CASO #47

El choro en el tejado

Centro Comercial Montúfar

En marzo de este año, en el techo de un local del Centro Comercial Montúfar, un operativo policial encontró una mochila con 66 celulares con alertas de bloqueo. Seguro, una de las centenas que pululan en tan prestigioso establecimiento.

No sé si todos se acuerdan, pero en la célebre madrugada de la gesta heroica del 24 de mayo de 2003, el Centro Histórico amaneció con 6.801 puestos informales menos, despachados en camiones municipales tras la firma de 98 asociaciones: casi 10.000 comerciantes que llevaban décadas en la calle. La ciudad entera aplaudió esta “nueva era”.

El Montúfar retrata esa fe ingenua que trasladó la economía de vereda a un inmueble con más de 400 locales, abrumadoramente privados, y una minoría municipal a la que le resulta imposible gobernar.

En 2024, el 30% contaba con licencia de funcionamiento. Un operativo retiró un cachito de evidencia de 86 celulares dudosos y clausuró 19 locales; entre 2024 y 2025, la Agencia Metropolitana de Control acumuló 98 procedimientos. En enero de 2026, cayeron tres detenidos en los exteriores mientras el Concejo proclamaba con entusiasmo: ¡expropiación!

Los comerciantes —más de 350 firmaron la queja— cuentan que las mafias son externas, que tienen reglas propias, multas y cierres temporales para quienes comercializan objetos de dudosa procedencia, y que cualquiera puede acercar un celular robado a la esquina para que el GPS lo localice en el Montúfar. Pero incluso si fuera cierto, la conclusión los compromete de todas formas: si el problema está afuera, el Municipio debe abordar lo externo. Si está adentro, debe auditar lo interno. Y si está en ambos lados, pues avíspense.

Que el Montúfar sea una mafia podrá no tener respaldo judicial, pero funciona igualito que una, y el sistema no tiene idea de cómo lidiar con piratas. Habría que probar que el vendedor sabía que el equipo era robado, y un celular reseteado no sabe ni recuerda nada. Mientras tanto, la gobernanza es un bailecito administrativo: operativo para un lado, boletín para el otro, clausura temporal para adelante y una vueltita para atrás. El Municipio ve permisos; la Policía, indicios; la Fiscalía, denuncias que no llegan. A cada institución le importa su pupo, y el artefacto robado entra, cambia de manos, se resetea y se revende. Impunes, por los días de los días, amén.

No solo en Quito proliferan estos callejones con olor a orina. Lima reubicó a sus ambulantes en 1981 y creó los célebres “Polvos Azules”. Marca identitaria de los corsarios populares. En Las Malvinas, su pariente tecnológico, la Policía, tras más de cuarenta años de operativos, sigue coleccionando gadgets que alimentan a la bestia y a los titulares amarillistas.

Si me lo permiten, propongo unas pocas reglas. ¿Les parece?

Primera: trazabilidad o suspensión. Dentro de la LUAE, una categoría de alto riesgo de receptación para todo local que compre, repare o revenda tecnología usada. La condición: registro digital de cada equipo —IMEI, fotografía, cédula de quien lo entrega, comprobante de venta—. Equipo sin historia: suspensión, clausura, revocatoria, sin esperar la sentencia penal ni presumir la culpa. Un restaurante demuestra su salubridad; un local de usados, su origen. Y la carga de la prueba se invierte: hoy la víctima debe probar que su celular terminó allí; mañana el comerciante deberá probar que lo que vende entró legalmente.

Segunda: memoria pública. Un semáforo de locales —verde, amarillo, rojo— publicado cada mes en la entrada del centro, en la web municipal y en un código QR en la vitrina, alimentado solo con actos administrativos firmes. Hoy, el edificio entero carga con la mala fama, mientras los locales opacos se camuflan con la vecina que vende llaveros de Naruto; el semáforo rompe ese anonimato funcional y separa al comerciante honesto del opaco con consecuencias automáticas: multa, suspensión, clausura, imposibilidad de renovar la LUAE y ¡fuera!

Tercera: una zona especial de control comercial por 18 meses. Mesa técnica permanente, con actas públicas y metas medibles —AMC, Policía Judicial, Fiscalía, SRI, SENAE, ARCOTEL, administración del centro, comerciantes electos y veeduría ciudadana—. La mesa administra el riesgo urbano; la propiedad privada queda intacta.

Cuarta: el anillo seco. En un radio definido alrededor del edificio quedan prohibidas la compraventa y la intermediación informal de tecnología usada en el espacio público: ni reparación ambulante, ni entregas sin factura, ni intermediarios en parqueaderos ni accesos. Si los comerciantes sostienen que el problema está afuera, perfecto: empecemos por secar el afuera. El anillo también los protege.

Quinta, y aquí se desarma el fetiche facilista de la expropiación, que suena contundente hasta que uno abre el Registro de la Propiedad. El edificio está repartido en cientos de escrituras individuales, cada local con su dueño y su alícuota; la utilidad pública habría que declararla dueño por dueño, cada uno con derecho a su propio juicio de precio, durante años y con plata que la ciudad no tiene. El Municipio ya posee una minoría de locales adentro y esa es su palanca: convertirlos en usos ancla —ventanilla de denuncias, verificación de IMEI, punto ARCOTEL, red de locales habilitados con trazabilidad reforzada—, comprar voluntariamente los estratégicos y, solo con un proyecto público real, expropiar de forma milimétrica. Deja de ser un espectador minoritario y se convierte en un actor dentro del edificio.

Los primeros cien días alcanzan para la trazabilidad, el anillo y la mesa; el primer año, para el semáforo; el resto es paciencia presupuestada. La meta: que cada objeto tenga historia, cada local tenga rostro, cada sanción tenga memoria y cada reincidente tenga consecuencia. El Montúfar necesita una autopsia administrativa permanente. En 2003 aplaudimos las veredas limpias y nadie preguntó quién gobernaría puertas adentro.

A la ecuatoriana, obra sí, sistema nunca.

Veintitrés años después, la respuesta sigue siendo la misma: 66 pantallas apagadas que alguna vez fueron de alguien que todavía mira el puntito azul, sabiendo ya que no se puede hacer nada. Los choros, bajo techo; sus mochilas, en los tejados.

Fuentes

— Plan V, recuento por los 20 años de la reubicación del comercio informal del Centro Histórico (2023).

— El Universo, cobertura del cierre de la reubicación: 6.801 puestos trasladados y 98 asociaciones firmantes (junio de 2003).

— Primicias, megaoperativo en el Centro Comercial Montúfar: 86 celulares retirados y 19 locales clausurados (mayo de 2024); posición de la AMC sobre los límites de la competencia municipal.

— Expreso, «¿Expropiar, demoler o regular? El futuro del Centro Comercial Montúfar en Quito»: locales municipales minoritarios, bajo porcentaje de licencias en 2024 y mecánica de la expropiación (enero de 2026).

