Categoría: Suprapolítica

Caso #23

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

enero, 18, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #23• Patrimonio incómodo.

Cómo mirar a Quito de adelante hacia atrás

Paul Thomas Anderson ya había dirigido Boogie Nights a los 27 años cuando explicó en una entrevista por qué dejó la escuela de cine casi al empezar. El primer día de clases, su profesor fue tajante: si estaban ahí para aprender a escribir «Terminator 2», podían retirarse. El curso empezaba con El acorazado Potemkin y avanzaba desde los orígenes del cine hasta el presente.

A Anderson ese método no le sirvió.

No por desprecio a la historia, sino por una intuición práctica: los lenguajes no se entienden solo por su valor fundacional. Se entienden más fácilmente desde lo que todavía usamos y reconocemos con naturalidad.

Para entender el lenguaje urbano de Quito, tendemos a verlo en un orden cronológico que nos resulta más familiar y reconocible: prehispánico, colonial y, si queda espacio, moderno. Como si el siglo XX nos diera un poco de vergüenza.

Ese es nuestro anatema: nos cuesta reconocernos en una identidad mixta. La aceptamos en el discurso, pero la rechazamos cuando toca comprender el todo de lo construido. Ese Quito más reciente convive con nosotros todos los días, incluso junto al casco histórico, en La Mariscal o a lo largo de la 10 de Agosto. Pasamos por ahí todos los días en bus, en auto o a pie sin notarlos.

El hormigón y el vidrio del inventario moderno de Quito suelen recibir un juicio rápido: «feos», «eso no pega», «eso es de otra época». Como si la ciudad pudiera elegir qué décadas entran en la memoria colectiva y cuáles aún no lo merecen.

Recordemos que, para los parisinos, la Torre Eiffel fue rechazada durante décadas antes de adoptarla como símbolo nacional.

Aquí cabe una comparación simple. No es posible entendernos a nosotros mismos solo por la mirada de nuestra infancia, ni por lo que nos pasó el fin de semana. Lo primero importa; lo segundo aún no se asienta lo suficiente. Nuestra uniformidad cultural, desde lo construido, también puede tener memoria a mediano plazo, aunque incomode porque no encaja del todo con nuestra noción romántica de patrimonio.

Durante buena parte del siglo XX, algunas cosas envejecieron mal y otras simplemente las dejamos envejecer solas, pero Quito tampoco fue un accidente. Hubo visión, ambición y talento. No fue solo una suma de caprichos ni una moda importada sin filtro. Fue la arquitectura la que buscó crear la ciudad: esquina, continuidad, escala, relación entre lo público y lo institucional. No fue solo estética; fue, durante décadas, infraestructura visionaria y optimista para nuestra cultura cotidiana.

El dilema es lo que hacemos hoy con este patrimonio moderno.

Cuando esa capa queda fuera de nuestra vista y de nuestra memoria, también queda al margen de las decisiones que podrían generar en nosotros un afecto y una pertenencia suficientes para suscitar su cuidado.

El abandono rara vez es ideológico; suele ser operativo y nadie pelea por lo que no siente como propio ni invierte en lo que no reconoce que tiene valor. Así, sin conflicto visible, los edificios que sostuvieron a Quito pasan muchas veces a ser percibidos como oportunidades inmobiliarias y, cuando queramos reaccionar, ya habrá entrado la excavadora y, cuando aparezca el render, ya será tarde.

Ese proceso ya está en marcha. En Quito hay decenas de obras modernas, subutilizadas, alteradas o en desgaste avanzado, sin presencia real en el debate público.

No busco sacralizar el siglo XX. Trato de ver el valor histórico, contextual y estético que merecen ser cuidado, restaurado y reutilizado con un propósito claro.

La pérdida del patrimonio moderno no siempre se manifiesta con un gran escándalo, como en el caso del Hotel Quito. Llegará silenciosamente, como despojos oportunistas de ruinas con papeles en regla.

Este es el cambio de lectura que considero oportuno: mirar la ciudad, por un momento, desde el pasado reciente y hacia atrás. No como nostalgia, sino como madurez urbana.

Reconocer la modernidad no desplaza la urgencia ni la relevancia de preservar tanto lo prehispánico como lo colonial; lo complementa.

Aceptar quiénes somos, con todas nuestras capas, es la única forma de proyectar mejor lo que queremos ser. Quito también se define por lo que dejamos de lado.

Algunos arquitectos del movimiento moderno en Quito (memoria urbana viva)

Milton Barragán Dumet (1934–2024)
Obras: Edificio Artigas; Templo de La Dolorosa; Templo de la Patria; Edificio CIESPAL (coautor).

Ovidio Wappenstein (1938–2022)
Obras: Torre / Edificio CFN; Edificio COFIEC; Edificio CIESPAL (coautor).

Rafael Vélez Calisto (1942– )
Obras: Banco Holandés; Banco Popular; Banco Amazonas; Edificio IBM; City Plaza; Edificio Forum (y otras).

Diego Ponce Bueno (1945–2013)
Obras: Edificio La Filantrópica; Conjunto Residencial California Alta; Conjunto Colinas del Pichincha.

Fausto Nicolás Banderas Vela (1938–2026)
Conjuntos BEV (Yavirac; El Carmen 1 y 3; Miller; Santa Anita); asesor Solanda / BEV; obra y estudio «Banderas Vela».

