicación imaginables. La fijación por lo aspiracional nos alcanza a todos en el scroll, sin importar cuán cínicos creamos ser.

Todo tiene que ser superlativo: el más alto, el más grande, el primero. El «alfa». Parece que nos obliga a cruzar un campo minado de nombres hiperbólicos, «lo que siempre soñaste» en cualquier idioma, salvo el castellano, como si se buscara camuflar alguna insuficiencia que nadie pidió ver.

Conviene que lo aclare: esto no es, ni de cerca, una crítica al libre mercado ni al desarrollo inmobiliario. Al contrario, indudablemente este sector, en todos sus segmentos, es uno de los motores más potentes de la transformación urbana y, por extensión, humana. Precisamente por eso, importa tanto el tipo de valor que está produciendo.

Ya sea en Miami o en Abu Dhabi, es un sector productivo que, en muchos casos, ha aprendido a vender demasiado bien una ilusión, pero no siempre la convivencia. Operar cada vez más como una fábrica de activos financieros, a veces tan ineficaces como el alerón de un taxi. Aparece entonces la lógica especulativa: comprar para guardar o revender, pero no para habitar. No es ilegal ni inmoral en sí mismo. Es un modelo, en su mayoría legítimo, que, más o menos, funciona. Pero tiene sus consecuencias.

Quito, en su escala, no es ajeno a estas lógicas. El aparato inmobiliario reciente trajo altura, volumen, render y promesa. Eso también puede traer progreso, pero no siempre trae comunidad ni rutina. Por eso, vale la pena observar con atención lo que sí funciona, aunque no sea contenido viral.

Y es curioso: cuando uno busca referentes de vivienda que construyen comunidad, sostienen la rutina y envejecen con dignidad, muchos no nacieron en esta era del confeti visual. No fueron pensados para el feed. Fueron pensados para ser vividos… y para envejecer bien.

Y no, esto no es una cruzada contra la arquitectura contemporánea. La forma no es el problema. La intención sí. Hay proyectos que llaman la atención por su imagen, abren sus puertas a la ciudad y mejoran la vida cotidiana. Pero también hay muchos que solo anhelan atraer al comprador desinformado como polillas a una pantalla.

En Quito hay casos que merecen ser estudiados por su persistencia y su calidad medible. Por ejemplo, el conjunto La Granja, en la avenida Mariana de Jesús, proyectado y construido entre 1971 y 1975 por los arquitectos chilenos Sergio Larraín, Jorge Swinburn e Ignacio Covarrubias, no compite en altura ni en acabados. Su valor está en la escala doméstica, en los espacios comunes, en la separación clara entre peatón y vehículo y en la integración con la topografía, visible en un parterre arbolado en pendiente que ha permanecido abierto, sin cercas ni cerramientos, durante décadas.

No es casualidad que este tipo de proyectos provenga de una época anterior a la obsesión por el impacto viral. Muchísimos ejemplos de arquitectos e ingenieros ecuatorianos remarcables perduran tras décadas por su calidad, y hoy también hay decenas de colegas que intentan construir una ciudad de calidad. Solo el tiempo podrá evaluarlo.

También hay casos urbanos que quieren conectar en lugar de desconectar. Por ejemplo, el barrio de La Floresta ofrece caminabilidad, cultura y variedad. Cafés, cines, librerías, restaurantes pequeños, veredas animadas. No es perfecta ni ordenada, pero ofrece algo cada vez más escaso: una vida callejera reconocible, donde el valor no está en el edificio sino en lo que ocurre alrededor.

En el sector de Las Casas, el uso residencial se transformó gradualmente hacia usos gastronómicos y de encuentro. Residencias que hoy albergan mesas, cocinas abiertas y sobremesas largas. El efecto no es solo comercial: es peatonal y social. Caminar unas cuadras, quedarse un rato y volver a caminar. Vida a escala de barrio, construida desde la experiencia y no desde el render.

