abril, 12, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos
CASO #35• Publicidad, pleito y lluvia.

En Quito, uno termina acostumbrándose a casi todo. Pero es bastante difícil no quedar anonadado ante una ciudad que logró convertir las paradas de bus grafiteadas y sin techo en patrimonio con protección jurídica. Una escena que nos deja casi desnudos como ciudad, apenas tapados con unas piltrafas de plástico negro.
En 2018, el Municipio firmó un contrato de concesión con Publicidad Sarmiento para la explotación publicitaria en parte del mobiliario urbano. La empresa instalaba, mantenía y explotaba comercialmente las estructuras: paradas de bus y mupis, esos cajones rectangulares de metal y vidrio que aparecen en los parterres y que, hasta hace poco, servían para anunciar cosas que nadie recuerda haber comprado. A cambio, la ciudad cobraba un canon anual de alrededor de $1,2 millones. Quito siempre luce bien el día en que firma algo, hasta que se le ven las costuras.
Luego de incumplimientos, deudas, multas, falta de mantenimiento y garantías por renovar, lo que la empresa efectivamente pagó fue apenas alrededor de $104 mil, no en un año, sino durante todo el período del contrato. La deuda acumuló intereses con la paciencia que solo tiene el dinero que no es de uno, hasta llegar a $76 millones. En mayo de 2025, el Municipio terminó unilateralmente el contrato. La empresa lo impugnó. El caso llegó a la Corte Provincial. Y las 414 paradas, o 425 estructuras, según la fuente que se lea, quedaron en el purgatorio de grafiti y vidrios rotos.
Sarmiento presentó cinco acciones constitucionales contra el Municipio. En todas, el balance procesal hasta marzo de 2026 favorece al GADDMQ. Pero hay apelaciones pendientes y nadie puede tocar esas estructuras sin abrir otro problema legal sobre el que ya existe. La procuradora metropolitana lo dejó claro: no pueden intervenir hasta que se resuelva el litigio.
Tan impecable desde lo legal como inútil para cualquier persona de a pie.
El canon debía dejar $1,2 millones al año, pero en ese tiempo ingresaron apenas migajas. Bastaba con eso para que las alarmas sonaran temprano. No sonaron. O sonaron donde nadie escucha. La respuesta institucional llegó cuando la deuda ya era demasiado grande para ignorarla y demasiado pesada para cobrarla sin causar traumatismos. Hasta ahora, en el marco de la mediación, se han recuperado alrededor de $1,3 millones de los $76 millones. El resto avanza a su ritmo, que en Quito es una forma elegante de decir que no avanza.
El modelo siempre tuvo, por diseño, un defecto de ejecución: atar el techo de una parada de bus a la suerte de un contrato publicitario sin fiscalización real. Mientras el negocio funciona, nadie lo nota. Cuando se cae, la parada se cae con él. El riesgo se queda donde siempre: en el usuario.
Mientras el expediente avanza, la AMC retira publicidad ilegal: más de 17.000 elementos en 2025 y más de 3.100 en lo que va de 2026. Parte de ese trabajo lo hacen infractores cumpliendo sanciones: gente que bebió en un parque, que vendió sin permiso, que pegó un afiche donde no debía. Es decir, Quito resuelve el desorden de un contrato de $76 millones con quien pudo atrapar tomando Pilsener en una vereda.
¿Por qué el Municipio no instaló una solución provisional mientras se resuelve el litigio? No me refiero a reconstruir las paradas que, ni modo, los abogados no dejan ni rozarlas. Algo más modesto: módulos temporales desmontables, una cubierta simple junto a la estructura sin tocarla, nada que altere el litigio. Solo algo que demuestre que alguien, en algún piso del Municipio, regresó hoy mismo a ver a las personas que hacen fila para el bus, no cuando el juez firme.
Tal vez exista una razón jurídica que no figura en los documentos públicos. Pero que en casi un año nadie haya explicado por qué no se les prende el foco ya dice bastante sobre cómo funciona la gestión cuando el expediente es mucho más ancho que la vereda.
Hay alguien apoyado en una columna, esperando un servicio oxidado, mientras el juez decide a quién le pertenece; la intemperie hace lo suyo y decreta el fallo.
Hasta tanto, las hilachas de plástico que cuelgan de los mupis suspendidos llevan casi un año ahí. Ya nadie las señala. Ya son paisaje.
Porque entre publicidad, pleito y lluvia, el único que nunca firmó nada fue el usuario. Aunque, pensándolo bien, eso en nuestras ciudades nunca ha sido requisito para quedar endeudado.
Fuentes
Oficio Nro. GADDMQ-PM-2026-0638-O. Procuraduría Metropolitana del GAD del Distrito Metropolitano de Quito. Respuesta a la solicitud del Cabildo Cívico de Quito sobre el contrato de concesión de OSP S.A. (Sarmiento) y el estado del litigio. 6 de marzo de 2026.
Oñate, Sara. «La publicidad exterior en Quito permanece en la informalidad, en medio de la disputa legal.» Expreso. 6 de abril de 2026.
Redacción La Hora. «Paradas de buses en disputa: conflicto legal impide la rehabilitación de unas 400 estructuras.» La Hora. 10 de abril de 2026.
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