Diego Banderas Vela
Intervenciones y obra con Juan Espinosa Páez (Palacio Arzobispal, guía Quito); producción recopilada en el libro Diego Banderas Vela: obras y proyectos.

Fernando Najas (1940– )
Obras: Benalcázar 1000 (diseño arquitectónico en equipo); vivienda de interés social y prefabricación (referencias a El Batán / industrialización).

Guillermo Jones Odriozola (1913–1994)
Obras: Plan Regulador de Quito (1942–1945).

Gilberto Gatto Sobral (1910–1978)
Obras: Plan Regulador de Quito (equipo y continuidad del plan); Ciudadela Universitaria de la UCE; Facultad de Economía de la UCE (y otros edificios del campus).

Oswaldo de la Torre Villacreses (1926–2012)
Obras: Teatro de la Escuela Politécnica Nacional (1965).

Alfredo León Cevallos (1928–1981)
Obras: Palacio Legislativo (Asamblea Nacional).

Otto Glass Pick (1903–1976)
Obras: Casa-Taller Olga Fisch (1952).

Giovanni Rota (1899–1966)
Obras: Caja de Pensiones (1949); Pasaje Amador (1956).

Edificio Casabaca / Juan Francisco Baca (c. 1957–1959)
Autor arquitectónico: Oscar Etwanik (arquitecto)
Constructor / responsable de obra: Ing. Ernesto Ordóñez Viteri

Caso #22

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

enero, 11, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #22• Un miércoles cualquiera.

Cuando el mall se vuelve refugio urbano

Un miércoles cualquiera, salimos con la idea de sentarnos en la vereda para hacer una pausa en la calle y tomar un café. Lo pensamos por unos segundos y, sin que pase nada concreto que podamos nombrar, con una leve y constante tensión, dudamos y nos desviamos. Seguimos de largo por si acaso.

Así se repiten diariamente en nuestras ciudades miles de decisiones conscientes o inconscientes que nos empujan a resguardarnos, sin estadísticas ni métricas gubernamentales que nos ayuden, porque las sentimos silenciosas en las venas, dejando mesas vacías, horarios que se acortan, calles que pierden densidad humana, incluso en zonas que hasta hace poco se consideraban confiables.

También un miércoles cualquiera, un guardia perdió trágicamente la vida en manos de delincuentes.

Sucedió, no en la periferia olvidada ni en un borde urbano residual, sino en una de las zonas más consolidadas de la capital: cafés activos, veredas amplias, oficinas, colegios, vida cotidiana y a plena luz del día.

Con el paso de las horas, el debate público empezó a centrarse en un punto específico: la ineficacia municipal para controlar y regular ciertos usos cotidianos del espacio público, en particular el reparto en motocicleta. No como causa única del hecho, sino como síntoma de algo más amplio.

En ese vacío, actividades tan comunes como pedir comida a domicilio, normalizadas y amplificadas desde la pandemia, se han convertido en zonas grises de la vida urbana, no por el servicio en sí, sino por la falta de claridad sobre quién circula, cómo lo hace y bajo qué controles mínimos. El efecto no es solo un problema de seguridad, sino también de confianza: gestos antes banales se cargan de tensión, y salir a buscar lo que se necesita empieza a sentirse, paradójicamente, más seguro dentro de un entorno controlado.

Cuando la violencia alcanza los lugares que la calle había considerado inimaginables, el problema deja de ser excepcional. Ya no se trata solo de evitar ciertos barrios ni de ajustar rutinas. Se trata de aceptar que incluso los espacios mejor armados dejaron de sostener la vida urbana sin una tensión permanente.

A partir de ahí, algo se mueve. No de golpe ni de la misma manera para todos.

Frente a la impotencia, existen refugios, no solo físicos, sino también mentales, que, aun siendo parte esencial de la vida moderna, no son un reemplazo del ideal urbano, pero sí ofrecen algo que, afuera, se volvió errático. Un ecosistema de reglas claras, competentemente administradas, con iluminación constante, donde la sensación de que el cuerpo puede aflojarse por un rato.

Ahí, donde la vereda y la calzada abiertas dejaron de ofrecer experiencias compartidas y lo cerrado ocupa un rol mayor al que fue concebido, aparece entonces como refugio.

Es aquí donde el mall no funciona solo por sus amenidades y marcas, sino que funciona como un entorno predecible frente a una ciudad impredecible. Se sabe qué se espera de uno y qué del entorno: no solo comodidad y consumo, sino algo más básico: claridad en las normas y en las conductas.

Las acciones frente a la inseguridad nacional suelen activarse cuando el delito ya ocurrió: operativos, persecuciones y reacciones, como parte de las tareas propias del control y la fuerza. Pero la experiencia urbana cotidiana se define mucho antes, en otra escala y con otras decisiones: calles bien iluminadas, un orden que se hace cumplir, un desorden que no se normaliza y una administración constante que evita que el espacio público quede a la deriva. Ahí no se persigue el delito; se dificulta que ocurra.

Frente al claro fracaso de estas medidas, nuestro comportamiento gregario nos invita, por instinto y por lógica, a congregarnos donde otros se quedan, para evitar espacios que parecen frágiles o vacíos. La seguridad no solo se ejerce; se interpreta. Y cuando la interpretación compartida cambia, perdemos vida urbana incluso sin que ocurra un delito en ese instante.