— Expreso, «¿Es posible que el Centro Comercial Montúfar de Quito se transforme en parqueadero?»: operativo del 27 de enero, clausuras de la AMC y sanciones internas del centro (enero de 2026).

— Extra, el caso de Bernardo Jijón y el debate público sobre el Montúfar (enero de 2026).

— Ecuavisa, debate en el Concejo Metropolitano, mayoría de locales privados y pronunciamiento de más de 350 comerciantes (2026).

— El Comercio, el Montúfar como mercado formal bajo sospecha recurrente: más de 400 locales y 98 procedimientos de la AMC entre 2024 y 2025 (marzo de 2026).

— La Hora, operativo policial con hallazgo de 66 celulares en el techo de un local (marzo de 2026).

— Municipio de Quito, Dirección de Centros Comerciales Populares: adjudicación de locales con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad (Resolución C 0037 de 2003).

— Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador y su Reglamento General: régimen de copropiedad, alícuotas y bienes exclusivos.

— COOTAD, requisitos de la declaratoria de utilidad pública: motivación, certificado registral, valoración y disponibilidad presupuestaria.

— ARCOTEL, consulta pública de IMEI y procedimientos sobre equipos reportados como robados o perdidos.

— El Comercio (Perú), reconstrucción histórica de Polvos Azules y la reubicación de 1981 en Lima.

— Cobertura periodística del operativo de la Policía Nacional del Perú en Las Malvinas: más de 500 celulares incautados (2025).

CASO #46

Ciudad sin párpados.

Ilustración: Kitty Najas

Hoy, casi todo lo que nos vende algo trae un botón de apagado. Cierras la pestaña, te saltas el comercial a los cinco segundos o pagas la suscripción premium. Y ese mismo aparato, tan difícil de soltar, que nos tiene jorobados y babeando en un scroll infinito, al levantar la vista, la ciudad te remata con la valla LED frente a tu ventana, sin control de apagado, o con el parlante del local de abajo sin opción de mute. En un mundo donde casi todo se silencia, nuestras ciudades nos gritan 24/7.

Es que a Quito le fascina empapelarse. Poste, fachada, árbol, ladera: a cada superficie se le mete capa tras capa de papeles y lonas. Crecimos creyendo que una ciudad tapizada de pantallas gigantes y figuras 3D, como carros alegóricos sin ruedas, nos convierte en primer mundo —cosmopolitas, dinámicos, despiertos—, un Times Square con olor a hornado o a una gigante cubeta de pollo frito que nos abre el apetito. Pero no tanta hambre como la del Municipio. Lo desarmé en las cifras del Caso #10 —ocho de cada diez vallas fuera de norma y multas millonarias que se acumulan sin que nadie las cobre—; en el Caso #8, traté de descubrir la trampa oculta—una legalización exprés de todo lo ilegal con premio al que más pedestales para publicidad metió.

El daño, sin embargo, ocurre también mucho más por dentro: en nuestros cerebros. La atención dirigida —la capacidad de concentrarse e ignorar el resto— es finita y se fatiga como un músculo; la psicología ambiental lleva décadas mostrando que los entornos saturados la agotan y los naturales la reponen. Un cerebro obligado a filtrar, todo el bendito día, estímulos que nadie pidió —un letrero encima de otro, una luz parpadeante, una marca cada diez metros— mantiene encendido el sistema nervioso autónomo, ese que se dispara ante una amenaza. Cortisol, pulso y alerta sostenidos en el tiempo. Ese estado no equivale, por sí solo, a un diagnóstico, pero sí es terreno fértil para la ansiedad, la irritabilidad y el insomnio.

La OMS recomienda reducir el ruido del tráfico rodado por debajo de 53 dB Lden (promedio de día, tarde y noche) y por debajo de 45 dB Lnight durante la noche. En Quito, un estudio de la UDLA halló que uno de cada cuatro quiteños estaba expuesto a niveles superiores a 65 dB durante el día y casi cuatro de cada diez a niveles superiores a 55 dB durante la noche. La luz nocturna de las pantallas hace lo suyo aparte: desordena los ciclos circadianos, ese reloj interno que nos pide oscuridad para dormir —una valla iluminando la ventana hasta medianoche hace justo eso, igualito a la pantalla azul del celular, con el detalle de que a esa sí podemos voltearla boca abajo; a la valla, te la bancas, sí o sí. Y la neurociencia ya vio que la ciudad deja al cerebro más reactivo al estrés: nos exige una regulación emocional de base y, encima, sumamos brillo, bocina y saturación. Uno cree que, con el tiempo, se acostumbra. Mentira. Se desgasta de a poquito, sin sentirlo, hasta que la mala leche de las calles se vuelve nuestro temperamento local y resulta que es, en buena parte, un agotamiento colectivo.

La Encuesta de Salud Mental del propio Municipio, realizada con TANDEM y PLURAL, encontró que el 92,6% de la población presenta algún nivel de estrés y que, entre los síntomas más frecuentes, se encuentran el cansancio, los problemas para dormir y la irritabilidad. Hubo una pregunta que lo dice casi todo: al consultar qué obras mejorarían su bienestar, la gente pidió más árboles y más parques, y una mayoría abrumadora confirmó que eso le haría bien a la cabeza. La ciudad se recetó su propio antídoto: sombra, verde, un poco de silencio. Pero la calle le mete más pantallas, con la bendición de las agencias de control.

Son tan delirantes las estimaciones que un estudio técnico, reportado por la prensa, calculó que Quito aguantaría hasta 6.500 estructuras publicitarias antes de saturarse. Como si se tratara de una subasta de metros cuadrados listitos para ser capturados. El Concejo, tan prudente, pasó de 115 legales a 900 legalizadas y autorizó un cupo de 1.430. Pura capacidad de absorción comercial. En ese cálculo no entran el campo visual, ni el sueño de nadie, ni el paisaje, ni el dato de fatiga que el mismísimo Municipio levantó en su otra encuesta. Dos instrumentos, dos verdades, y entre ambos un silencio comodísimo, porque cruzarlos saldría carísimo. Mientras tanto, la valla dejó de ser una lona que cobra arriendo y la publicidad exterior también se volvió digital, programable y medible —pantallas que ya empiezan a estimar, con sensores y analítica de video, quién las mira, cuánto rato y qué hace después. São Paulo entendió el peso del asunto y en 2007 descolgó quince mil vallas de un solo tajo; nosotros, en cambio, amarramos hasta el techo de una parada de bus a un contrato publicitario, y ya vimos cómo terminó: pleito, deuda y gente esperando el bus bajo la lluvia (Caso #35). El espacio público no se privatiza solo porque alguien le mete una reja. Se privatiza, calladito, cuando te obligan a mirar, oír y procesar lo que otro decidió venderte. Ahí ya no te quitan un pedazo de vereda. Te quitan la atención, que era lo único que te quedaba gratis.