Cumbayá, cuando acierta, es por otra razón. En sectores muy puntuales, el valor surge de la relación con una rutina activa y de la cercanía a la naturaleza, no de la torre ni de la altura al servicio único del vehículo. Cuando esa lógica se entiende, el mercado responde. Cuando se copia un modelo genérico, el resultado se canibaliza y se desgasta rápidamente. Pierde valor.

Incluso en los límites del Centro Histórico, empieza a surgir otra búsqueda: la de la identidad y la textura urbanas. Vivir en un lugar que no podría estar en ninguna otra ciudad. Las posibilidades son abundantes.

El valor inmobiliario no brota solo del edificio en sí. Se construye desde la cuadra, la cercanía y la rutina. Desde la integración fluida —y segura— entre lo público y lo privado, para que la vida ocurra también afuera de la puerta.

Las generaciones actuales y las que vienen ya no buscan símbolos genéricos ni promesas vacías. Buscan coherencia entre lo que se muestra y lo que se vive. Me gusta llamarla sofisticación frugal.

Tal vez el diferencial inmobiliario hoy no esté en cuán grande se construye, sino en cuán bien se habita. Y eso, más que una crítica, es una enorme oportunidad inmobiliaria para quien esté dispuesto a explorarla.

Caso #24

enero, 25, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #24• Positivismo tóxico.

¿Es Quito realmente la ciudad más linda del mundo?

Hay fotos familiares tomadas cinco minutos después de una discusión.
Pausa: sonrían, revisen que todos estén bien peinados, que no pestañeen y que miren a la cámara. Después de diez fotos, se publica una. El resto se borra.

No es tan distinto de las frases motivacionales que decoran los vestíbulos públicos y corporativos. Mantras breves, diseñados para ayudar a pasar el día sin mirar demasiado lo que el primer café no logró disimular.

Postergar lo incómodo para seguir adelante es un hábito humano. Los psicólogos lo estudian y lo llaman supresión emocional, pero todos lo reconocemos, no porque el problema desaparezca, sino porque nos hace sentir mejor. A veces funciona y nos permite avanzar, cumplir, llegar al final del día. Cuando, en lo personal, se convierte en costumbre, nos aplana. Cuando es grupal, nos anestesia.

Es un ingenioso truco comunicacional cuando entra en el discurso institucional, porque ya no importa creérselo: basta con repetirlo. Así, negarlo nos hace parecer ingratos, amargados o acomplejados.

«Quito es la ciudad más linda del mundo» es una frase emocionalmente rentable, que nos reduce a una categoría frívola e infantil cuando, en realidad, nuestra ciudad goza de vicios y atributos mucho más sustanciales.

Si bajamos el volumen del eslogan y miramos indicadores concretos, es más fácil ser objetivos y autocríticos.

Un estudio de la Universidad de Navarra (IESE Cities in Motion Index 2025), que evalúa ciudades en nueve dimensiones: gobernanza, economía, capital humano, cohesión social, planificación urbana, movilidad, medio ambiente, tecnología y proyección internacional. De este estudio de 183 ciudades globales, Quito está en el puesto 149, Bogotá en el 138 y Lima en el 150. De las 11 ciudades sudamericanas estudiadas, Quito es la novena, por encima de Lima y Río de Janeiro.

Por supuesto, esto no mide belleza; sería demencial hacerlo porque no existe una métrica semejante.

Por ejemplo, las capitales que nos rodean, como Bogotá y Lima, son tres o cuatro veces más grandes que la nuestra y, en gran medida, policéntricas y dispersas. Su crecimiento horizontal, su extensión metropolitana y la multiplicación de subcentros hacen que la fragmentación social, la presión ambiental y la movilidad sean problemas mucho más complejos.

Quito tiene una superficie más contenida por sus límites topográficos, que nos encajan longitudinalmente entre cordilleras, organizada en un claro eje norte–sur, con barreras naturales que han limitado parcialmente su expansión indiscriminada.

En términos de cohesión social, esa forma importa y nos ayuda a explicar, en cierta medida, por qué en estos índices tenemos una mejor valoración que en Lima y Bogotá. Aún conservamos una continuidad territorial en la que barrios de diferentes niveles de ingresos comparten sistemas de movilidad, espacios públicos y servicios en una misma franja urbana. Por supuesto, no somos una ciudad sin desigualdades, pero no estamos fracturados en enclaves autónomos como ocurre en áreas metropolitanas mucho mayores, donde la segregación ya es sistémica e irreversible.

