diciembre, 12, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

Quito, ¿quién está al volante?

Quito perdió la voz. Perdió la brújula. Y, sobre todo, perdió al conductor.

El clima político de la capital empieza a sentirse raro. Un alcalde que ya habla con tono de precampaña, un exalcalde que vuelve a calentar motores para 2027, un Gobierno que mueve fichas pensando en el próximo ciclo y una ciudadanía que percibe, con creciente lucidez, que Quito se administra más desde cálculos electorales que desde instituciones estables.

El problema está en una regla que produce mandatos débiles y luego nos sorprende con alcaldías frágiles.

En las dos últimas elecciones, Quito eligió alcalde con porcentajes que deberían encender una alarma cívica. En 2019, Jorge Yunda ganó con cerca del 21 %. En 2023, Pabel Muñoz ganó con alrededor del 25 %, en una contienda donde tres candidatos quedaron separados por pocos puntos. Dos veces seguidas, el rumbo de casi tres millones de habitantes quedó definido por una minoría intensa, dispersa o simplemente mejor ubicada en el tablero.

La mayoría relativa abre una puerta muy cómoda para quien sabe leerla: una sola vuelta, candidaturas múltiples, voto fragmentado y una legitimidad que nace pequeña. A veces esa fragmentación ocurre sola. A veces alguien la ayuda a ocurrir.

Mientras tanto, 2027 ya empezó antes de tiempo. Hay nombres en carrera abierta; otros tantean terreno en columnas, reuniones, encuestas y conversaciones discretas. Quito vuelve a ser la pieza grande del tablero nacional: valiosa, disputada, útil. Lo que no siempre queda claro es si alguien la está mirando como ciudad.

Un alcalde dividido entre gestión y campaña pierde foco.
Un exalcalde que regresa sin examinar su propio legado añade ruido.
Un Gobierno central que mira a Quito como plataforma electoral deja de verla como paciente crítico.

El resultado se siente todos los días: prioridades que cambian con el clima político, proyectos estructurales que no despegan, decisiones guiadas por encuestas antes que por indicadores, y una orfandad institucional que ya parece parte del paisaje.

Quito necesita abrir tres conversaciones antes de que las papeletas estén impresas.

La primera: coaliciones reales antes de votar.

La papeleta no se llena sola. La dispersión política suele tener autores, beneficiarios y silencios convenientes. Si la ciudad aspira a un mandato sólido, los sectores empresariales, barriales, técnicos, académicos y sociales que dicen preocuparse por Quito deberían exigir acuerdos previos, renuncias necesarias y menos candidaturas testimoniales. Menos ego electoral. Más ciudad.

La segunda: revisar la elección a una sola vuelta.

Cambiar el sistema implica reformas complejas, incluso constitucionales. De acuerdo. Pero la dificultad jurídica no puede convertirse en coartada para la resignación. Una capital no debería acostumbrarse a elegir autoridades con un cuarto del electorado. Vale discutir si un balotaje capitalino ayudaría a producir mandatos más claros, menos improvisación y mayor estabilidad.

La tercera: construir un tablero de ciudad por encima de los candidatos.

Quito necesita un acuerdo mínimo sobre sus urgencias reales: movilidad que conecte corredores, suelo usado con criterio, seguridad pensada territorialmente, finanzas municipales sostenibles y periferias que no sigan creciendo sin servicios. Ese marco debería estar sobre la mesa antes de que empiece la feria de slogans. Quien aspire a dirigir la capital debería comprometerse con ese rumbo antes de pedir el voto.

Si evitamos esta conversación ahora, el costo llegará después: otra campaña de frases bonitas, otro alcalde con legitimidad precaria, otra administración confundiendo victoria electoral con respaldo real y otro ciclo de frustración que se sentirá en el tráfico, el espacio público, la economía barrial y el ánimo colectivo.

Quito está manejando sin reglas claras, con demasiadas manos cerca del volante y muy poca ciudad en la conversación.

Para una capital que vive tan cerca del sol, ya es bastante absurdo seguir entregando el rumbo a una minoría bien organizada.

Ese vacío ya se nota en la calle.

Caso #17

diciembre, 7, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #17• Quito.exe.

El sistema pide reiniciarse

Quito funciona como un dispositivo viejo: cambia la carcasa, actualiza el fondo de pantalla, presume filtros nuevos… pero el sistema operativo sigue fosilizado en otra época. La ciudad se cuelga en lo esencial, se calienta en lo cotidiano y, aun así, nos venden cada elección como si fuera la gran actualización. Brillo nuevo, rendimiento inmóvil.

En arquitectura manda lo invisible. El suelo decide antes del trazo. La topografía dicta movimientos previos a cualquier calle. La luz define confort antes de que exista una ventana. El comportamiento humano anticipa diseño.
Ese orden —metodología antes que obra— sostiene todo. Cuando se rompe, la estructura cede. Una ciudad no escapa a esa lógica.

Quito arrastra un defecto de fábrica: cada administración borra la memoria del sistema, reescribe procesos, reinventa trámites y vuelve a instalar la misma app rota. Las responsabilidades cambian de dueño, las decisiones se contradicen, y los proyectos nacen sin compatibilidad entre sí. No es mala suerte; es un diseño fallido.

Conviene recordar algo que casi nunca se explica: «Distrito Metropolitano» no es un adorno institucional, es una figura constitucional con licencia para operar con un Estatuto Autonómico. Esa es la arquitectura legal que permite que una ciudad compleja funcione como ciudad compleja.
Quito lo obtuvo en 1993, lo ratificó en 2008… y ahí se quedó: en la carpeta de descargas. Quince años sin activar el software.

La propuesta más sólida apareció en 2017: un sistema claro de competencias, planificación integrada y jerarquías que no dependían del humor del día. Tres años después, otro diagnóstico confirmó el daño: el Estado central comparte el mismo cuerpo con la ciudad, y ese accidente anatómico diluye el músculo local. El resultado es predecible: prioridades nacionales que aplastan necesidades urbanas básicas.