Y, mientras tanto, arriba sigue el cerro. El paisaje es un derecho colectivo —el de mirar el Pichincha, el Panecillo, esa vaina rara y hermosa de vivir metidos en una hondonada andina—, solo que ya casi no lo ejercemos, tapados por una cubeta de presas de pollo más alta que los edificios. Una ciudad sin párpados no puede cerrar los ojos para descansar ni cuando levantas la vista.

Fuentes

• Encuesta de Salud Mental del Distrito Metropolitano de Quito 2023. Fundación TANDEM, PLURAL.
• Organización Mundial de la Salud. Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018.
• Universidad de Las Américas (UDLA). Estudio de exposición a ruido en Quito: 25% de la población urbana expuesta sobre 65 dB durante el día y 38% sobre 55 dB durante la noche, recogido por prensa y publicaciones institucionales.
• Psicología ambiental: teoría de la restauración de la atención. Rachel Kaplan y Stephen Kaplan.
• Neurociencia urbana: estudio sobre vida urbana y mayor reactividad cerebral al estrés, publicado en Nature.
• São Paulo. Lei Cidade Limpa, 2007: retiro de alrededor de 15.000 vallas y cientos de miles de letreros comerciales.
• Tendencia global de publicidad exterior digital (DOOH): inventario programable, sensores y analítica de video. Fuentes de industria: WPP/GroupM, JCDecaux, Broadsign.
• Ordenanza de publicidad exterior del DMQ: cupo de 1.430 vallas, estimación técnica de hasta 6.500 estructuras y proporción de vallas irregulares.
• Quito Caso a Caso. Casos #8 “La silla vacía”, #10 “La valla imperfecta” y #35 “Publicidad, pleito y lluvia” (archivo propio).
• Entrevista propia con Elena Rodríguez, psicóloga, medioambientalista, urbanista y consultora en temas de ciudad y medio ambiente.

CASO #45

La ruta muerta.

Usted ya pagó la Ruta Viva. La construyó con sus impuestos hace más de una década y la va a pagar otra vez en la garita el día en que el municipio le ponga peaje. Dos veces por la misma vía. Y encima, un privado la pasó por Excel, ROI, CAPEX, TIR y todo lo que se usa para ponerle precio a las cosas, y concluyó que el negocio no le daba. Y no se equivocó.

Hay una regla en el Ecuador que no está escrita en ninguna ley: cuando un negocio da, lo maneja el privado; cuando deja de dar, aparece el Estado para levantar el cadáver. Bien armadas, las APP —alianzas público-privadas o cualquier otro nombre que les pongan los abogados— son la forma más sensata de levantar lo que el Estado no puede solo: el privado aporta capital y velocidad; el Estado, reglas y permanencia. Funcionan cuando cada parte aporta lo que mejor sabe hacer. Se dañan al armarse al revés. Hay que preguntarse si el Estado sabe exactamente qué entrega y si será capaz de operarlo en solitario el día en que el socio se vaya. La cosa no se sostiene cuando alguien se lleva la nata y el resto carga con el suero.

Nada de esto es nuevo. Nuestra primera gran alianza de este tipo fue la del ferrocarril Guayaquil–Quito. La idea de unir la Costa y la Sierra es del siglo XIX; la construcción arrancó con García Moreno y luego Alfaro la expandió a nivel nacional. En 1897, el gobierno firmó contratos con contratistas norteamericanos y en 1908 el tren llegó a Quito. Funcionó y cambió el país. Después vino la otra mitad de la historia: para 1925, el Estado tuvo que quedarse con la empresa porque, del lado privado, ya nadie quería sostener un negocio que había dejado de rendir. El privado puso los buenos años; el país, el chuchaqui. Porque las alianzas suelen ser como las fiestas: cuando se acaba el trago, alguien tiene que quedarse alzando el relajo.

La Ruta Viva es una crónica similar. Se diseñó para unos 50.000 carros al día y hoy aguanta cerca de 90.000, además del transporte pesado y mezcladoras de hormigón que la muelen. No tiene mantenimiento integral desde que se abrió, en 2014. En 2021, una consultoría por casi 270.000 dólares revisó el pavimento y confirmó lo que cualquiera que lo conduce ya sabía sin cobrar: su escuálida base asfáltica se descascaraba antes de tiempo. Hasta marzo de este año, hubo 24 siniestros, con 16 heridos y 3 muertos. El diagnóstico estaba firmado y terminó encajonado junto a los muertos.

Frente a eso, el municipio buscó entregarla a un privado por treinta años a cambio del peaje, con su máxima favorita: “una obra que no le costaría nada a la ciudad”. En mayo, la Secretaría de Movilidad canceló el proceso porque los estudios del privado no alcanzaban ni siquiera el mínimo exigido por la propia ley. Hasta ahí, se entendería, porque firmar una mala concesión a treinta años es peor que no firmarla. Pero el motivo es peor que la cancelación: el propio estudio concluyó que la Ruta Viva no tiene rentabilidad económica ni social. El socio contó cuántos carritos había al día y, así nomás, se pisó. Nos quedamos con los baches y los parches.

La herencia es de usted. Cancelada la alianza, el alcalde anunció que la hará el propio municipio, con plata pública, por etapas, con un peaje similar al de la Guayasamín. La obra pensada para no tocar la caja municipal se pagará con la caja municipal, y nadie ha dicho todavía cuánto cuesta. El privado se ahorró un mal negocio; usted, no.

Todo esto cae en un momento muy particular. El gobierno nacional aprobó una reforma que obliga a los municipios a destinar progresivamente hasta el 70% del presupuesto a inversión, mantenimiento y obra pública. El alcalde la peleó con marchas, una demanda y la frase de que el desarrollo no es solo cemento. Después vino el cemento: la meta municipal pasó de rehabilitar 90 a 150 kilómetros de vías al año, a ocho mil dólares por bus para los transportistas, y la Ruta Viva ascendió a obra propia. La misma vía que nadie rehabilitó integralmente en once años —y, de golpe, las vías del Parque Bicentenario— se volvieron urgentísimas, a meses del 29 de noviembre

No hay que inventarle intenciones a nadie. La ley premia la obra, las urnas premian lo que se inaugura, y el fracaso de la alianza dejó abierta la vía para el brindis político. Todo nos empuja derechito a los cráteres del pendejeo eterno.

Por si alguien cree que el patrón es de ahora, ahí está el aeropuerto de Tababela: salió de una concesión, le dio a Quito una terminal de primera y, de regalo, una glosa de la Contraloría por cerca de 139 millones de dólares. Hasta cuando la cosa sale bien, la pérdida nos desinfla la billetera. Ferrocarril, aeropuerto y ahora la Ruta Viva.

