marzo, 29, 2026 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #33• Arte y ciudad: lo que la calle sostiene.

A raíz del Caso #30 y del artículo de Primicias que más improperios me propinó en redes sociales, un golpe que conectó fue el de Javier Cevallos Perugachi, compañero de aula en la secundaria y con un histrionismo envidiable. Lleva décadas entre el teatro, la gestión cultural y la calle; conoce de cerca esa distancia, un poco cruel, entre la idea artística y la logística pedestre que la vuelve posible.

Para los que tienen calle como él, el laberinto va bastante más allá del edificio. Tiene razón: se necesitan equipos, mediación, operación, permisos, continuidad y público. Sin eso, hasta el espacio cultural mejor restaurado es apenas un cascarón.

El comentario de Javier me devolvió a una intuición similar a la del Caso #7: «Abre un restaurante… y luego me cuentas». Escribí entonces sobre el viacrucis de abrir un restaurante en Quito. Hay trabajos que, desde afuera, parecen simples hasta que uno mira la trastienda. Con los artistas pasa algo parecido, pero más ingrato. El backstage se desparrama por toda la ciudad. Y cuando la política decide usar la cultura como escudo o munición, el camino se vuelve todavía más áspero para quienes solo intentan trabajar.

La propia arquitectura cultural ecuatoriana ya parte de una idea amplia del sector, con rectoría nacional, registro de actores culturales, fondos de fomento, gestión local y una cadena de autorizaciones para que la expresión llegue a ocurrir en el espacio urbano. Es decir, esto nunca fue solo un asunto de gastar en murales.

Quito y el país siguen tratando estas expresiones como episodios fotogénicos y como rehenes útiles de pugnas entre facciones centralistas y locales. Muy pocas veces como parte de una misma ecología cívica y cultural. Y ese conflicto no siempre nace de la falta de recursos, sino de algo quizá más ecuatoriano: la costumbre de volver ilegible la gestión, incluso para quienes dependen de ella para trabajar. Ahí empieza buena parte del desgaste. No solo en la escasez, sino también en la opacidad, en el trámite que nadie termina de explicar del todo.

Ciudades como Filadelfia convirtieron el mural en una herramienta cívica vinculada a la educación, a la comunidad y a la memoria. Lisboa creó una institucionalidad específica para dialogar con el grafiti y el street art como lenguajes contemporáneos de la ciudad. Y Buenos Aires, con todos sus problemas, ofrece algo que aquí todavía miramos como si fuera alquimia: una mezcla de fondos, mecenazgo, sociedad civil especializada y políticas sectoriales para sostener el teatro, el libro y la circulación cultural sin colgar todo de la misma cuerda anual.

No digo que esas ciudades lo tengan resuelto por completo. Solo digo que adoptaron algo mucho mejor: la cultura urbana necesita reglas, operación eficiente y continuidad.

Porque una feria del libro, una obra en la calle, un concierto en una plaza o una instalación visual tienen una materialidad muy concreta. Requieren permisos, rutas de producción, uso del espacio, seguridad, aforo, coordinación pública y, muchas veces, mezclas de financiamiento y apoyo que no dependen de una sola oficina ni de un solo relato político. En Quito, incluso para un espectáculo público, la cadena ya pasa por RUC, patente, aforo, bomberos, autorizaciones y controles. O sea, la épica del artista por sí sola no alcanza. Nunca alcanzó.

Por eso, la discusión no debería quedarse en el griterío sobre quién tiene la culpa cuando una expresión cultural entra en crisis. Esa pelea produce bastante ruido, poco sistema y, casi siempre, termina dejando a los artistas con las migajas del conflicto.

Lo útil sería empezar por cosas más concretas. Una sola ventanilla digital para la cultura en el espacio público, con formularios unificados, trazabilidad real, responsables identificables y un calendario claro, no esta gincana de sellos que hoy desgasta antes de empezar y, al mismo tiempo, deja espacio para que todo se vuelva opaco.

Si se observa un trámite, que se sepa quién lo observó, cuándo y por qué. Si se aprueba, lo mismo. Un sistema de coinversión en el que el respaldo ciudadano, privado o barrial, active fo