No es que me preocupe que el mall absorba esa carencia urbana, sino que cada vez se convierta en el lugar para escapar de una calle que ha dejado de cumplir su función básica como espacio público amigable.

No se trata de una imposibilidad estructural. Hay zonas dentro donde la calle sigue siendo un lugar de encuentro y permanencia porque alguien asume la responsabilidad de operarla: iluminación, presencia, reglas claras y continuidad. Lastimosamente, en mayor medida por la gestión privada y la organización ciudadana que por una administración pública eficaz.

Hay dos opciones: o es gestión urbana asumida, o, como es costumbre, postergada.

No pretendo condenar el mall; a menudo lo disfruto en familia. Me gusta ir al cine y hacer alguna compra allí. Tampoco insinúo privatizar el espacio público ni convertir la vereda en un centro comercial a cielo abierto, sino señalar que una urbe que comienza a necesitar refugios cerrados para sostener la vida cotidiana está, esencialmente, fracasando.

Pero una ciudad que se repliega lejos del cielo, que convierte lo cerrado en su último resguardo y deja que la calle se achique, no está resolviendo su problema de seguridad.

Los vacíos no siempre esperan.

Posted on by Esteban Najas

En Quito y, cada vez con mayor claridad, en otras ciudades del país, ya no hace falta violar la ley para transformar la ciudad. Basta con conocerla bien. No por un déficit de normas, sino por un sistema que permite alterarlas “en chiquis”, sin asumir costos políticos inmediatos. Las huellas dactilares aparecen después, cuando los reclamos llegan tarde y la decisión ya se ha consumado.

Dos frentes lo exponen con crudeza, en Quito y más allá: el uso del suelo y las vallas publicitarias.

En el uso del suelo, el procedimiento aprende a esquivar reglas extensas y detalladas mediante instrumentos legítimos para obtener resultados indiscutibles. En las vallas, en cambio, la norma no solo se esquiva: se acomoda ad hoc para absorber lo que antes era irregular. Dos raíces distintas, un mismo efecto: la ciudad adaptándose al operador, no al revés.

El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), como uno de los instrumentos estructurantes de muchas ciudades ecuatorianas, es, en teoría, el corazón del proyecto urbano: fija usos, intensidades y reglas. Reformarlo exige lo que casi nunca ocurre: un debate técnico previo sobre la ciudad que queremos.

En la práctica, el modelo se reconfigura por una vía más discreta. Las normas subordinadas permiten que los instrumentos creados para desarrollar el plan ajusten los usos y la edificabilidad en ámbitos cada vez más pequeños: polígonos específicos, frentes puntuales o lotes concretos. Así, la decisión deja de ser metropolitana y pasa a ser administrativa. El plan no se reforma: se evade.

El efecto es silencioso y a menudo irreversible, porque la planificación deja de operar como proyecto colectivo para convertirse en una secuencia de expedientes bien armados.

Ese mismo patrón se reproduce en el control cotidiano: procedimientos que se activan, sellos que se colocan y se rompen, expedientes que crecen mientras la infracción sigue operando. La sanción se vuelve ritual: se notifica, se sella y se archiva.

Con las vallas publicitarias ocurre lo mismo, solo que aquí resulta imposible no verlas. En Quito y en varias ciudades del país, el fenómeno resulta obsceno. Es la ventana de Overton en operación: la ilegalidad no se elimina, se desplaza hasta volverse aceptable. Durante años, los propios municipios han reconocido una irregularidad masiva; en Quito, de forma explícita: cientos de vallas y pantallas sin permiso, en lugares prohibidos o en condiciones irregulares. Existen resoluciones sancionatorias, multas millonarias y expedientes abiertos. El aparato sancionador existe, pero opera sin certeza sobre las consecuencias.

Las multas se emiten; los procesos avanzan mínimamente. Mientras tanto, nuevas normas amplían los cupos y habilitan regularizaciones. Estructuras que operaron ilegalmente durante años pueden terminar absorbidas por un nuevo marco normativo, sin una frontera nítida entre sanción y premio. De nuevo, todo dentro de la ley.

Aquí aparece el patrón que une ambos casos. Las reglas no fallan: funcionan exactamente como están diseñadas. Premian al actor con astucia técnica y jurídica y con músculo financiero para navegarlas. No gana el más ilegal; gana el más adiestrado para administrarla a su favor.

Así, Quito y muchas otras ciudades ecuatorianas operan como un buffet normativo, reservado para un reducido grupo de actores que tuercen el sistema. El interés general queda enunciado; la ciudadanía, estructuralmente en desventaja.

Este no es solo un problema ético individual, sino también un problema de diseño institucional. La fragmentación de la toma de decisiones en comisiones, informes y resoluciones produce legalidad sin dirección y termina dejando a las ciudades decididas por nadie.

Las consecuencias no son abstractas, sino visibles y acumulativas: barrios que cambian de escala sin discusión metropolitana, cargas urbanísticas negociadas en silencio, derechos consolidados sin haber sido debatidos, espacio público tratado como un activo privado, sanciones que dejan de disuadir y aprenden a convivir con el incumplimiento.

Los problemas normativos de Quito y del país no son fallas aisladas: son el resultado de un método que educa en la infracción rentable. Enseña que esperar paga, que cumplir estorba y que saber maniobrar en la letra pequeña vale más que respetar la ciudad. Así opera el buffet: algunos repiten plato, mientras la ciudad se queda con las sobras.