La solución no es regalar la Ruta Viva por treinta años ni fingir que el Municipio la arregla con plata que apareció por milagro. La solución sería algo más sofisticada: un contrato en el que el privado cobra por mantenerla en perfecto estado de funcionamiento, no por quedarse con la carretera. Y si la vía decae, deja de cobrar.

Así que la próxima vez que pase por la Ruta Viva, salvándose de estamparse con una volqueta al maniobrar en una carretera con acné severo, acuérdese de que esa vía ya es suya y la pagó hace años. Quito discutirá quién la administra, quién la arregla y quién gana las elecciones.

CASO #44

Pagar para que nos peguen

Miro de reojo el monto final de la planilla y se me acelera el pulso; la dejo en el mesón de la cocina, entre el resto de la resignación diaria.

Hace un año, todavía podíamos mantener la guardia en alto para recibir los golpes y responder como pudiéramos. En algún momento del último año, nuestro cuerpo dejó de reaccionar. Como dijo Mike Tyson, todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer puñetazo. No hablemos del quinto ni del décimo.

Los quiteños vamos recibiendo golpes tan seguidos y sostenidos que en nuestra esquina ya no hay sales que nos despierten. No como antes, que parecían que venían de a uno.

Round 1: La basura. En octubre de 2025, el Gobierno prohibió cobrarla en la planilla de luz y el Municipio la pasó a la del agua. El problema era aritmético y el propio alcalde lo había anticipado: el mismo costo, repartido entre 700.000 medidores de agua en lugar de 1,2 millones de medidores de luz, sube. Hasta ahí, matemática de escuela. Lo que vino después: un usuario de Conocoto pasó de USD 5 a USD 122, y en Bellavista de Calderón, la tasa subió en viviendas con cortes diarios de agua; en Miravalle, una factura de basura con precio del agua embotellada. Decenas de miles de reclamos. El Municipio respondió con una campaña de animación en medios, sin mentir, con las Tortugas Ninja: otra clase para niños en la que se explicaba cómo, entre menos personas, una pizza deja porciones más grandes.

En cuanto al servicio, la misma vaina de siempre y, al salir de la Epmaps pagando el triple, nos queda un TikTok de ratas y otras plagas en la República de El Salvador, como en la cartoon institucional con mutantes de alcantarilla.

Round 2:  El bus. El 22 de abril, el alcalde juró que no había plata. Un mes después, apareció una propuesta de USD 20 millones para los transportistas —hasta USD 8.000 por unidad— a cambio de congelar el pasaje en 2026 y subirlo a USD 0,40 en enero de 2027, y a USD 0,45 si el bus es eléctrico. De aprobarse, pagaríamos dos veces: hoy, del presupuesto de todos, y en 2027, en cada vuelta. El servicio: entre enero y mayo, la AMT impuso 3.121 multas a unos 3.000 buses —más de una por unidad—, con 79 siniestros, 68 heridos y 8 muertos; en mayo, un pasajero se cayó de una unidad con la puerta abierta. A esa flota se le ofrecen USD 8.000 por cabeza para la webcam en el parabrisas, junto con los dados de felpa en el retrovisor.

 Round 3: Los impuestos, que entran de gancho. Los prediales, como jabs al mentón, sin aumento de tarifa pero con reavalúo catastral, hicieron que el 74% de los títulos pagara más. La Contribución Especial de Mejoras fue el remate: el Municipio la calculó mal en 79.157 predios y, para cuando lo notó, 20.797 personas ya habían pagado de más. Mariana Salazar, una adulta mayor de La Magdalena, pagó USD 281,98 cuando le correspondía USD 115,90. Y lo fino del asunto: la devolución inmediata, a la cola. El error lo cometió el Municipio; el trámite para recuperar la plata le tocó a ella y, posiblemente, a ti, vía transferencia y paciencia, mientras tratabas de volver a ponerte de pie.

Round 4: El Metro mueve 170.000 personas al día y es de lo mejor que le ha pasado a la movilidad de Quito en décadas. También se paró por once horas el 20 de abril. Para entonces, su sistema de comunicaciones no recibía mantenimiento especializado desde diciembre de 2023, y Motorola ya había advertido al alcalde de que el Metro podía dejar de operar por completo. El alcalde no descartó un sabotaje y pidió investigarlo, por un ratito. La obra más cara de la ciudad acumula viajes y excusas. Y abajo, en el piso, la EPMMOP admite que solo el 40% de las vías está en buen estado, aun cuando pagamos fiado y subsidiado.

Round 5: Lo imposible de cuantificar son nuestro tiempo y nuestras vidas. La Ruta Viva vio una luz en una figura público-privada; en mayo, el Municipio canceló el proceso y la asume solo, sin decir cuánto cuesta ni de dónde sale la plata. No tiene mantenimiento integral desde 2014 y por ahí circulan 80.000 carros al día. Mientras en el Parque Bicentenario se anuncian vías nuevas, sin un balance claro de costos económicos ni de área verde: un concejal habla de 17 hectáreas; el Municipio, de 4,2. Nos enteramos al despertar del K.O., a la cuenta de 8…9…10, y ni así reaccionamos. Y todo cae a meses de las elecciones del 29 de noviembre, con un juego ágil de piernas que va del “no hay plata” tras un 2025 en el que el Municipio dejó sin ejecutar USD 252,3 millones y abrió un proceso por USD 1,5 millones en publicidad. Ni me hablen del golpe al hígado del atraco de las vallas publicitarias. La presidenta de su movimiento dice que esta es “una de las mejores gestiones de América Latina”.

Nosotros con la planilla en la mano y la jeta en el piso.

Seguimos en pie, no hay de otra. ¿Pero aún sentimos algo…? ¿Estamos anestesiados? El mes que viene sonará otra campana: otra planilla y otro anuncio de obra urgente. Y esto que acaba de leer es lo más cerca que estaremos de devolver el golpe: un quejido con tildes. Para entonces, el cuerpo ya ni siquiera se cubre; uno casi agradece el golpe, que confirma que sigue vivo. Subo la guardia por costumbre y salgo al siguiente round para recibir otro golpe que seguro nos conecta.

Ilustración: Kitty Najas

Fuentes

• Tasa de recolección de basura y reclamos: Primicias y Expreso (feb.–mar. 2026); admisión de demanda en la Corte Constitucional (jun. 2026).
• Proyecto de compensación a transportistas, pasaje 2027 y citaciones/siniestralidad de buses: Primicias, Expreso y AMT (may.–jun. 2026).
• Impuesto predial 2026 y error en la Contribución Especial de Mejoras: Expreso, El Universo y Primicias (ene. 2026).
• Red vial (EPMMOP), paralización del Metro del 20 de abril y contrato de mantenimiento por USD 62,1 millones: Primicias (abr.–jun. 2026).
• Cancelación de la APP de la Ruta Viva y prolongaciones del Parque Bicentenario: Primicias, Expreso y El Universo (may.–jun. 2026).
• Subejecución presupuestaria 2025 y proceso de publicidad institucional: Primicias.
• Calendario electoral (29 de noviembre de 2026) y reelección de Pabel Muñoz: CNE; declaraciones en Ecuavisa (jun. 2026).
• Encuesta del autor en la red social X, 2026.