Y surge la pregunta inevitable —y legítima—:
¿cómo entender que un alcalde que ayudó a abrir la puerta constitucional para este Estatuto no haya movido un solo tornillo para levantarlo?
La respuesta es estructural, no personal: un sistema con límites, controles y verificaciones reduce la discrecionalidad política. Y la discrecionalidad es la droga favorita de cualquier administración que piense más en la reelección que en la ciudad.

Mientras tanto, las señales están en la calle. Servicios que no conversan entre sí. Obras que no anticipan a la siguiente. Tiempos institucionales que jamás calzan. Un cuerpo con órganos descoordinados intentando trotar en una loma. Nada fluye donde no existe un núcleo operativo.

Insistir en agregar infraestructura sin estructura es seguir parchando un teléfono que ya pide reinicio.

Lo urgente es el núcleo: jerarquías definidas, reglas exigibles, consecuencias claras, y una arquitectura institucional que aguante más que un periodo electoral.

Eso propone el Estatuto Autonómico:
— Unificación operativa para movilidad, suelo, seguridad, ambiente y riesgos. Una sola ruta, un solo responsable.
— Consejos zonales con recursos propios: el territorio decidiendo sobre el territorio.
— Parroquias y comunas con competencias reales, no simbólicas.
— Planificación integrada: suelo, banco de suelo, tanteo y retracto funcionando como engranaje técnico, no como consulta decorativa.
— Órganos con blindaje profesional: mérito, no compadrazgo.
— Lógica regional: agua, movilidad y cuencas pensadas como red —lo mínimo para una capital situada entre quebradas y volcanes.

Pero hay un vacío que debemos corregir si queremos un sistema funcional:
los deberes ciudadanos.

Una autonomía moderna no se sostiene solo con garantías. Necesita obligaciones verificables: cuidar el espacio común, respetar normas básicas, asumir consecuencias cuando se incumple. No se puede exigir un sistema operativo moderno si el usuario insiste en forzar la pantalla con llaves. Corresponsabilidad o declive: no hay tercera vía.

Ahí entra la suprapolítica: una disciplina que ordena antes de actuar, profesionaliza antes de inaugurar y alinea a la ciudad antes de moverla. Lo contrario al espectáculo: decisiones que funcionan aunque nadie las aplauda. Gobernanza en vez de «gestión». La primera piensa; la segunda reacciona.

El Estatuto no está muerto: está suspendido, como un programa que nunca terminó de instalarse. Podemos actualizarlo, adaptarlo y enlazarlo con lo que estos años de desgaste nos han enseñado. La premisa debería ser compartida:

Esta capital no falla por falta de obras. Falla por falta de sistema.
Y cuando el sistema pide actualizarse, ignorarlo solo agrava el daño.
Quien esté al frente debe instalar el software; si no, no sirve.


Fuentes consultadas

  1. Instituto de la Ciudad (ICQ).
    Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito — Versión Final 211117 (2017).
  2. Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) – Fernando Carrión.
    Sobre el Estatuto Autonómico del Quito Distrito Metropolitano (2020).
  3. Paulina Cepeda, FLACSO.
    Ciudades Capitales en América Latina (estudio comparado).
  4. Constitución de la República del Ecuador (2008).
    Artículos 242, 247, 264, 171 (régimen territorial, competencias municipales, parroquias y comunas).
  5. Ley del Distrito Metropolitano de Quito (1993).
  6. Registro Oficial de la República del Ecuador.
    Publicaciones relacionadas con la normativa del DMQ y su ratificación constitucional (2008).
  7. Entrevistas públicas, planes de gobierno y declaraciones oficiales (2023–2025) del alcalde y del Concejo Metropolitano sobre autonomía, planificación y competencias.
  8. Contraloría General del Estado.
    Informes sobre gestión y funcionamiento de empresas públicas metropolitanas.
  9. Estudios y reportes técnicos sobre gobernanza urbana y descentralización (fuentes abiertas verificadas entre 2023–2025).

Caso #16

noviembre, 30, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #16• Ciudad de animales.

En Quito, a las 6:45, en cualquier parque como El Ejido —donde el sol quema y las sombras escasean—, ocurre la escena conocida: distraídos por las pantallas que empapelan la ciudad, esquivamos —literalmente— un problema primitivo y fecal.
Imagina a una madre empujando un cochecito, zigzagueando entre minas caninas mientras el dueño scrollea memes: el perro mira al dueño y la caca queda donde estaba.
Urbanismo a escala individual: si no ordenamos la acera, difícilmente ordenaremos algo más complejo.

El dato frío cambió hace rato nuestro panorama: en Quito ya hay más perros y gatos (1,08 millones) que niños y adolescentes (700.000).
Ecuador suma 7,6 millones de mascotas, y la densidad canina pasó de 107 a 542 perros/km² en cinco años.
Del total, el 16,5 % tiene tutor responsable, el 16,5 % vive en abandono y el 67 % es «semilibre»: desayuna en la cocina, almuerza en la vereda y cena en el parque.

Seguimos planificando como si la familia típica fuese «dos adultos + dos niños».
La estadística muestra otra cosa: dos adultos + un perro (y un gato que administra el hogar… y probablemente la agenda del dueño).
La ciudad cambió más rápido que sus ordenanzas.

I. La ciudad que convive sin correa (con minúscula)

El problema no solo está en la superficie —cacas, perros sueltos, ruido—.
Por dentro, es un ecosistema urbano, casi darwiniano, donde cada uno impone sus reglas afectivas a los demás.

Las heces huérfanas concentran bacterias y, con cada lluvia, también contaminan el agua. Varias ciudades ya las clasifican como residuo peligroso urbano.
En América Latina, la combinación «perros sueltos + baja recolección» aumenta riesgos de zoonosis y mordeduras, sobre todo en zonas vulnerables.

La fauna urbana tampoco es homogénea: se concentra donde hay menos servicios veterinarios, menos control y más residuos.
La gestión animal —o su ausencia— es un indicador de asimetría social.

Parques y veredas se han vuelto territorios en disputa: unos se sienten expulsados; otros, con derecho absoluto.
No odio a los perros; detesto el caos que permitimos.
Esto no va de afectos; va del derecho real al espacio público.

Los perros sueltos alteran la fauna silvestre, las aves y la calidad del agua, y son parte del metabolismo urbano que, sin datos claros, produce impactos sin mitigación.
Sin datos no hay mitigación.