Caso #21

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

enero, 4, 2026 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #21• El éxodo de los colegios.

Infraestructura intacta, vida desplazada

El Colegio Experimental Simón Bolívar, con una matrícula de alrededor de tres mil alumnas, fue dirigido durante décadas por mi abuela, Elena Cortés de Najas. Ubicado en el Centro Histórico, operó como una infraestructura urbana activa: formó generaciones de mujeres quiteñas y activó miles de trayectos a pie y comercio de cercanía en varios barrios.

Por varias razones, alrededor de 2012, salió del centro y el efecto fue profundamente urbano. Comerciantes del entorno relataron caídas sostenidas en la actividad y, cuando se pierden anclas institucionales, se reducen las ventas; menos locales abiertos debilitan la vigilancia informal y una menor percepción de seguridad refuerza la decisión de salir de la zona. El deterioro no aparece de golpe: se enfría por acumulación.

Unos años antes, en 1998, el Colegio Alemán salió del norte para establecerse en Lumbisí–Cumbayá, con aproximadamente 1.600 estudiantes que, en el norte, generaban flujos previsibles que sostenían la vida barrial en ejes hoy considerados estratégicos para el repoblamiento. Ese traslado del centro-norte a los valles fue un punto de inflexión para Quito.

En las últimas dos décadas, la migración educativa en Quito siguió una secuencia territorial clara. El colegio Spellman, que salió del sector de El Girón y se trasladó en 2000 a San Patricio–Cumbayá, consolidó allí una matrícula que bordeó los 1.800 estudiantes en distintos periodos. Otras instituciones del norte también se movieron hacia los valles y, con ellas, actividades de barrios completos.

Luego vino el siguiente salto. El Colegio Americano de Quito, tras décadas como ancla del sector El Condado, inició su traslado definitivo a Puembo, con un campus diseñado para alrededor de 2.500 estudiantes y con entrada en operación prevista para 2026. La progresión es legible: del centro-norte a Cumbayá; de Cumbayá a Puembo.

Esto no es una crítica al traslado de colegios. Las ciudades cambian, las infraestructuras se adaptan y las familias toman decisiones razonables. El problema no es que las instituciones se muevan, sino cómo la ciudad gestiona lo que dejan. En Quito, esas salidas ocurrieron sin una secuencia urbana que amortiguara el vacío: sin reemplazo funcional ni anclas intermedias. El costo no estuvo en la decisión, sino en el tiempo muerto posterior, cuando el barrio absorbe la pérdida y empieza a enfriarse.

En ese marco, conviene leer, como escenario estructural plausible, el caso del Colegio Benalcázar (Municipal), aún activo en una de las zonas más densas del hipercentro y, desde hace años, bajo presión inmobiliaria. Su presencia no sostiene un barrio residencial clásico, pero sí ritmos horarios y una economía de proximidad diurna que, en ese contexto, retirarla no liberaría suelo: reduciría la resiliencia urbana.

Lo que muestran estos casos es una pista clara de cómo funciona la ciudad. Durante décadas, los colegios no fueron consecuencia de la habitabilidad: fueron parte de la infraestructura que la hacía posible.

En múltiples casos internacionales, como el Programa «Quiero Mi Barrio» de Chile y los modelos de Community Schools en Estados Unidos, se han utilizado escuelas como nodos barriales tempranos: edificios abiertos más allá del horario escolar, integrados al deporte, la cultura y los servicios comunitarios, implementados antes de que la demanda residencial sea fuerte. Primero se reduce el riesgo urbano; el repoblamiento viene después.

Traducida a Quito, la secuencia importa. Primero, condiciones mínimas de previsibilidad: veredas continuas, iluminación, control de la velocidad, seguridad situacional. Sin eso, cualquier ancla fracasa. Luego, una ancla educativa puente, de escala controlada, que no exige matrícula masiva ni retorno inmediato: inicial, programas vespertinos, bibliotecas infantiles, uso compartido del espacio. Educación visible y cotidiana para reactivar la rutina sin inventar demanda. Recién después, cuando el umbral existe, la escala puede crecer.

En ese punto aparecen actores que hoy existen, pero aún no se les lee como parte de una estrategia urbana. CRISFE, por ejemplo, aparece como un actor con un horizonte amplio al reciclar infraestructura educativa en zonas frágiles del norte. Si su expansión se alinea con los objetivos urbanos, podría desempeñar una función educativa donde el mercado aún no entra, sin convertirse en promotora inmobiliaria. Más adelante, cuando el entorno ofrezca estabilidad, redes privadas como Innova Schools, con sedes de escala media, pueden consolidarse donde ya existe demanda. Ambas lógicas son complementarias si se ordenan en el tiempo.

La oportunidad, entonces, no está en frenar el movimiento ni en idealizar el pasado, sino en una política pública que reconozca esta capacidad e incorpore deliberadamente estrategias de repoblamiento, en lugar de dejar que el vacío se acumule y se enfríe solo.

Los colegios siguen siendo un indicador temprano, no como edificios, sino como señal de que una zona todavía sirve o dejó de servir para criar. Tal vez el problema no fue solo que la ciudad perdió barrios, sino que dejó de planificar la infancia como parte central de su desarrollo.