CASO #43

La ciudad más cara es la que ya pagamos.

En 2001, la mesa de una casa quiteña se ponía para casi cuatro. Hoy se pone para tres. La casa es la misma, el comedor es el mismo, pero en algún momento de estos veinte años alguien retiró una silla y no la volvió a poner. Nadie se mudó. Bajo el mismo techo, somos menos.

Un barrio también se vacía así. Por dentro, despacio, antes de que se note en la vereda.

Esta semana pregunté en X cuál es la conversación que todos esquivamos sobre la ciudad. Ganó la más incómoda: reusar el Quito vacío, no una de las 3001 obras. Y acertaron. Quito no se encogió —entre los dos últimos censos creció casi un 20 %—; se le suma gente mientras pierde barrios. Hace unos meses hablé de los que se van: las familias que dejaron la Mariscal, San Roque o La Magdalena y reaparecen en Calderón, Conocoto o Puembo. Este caso trata de quienes se quedan y de una pregunta que debería pesar mucho más: ¿por qué cuesta tanto volver a la ciudad que ya construimos?

El censo otorga la matrícula de honor a un barrio que conserva su gente, aunque haya perdido casi todo lo demás. Las Casas, junto a la Universidad Central, crecieron un 4 % entre los dos últimos censos. En la planilla, sano. En la cuadra, los hijos crecieron y se fueron; los que llegaron no se saludan, y la tienda donde fiaba la vecina esfumada sin drama alguno. Un vecino es alguien con quien uno tiene algo que ver, y Quito tiene cada vez más franquicias de dos sílabas que se comen el comercio barrial.

El primer arreglo no cuesta un ladrillo: dejar de medir la salud de un barrio por cuánta gente cabe y comenzar a contar cuántos vecinos vuelven. Además, poner un responsable a cargo de un canal eficaz, preferiblemente digital, sin funcionario tras la ventanilla, evitando el contacto visual. Reemplazarlo por un sistema que sobreviva al cambio de alcalde, lleve el inventario de un Quito enlazado a datos inviolables y a una trazabilidad total, con incentivos claros— que trabaje con los vecinos en lugar de sumar mil estudios más, porque hoy reusar la ciudad es tarea del dueño, del municipio, del banco y del BIESS a la vez. Decenas de despachos y centenares de inacciones.

En Quito casi todo tiene techo y dueño, y buena parte está atrapada: enredada en herencias que nadie reparte, copropietarios que no se hablan, fichas patrimoniales sin un centavo detrás. Llamarla vacía es beneficencia. A ese edificio hay que ponerle urgentemente un cronómetro: un plazo para rehabilitarlo o para sacarlo a remate. Bogotá lo hace desde hace décadas y no se le ha caído el derecho a la propiedad.

La ciudad necesita obra nueva, inversión y desarrollo inmobiliario; todo eso mueve la economía, la vivienda y el empleo. El problema aparece cuando el sistema premia casi solo estrenar y vuelve heroico rehabilitar. Construir un proyecto nuevo cuenta con créditos preferenciales, ferias y subsidios. Rehabilitar implica infiernos de trámites silenciosos, fichas e inspecciones. La ciudad azota al que autogestiona y congela al que espera su turno. Hay dos palancas baratas para darle la vuelta: una: que estar vacío cueste, cobrándole al edificio cerrado y al departamento comprado para valorizarse a oscuras, y dos: un crédito de rehabilitación del BIESS con los plazos y las tasas que hoy solo tiene la obra nueva.

Cuando por fin se logra algo, casi siempre alcanza con las justas para lo cosmético: se pinta la fachada, se cambia la cubierta. No está mal, pero el barrio no revive con látex. El problema vive donde nadie entra. Las fachadas no repueblan una ciudad; pregúntenle a Cuenca, más allá de las fotos. Conservar debería venir con permiso de vivir: incentivos y trámites ágiles para meter baños, ascensores y subdivisiones dentro del cascarón, para que la ficha patrimonial deje de ser una lápida. Y abajo, en la calle, una norma que cuide e incentive la tienda del habitante que conoce tu nombre.

No todo crecimiento es vacío. En el sur, Solidaridad Quitumbe se levantó a punta de mingas y siguió siendo barrio, porque primero hubo vecinos y después casas. Cuando se invierte el orden, sale un conjunto lleno de gente que no se conoce, con piscina y sin barrio.

Seguir estirando tuberías nuevas hacia las lomas, sin activar al mismo tiempo la ciudad ya servida, es un mal negocio. La ciudad más cara de Quito es la que ya pagamos. Por eso, lo más eficaz es que el borde pague al centro: lo que el municipio cobra por autorizar más altura en la periferia puede destinarse íntegramente a que alguien vuelva a encender una ventana en La Magdalena o en la 10 de Agosto.

De diagnósticos vamos sobrados: foros, mesas, papers que le buscan a esto un término para entrar en algún círculo académico. La ciudad lleva décadas siendo estudiada, y las mismas ideas se reciclan, citándose entre sí, sin poner ni una placa de yeso. El problema lo entendemos de sobra. No voy a fingir que sé exactamente por qué se va cada familia —el censo no trae esa columna, y quien diga que la tiene está vendiendo algo—, pero el resultado es terco.

Lo que rehabilita un barrio es una decisión, un presupuesto y vecinos sentados en la misma mesa que el municipio; las ponencias que se queden en la repisa. Menos diseño de dron y más Street View. Nada de eso pide reinventar el encebollado: casi todo ya está escrito en la ley, durmiendo desde hace años. Reusar no luce, y ningún alcalde corta una cinta porque un edificio vuelve a tener inquilinos. Urge ampliar la idea de progreso: estrenar puede ser parte del desarrollo, pero volver a habitar bien lo que ya existe también debería contarse como un avance. Nos emociona la urbanización nueva, el edificio recién inaugurado o el barrio que aparece en la publicidad —y tiene sentido que ocurra—, pero casi no celebramos la posibilidad de volver a habitar bien lo que ya existe. Quizá el reto es urbanístico y, sobre todo, cultural.

La ciudad que ya construimos sigue ahí, con la luz apagada y la puerta con candado. No sé si esa silla desapareció por inseguridad, por precio, por aspiración o porque vivir más lejos empezó a parecer una mejora. Sospecho que fue un poco de todo. La mesa sigue puesta, con una silla menos, arrimada a la pared.