En lo ambiental, nuestra relación directa con volcanes, quebradas, valles y corredores ecológicos sigue definiéndonos. El entorno natural no está a cientos de kilómetros ni reducido a parques residuales. Nos atraviesa. Esa condición, aún vigente, es una ventaja comparativa que muchas capitales latinoamericanas ya han perdido y que aún podemos potenciar.

Y en movilidad, el argumento es todavía más claro. La linealidad urbana de Quito, su tamaño relativo y la concentración de flujos en pocos ejes principales hacen que los problemas sean graves, pero técnicamente abordables. Ajustes de red, jerarquización vial o cambios en el uso del suelo todavía pueden tener un impacto real. En Lima o en Bogotá, decisiones equivalentes chocan con una complejidad política y territorial mucho mayor.

¿Dónde los datos muestran nuestras mayores fallas?
En economía, gobernanza, planificación urbana y proyección internacional.
No en su forma urbana, sino en cómo se la administra, se la regula y se la proyecta.

Con esta escala y estas condiciones, no nos conviene solo quedarnos frente al espejo repitiendo lo lindos que somos, sino exigirnos trabajar para que funcionemos mejor.

Quito no compite por belleza, sino por rareza. Y eso nos invita a pensarla de manera distinta.

En economía, raro significa escaso, difícil de reproducir, validado externamente y con valor acumulado. Una piedra preciosa no vale solo por ser linda, sino porque casi nadie puede fabricarla de nuevo. Encajamos mejor allí.

Solo hay un grupo extremadamente reducido de ciudades sudamericanas que cuenta con patrimonio urbano integral y reconocimiento creativo contemporáneo de la UNESCO. En la región, Río de Janeiro o Buenos Aires concentra múltiples reconocimientos culturales internacionales, aunque bajo lógicas distintas: paisaje cultural, literatura o diseño, y en volumen muchísimo mayor que el nuestro.

La combinación específica de la que gozamos: uno de los centros históricos más extensos y mejor conservados de América Latina, reconocido por esta institución en 1978 y, desde 2025, Quito también fue sumado a la Red de Ciudades Creativas en arquitectura, con potencial de desarrollo sostenible e identidad urbana.

Esa rareza no se activa con consignas. Tiene una promesa inconclusa que, por su escala y su potencial objetivo, puede convertirse en una capital «boutique» = valor versus volumen.

Quito no necesita gustar más y quizás nos convenga decidir muy pronto cómo haremos notar al mundo, bastante más allá de nuestra lindura, lo singulares que somos.


Descargar estudio Cities in Motion ST-0665 →


Fuentes y referencias

IESE – Cities in Motion Index (CIMI)
Página oficial: https://www.iese.edu/research/cities-in-motion/
Ranking 2025: https://www.iese.edu/research/cities-in-motion/2025/

UNESCO – Patrimonio Cultural de la Humanidad
Centro Histórico de Quito, inscrito en 1978.
https://whc.unesco.org/en/list/2/

UNESCO – Red de Ciudades Creativas
Quito incorporada en el campo de Arquitectura.
Red de Ciudades Creativas: https://en.unesco.org/creative-cities/
Arquitectura: https://en.unesco.org/creative-cities/architecture
Perfil de Quito: https://en.unesco.org/creative-cities/quito

Contexto demográfico y urbano
CEPAL: https://www.cepal.org/es/temas/desarrollo-urbano
Banco Mundial: https://data.worldbank.org/

En Historia de dos ciudades, Charles Dickens muestra cómo dos trayectorias paralelas en una misma época pueden desembocar en destinos opuestos. Quito hizo algo similar con sus aeropuertos.

Mover el aeropuerto Mariscal Sucre fue inevitable. Y su traslado a Tababela funciona de manera ejemplar. En el aire, la capital ganó en seguridad, eficiencia y en una infraestructura que hoy le permite jugar en ligas que antes ni siquiera miraba.