Fuentes consultadas

Educación y relocalización de colegios en Quito

Colegio Experimental Simón Bolívar (Quito)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Experimental_Simón_Bolívar

Municipio de Quito / Quito Informa
https://www.quitoinforma.gob.ec/

Colegio Alemán de Quito
https://www.colegioalemanquito.edu.ec/

Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman
https://www.spellman.edu.ec/
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Cardenal_Spellman

Colegio Americano de Quito (FCAQ)
https://www.fcaq.k12.ec — Nuevo campus, entrada 1
https://www.fcaq.k12.ec — Nuevo campus, entrada 2
https://www.primicias.ec — Inversión y traslado a Puembo

Colegio Einstein (Quito)
https://www.colegioeinstein.edu.ec/

Fundaciones y redes educativas

CRISFE – Fundación
https://crisfe.org/crisfe

Innova Schools (Ecuador)
https://www.innovaschools.edu.ec/

Educación como ancla urbana — referentes internacionales

Programa «Quiero Mi Barrio» (Chile)
https://quieromibarrio.gob.cl/

Community Schools (EE. UU.)
https://www.communityschools.org/

Boston Schoolyard Initiative
https://www.boston.gov/departments/boston-schoolyard-initiative

Zones d’Éducation Prioritaire – ZEP (Francia)
https://www.education.gouv.fr/les-reseaux-d-education-prioritaire-rep-415

Bilbao Ría 2000 (España)
https://www.bilbaoria2000.org/

Caso #20

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

diciembre, 27, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #20• Uso de suelo a la carta.

El plan no se reforma, la ciudad sí

En nuestras ciudades ya no hace falta violar la ley para causar daño en el espacio urbano. Basta con cumplirla bien. Proyectos que alteran barrios enteros, saturan servicios o rompen escalas aparecen con todos los permisos en regla, respaldados por informes técnicos y aprobaciones formales.

Sin embargo, algo no cuadra. Demasiadas veces, decisiones presentadas como «técnicas» terminan afectando la vida cotidiana: el barrio, el tráfico o el paisaje. La respuesta institucional suele ser inmediata y formalmente correcta: todo está en regla. El problema es que esa explicación ya no alcanza para entender lo que ocurre en la ciudad real.

Aquí entra el PUGS (Plan de Uso y Gestión del Suelo): el instrumento que define qué, dónde y cómo hacerlo, y que fue actualizado y reformado para funcionar en el ciclo 2024-2033 como parte del marco obligatorio de planificación territorial. Es el documento principal que incluye los usos del suelo, las densidades, las actividades económicas y las áreas de protección.

Durante su formulación y tras su aprobación, gremios técnicos, incluido el CAE, han señalado públicamente los riesgos de la forma en que el PUGS se estaba aplicando. No eran objeciones políticas, sino advertencias técnicas: gobernar desde la norma operativa y no desde el plan produce una ciudad sin deliberación. Que esas alertas hayan sido ignoradas por los órganos políticos no fue un descuido, sino una elección consciente que normaliza un modelo de ciudad decidido sin discusión pública.

Mientras tanto, el territorio cambia a una velocidad brutal que supera la capacidad del papel para seguirla. Cada proyecto que intensifica los usos acumula impacto y la ciudad empieza a desfigurarse frente a lo que el PUGS prometía ordenar. En ese punto, el dilema deja de ser técnico y se vuelve político.

Esto no ocurre solo por una ilegalidad, sino por un mecanismo más sofisticado: producir transformaciones profundas sin modificar formalmente el instrumento principal. Normas operativas, criterios administrativos, codificaciones extensas y resoluciones técnicas reinterpretan su aplicación fuera del radar del ciudadano.

El resultado es predecible: la complejidad técnica del PUGS afecta a todos, pero solo fortalece a quienes saben operar sus vacíos jurídicos y deja fuera a quienes solo viven sus consecuencias.

Incluso dentro del propio Concejo Metropolitano de Quito, durante la Sesión Extraordinaria No. 61 del 10 de mayo de 2024, en la que se aprobó en segundo debate la actualización del PUGS, varios concejales plantearon inquietudes sobre el papel de las normas operativas y su impacto en la aplicación del plan, señalando que parte de la producción de la ciudad se da por medio de la normativa secundaria sin asumirlo como una decisión política explícita.

Quien quiera ejemplos concretos, los encontrará en debates del Concejo, en reclamos barriales documentados y en proyectos ampliamente cubiertos por la prensa. El problema no es uno. Es el mecanismo que los hace posibles.

El efecto se siente en un barrio que durante años tuvo escala y vida cotidiana. Llega un proyecto de gran tamaño, legal, con estudios y permisos. Los vecinos preguntan si contradice el uso del suelo y la respuesta, en teoría, es correcta: el plan no se ha modificado. El proyecto se construye. Afecta el tráfico, presiona los servicios y altera la forma de habitar. El plan sigue intacto. El barrio no.

Desde el punto de vista jurídico, todo puede estar en regla. Pero la legalidad mínima no agota la responsabilidad pública. Las decisiones urbanísticas no son neutras solo porque cumplen la norma: son acumulativas, irreversibles y afectan a generaciones que no estuvieron en la mesa cuando se tomaron.

El PUGS no es una Biblia ni un trámite. Es un pacto urbano. Cuando se cumple en la letra, pero se traiciona en el espíritu, deja de ordenar la ciudad y empieza a fragmentarla.