En gobernanza, la OMS y la OIE recomiendan programas estructurados, con métricas y continuidad.
En Quito, los esfuerzos existen… pero no interoperan, no se evalúan y no tienen continuidad garantizada.
Dicho simple: convivimos con animales, pero la ciudad misma no está domesticada.

II. Salud pública, movilidad y vivienda: ejes desconectados

Se suele hablar de mascotas desde la ternura, pero el núcleo es salud pública: residuos, parásitos, mordeduras, perros que comen basura… riesgos sanitarios que se acumulan.
Esto no es anecdótico: es infraestructura de calle y de barrio.

Luego está la abuela del Trolebús, asustada por un perro grande sin bozal. Ese susto es planificación fallida.
El Municipio aprobó que solo viajen mascotas de menos de 10 kg dentro de un kennel.
Como quiteño que camina estas calles, veo la lógica y la respaldo: en un sistema masivo y cerrado, la seguridad importa.
¿Perfecta? No.
¿Lógica? Sí.

Y dejo una pregunta —con humor, pero en serio—:
¿regulamos por kilos, por conducta… o por ese sentido común ecuatoriano que funciona como Wi-Fi: aparece cuando quiere?

Lo que no puede pasar es fusionar, por ejemplo, el Trolebús con un vehículo de rescate animal.

Finalmente, la vivienda.
El mercado privado ya se adaptó: pet-spa, terrazas, drenajes, áreas de paseo.
La arquitectura reconoce al animal como usuario. La demografía ya no es solo bípeda.
La planificación pública sigue con el manual de hace veinte años.

III. Siete líneas de acción — abiertas, discutibles y ejecutables

Antes de proponer, una aclaración necesaria: no pretendo tener la verdad absoluta.
Trabajo con datos, observación y sentido urbano.
Estas líneas no son certezas: son insumos para Municipio, ministerios, ONGs, academia y ciudadanía organizada.

Registro Municipal Único interoperable (QR).
QR en el collar; base conectada con INEC y UBA; actualización automática de vacunas y esterilización.
Planificación, no castigo. (Referencia: REMETFU)

Parques caninos con estándar técnico.
Drenaje, sombra, bebederos, cierre y mantenimiento garantizado.
Zonas densas primero. Improvisación nunca. (Ej.: Bogotá)

Sanción aplicable, no decorativa.
1.ª falta: limpieza inmediata + microcurso digital.
2.ª: trabajo comunitario.
3.ª: multa asociada a la cédula.
Todo vía QR. (Ej.: Ciudad de México)

Esterilización con metas públicas.
Reducir animales en calle en un 30 % en cinco años.
Auditoría universitaria y continuidad asegurada. (Ej.: Belo Horizonte)

Movilidad con protocolo técnico.
Horarios valle, sección específica, bozal para perros > 20 kg.
El peso es parte del criterio, no el único. (Ej.: Barcelona / Santiago)

Manual de Diseño Urbano y Arquitectónico.
Normas mínimas para pisos, drenaje, áreas verdes y espacios comunes.
No es para arquitectos: es para que lo cotidiano funcione mejor. (Ej.: Melbourne)

Comunicación basada en evidencia.
Riesgos sanitarios, costos de limpieza, tenencia responsable vs. abandono, casos que funcionan.
Corresponsabilidad: Municipio + tutor + comunidad. (Ej.: Toronto)

Estas líneas no resuelven el tema por sí solas, pero sí abren un debate adulto, lejos del sentimentalismo y del enojo de fin de semana.
Este no es un artículo para cerrar nada: Quito necesita que este tema deje de ser anecdótico y se convierta en política pública.

La convivencia humano–animal cruza salud pública, planificación, movilidad, desigualdad, normativa y hábitos cotidianos.
Hay mucho por entender, ordenar y decidir.
Quito nos adiestra o nos muerde.
Elijamos lo primero.


Fuentes

  1. Samartino, L. & Eddi, C. Zoonosis de las Áreas Urbanas y Periurbanas de América Latina. CIAP. ciap.org.ar
  2. Universidad Central del Ecuador. (2019). Tesis: Caracterización de la población de perros y gatos en Guayaquil. UCE. dspace.uce.edu.ec
  3. M. J. Vera Pillajo. (2024). Estimación poblacional de caninos y felinos en situación de calle. UPS. dspace.ups.edu.ec
  4. Vega Arévalo, H.A. (2024). El abandono de animales en América Latina: estudio cualitativo-cuantitativo. UCE. dspace.uce.edu.ec
  5. Sánchez, L.M.E. (2023). Importancia del manejo de la población canina en México. CIBA. ciba.org.mx
  6. «En Quito hay un promedio de 542 perros por kilómetro cuadrado.» (2025). Ecuavisa. ecuavisa.com
  7. «En Quito hay un perro callejero por cada 19 habitantes.» (2024). EcuadorChequea. ecuadorchequea.com
  8. «¿Cuántos animales en condición de calle hay en Quito?» (2024). QuitoInforma. quitoinforma.gob.ec
  9. «En Quito hay alrededor de 97.000 perros callejeros.» (2024). Primicias. primicias.ec
  10. «Estimación de la población de perros y gatos.» (2024). RECIEÑA / ESPOCH. reciena.espoch.edu.ec
  11. Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2001). Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. Washington, D.C. paho.org
  12. Samartino, L. (2006). «La zoonosis como Ciencia y su Impacto Social.» Redalyc. redalyc.org

Caso #15

noviembre, 23, 2025 • Tiempo de Lectura: 2 minutos

CASO #15• Mi yo de 25 años tenía razón.

En diciembre del 2001 entregué el trabajo final de Theory of Contemporary Architecture en la Universidad de Oregon, donde fui becario. Lo titulé The Other Side (Everyday Architecture). Lo imprimí en una impresora con ruido a mimeógrafo y lo entregué convencido de que era profundísimo.

A esa edad todavía rondaba la sombra de Le Corbusier: el mito de que, para ser arquitecto, había que usar gafas raras y hablar como si uno hubiera inventado el hormigón armado. Yo ya sospechaba que ese disfraz nunca me iba a quedar.