En el suelo, desde su primer vuelo, el 5 de agosto de 1960, aunque pendía de la seguridad de su entorno, el aeropuerto de la avenida Amazonas fue un motor urbano en funcionamiento, con presencia humana constante y comercio diario. Todo tipo de actividades conviven, aunque con fricción, con barrios residenciales vivos, activos y caminables.

Con su último despegue, el 19 de febrero de 2013, trasladó sus operaciones aéreas en tan solo 24 horas. Desconectó un nodo crítico de su metabolismo urbano sin prever seriamente un reemplazo funcional. Un motor se apagó de golpe. La ciudad que dependía de él quedó a la espera. Y sigue ahí.

Desde principios de los años 2000 se identificó el impacto de la retirada del aeropuerto. No fue una sorpresa ni un imprevisto técnico. Hubo concursos, planes y visiones. Demasiados. La mayoría quedó archivada por la burocracia, la inercia y la cómoda postergación de decisiones difíciles.

Lo que vino después fue una gran superficie vacía, a la deriva de sus vientos, sin un programa claro, sin mezcla de usos ni densidad que invitara a quedarse. No fue un parque citadino, sino una pista sin aviones a medio retocar y, hasta hoy, sin vida cotidiana.

Como consecuencia, menos pasos diarios se tradujeron en un menor consumo. Calles que dependían del flujo lo perdieron todo. Los negocios cerraron sin titulares y, cuando el deterioro se volvió evidente, el abandono ya era habitual.

Ese vacío, sin embargo, es una reserva urbana excepcional. Bien planificada, con incentivos claros y alianzas público-privadas inteligentes, podría convertir cientos de manzanas en un polo de crecimiento, empleo y vida que aún no hemos visto. El problema no es el lugar. Es la ausencia de una voluntad sostenida sobre qué queremos que renazca allí.

Aquí aparece la segunda historia.

Mientras Quito apagaba uno de sus motores, construía acertadamente un aeropuerto de clase mundial. El nuevo Mariscal Sucre no es solo una buena terminal para pasajeros. Es un activo estratégico. Ha transportado a millones de personas y sigue ampliando su capacidad. Pero su verdadera fortaleza radica en otro aspecto: su capacidad logística.

Hoy contamos con una de las infraestructuras de carga aérea más potentes de la región para una ciudad de su tamaño. Cadena de frío consolidada con operación especializada para perecibles, productos farmacéuticos y otros de alto valor, como nuestro chocolate.

Aviones que salen llenos de exportaciones y regresan vacíos. Ese detalle, que suele pasar desapercibido, no es menor. Ahí hay una oportunidad real: convertirnos en una plataforma regional especializada.

Esa fortaleza logística no es una abstracción. Significa que podemos desempeñar un rol distinto en el continente. No como un hub masivo de pasajeros, sino como una plataforma de intercambio comercial sensible y de alto valor. Una ventaja silenciosa que, bien articulada, puede traducirse en inversión, empleo y encadenamientos productivos.

Ese dato cambia la conversación.

Quito no compite con Panamá, Lima ni Bogotá en número de pasajeros. No necesita hacerlo. Su ventaja es otra y real. Pero no es automática. Requiere estrategia, coordinación y una visión compartida.

Convertir esa fortaleza en un escenario de alta competitividad implica que varios actores se sienten en la misma mesa: el operador aeroportuario, las aerolíneas de carga, los exportadores, los operadores logísticos, la aduana y, sobre todo, una ciudad que entienda qué rol quiere desempeñar. No basta con tener infraestructura. Hay que alinearla con reglas claras, incentivos adecuados y plazos que funcionen en el mundo real.

El problema es que esa ventaja, hasta ahora, nunca dialogó con una capital que terminó por construir dos trayectorias en paralelo: un aeropuerto moderno, competitivo y conectado al mundo, y un espacio que nunca decidió enfrentar seriamente.

No son dos historias distintas. Es un solo relato, mal articulado, sobre una capital y un país que deberían ayudar a sostener.