Si el plan no se mueve, pero tu barrio desaparece, la pregunta deja de ser técnica. Se vuelve política: ¿quién manda realmente cuando dejamos de mirar?

Fuentes consultadas

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT)
Sesión Extraordinaria No. 61 del Concejo Metropolitano, 10 de mayo de 2024. Vigencia: 2024–2033.
https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/

Concejo Metropolitano de Quito
Actas, anexos técnicos y documentos de segundo debate del PUGS / PMDOT
https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/

Quito Informa
«La actualización del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el PUGS fue aprobada», 10 de mayo de 2024.
https://www.quitoinforma.gob.ec

Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE)
Pronunciamientos y observaciones técnicas sobre el PUGS, 2023–2025.
https://www.cae.org.ec

Prensa nacional y local
Cobertura de debates del Concejo, reclamos barriales y proyectos urbanos con impacto territorial en Quito, 2021–2025.

Posted on by Esteban Najas

Crecí frente al antiguo aeropuerto, cuando cruzar de La Amazonas a La Prensa era un gesto casi doméstico, como moverse dentro de la misma casa.

En diciembre, las novenas se repartían entre los hogares de los vecinos, mientras los aviones peinaban nuestros tejados. Aun así, fue un barrio caminable y cercano, donde mi escuela y los parques estaban a pocos pasos.

El monumento al Labrador era nuestro GPS; el parque José Collaguazo, un paseo ajardinado que conectaba con la Isla San Cristóbal y el parque Isla Tortuga, era un portal directo a la Avenida de los Shyris. Sí, todo eso sigue en pie, pero como vestigios desgastados de una vida a pie que se mudó hace rato.

Lo que fue mi patio frontal, ahora llamado Parque Bicentenario, existe, pero todavía no se ha convertido en algo cotidiano y esencial para la mayoría, como lo son el Parque La Carolina o el Parque de las Cuadras.

Como termómetro informal, lancé una pregunta en redes sociales: ¿Dónde imaginas que vivirán tus nietos en veinte años? Las respuestas, aunque limitadas, fueron transparentes: seis de cada diez votaron por los valles de Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos, no porque sean los únicos destinos posibles, sino porque hoy, a mi modo de ver, concentran un espejismo que muchos anhelamos. Como si el único futuro estuviera reservado para la Ruta Viva, las cercas eléctricas y los centros comerciales que escoltan las avenidas.

En esta encuesta, muy pocos eligieron el casco histórico, el corredor del Metro o el Bicentenario. No se mencionan los vacíos urbanos del barrio La Mariscal ni el corredor de la Avenida 10 de Agosto.

Es comprensible: este desplazamiento no ocurre solo en los valles ni responde a un único grupo social. Se repite, con matices distintos, desde San Antonio de Pichincha hasta Guamaní.

El relato aspiracional es transversal. Yo mismo vivo desde hace poco en el Valle, y eso no invalida la pregunta: que algo nos funcione o nos resulte cómodo ahora, no garantiza que sea sostenible para quienes vienen después. Los datos no tienen nostalgia y nuestros nietos decidirán con los pies.

Según el INEC, el tamaño promedio de los hogares en Ecuador cayó a 3,2 personas en 2022, y en Pichincha es aún menor. La fecundidad ronda los 1,8 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. Y los nacimientos bajaron de 238.000 en 2023 a 215.000 en 2024.

Vienen familias más pequeñas, con menos hijos, más adultos mayores, y esto se aplica a todos los estratos y tipologías de vivienda.

Esa demografía llega al territorio. Las próximas generaciones, no solo por elección, sino también por su capacidad de endeudamiento, por sus largas horas de desplazamiento o por la lejanía de las instituciones educativas, cada vez tienen menos posibilidades de permanecer.

Hoy, Quito todavía no ofrece una diversidad de alternativas barriales centradas en lo humano con claridad. Mientras tanto, el crecimiento sigue empujándose hacia los bordes.

Los valles y otras zonas de expansión seguirán allí, y eso no está mal. Su dinamismo es innegable, pero me cuesta aceptar que deban seguir siendo el modelo para el futuro de nuestras ciudades. Sin embargo, se trata de entender que Quito no puede extenderse de forma inexorable, transformando zonas céntricas en cuadras de abandono.

El Labrador y el Bicentenario, que se encuentran pausados y sin magnetismo, están prestos a despertarlos, no como única respuesta, sino como uno de los tantos barrios con infraestructura consolidada que requieren urgentemente planes técnicos, visionarios y sostenibles.

Sin dramatismo, el mercado se mueve hacia donde encuentra oportunidades y se retira de donde dejan de existir. En ese mismo vacío, la degradación social encuentra espacio para instalarse. No es una paradoja ni una exageración: es un patrón que se repite.

Donde no hay un plan de inversión, no hay vida urbana; y sin vida urbana, no hay manera de crear valor.

Vale la pena pensarlo juntos y no solo desde lo individual, porque la pregunta final no es solo si nuestros nietos querrán vivir igual que ahora lo hacemos nosotros, sino también si les será posible.

Todo esto no responde a la nostalgia, sino a una sencilla lógica urbana: volver a casa a pie podría ser la única forma de permanecer.

Caso #19

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

diciembre, 21, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #19• Los buses y la fatiga de la ciudad.