Hoy lo releo y me doy cuenta: más que profundo, era transparente.
Y por eso vale.

A los 25 años ya desconfiaba del arquitecto que se toma demasiado en serio. Decía que la teoría podía volverse una jaula brillante donde todos repiten palabras importantes sin decir nada realmente útil. Que la escuela me estaba malcriando —un poco—, que las formas podían ser una coartada para olvidar la vida y que el verdadero riesgo no era el error técnico, sino el ego estético.

Lo leo y sonrío: sin saberlo, estaba describiendo los males que después vería a escala urbana, institucional y política.

Escribí, sin entender del todo la bomba que soltaba, que la arquitectura debía ser «sentida por la gente común y entendida por los intelectuales». Hoy esa frase es mi síntesis: la ciudad no necesita explicaciones sofisticadas; necesita resonancia humana. Claridad, coherencia y sentido común. Lo mismo que pedía ese estudiante del 2001, ahora aplicado a vivienda, movilidad, seguridad, espacio público y gobernanza.

Hablaba del Genius Loci —sin saber pronunciarlo— como deber ético, no como misticismo. Hoy sé que es pura lógica: intervenir sin leer el espíritu del lugar es lo que nos tiene llenos de plazas desconectadas, vallas absurdas, barrios rotos y decisiones tomadas de espaldas a la gente.

El Esteban del 2001 detestaba la monumentalidad innecesaria.
El del 2025 detesta la política instrumentalizada y espectacular.
Cambiar de escala no cambia de enemigo.

El estudiante se advertía del arquitecto narcisista; el adulto señala al funcionario performático. Ambos pelean contra el mismo virus: la forma sin consecuencia.

Hubo años —entre 2010 y 2020— en que estuve peligrosamente cerca de convertirme en lo que criticaba. La práctica, el aplauso fácil y las expectativas ajenas son tentaciones silenciosas. A veces basta una decisión cómoda para torcer la brújula.

Releer el ensayo del 2001 fue un correctivo existencial: la brújula seguía en el bolsillo izquierdo de la camisa. No solo como metáfora, sino como herramienta práctica: cada enero releo esos principios y me pregunto, ¿esta decisión de proyecto puede explicarse en un minuto a quien vivirá con ella? ¿Resuelve algo real o solo alimenta mi portafolio?

Publico esto para mantenerme en eje. Porque en esas páginas juveniles, escritas con inocencia pero con verdad, está la misma obsesión que hoy guía todo mi oficio: cruzar cada día la línea entre arquitectura y vida, entre teoría y práctica, entre discurso y consecuencia.

Esa línea no desaparece: solo se mueve.
Y hay que cruzarla con las manos sucias —bajando del render a la obra, escuchando al maestro que señala un error, teniendo el valor de cambiar— para no quedarse en el lado cómodo.

Han pasado casi 25 años y hoy, habiendo duplicado esa edad, reafirmo en plena conciencia que la arquitectura y la ciudad germinan de lo cotidiano.
Y sigo sin comprarme las gafas raras.
La ciudad —que tiene buena memoria— me lo agradecería.

Caso #14

noviembre, 16, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #14• Machángara: la mierda que el Municipio pretende perfumar.

Lo confieso sin remordimientos: soy más de ciudad que de campo. Las urbes me serenan. El campo me atrae, pero con un tope de ocho horas. La playa me agota aún más rápido. Nunca fui de campamento ni mochilero. Y, aun así, desde chico, me revuelve las tripas ver cómo tratamos al entorno natural como basurero de feria. No por postureo ni por activismo ecológico: por pura vergüenza.

Pocas vergüenzas superan lo que le hemos hecho al Machángara.

El 29 de mayo de 2024, antes de que el alcalde de turno posara en las fotos, un puñado de ciudadanos decidió plantarse de una vez. Entre quienes empujaron la acción de protección figuraban el Cabildo Cívico de Quito y el Pueblo Kitu Kara, para quienes el río no es un accidente urbano: es herencia ancestral. Más de 40 colectivos ambientales, urbanos y barriales juntaron pruebas, recorridos y estudios para demostrar lo obvio: el Machángara no está «olvidado»; lo hemos violado sistemáticamente durante décadas.

Mucho de lo que relato aquí surge del testimonio directo de María Elena Rodríguez y de la información aportada por Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico. Su narrativa —cruda, sin filtros— revela que esto no fue un arranque impulsivo, sino un año entero de trabajo para darle voz a un río mudo ante el Estado.

Y aquí conviene poner el espejo también del lado de la ciudadanía, no solo del Municipio. Quito genera alrededor de 2.000 toneladas de basura al día, en su mayoría doméstica, y buena parte termina donde no debe: quebradas usadas como vertederos improvisados —La Gasca, El Tejar, La Tola y tantas otras que bajan del Pichincha arrastrando bolsas, plásticos y escombros que nadie reconoce como propios. Y no es solo un problema del «Quito duro»: en los valles de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Los Chillos, ríos como el San Pedro o el Pita arrastran aguas servidas y residuos que tarde o temprano desembocan en el mismo sistema Guayllabamba–Esmeraldas. No toda la contaminación del Machángara viene de tuberías clandestinas: una parte nace en nuestras casas, negocios y barrios, y viaja río abajo sin firma ni responsable. Esa sombra también es nuestra.

Los jueces lo captaron mejor que varias alcaldías: un río convertido en alcantarilla abierta no solo pisotea los derechos de la naturaleza, sino los de 2,7 millones de quiteños que merecen un entorno mínimamente decente. Además, aquí cabe la comparación que arde: mientras Quito celebra su 2,8 % de tratamiento de aguas servidas como si fuera un trofeo, Cuenca ya trata el 95 % gracias a ETAPA EP y su planta Ucubamba. En julio de 2025 adjudicaron la construcción de Guangarcucho, la obra más grande en su historia (USD 65,7 millones), que llevará a Cuenca al 100 %.

Guayaquil hoy trata más del 60 %, y con las PTAR Esclusas, Los Merinos y Mi Lote llegará al 100 % en 2026.

No es casualidad: es negligencia estructural.