Por ahora, Quito intenta despegar torpemente.
Pero sigue moviéndose en círculos.

Caso #23

enero, 18, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #23• Patrimonio incómodo.

Cómo mirar a Quito de adelante hacia atrás

Paul Thomas Anderson ya había dirigido Boogie Nights a los 27 años cuando explicó en una entrevista por qué dejó la escuela de cine casi al empezar. El primer día de clases, su profesor fue tajante: si estaban ahí para aprender a escribir «Terminator 2», podían retirarse. El curso empezaba con El acorazado Potemkin y avanzaba desde los orígenes del cine hasta el presente.

A Anderson ese método no le sirvió.

No por desprecio a la historia, sino por una intuición práctica: los lenguajes no se entienden solo por su valor fundacional. Se entienden más fácilmente desde lo que todavía usamos y reconocemos con naturalidad.

Para entender el lenguaje urbano de Quito, tendemos a verlo en un orden cronológico que nos resulta más familiar y reconocible: prehispánico, colonial y, si queda espacio, moderno. Como si el siglo XX nos diera un poco de vergüenza.

Ese es nuestro anatema: nos cuesta reconocernos en una identidad mixta. La aceptamos en el discurso, pero la rechazamos cuando toca comprender el todo de lo construido. Ese Quito más reciente convive con nosotros todos los días, incluso junto al casco histórico, en La Mariscal o a lo largo de la 10 de Agosto. Pasamos por ahí todos los días en bus, en auto o a pie sin notarlos.

El hormigón y el vidrio del inventario moderno de Quito suelen recibir un juicio rápido: «feos», «eso no pega», «eso es de otra época». Como si la ciudad pudiera elegir qué décadas entran en la memoria colectiva y cuáles aún no lo merecen.

Recordemos que, para los parisinos, la Torre Eiffel fue rechazada durante décadas antes de adoptarla como símbolo nacional.

Aquí cabe una comparación simple. No es posible entendernos a nosotros mismos solo por la mirada de nuestra infancia, ni por lo que nos pasó el fin de semana. Lo primero importa; lo segundo aún no se asienta lo suficiente. Nuestra uniformidad cultural, desde lo construido, también puede tener memoria a mediano plazo, aunque incomode porque no encaja del todo con nuestra noción romántica de patrimonio.

Durante buena parte del siglo XX, algunas cosas envejecieron mal y otras simplemente las dejamos envejecer solas, pero Quito tampoco fue un accidente. Hubo visión, ambición y talento. No fue solo una suma de caprichos ni una moda importada sin filtro. Fue la arquitectura la que buscó crear la ciudad: esquina, continuidad, escala, relación entre lo público y lo institucional. No fue solo estética; fue, durante décadas, infraestructura visionaria y optimista para nuestra cultura cotidiana.

El dilema es lo que hacemos hoy con este patrimonio moderno.

Cuando esa capa queda fuera de nuestra vista y de nuestra memoria, también queda al margen de las decisiones que podrían generar en nosotros un afecto y una pertenencia suficientes para suscitar su cuidado.

El abandono rara vez es ideológico; suele ser operativo y nadie pelea por lo que no siente como propio ni invierte en lo que no reconoce que tiene valor. Así, sin conflicto visible, los edificios que sostuvieron a Quito pasan muchas veces a ser percibidos como oportunidades inmobiliarias y, cuando queramos reaccionar, ya habrá entrado la excavadora y, cuando aparezca el render, ya será tarde.

Ese proceso ya está en marcha. En Quito hay decenas de obras modernas, subutilizadas, alteradas o en desgaste avanzado, sin presencia real en el debate público.

No busco sacralizar el siglo XX. Trato de ver el valor histórico, contextual y estético que merecen ser cuidado, restaurado y reutilizado con un propósito claro.

La pérdida del patrimonio moderno no siempre se manifiesta con un gran escándalo, como en el caso del Hotel Quito. Llegará silenciosamente, como despojos oportunistas de ruinas con papeles en regla.

Este es el cambio de lectura que considero oportuno: mirar la ciudad, por un momento, desde el pasado reciente y hacia atrás. No como nostalgia, sino como madurez urbana.