El viernes pasado a mediodía, me senté con Claude. Fue la primera vez que nos vimos cara a cara, porque solamente lo conocía por su seudónimo en redes sociales: «Más allá de los cuentos». Su rostro muestra la vitalidad forjada por décadas de actividad física (solo anda en bicicleta).

Nos ha pasado a todos. Como cuando caminamos por una vereda y un autobús atolondrado nos roza la sien con su enorme espejo retrovisor, o, con un frenazo violento, emite una espesa nube de gases que barniza por dentro nuestros pulmones y fosas nasales.

Si manejas, los carriles son meras sugerencias para algunos homínidos que pretenden operar tantas de estas moles averiadas.

Lo que describo fue, para Claude, el detonante de una cruzada para detener una maquinaria imparable que los demás no tenemos el tiempo ni las agallas de enfrentar. Comenzó como frustración y, para él, se convirtió en un método.

Denunció e insistió durante años y cada vez aprendió a hacerlo mejor. Con cámara en mano, firmas, una carpeta física por cada unidad (más de 3000). No para acusar a personas, me dice, sino para mostrar algo más incómodo: las entidades no reaccionan porque no les conviene reaccionar.

Me cuenta que hubo un momento en 2018 en que una autoridad transitoria decidió hacer lo elemental: salir a la vía con controles efectivos. Luego, fue removido un funcionario bienintencionado y, desde entonces, a Claude lo han detenido por tomar fotos; su cámara fue confiscada y, tras recuperarla en criminalística, la encontraron dañada.

Parte de la información de cada unidad está disponible en línea, pero no es realmente pública si no tienes un número de chasis para acceder. En la práctica, para cualquier ciudadano, no es posible verificar absolutamente nada a menos que hagas el trabajo detectivesco de Claude, quien lo publica periódicamente en redes sociales sin efecto alguno, aunque parezca que él tiene más información que la propia Agencia Nacional de Tránsito.

Lo que llamamos red de «transporte público» realmente es solo parcialmente. Es una superposición de capas que dificulta su control. El resultado es que, cuando algo falla en la calle, nadie sabe exactamente quién debería haber llegado primero, pues, a escala nacional, la Agencia Nacional de Tránsito fija las normas generales y las registra, pero no opera ni controla en la calle, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito fiscaliza y sanciona en vía, con un control intermitente que depende de quien observe.

Es más fácil notar la diferencia con el Metro, el Trolebús o la Ecovía, donde hay un operador público único, una flota institucional y un control centralizado. En el resto del transporte en superficie, ocurre lo contrario: miles de buses privados, organizados en cooperativas y consorcios, con propietarios individuales que operan bajo un esquema en el que el Municipio solo puede regular de lejos.

El resultado es un sistema fragmentado, con responsabilidades difusas, datos que no circulan y sanciones que rara vez cierran el circuito.

Confieso que, al conocer cómo funciona en Ciudad de México, no me sorprende por lo elemental que suena ni por ser perfecta, sino porque allí estas cosas dejaron de ser promesas. En varios corredores, cada unidad está identificada, monitoreada por GPS y vinculada a un operador responsable; si incumple, no hay regateo: sale del sistema. Desde la propia unidad, con un código QR visible que cualquiera puede escanear, el usuario puede reportar un incidente, generar un folio y obligar a una respuesta institucional, mientras aquí seguimos discutiendo intenciones; allá el problema dejó de ser el chófer y pasó a ser la estructura que lo pone en la calle.

Oficio tras oficio, ventanilla tras ventanilla, abogados, audiencias, papeles. El sistema no te derrota con argumentos: te derrota por desgaste. Es una fatiga institucional que blinda a buenos quiteños como Claude, quienes intentan, siempre sin éxito, formalizar sus reclamos.

Al final, uno no se pregunta solamente quién tiene la culpa, sino cuánto más puede aguantar una ciudad antes de dejar de insistir.

Caso #18

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

diciembre, 14, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #18• El punto ciego de Quito.

La realidad a veces revela sus carencias sin ruido, sin malicia.
Hace un mes lancé una encuesta en X para elegir el próximo Caso para la ciudad. Cuatro opciones: constituyente, ríos, mascotas y personas con discapacidad. Esta última fue la menos votada.

No escribiré sobre este tema por victimismo ni por moraleja. Lo hago porque ese resultado —pequeño, casi invisible— dice mucho sobre una ciudad que todavía construye obra pública como si ciertas realidades no existieran, o fueran siempre de otros.

A mí me tocó entenderlo de la forma menos académica posible: tres veces terminé siendo empujado en silla de ruedas por ciudades que no eran mías, viviendo —a la fuerza— una experiencia construida que yo no elegí. En ese modo uno no «opina» de la vereda. La padece. Y sí: también maldice a quien la dejó así.

Fuera del molde hay gente de carne y hueso. Tres amigos, por ejemplo.

Fuad, reumatólogo, docente en la USFQ, usuario de silla de ruedas. El Municipio lo invitó a probar una rampa recién hecha tras una sentencia judicial. En el papel, perfecta. En la realidad, la silla volcó hacia atrás. No por mala suerte: por geometría. Pendientes imposibles en el Centro Histórico, texturas que frenan, bordillos traicioneros. Para él, Quito es una postal que, al recorrerla, se convierte en campo minado.