La sentencia fue un mazazo de 27 medidas obligatorias con plazos de 6, 12 y 24 meses. Sin pretextos presupuestarios ni malabares interpretativos. Y no son medidas abstractas: son tareas concretas que cualquier ciudad seria ya habría iniciado. No voy a enlistarlas todas aquí —la sentencia completa se puede descargar al final del artículo—, pero comprende obligaciones municipales como: plantas de tratamiento pequeñas y medianas en puntos críticos; separación estricta de aguas lluvias y servidas; soluciones basadas en la naturaleza; control industrial con sanciones reales; restauración de riberas con vegetación nativa; y un monitoreo quincenal transparente, construido junto a colectivos ciudadanos y la Defensoría del Pueblo.

Y un punto adicional que el Municipio parece haber «cumplido» a medias:
la sentencia obliga a incorporar educación ambiental y a mostrar el documental La vida de un río en escuelas municipales. Lo hicieron —pero sin un programa integral que forme criterio, solo como trámite fácil para la foto.

Es diáfano.
Es inapelable.
Es urgente.

Pero Quito domina el arte de la cosmética burocrática. Ni bien salió el fallo, el Municipio desempolvó su libreto: «es imposible», «no da el tiempo», «no hay plata», «no nos toca». Luego vino el circo de las mesas técnicas: cuarenta burócratas por sesión, discursos repetidos y una creatividad usada exclusivamente para producir excusas. Incluso firmaron un acuerdo para estirar plazos; el juez lo rechazó sin pestañear.

La sentencia sigue intacta.
Así que, señores del Municipio: a remangarse.

Desde entonces, el cumplimiento parece un carnaval de disfraces: tres árboles torcidos como «restauración ecológica»; un cerco de pingos azul y rojo como «protección ribereña»; un talud cubierto con tela como «solución natural»; y una gira con cámaras como «inspección». Y, para rematar, intentan «perfumar» la escena con un popurrí de promesas vacías, como si un río pestilente se arreglara con flores secas. Ninguna medida tiene escala ni coherencia frente a un río que atraviesa media ciudad y descarga tóxicos hasta el Pacífico.

Ahí está el desastre.
Quito apadrina una tragedia hídrica que ya huele a nivel nacional.

El vacío más hondo es técnico y político: la sentencia omitió indicadores específicos. Sin ellos, cualquier improvisación se vende como «avance». El diagnóstico profundo —la obligación inicial— debía entregarse hace más de un año. No existe. Juraron diciembre de 2025.
Queda medio mes y, al paso que van, parece que esperan que llegue por Rappi.

Los recorridos con la Defensoría lo dejan en evidencia: descargas crudas, tuberías al aire, basura amontonada, riberas desiertas. Y la AMC, como siempre, ausente. Quito fabrica excusas con la misma eficiencia con la que produce aguas negras: sin procesar.

Mientras tanto, el Plan de Acción Climática Quito 2025 plantea que para 2027 llegaremos apenas al 3,47 % de tratamiento. Recién para 2034 aspiran al 10 %. Un chiste de mal gusto para una capital andina del siglo XXI.

La sentencia creó algo inédito: las Guardianas del río Machángara, un frente ciudadano que vigila el cumplimiento. Colectivos, barrios, organizaciones y defensoras que conocen el río mejor que muchos ingenieros. El fallo ordena colaborar con ellas.
¿Ha ocurrido?
Ni una sola vez.

Aquí la rabia deja de ser verde y se vuelve urbana: ningún río se recupera sin indicadores reales, sin una línea base seria, sin control industrial firme, sin datos públicos ni participación auténtica. Nada de eso existe hoy. Mucho menos si el «avance» municipal se limita a álbumes de selfies y giras guiadas.

La sentencia está.
La evidencia también.
Lo que falta es voluntad política —y ciudadanía activa.

Porque un río no se perfuma.
Se limpia.
Y ese trabajo, más temprano que tarde, tendrá culpables con nombres propios.

El Machángara no perdona.


Documentos de referencia (descargables):

  1. Sentencia completa del caso Río Machángara (PDF).
    El fallo original: derechos vulnerados, medidas obligatorias y creación de las Guardianas del río.
    Descargar sentencia →
  2. Matriz de seguimiento y cumplimiento (Excel).
    Todas las medidas, responsables, plazos y vacíos detectados en las mesas técnicas.
    Descargar matriz →
  3. Elementos clave de la sentencia (DOCX).
    Síntesis jurídica: derechos reconocidos, obligaciones municipales y alcances de las reparaciones ordenadas.
    Descargar síntesis →

Llamado a la acción

Recomiendo La vida de un río, documental de Jorge Juan Anhalzer y Naia Andrade: sigue el recorrido de un río ecuatoriano que muta de nombre, paisaje y heridas (Gualpaloma, Pita, San Pedro, Guayllabamba, Esmeraldas).
Seiscientos kilómetros sin maquillaje oficial.
Si no te remueve, revisa tu pulso.

Este filme debería ser obligatorio en las escuelas: no para crear ecoguerreros, sino ciudadanos que entiendan que un río es una vena viva, no un desagüe.

Ministerio de Educación: currículo ambiental listo. Solo proyecten.

Y tú, lector: involúcrate. Únete a las Guardianas (@guardianas_rio_machangara), presiona, firma.
No esperes que llegue por Rappi.
Actúa. El Machángara no espera.

Caso #13

noviembre, 9, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #13• El Estado Clonado. Primera propuesta del proyecto AURA

OJO: Puedes descargar PDF V.01 del manifiesto del proyecto AURA al final de esta entrega.

En 2008, el 62 % de los ecuatorianos vivía en ciudades. Hoy superamos el 65 %, y hacia 2050 el mundo se encamina al 70 % urbano, según la ONU-Hábitat y el Banco Mundial. Ecuador no es la excepción.

Aun así, las aguas lluvias y las servidas siguen compartiendo tubería en amplias zonas. Una proporción altísima de viviendas en Quito se levantó sin control técnico suficiente (no se diga el resto del país). Somos un país urbano con ADN rural: planificamos con machete y morimos en ventanillas.

Mientras la ciudad crece, el Estado sigue legislando como si todo fuera una gran hacienda con Wi-Fi.