Reconocer la modernidad no desplaza la urgencia ni la relevancia de preservar tanto lo prehispánico como lo colonial; lo complementa.

Aceptar quiénes somos, con todas nuestras capas, es la única forma de proyectar mejor lo que queremos ser. Quito también se define por lo que dejamos de lado.


Algunos arquitectos del movimiento moderno en Quito (memoria urbana viva)

Milton Barragán Dumet (1934–2024)
Obras: Edificio Artigas; Templo de La Dolorosa; Templo de la Patria; Edificio CIESPAL (coautor).

Ovidio Wappenstein (1938–2022)
Obras: Torre / Edificio CFN; Edificio COFIEC; Edificio CIESPAL (coautor).

Rafael Vélez Calisto (1942– )
Obras: Banco Holandés; Banco Popular; Banco Amazonas; Edificio IBM; City Plaza; Edificio Forum (y otras).

Diego Ponce Bueno (1945–2013)
Obras: Edificio La Filantrópica; Conjunto Residencial California Alta; Conjunto Colinas del Pichincha.

Fausto Nicolás Banderas Vela (1938–2026)
Conjuntos BEV (Yavirac; El Carmen 1 y 3; Miller; Santa Anita); asesor Solanda / BEV; obra y estudio «Banderas Vela».

Diego Banderas Vela
Intervenciones y obra con Juan Espinosa Páez (Palacio Arzobispal, guía Quito); producción recopilada en el libro Diego Banderas Vela: obras y proyectos.

Fernando Najas (1940– )
Obras: Benalcázar 1000 (diseño arquitectónico en equipo); vivienda de interés social y prefabricación (referencias a El Batán / industrialización).

Guillermo Jones Odriozola (1913–1994)
Obras: Plan Regulador de Quito (1942–1945).

Gilberto Gatto Sobral (1910–1978)
Obras: Plan Regulador de Quito (equipo y continuidad del plan); Ciudadela Universitaria de la UCE; Facultad de Economía de la UCE (y otros edificios del campus).

Oswaldo de la Torre Villacreses (1926–2012)
Obras: Teatro de la Escuela Politécnica Nacional (1965).

Alfredo León Cevallos (1928–1981)
Obras: Palacio Legislativo (Asamblea Nacional).

Otto Glass Pick (1903–1976)
Obras: Casa-Taller Olga Fisch (1952).

Giovanni Rota (1899–1966)
Obras: Caja de Pensiones (1949); Pasaje Amador (1956).

Edificio Casabaca / Juan Francisco Baca (c. 1957–1959)
Autor arquitectónico: Oscar Etwanik (arquitecto)
Constructor / responsable de obra: Ing. Ernesto Ordóñez Viteri

Caso #22

enero, 11, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #22• Un miércoles cualquiera.

Cuando el mall se vuelve refugio urbano

Un miércoles cualquiera, salimos con la idea de sentarnos en la vereda para hacer una pausa en la calle y tomar un café. Lo pensamos por unos segundos y, sin que pase nada concreto que podamos nombrar, con una leve y constante tensión, dudamos y nos desviamos. Seguimos de largo por si acaso.

Así se repiten diariamente en nuestras ciudades miles de decisiones conscientes o inconscientes que nos empujan a resguardarnos, sin estadísticas ni métricas gubernamentales que nos ayuden, porque las sentimos silenciosas en las venas, dejando mesas vacías, horarios que se acortan, calles que pierden densidad humana, incluso en zonas que hasta hace poco se consideraban confiables.

También un miércoles cualquiera, un guardia perdió trágicamente la vida en manos de delincuentes.

Sucedió, no en la periferia olvidada ni en un borde urbano residual, sino en una de las zonas más consolidadas de la capital: cafés activos, veredas amplias, oficinas, colegios, vida cotidiana y a plena luz del día.

Con el paso de las horas, el debate público empezó a centrarse en un punto específico: la ineficacia municipal para controlar y regular ciertos usos cotidianos del espacio público, en particular el reparto en motocicleta. No como causa única del hecho, sino como síntoma de algo más amplio.