Fuentes

• Censo de Población y Vivienda 2010 y 2022, INEC.
• Centro de Investigación e Información Urbana (CIIU – CAE-P): procesamiento del cambio poblacional por parroquia y barrio del DMQ, 2010–2022.
• El Foro de la Ciudad N.º 91 y N.º 92, “¿Es una realidad el vaciamiento de Quito?” (CAE-P, 2026).
• COOTAD, arts. 507 y 508; LOOTUGS (concesión onerosa de derechos, declaración de desarrollo prioritario, anuncio de proyecto); Constitución del Ecuador, art. 31.
• Encuesta del autor en la red social X, 2026.

CASO #42

Cuarenta años manejando.

Lo que en Quito llamamos tráfico es el resultado de décadas de decisiones sobre nuestro territorio. La fila en la Simón Bolívar, a las siete y media de la mañana, se ha ido formando desde los ochenta, con ideas simplistas y costosas que nos empujaron hacia los bordes para que nos cuidáramos solos. Quien sale de Conocoto a las seis y veinte para llegar a su trabajo en Iñaquito a las ocho menos cuarto se dirige hacia un Quito que tiene compulsión por mudarse.

Aquí, lo más valioso que perdemos es nuestro tiempo: un conductor que empieza a los veintiocho años y se jubila a los sesenta y cinco habrá pasado, sumando sus tres horas diarias, alrededor de tres años de vida sentado frente a un volante. En gasolina, mantenimiento, depreciación, peajes y multas, sin contar los almuerzos que compra afuera porque ya no le da tiempo de pasar por la casa. Tres años y, por lo menos, cuarenta mil dólares por el privilegio de vivir lejos de donde se trabaja.

Uno pensaría que se trata solo de un exceso de carros o de vías mal planteadas, pero los censos del INEC entre 2010 y 2022 indican que el distrito creció un 19 % en 12 años, y ese crecimiento se concentró casi por completo en las orillas. Calderón sumó noventa mil personas. Turubamba creció un 63 %, Tumbaco un 58 % y Conocoto un 55 %. En el mismo período, el Centro Histórico perdió un 9 % de su gente, Chimbacalle, un 11 %, y San Roque, un 29 %: uno de cada tres vecinos se fue en doce años. Y hablamos de barrios con agua, alcantarillado, transporte y escuelas a la vuelta de la esquina, donde las panaderías cierran por falta de clientes, no de pan.

La ciudad se está mudando.

El relato típico, ante el temor que sentimos, sostiene que esos barrios se vaciaron debido a la inseguridad. Pesan, por supuesto, otras razones de fondo: el crimen organizado, la desigualdad, los huecos en el control urbano. Pero la secuencia, vista con calma, también corre en sentido contrario: primero se fueron los vecinos, después vino el deterioro, y, claro, aumentó la inseguridad. Una calle con gente se cuida sola; pero una calle vacía, sin duda, se degrada. Lo que despobló esas cuadras fue una decisión de planificación tomada hace décadas, cuando se resolvió que el futuro estaba en los valles y que el barrio viejo se las arreglaría por sí solo. Eso no pasó.

Si esos barrios tienen todo lo que una familia joven necesita, ¿por qué esa familia no vive ahí?

Por ejemplo: una casa de los sesenta en un barrio consolidado, con sus tres dormitorios y su patio, hoy no puede partirse en tres departamentos, por más que sus dueños la quieran. La normativa la marca como residencial unifamiliar: una casa, una familia, como si en Quito todavía viviéramos en 1978. Al heredero le quedan dos caminos: ambos malos. Vivir solo en una casa demasiado grande, cosa que no hará porque ya se fue a Cumbayá, o vendérsela a alguien que la habite igual, lo cual es difícil porque ese comprador también se fue al valle. El tercer camino, el sensato: dividirla y alquilarla a estudiantes, a parejas que empiezan, a personas mayores que ya no quieren una casa entera para una sola persona, pero muchas veces eso está prohibido. Así que la casa se queda cerrada, y cerrada igual paga predial, paga agua que nadie abre y paga la luz de una refrigeradora encendida por si algún día vuelve alguien. La regla que se inventó para cuidar el barrio es la misma que lo está vaciando.

Podemos ponerle un nombre a lo que está en juego, porque no se trata solo de un tecnicismo. La Constitución, en su artículo 31, reconoce el derecho a la ciudad: vivir cerca del trabajo, moverse sin entregar un tercio del día, no terminar expulsado a la periferia porque adentro ya no cabe nadie nuevo. Suena a pura teoría, hasta que uno lo mide en la fila de la Simón Bolívar, donde ese derecho se cobra puntualmente cada mañana.

Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, lo resumió el año pasado en El Expreso: en Europa hay casas de doscientos años que la ley permite subdividir en departamentos, y así unos herederos venden, otros se quedan y la casa no se muere de soledad. En Quito, en buena parte de los barrios consolidados, eso es ilegal.

Posibles salidas a estos dilemas podrían estar en cuatro decisiones que el municipio ya puede tomar con las herramientas a mano. Abrir un trámite rápido y barato para dividir casas unifamiliares en barrios como La Magdalena, San Bartolo o Chimbacalle, con obras que cualquier arquitecto resuelve sin botar paredes maestras. Estirar la exoneración del predial, que hoy solo cubre al Centro Histórico, a todo barrio consolidado que pierda habitantes, de modo que la rehabilitación salga premiada y no castigada. Permitir más altura alrededor de cada estación del Metro, que justamente atraviesa los barrios que se vacían. Y montar un operador público que se haga cargo de los edificios abandonados —empezando por los del IESS en la 10 de Agosto, a la vista de todos desde hace una década— y que ofrezca crédito para rehabilitar de verdad, no para una mano de pintura en la fachada.

Nada de esto frena la expansión hacia los valles y la discusión nacional sobre quién decide cómo se transforma el suelo en Ecuador y bajo qué reglas será tema para otro caso.

Vuelvo al de la Simón Bolívar. Su problema no se resuelve con más carriles ni con otro intercambiador: se resuelve acortando la distancia entre donde duerme y donde trabaja. Mientras no la acortemos, lo que nos queda es lo de siempre. Seguir manejando.

Fuentes

• Censo de Población y Vivienda 2010 y 2022. Cambio poblacional por parroquia y barrio en el Distrito Metropolitano de Quito. Mayores pérdidas urbanas: Monjas Bajo (Puengasí), La Estancia (Chillogallo), Chiriyacu Alto, San Roque, San Blas, San Sebastián y San Diego. Mayores crecimientos: Calderón, Turubamba, Tumbaco, Conocoto, Yaruquí y Tababela.

• Declaración de Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, en Diario Expreso, diciembre de 2025.

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), Ley de Incentivos Tributarios por la Conservación de las Áreas Históricas de Quito.