La paradoja es simple: hay normas, pero falta estructura ética y pragmática.
El desorden de lo indescifrable es nuestro idioma oficial.

Nuestro sistema de planificación podría ser una materia en Hogwarts. La Constitución es la varita mayor. Debajo operan, en cascada, el COOTAD, que reparte competencias; la LOOTUGS, que regula el suelo; los PDOT y PUGS, que ordenan el territorio local; y la SOT-IPSOT, que registra y valida técnicamente.

Si las pronuncias seguidas —»COOTAD-LOOTUGS-PUGS»— el conjuro deja al ciudadano petrificado y sus necesidades congeladas:
«Vuelva nomás mañana, porque el sistema se cayó.»

¿Demasiadas siglas? No es tu culpa.
Si te aburriste, abajo hay un gráfico y un manifiesto para ampliar lo que estas mil palabras ya no pueden.

Veinte constituciones y más de trescientas enmiendas después, seguimos creyendo que el cambio empieza en la tinta. Cada gobierno reescribe el hechizo y se proclama fundador de un nuevo país. Sobran artefactos estatales: un nudo gordiano que urge cortar.

La crisis no es solo constitucional ni institucional: es sistémica.
La pirámide de Kelsen ordena las leyes desde arriba, pero el territorio se desordena desde abajo. Entre la norma y la obra se pierde la coherencia. Cada nivel de gobierno interpreta su competencia como feudo, y cada reforma repite el ciclo del hechizo inútil.

Hace veinticinco años, Medellín vivía su propio caos. Respondió con método, no con eslogan: un Plan de Ordenamiento Territorial con horizonte largo y revisiones periódicas; una agencia híbrida —Ruta N— que articula gobierno, academia y empresa privada; y mesas multidisciplinarias donde arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos y comunidades deliberan juntos. Cinco gobiernos distintos después, la misma visión urbana sigue vigente.
No hubo magia: hubo estructura y confianza.

Ecuador tiene instituciones y datos equivalentes, pero los mantiene dispersos y sin una mesa común donde sentarse.

Lo que falta no es más política, sino un mecanismo técnico de continuidad:
una mesa suprapolítica que mantenga el orden cuando los gobiernos cambian.

Podríamos llamarlo —provisionalmente— Sistema Nacional de Gobernanza Urbana, mientras alguien inventa un nombre menos burocrático. Yo lo llamo proyecto AURA.

No sería otro ministerio —ya tenemos más siglas que encantamientos—, sino un mecanismo de articulación dentro del Sistema Nacional de Planificación.
Tres verbos bastan: medir, alinear, corregir.

Medir: un tablero público de indicadores comparables —vivienda segura, movilidad sostenible, calidad de ríos, espacio público, residuos tratados, acceso a agua y cumplimiento de planes.
Alinear: revisar cada diez años los PDOT y PUGS frente a metas nacionales verificables, preservando la autonomía de los GAD, pero exigiendo coherencia entre niveles de gobierno.
Corregir: un consejo técnico independiente, rotativo y con datos abiertos que active mecanismos de cumplimiento e incentivos por desempeño.

Ese consejo —núcleo del AURA— estaría conformado por universidades, colegios profesionales, cámaras técnicas, ciudadanía organizada, institutos de investigación, gremios sectoriales y representantes de los GAD.
Su misión no sería legislar, sino evaluar la trazabilidad técnica de las políticas públicas, medir resultados y publicar reportes verificables.
A diferencia de los consejos políticos del pasado, el AURA no nombra autoridades ni reparte poder.

Su composición sería meritocrática y rotativa, elegida por votación interna en instituciones académicas, gremiales y ciudadanas verificadas, con prohibición expresa de ocupar cargos públicos o partidistas.
Su función: auditar con datos, no gobernar con discursos.

Un sistema de fiscalización inteligente, cívico y multidisciplinario que actúe como interfaz viva entre la pirámide normativa y la red social que la sostiene.
El AURA no limita la autonomía de los GAD: la ordena.
No recentraliza: coordina.
No agrega burocracia: agrega memoria.

Su función sería garantizar la continuidad técnica como principio constitucional implícito del derecho a la ciudad.

Otras ciudades ya aprendieron el truco. Curitiba usa su BRT para ordenar densidad y mezcla de usos desde los setenta. Bilbao mantiene su proyecto urbano-cultural con reglas estables más allá de los alcaldes. Seúl restauró el Cheonggyecheon por política de continuidad, no por fetiche de obra. Ninguna inventó ministerios para cada ciclo: consolidaron confianza y evaluación técnica.

Ecuador, en cambio, acumula constituciones y modelos de planificación.
Veinte cartas en dos siglos explican la ansiedad refundacional.
Pero refundar sin evaluar reproduce el mal: más estructuras, menos estructura.

La salida no es otro hechizo, sino un principio de gobernanza suprapolítica que conecte la pirámide con la red.
El nuevo artículo 31 no debería añadir palabras bonitas, sino método y memoria: que la Constitución garantice la continuidad técnica más allá de los periodos electorales.

La ética se hace estructura,
la estructura se hace tiempo,
y el tiempo se hace ciudad.


Descargar Manifiesto AURA V1 — Arq. Esteban Najas →


Notas y fuentes

  1. Constitución del Ecuador (2008) – Arts. 31, 97, 279–280
  2. COOTAD – Registro Oficial Suplemento 303 (2010)
  3. LOOTUGS – Registro Oficial 790 (2016)
  4. ONU-Hábitat – World Cities Report 2022
  5. Ruta N Medellín – Plan Maestro de Innovación
  6. IPPUC Curitiba – Planejamento Urbano
  7. Bilbao Ría 2000 – Informes de proyecto urbano
  8. Hans Kelsen – Teoría Pura del Derecho (1934)
  9. Agenda 2030 – ODS 11: Ciudades sostenibles
  10. Entrevista a Diego Ordóñez — Presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2025. «No diferenciamos lluvias de servidas; estamos matando ríos y, al final, el océano.»

Caso #12

noviembre, 2, 2025 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #12• Barrio La Mariscal: Quito ya está construido, solo está dormido.

Los barrios también sueñan.
A veces con sus memorias extraviadas.