En ese vacío, actividades tan comunes como pedir comida a domicilio, normalizadas y amplificadas desde la pandemia, se han convertido en zonas grises de la vida urbana, no por el servicio en sí, sino por la falta de claridad sobre quién circula, cómo lo hace y bajo qué controles mínimos. El efecto no es solo un problema de seguridad, sino también de confianza: gestos antes banales se cargan de tensión, y salir a buscar lo que se necesita empieza a sentirse, paradójicamente, más seguro dentro de un entorno controlado.

Cuando la violencia alcanza los lugares que la calle había considerado inimaginables, el problema deja de ser excepcional. Ya no se trata solo de evitar ciertos barrios ni de ajustar rutinas. Se trata de aceptar que incluso los espacios mejor armados dejaron de sostener la vida urbana sin una tensión permanente.

A partir de ahí, algo se mueve. No de golpe ni de la misma manera para todos.

Frente a la impotencia, existen refugios, no solo físicos, sino también mentales, que, aun siendo parte esencial de la vida moderna, no son un reemplazo del ideal urbano, pero sí ofrecen algo que, afuera, se volvió errático. Un ecosistema de reglas claras, competentemente administradas, con iluminación constante, donde la sensación de que el cuerpo puede aflojarse por un rato.

Ahí, donde la vereda y la calzada abiertas dejaron de ofrecer experiencias compartidas y lo cerrado ocupa un rol mayor al que fue concebido, aparece entonces como refugio.

Es aquí donde el mall no funciona solo por sus amenidades y marcas, sino que funciona como un entorno predecible frente a una ciudad impredecible. Se sabe qué se espera de uno y qué del entorno: no solo comodidad y consumo, sino algo más básico: claridad en las normas y en las conductas.

Las acciones frente a la inseguridad nacional suelen activarse cuando el delito ya ocurrió: operativos, persecuciones y reacciones, como parte de las tareas propias del control y la fuerza. Pero la experiencia urbana cotidiana se define mucho antes, en otra escala y con otras decisiones: calles bien iluminadas, un orden que se hace cumplir, un desorden que no se normaliza y una administración constante que evita que el espacio público quede a la deriva. Ahí no se persigue el delito; se dificulta que ocurra.

Frente al claro fracaso de estas medidas, nuestro comportamiento gregario nos invita, por instinto y por lógica, a congregarnos donde otros se quedan, para evitar espacios que parecen frágiles o vacíos. La seguridad no solo se ejerce; se interpreta. Y cuando la interpretación compartida cambia, perdemos vida urbana incluso sin que ocurra un delito en ese instante.

No es que me preocupe que el mall absorba esa carencia urbana, sino que cada vez se convierta en el lugar para escapar de una calle que ha dejado de cumplir su función básica como espacio público amigable.

No se trata de una imposibilidad estructural. Hay zonas dentro donde la calle sigue siendo un lugar de encuentro y permanencia porque alguien asume la responsabilidad de operarla: iluminación, presencia, reglas claras y continuidad. Lastimosamente, en mayor medida por la gestión privada y la organización ciudadana que por una administración pública eficaz.

Hay dos opciones: o es gestión urbana asumida, o, como es costumbre, postergada.

No pretendo condenar el mall; a menudo lo disfruto en familia. Me gusta ir al cine y hacer alguna compra allí. Tampoco insinúo privatizar el espacio público ni convertir la vereda en un centro comercial a cielo abierto, sino señalar que una urbe que comienza a necesitar refugios cerrados para sostener la vida cotidiana está, esencialmente, fracasando.

Pero una ciudad que se repliega lejos del cielo, que convierte lo cerrado en su último resguardo y deja que la calle se achique, no está resolviendo su problema de seguridad.

Los vacíos no siempre esperan.

En Quito y, cada vez con mayor claridad, en otras ciudades del país, ya no hace falta violar la ley para transformar la ciudad. Basta con conocerla bien. No por un déficit de normas, sino por un sistema que permite alterarlas “en chiquis”, sin asumir costos políticos inmediatos. Las huellas dactilares aparecen después, cuando los reclamos llegan tarde y la decisión ya se ha consumado.