• Metro de Quito. Metro en Cifras,

• Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 31.

• Referentes internacionales de repoblamiento y reconversión urbana: Santiago de Chile, Nueva York, California, Ciudad de México, Boston y París.

CASO #41

La ciudad que se jubila a las seis.

Un viernes cualquiera en Quito, a las ocho y media de la noche. En la calle Whymper, treinta locales se reparten una clientela que mira el reloj. En la Real Audiencia, los meseros recogen las mesas antes de que cierren las cocinas. En La Pradera, donde hace seis años apenas había farmacias, hoy hay fila para entrar a una cervecería. Y la Plaza Foch… ay, la Foch… existe sin existir.

Por un momento, supongamos un Quito imaginario sin titulares de inseguridad, sin estado de excepción y sin esa costumbre tropical de apagar la economía cada vez que el gabinete quiere flexionar sus músculos. La pregunta, entonces, ya no es por qué Quito cierra hoy, sino por qué le cuesta mantenerse despierta.

La avenida Amazonas, en mi adolescencia, era conocida como el tontódromo. Tres carriles por lado, jóvenes con mofles en los escapes produciendo estruendos con sus Chevrolet Forsa. Un zigzag de horas de pendejeo que culminaba en una cerveza, a veces acompañada de una hamburguesa insalubre, pero rentable para la vida de la calle en una ciudad que, paradójicamente, era más aldea y, a la vez, más ciudad.

Hoy es una avenida de sentido único. Nos lleva, sin poder mirar atrás ni retroceder, hacia la escultura de La Lucha Eterna en el parque El Ejido. Una metáfora demasiado precisa de nuestra ciudad. Con el afán de hacerla caminable, separaron al peatón del automóvil como si fueran enemigos, cuando en realidad las plantas bajas viven de ambos. Lo que, con un poco de regulación, hoy se parecería a la T de Bogotá, en lugar de un pueblo fantasma pasado las siete, donde solo falta el arbusto seco rodando bajo el silbido del viento.

Se fueron perdiendo muchas cosas así, como la vivienda real, la mezcla de usos con plantas bajas que se asoman a la calle y la iluminación pensada para quedarse y no solo para pasar. Se pensó que una avenida se activaría solo con adoquines y una ciclovía.

Hoy siguen bien parados el Hilton, el Mercure y el Rincón de Francia, que sobreviven gracias a su caché, mientras a su alrededor, los locales rotan a la velocidad de los kebabs y de las huecas de los estuches para móviles. Donde antes había un café con mesas hacia la calle, ahora hay una vitrina cerrada con puertas lanfor grafiteadas bajo luces fluorescentes dañadas.

La ciudad tiene un autobús turístico de dos pisos desde 2011. Paradas que conectan La Carolina, La Mariscal, el Centro Histórico, el Panecillo y el Teleférico. Hop-on, hop-off, con narración bilingüe, pero cierra a las cuatro de la tarde. El servicio nocturno es panorámico: los turistas miran desde la ventana a La Compañía, San Francisco y la Plaza Grande, los publican en Instagram y vuelven al hotel a comer room service mientras preparan la maleta para Galápagos.

El eslabón con potencial reactivador es el Metro de Quito, con veintidós kilómetros y quince estaciones, que va de Quitumbe a El Labrador. La obra más cara y ambiciosa que la capital ha construido. Un portal que recorre todas las épocas de nuestra ciudad en menos de una hora y que cierra a las once de la noche los domingos. La columna vertebral capaz de coser la ciudad opera con horario de oficina. ¿Qué razón tendría un visitante para bajarse en una estación si, al emerger en la noche, un puñado de paradas tienen algo de vida?

La noche quiteña se fragmentó. La Mariscal pasó de zona rosa a inventario inmobiliario: locales cerrados, negocios en rotación y una vida bohemia que lucha por existir. La Pradera se llenó de cervecerías, San Blas resucitó con rooftops y música en vivo, Cumbayá absorbió a quienes ya no desean bajar al centro y La Floresta se quedó con los cafés. Cinco noches distintas, cada una en su isla y, entre ellas, una ciudad apagada.

Cuando la noche intenta colarse igual, el Municipio reacciona como sabe: regula el bar con licencia, mide distancias y decibeles, mientras que, al frente, a la vista de las universidades, las licorerías clandestinas abren a la hora del brunch y el microtráfico ocupa el espacio que la noche formal dejó vacío. La Foch se convirtió en un mercado de cosas en las que el Municipio prefiere no meterse.

Imaginemos el metro abierto hasta las dos de la mañana los viernes y sábados, con frecuencias más largas, como lo hacen las ciudades que entienden que la noche también activa la vida y la economía. Y cuando el metro cierra, que entren los autobuses. Madrid lleva más de cincuenta años operando sus “búhos” — autobuses nocturnos que circulan por la ciudad cada quince minutos los fines de semana, desde las once de la noche hasta el amanecer. Bogotá tiene su NocheBus. La fórmula no es complicada: extender las frecuencias del transporte masivo, cuando el sistema duerme, y conectar las paradas con focos de actividad sana — música en vivo, comida abierta, plazas iluminadas — no con esquinas vacías donde el pasajero se vuelve presa. Medellín lo probó con su metro extendido en jornadas culturales, en barrios específicos y con custodia visible. Frecuencia, foco y custodia. Tres piezas, no una. Y eso obliga a otra discusión: la noche sana no convive con la licorería clandestina abierta frente a la universidad. El control no se relaja, se redirige.

Lo que Quito todavía no decide es si quiere una capital viva o seguir siendo una ciudad donde todos vuelvan temprano a casa y después se pregunten por qué nunca pasa nada.

CASO #40

Divorciarse de Quito.

Vivo en el valle. Lo digo antes que nada porque cambia desde dónde escribo esto y porque no estoy seguro de poder escribirlo desde afuera ni de quererlo.

Desde aquí, quien quiere irse no está loco. Tiene un argumento y es válido. Este territorio nunca fue gobernado: brotó como hierba buena y mala. Primero la carretera, después la gente, después la urbanización, y en algún punto de esa secuencia nadie decidió que esto fuera una ciudad. Simplemente lo fue. El que hoy pide separarse del Distrito señala, con razón, que, a este lado del barranco, se siente desheredado.

El argumento, dicho claramente, no es solo emocional; es institucional. La proximidad podría gobernar mejor la obra menor, la vía secundaria, el impuesto predial que se cobra y, luego, se puede tocar con las manos y los pies, y el funcionario que comparte la misma calle que uno. En teoría, la unidad pequeña ejecuta mejor que la grande porque el votante castiga rápido y de cerca. Esa mecánica es una línea directa de rendición de cuentas.