En La Mariscal, entre Robles y Jorge Washington, vivían mis abuelos.
Cuentan que Augusto Pinochet —sí, ese mismo—, agregado militar entre 1956 y 1959, dejaba su Cadillac negro atravesado frente al portón.
Mi abuelo, habano en boca, gesticulaba insultos en su idioma natal desde el balcón al general: «¡Sharmuta, te crees dueño del barrio!»… Vaya que el viejo tenía razón.

Años antes, el barrio ya mudaba de piel.
Rosales al frente, pan caliente, madera encerada y las campanas de Santa Teresita marcando la hora exacta: una ciudad de veredas anchas donde el prestigio se medía por la sombra de los árboles.

En la esquina de la Amazonas con Robles abrió La Favorita, el primer autoservicio del país: así como los parachoques cromados de los autos, los fierros del carrito de compras eran símbolos de modernidad.
La Mariscal era el mall antes del mall: fuentes de soda, peluquerías, sastrerías y zapateros con olor a tiza y laca.

Salto a mi adolescencia.
Frente al parque Gabriela Mistral mi familia abrió el Centro de Comidas El Parque.
Yo, con mandil, volteaba hamburguesas y servía helados.
Cada 5 de diciembre el parque retumbaba con bandas de pueblo, trombones y espuma; después, Wilfrido Vargas hasta el amanecer.
Aunque las damas cariñosas de la noche pululaban en sus esquinas, el barrio era seguro.
Bullían Libri Mundi, Café Libro, El Pobre Diablo, Taller Mariscal, Latitud Cero, Liberarte, Q Manía, El Sótano y Cactus Jack: un circuito insomne de arte, música y resaca.

Hasta ahí nomás mi nostalgia, porque no viví el auge de la Plaza Foch.
Les dejo a ustedes contarme la suya.

Ahora quiero hablar de un barrio que sueña con futuro, pero mirando al retrovisor.

Para 2022, anémica, La Mariscal tenía apenas 10.067 habitantes en 130 hectáreas, pero estaba rodeada de nueve universidades, con miles de estudiantes, docentes y profesionales que llegan de día y huyen al caer el sol.
Otros rondan, consumiendo con licencia municipal hasta la madrugada, en un barrio con luces pero sin ojos.
Y cuando nadie mira, las ciudades caducan como la leche, y los oportunistas se la beben sin mirar la fecha.

Aquí, sin embargo, hay todo para revertirlo: servicios, transporte y población suficiente para repoblarla cuando sientan que hay valor real bajo un modelo sostenible para el inversor dentro de un ecosistema cívico, ético y accesible.
Un barrio vivo no se mide por los bares que cierran tarde, sino por las cortinas que se abren temprano.

El acuerdo

Suena mi celular.
La Agencia de Emprendimiento e Innovación (AEI) —con una red de más de 200 empresas y startups ecuatorianas— me pide apoyo.
«Mañana a las ocho», respondí.

Llovía, pero con café en mano nos sentamos con Daniela Sofía Loaiza (CAE-P) y Diego Hurtado (vecino y urbanista).
Decidimos ir sin novelerías: acuerdos reales entre gobernanza, privados y habitantes.
Así se fortaleció el Polígono de Innovación La Mariscal, dentro del Distrito de Innovación: un trabajo conjunto entre empresa, academia y comunidad para probar que regenerar no es expulsar.
Aparentemente, la alcaldía también está alineada para impulsarla; ojalá sea sostenido.

El polígono ocupa siete hectáreas alrededor del parque Gabriela Mistral —entre Colón, 6 de Diciembre, Reina Victoria y Lizardo García—, un nodo de acupuntura urbana diseñado para provocar contagio virtuoso.

El plan

Esperamos llegar a que el 70 % del suelo sea vivienda, con arriendos accesibles para estudiantes, docentes y jóvenes profesionales.
Regular las alturas con sentido: veinte pisos en los ejes Patria y Colón, consolidando los perfiles urbanos formados en los últimos cincuenta años; doce en la 6 de Diciembre y en las avenidas norte-sur, como Río Amazonas y 10 de Agosto; y solo cuatro —más un quinto retraído— en el corazón barrial de la Mariscal.
Esa escala mantiene la relación con las edificaciones tradicionales y evita sombras que rompan la calidad de vida.
Ninguna sombra más larga que la memoria.

Queremos calles vivas, pisos bajos que huelan a pan y a libros, cafés sin cercos ni vallas, donde los árboles marquen el ritmo de la vida moderna.
Reverdecer con techos ajardinados, aceras amplias y pavimentos permeables que filtren agua y esperanza.
Dejar el auto en los bordes y entrar caminando.
Tarifas que lleguen a los vecinos directamente.
Estacionar menos y mirar más.

La seguridad vendrá con inteligencia: tecnología visible e invisible, diseño urbano que permita ver y ser vistos, y vecinos que confíen entre sí, porque la seguridad no se vigila: se comparte.

El CAE-P recomienda, además, preservar los retiros ajardinados y la morfología histórica de La Mariscal —fachadas abiertas, altura coherente y transición suave entre el espacio público y el privado— como garantía de escala humana y bienestar.

El modelo

La AEI ya instaló su sede en las Torres de Almagro (Ponce Bueno y Stadler, 1978).
La UPC del parque Gabriela Mistral fue renovada por empresas privadas, primer gesto concreto de esta alianza entre ciudadanía y empresa.
Urbanistas y arquitectos acompañan con asistencia técnica, urbanismo táctico y seguimiento del plan parcial.

Privado, gremio y ciudadanía: tres fuerzas que rara vez se alinean, hoy tratando de apuntar derecho.
El objetivo no es solo La Mariscal: es crear un prototipo de ciudad posible, en escala manejable hoy, pero escalable mañana.
Suprapolítica.

Si funciona, servirá de molde para otros barrios que todavía no despiertan.
Cuando un barrio funciona, la gente lo respeta y lo replica.
Pasa como con los sánduches y los hot dogs: si uno pega, al mes siguiente hay diez más.
El éxito también se contagia y desplaza lentamente lo indeseable.

Escriban, discrepen, sumen: las ciudades —como los barrios— se perfeccionan cuando se comparten.
Porque las ciudades no se despiertan solas; alguien tiene que encenderles la luz.