Dos frentes lo exponen con crudeza, en Quito y más allá: el uso del suelo y las vallas publicitarias.

En el uso del suelo, el procedimiento aprende a esquivar reglas extensas y detalladas mediante instrumentos legítimos para obtener resultados indiscutibles. En las vallas, en cambio, la norma no solo se esquiva: se acomoda ad hoc para absorber lo que antes era irregular. Dos raíces distintas, un mismo efecto: la ciudad adaptándose al operador, no al revés.

El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), como uno de los instrumentos estructurantes de muchas ciudades ecuatorianas, es, en teoría, el corazón del proyecto urbano: fija usos, intensidades y reglas. Reformarlo exige lo que casi nunca ocurre: un debate técnico previo sobre la ciudad que queremos.

En la práctica, el modelo se reconfigura por una vía más discreta. Las normas subordinadas permiten que los instrumentos creados para desarrollar el plan ajusten los usos y la edificabilidad en ámbitos cada vez más pequeños: polígonos específicos, frentes puntuales o lotes concretos. Así, la decisión deja de ser metropolitana y pasa a ser administrativa. El plan no se reforma: se evade.

El efecto es silencioso y a menudo irreversible, porque la planificación deja de operar como proyecto colectivo para convertirse en una secuencia de expedientes bien armados.

Ese mismo patrón se reproduce en el control cotidiano: procedimientos que se activan, sellos que se colocan y se rompen, expedientes que crecen mientras la infracción sigue operando. La sanción se vuelve ritual: se notifica, se sella y se archiva.

Con las vallas publicitarias ocurre lo mismo, solo que aquí resulta imposible no verlas. En Quito y en varias ciudades del país, el fenómeno resulta obsceno. Es la ventana de Overton en operación: la ilegalidad no se elimina, se desplaza hasta volverse aceptable. Durante años, los propios municipios han reconocido una irregularidad masiva; en Quito, de forma explícita: cientos de vallas y pantallas sin permiso, en lugares prohibidos o en condiciones irregulares. Existen resoluciones sancionatorias, multas millonarias y expedientes abiertos. El aparato sancionador existe, pero opera sin certeza sobre las consecuencias.

Las multas se emiten; los procesos avanzan mínimamente. Mientras tanto, nuevas normas amplían los cupos y habilitan regularizaciones. Estructuras que operaron ilegalmente durante años pueden terminar absorbidas por un nuevo marco normativo, sin una frontera nítida entre sanción y premio. De nuevo, todo dentro de la ley.

Aquí aparece el patrón que une ambos casos. Las reglas no fallan: funcionan exactamente como están diseñadas. Premian al actor con astucia técnica y jurídica y con músculo financiero para navegarlas. No gana el más ilegal; gana el más adiestrado para administrarla a su favor.

Así, Quito y muchas otras ciudades ecuatorianas operan como un buffet normativo, reservado para un reducido grupo de actores que tuercen el sistema. El interés general queda enunciado; la ciudadanía, estructuralmente en desventaja.

Este no es solo un problema ético individual, sino también un problema de diseño institucional. La fragmentación de la toma de decisiones en comisiones, informes y resoluciones produce legalidad sin dirección y termina dejando a las ciudades decididas por nadie.

Las consecuencias no son abstractas, sino visibles y acumulativas: barrios que cambian de escala sin discusión metropolitana, cargas urbanísticas negociadas en silencio, derechos consolidados sin haber sido debatidos, espacio público tratado como un activo privado, sanciones que dejan de disuadir y aprenden a convivir con el incumplimiento.

Los problemas normativos de Quito y del país no son fallas aisladas: son el resultado de un método que educa en la infracción rentable. Enseña que esperar paga, que cumplir estorba y que saber maniobrar en la letra pequeña vale más que respetar la ciudad. Así opera el buffet: algunos repiten plato, mientras la ciudad se queda con las sobras.

Quito, caso por caso.

Cada semana, un análisis urbano directo al grano.