Más simétrico aún: una parroquia que aporta mucho y decide poco no tiene, dentro del Distrito, ninguna herramienta real de presión. Puede pedir. Puede esperar. Puede soportar que le descuenten menos de un cuarto del presupuesto que ya le correspondía. La separación, vista así, no es un berrinche: parece la única herramienta vinculante que le queda a quien lleva años pidiendo bien y recibiendo silencio administrativo.

Si yo viviera en Pifo —y vivo cerca—, probablemente también firmaría. Quizás ya lo habría hecho.

Hasta aquí, el caso del que se va. Ahora, la palabra del título.

Todos hablan de una especie de divorcio. Pero esto supone que es entre dos adultos: bienes que repartir y una decisión entre iguales. Lo que se pide es otra cosa: irse de la casa, no rendir cuentas, alcalde, bandera y nombres propios. Los promotores del Ilaló ya eligieron el gentilicio: ilalences. El escudo debe estar en borrador. Eso no es divorcio: es emancipación. Y esta otra palabra no es un insulto: es una pregunta. El que se quiere emancipar casi siempre tiene razón en algo; la pregunta no es si la tiene o no, sino si puede pagar el arriendo. Se puede tener toda la razón y, a la vez, no estar listo. Las dos cosas son verdad, y esa es justamente la paradoja.

Y aquí conviene mirar el costo del arriendo, porque rara vez se comprende hasta que se vive solo. El predial pesa mucho en los ingresos propios del municipio, y la otra gran fuente la aporta el Estado, cuando la aporta: la deuda del gobierno central con los municipios del país se cuenta en cientos de millones y se paga tarde, en partes o cuando le conviene. Esa es la primera trampa. Existe una fórmula nacional que reparte recursos según criterios de población, pobreza, esfuerzo fiscal y otros indicadores; es obligatoria, está en la ley, no es nueva. El problema nunca fue que faltara la fórmula. Es que quien debe cumplirla la trata como una sugerencia.

La segunda trampa silenciosa, y que importa mucho, es esa fórmula que reparte recursos del Estado al municipio. Del municipio a los territorios no existe una regla firme y exigible. Hay presupuestos participativos —priorizar dentro de lo ya asignado—, no el derecho a discutir cuánto se baja. Se reparte según el cálculo político de la administración de turno. La cercanía que reclama el valle no falla por la distancia, sino porque, dentro del distrito, nadie tiene un derecho exigible a su favor. Tiene, con suerte, una buena relación con quien firma.

Y eso desarma la idea de que esto sea asunto de valles acomodados. El mismo abandono que hace que Cumbayá grite también hace que Carapungo y Quitumbe permanezcan callados desde hace años: los norteños y los del sur han crecido tanto o más, con menos servicios y sin aeropuerto para apalancar la negociación. La diferencia no es el agravio, sino el megáfono. El valle paga a abogados, a la junta cívica y una cifra de predial para exhibir. El sur no. Si separarse es la única forma de ser atendido, el derecho a la ciudad queda a la venta, y solo lo compra quien tiene con qué.

Afuera, la película tampoco anima. Brasil creó más de mil cuatrocientos municipios tras 1988 y tuvo que reformar la Constitución para frenar su proliferación; hoy, más de mil no generan ingresos suficientes para pagar a su alcalde. Lima tiene cuarenta y tres distritos y discute cómo reducirlos. Bogotá hizo lo contrario: anexó seis municipios y hoy discute cuánta autonomía otorgarles, no cómo dejarlos ir. La fragmentación no es una maldición universal: es una apuesta que depende del piso en el que cae. El nuestro, ya lo describí, está demasiado podrido como para apostar encima.

Quedan tres caminos, y los escribo sabiendo lo que les espera. Cantonizar: lo único que, una vez hecho, no se deshace. Administraciones zonales con plata y poder real, sin fundar nada, lo que exige ceder poder desde el centro — justo lo que el centro nunca quiso —. Y una regla de reparto interno que convierta el presupuesto en un derecho y no en un favor. Los tres entran en la misma máquina: partidos que colonizan lo que tocan, una polarización que vuelve imposible cualquier acuerdo técnico y la captura que ya digiere el transporte, el suelo y las licencias. Dos son reversibles. Uno no. Y el irreversible es, previsiblemente, el más aplaudido, porque los otros dependen de la buena voluntad de quien nunca la tuvo, y uno prefiere una mala decisión propia antes que una buena ajena que no llega. Lo entiendo. Esa es la parte que me cuesta.

Yo también querría emanciparme. Y no estoy seguro de que mi escepticismo no sea apenas otra forma de la misma resignación que vengo describiendo. El que ya no espera nada de la gobernanza central y el que ya no espera nada de la separación terminan, al final, en la misma silla. Nadie se va de casa, mientras tanto, y tampoco hay mucho a dónde: el barrio nuevo, si lo fundáramos mañana, me temo que lo levantaría el mismo que dejó así este lugar.

Esto no cabe en mil palabras; tampoco sé si cabría en un cantón nuevo. Lo que pido para mi valle, si llega, va a llegar con la factura adentro. Imagino el espacio para firmar la petición y todavía no sé qué firmaría si me lo pusieran delante. Sospecho que esa duda, y no la respuesta, es lo más honesto que tengo hoy para dejar sobre la mesa.

Fuentes consultadas

Marco normativo y de finanzas públicas:

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), arts. 188–192 y 285 y siguientes — requisitos de cantonización, Modelo de Equidad Territorial y criterios constitucionales de distribución.

Constitución de la República del Ecuador, arts. 270–272 — participación de los GAD en las rentas del Estado y autonomía financiera.

Ministerio de Economía y Finanzas — descripción oficial del Modelo de Equidad Territorial (MET) y sus siete criterios de distribución (finanzas.gob.ec).

Secretaría Nacional de Planificación — Nuevo Sistema de Transferencias a favor de los GAD (planificacion.gob.ec).

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito — Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS); declaraciones de la Administración General sobre recaudación predial, transferencias estatales y ausencia de preasignaciones fijas; reformas al cobro del predial 2026 (quito.gob.ec, quitoinforma.gob.ec).

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y Asamblea Nacional — estado de la deuda del Gobierno central con los GAD y debate sobre la reforma al art. 192 del COOTAD (asambleanacional.gob.ec).

Demografía, prensa y precedentes comparados:

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) — Censo de Población y Vivienda 2022, crecimiento de parroquias rurales y urbanas del DMQ.

Cobertura de prensa sobre las propuestas de cantonización del Valle del Ilaló y Los Chillos, posición de exalcaldes y del Concejo Metropolitano (El Universo, La Hora, Primicias).

Literatura comparada de gobernanza metropolitana y fragmentación municipal: experiencia de emancipação municipal en Brasil tras la Constitución de 1988 y la Enmienda Constitucional 15/1996; fragmentación distrital de Lima Metropolitana; modelo de localidades del Distrito Capital de Bogotá (1954).