Le seguirá la avenida 10 de Agosto. Ya les contaré… caso a caso.

NOTA EDITORIAL: Este texto pertenece a la serie «Quito Caso a Caso», un proyecto suprapolítico —más allá de partidos o ideologías— que propone leer la ciudad desde su memoria y desde quienes la habitan.

Caso #4

septiembre, 7, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #4• La ciudad en el limbo del huérfano.

Cinco trabas que impiden su repoblamiento

Quito es un hijo en medio de un divorcio maltrecho. De un lado, la ciudad real: edificios de los 70 y 80, como los bloques de La Tola que aún resisten, con metros cuadrados listos para volver a usarse. Del otro, la ley: rígida, diseñada para torres nuevas, ciega ante lo existente. Entre estos padres distantes, la ciudad queda huérfana: barrios que se vacían, como San Roque, y un patrimonio que se oxida bajo el peso de trámites.

La tensión que sufre Quito no es aislada: más del 55 % de la población mundial vive hoy en ciudades y, en apenas una generación, esta cifra se acercará al 70 %. Mientras el planeta se urbaniza, los conflictos de gobernanza se hacen más visibles. La cuerda se estira entre un centralismo que legisla desde arriba sin entender las realidades locales y los municipios que cargan contra el ciudadano y la vida urbana. En ese forcejeo, la ciudad queda atrapada como un hijo que no puede decidir dónde vivir.

El 29 de octubre de 2024, la reforma a la Ley de Cultura fue vetada en su totalidad (Oficio No. T.377-SGJ-24-0411). La Asamblea, sin los votos suficientes, la archivó. Esa propuesta reducía los planes integrales de patrimonio a simples anexos y dejaba abierto un inventario vago de bienes protegidos. En una ciudad donde seis de cada diez edificaciones son informales (Municipio de Quito, 2023), el riesgo era enorme: casas de bloque en La Mariscal o edificios precarios en Chimbacalle podían ser declarados «patrimonio» solo por la fecha de construcción. Imagina un edificio con techos de zinc roído, intocable, solo por ser ochentero. Sería condenar al huérfano a un congelador jurídico, sin poder adaptarse ni crecer, incluso cuando el 45 % de esas estructuras colapsarían en un sismo fuerte (Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2022).

A ese peligro se suman los candados que ya conocemos. Los incentivos fiscales premian únicamente a la obra nueva: VIS y VIP devuelven IVA y facilitan crédito, pero un edificio en La Floresta, con décadas de historia, no recibe nada aunque su rehabilitación revitalizaría el barrio. Las licencias se limitan a certificar lo existente: la LMU 22 da fe de lo construido, pero no permite subdividir un departamento de 200 m² en dos más pequeños, aunque la demanda lo pida. Los cupos de vivienda actúan como jaulas: una ordenanza fija cuántas unidades puede tener un lote y, aunque los metros lo permitan, en San Juan no se puede dividir. La Propiedad Horizontal exige mayorías imposibles: 75 % de aprobación para cambios estructurales y 60 % incluso para intervenciones menores en fachada. En edificios antiguos del centro-norte, conseguir esas firmas es tan difícil como reunir a los dueños que viven en Australia. Y el crédito castiga la edad: la banca privada cierra la puerta a inmuebles con más de veinte años, y aunque el BIESS ofrece líneas de remodelación, sus condiciones son tan rígidas que pocos logran acceder.

Estos cinco papeleos mantienen a Quito en un orfanato urbano: edificios detenidos en el tiempo, memoria atrapada en formularios, barrios que pierden habitantes. La salida no está solo en torres brillantes en la periferia, sino en un acuerdo de custodia que reconcilie a la ciudad con sus normas. Urge un VIP-R que premie la rehabilitación, como hace Londres al reducir el IVA en viviendas renovadas; una LMU 22-bis que autorice subdivisiones sin aumentar volumetría; un cupo neutro que libere metros útiles dentro de lo ya construido; una Propiedad Horizontal flexible que simplifique mayorías; y un crédito post-obra que trate a un inmueble reforzado como nuevo, como los créditos fiscales que aplica EE.UU.

Todo esto exige, además, una hoja catastral renovada y digitalizada que reconozca los edificios de los 70 y 80 como activos habitables, no como reliquias. Con ella se evita patrimonializarlos sin criterios y se genera seguridad jurídica para rehabilitarlos. Y al mismo tiempo permite distinguir lo que debe seguir caminos distintos: los inmuebles dilapidados de esa época requieren reglas claras para su actualización, mientras que el patrimonio moderno, en todas sus tipologías, debe ser inventariado, preservado y proyectado con un aire nuevo hacia el futuro.

Quito no necesita más periferias desconectadas. Necesita padres que se hablen: leyes que dialoguen con lo construido, trámites que liberen en vez de atrapar. Otras ciudades lo han logrado: Londres revitalizó barrios con incentivos fiscales; Estados Unidos salvó distritos históricos con créditos accesibles. Quito puede ser el siguiente. Pero mientras sus normas actúen como padres en disputa, seguirá siendo un huérfano en su propio centro. La ciudad está frente a un dilema: o se habilita la rehabilitación como vía de repoblamiento, o se condena a sus edificios antiguos a la obsolescencia.


Fuentes consultadas

Urbanización global: más del 55 % de la población vive en ciudades (UN DESA, World Bank); se espera que aumente al 68–70 % hacia 2050. un.org

Veto total Ley de Cultura: Oficio No. T.377-SGJ-24-0411, Presidencia del Ecuador, 29 de octubre de 2024.

Informalidad urbana: Municipio de Quito y El Comercio (2023), «Más del 60 % de las edificaciones de Quito son informales».

Vulnerabilidad sísmica: Colegio de Arquitectos de Pichincha citado en El Comercio (2022), «70 % de edificaciones informales; 45 % colapsarían en un sismo fuerte».

Comparativa internacional:
Reino Unido: reducción de IVA a rehabilitación, HM Revenue & Customs.
Estados Unidos: Federal Historic Preservation Tax Incentives Program, National Park Service / IRS.

Quito, caso por caso.

Cada semana, un análisis urbano directo al grano.