Roberto, paisajista, entre muletas y silla desde hace treinta años. Ha visto normas endurecerse y arquitectos sensibilizarse. Pero queda la viveza criolla local: el «solo un minuto» en el espacio reservado; el «dele nomás, sí sube» frente a una rampa al 20 %. En Estados Unidos lo multaron con 2.000 dólares por estacionar sin credencial visible. Lección aprendida: las normas de accesibilidad no viven de la buena onda solidaria. Se sostienen con control; después, con costumbre.

Gregorio, músico, estudiante de Derecho, con discapacidad visual, recorre Guayaquil con bastón y su mapa mental… hasta que un día un cable tensado para sostener un poste le cruzó el cuello. El bastón alcanza lo que alcanza; el resto depende de la improvisación diaria. Un auto en la acera lo expulsa a jugarse la vida. Un árbol nuevo, mal colocado, le cierra el paso hacia un lugar donde ningún mapa mental sirve.

En Quito, además, la topografía no perdona. Hay barrios enteros donde cada paso se piensa dos veces. Y ahí aparece el problema de fondo: no basta una rampa «correcta» en la esquina si, vereda arriba, cada predio hace lo que le da la gana. Uno mete gradas. El siguiente cambia la cota. Más allá, la rampa termina en el vacío. Veredas a mordiscos. Imposible en silla, traicionera con bastón, inestable incluso para quien camina confiado. Quito logra algo insólito: te ayuda a subir para dejarte atrapado tres metros después.

Todo esto ocurre no por ausencia de reglas, sino a pesar de ellas.

El marco jurídico existe. La Constitución reconoce derechos y garantías de accesibilidad. La Norma Ecuatoriana de la Construcción incluye el capítulo de Accesibilidad Universal (NEC-HS-AU) y define la «cadena de accesibilidad»: no un gesto aislado, sino un recorrido continuo, sin cortes absurdos. Existen también normas INEN adoptadas y listados técnicos de acceso público.

Pero en la calle esa cadena se rompe a cada rato: porque nadie responde por la cuadra completa. Porque se diseña mirando el plano y no el cuerpo. Porque se fiscaliza con el ojo y no con la cinta métrica. Porque se inaugura antes de recorrer.

Conviene ser precisos con los datos. En Ecuador se habla de 1,1 millones de personas con discapacidad (cifra difundida en reportes basados en INEC), mientras que el registro administrativo nacional muestra una cifra menor, alrededor de 487.542 personas registradas en cortes recientes. No es contradicción moral: es la diferencia entre medición estadística y registro. En cualquier caso, el número no es pequeño. Y la ciudad sigue diseñándose como si lo fuera.

La brecha es operativa. Diseñamos sin usuario real. Fiscalizamos sin medir consecuencias. Inauguramos fotos que no encuadran todo el trayecto. El podotáctil aparece interrumpido por postes o macetas. La rampa «cumple» el plano, pero no la cuadra.

¿Hay opciones para mejorar? Sí. Sin milagros de presupuesto. Sin épica. Con administración básica.

Auditar veredas, cruces y paradas de forma periódica, con mapas abiertos y responsables claros: quién contrató, quién fiscalizó, quién recibió. Lo que no se mide, en Quito se vuelve paisaje.

En la obra privada formal, las normas exigen cumplir para aprobar planos y luego obtener el permiso de habitabilidad. En el espacio público, en cambio, el cuerpo —y nuestros tributos— terminan pagando la cuenta: contratistas que entregan «tramos» y nadie que responda por el recorrido completo. La regla debería ser simple: sin certificación independiente de accesibilidad, no hay recepción de obra. Mucho menos inauguración.

Y lo más barato —y más honesto— es probar rutas con usuarios reales: silla, bastón, ojos cubiertos. No como show. Como verificación. El cuerpo mide mejor que cualquier papel.

Tal vez el error sea pensar que este es solo un problema técnico. Quizás es algo más incómodo: diseñamos sin mirar porque mirar obliga a quedarse, a corregir, a admitir que la ciudad falla en lo cotidiano.

Quito necesita eso: medir, corregir, publicar… y volver a empezar.
¿Estamos dispuestos a recorrer la cuadra completa antes de cortarla para la foto?

Una ciudad se mide por lo que decide no mirar.
Y cuando ajusta el retrovisor, descubre que el punto ciego estaba lleno de cuerpos esperando pasar.

Fuentes consultadas

  1. Constitución de la República del Ecuador (2008), derechos de las personas con discapacidad.
  2. Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento (art. 17).
  3. NEC-HS-AU — Accesibilidad Universal (Norma Ecuatoriana de la Construcción).
  4. NTE INEN ISO 21542 — Accesibilidad del entorno construido.
  5. RTE INEN 042 — Accesibilidad al medio físico.
  6. NTE INEN 2854 — Pavimento podotáctil.
  7. Normas INEN complementarias (rampas, bordillos, veredas, estacionamientos accesibles).
  8. INEC — Encuesta Nacional de Discapacidades.
  9. Municipio de Quito — Evaluaciones de accesibilidad en veredas (2020–2023).
  10. Municipio de Guayaquil — Informes técnicos sobre rampas accesibles (2021).
  11. Fuad Terán (Quito).
  12. Roberto Lizarralde (Quito).
  13. Gregorio Álvarez (Guayaquil).
  14. Varios artículos María Teresa Donoso.
Posted on by Esteban Najas

diciembre, 12, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

Quito, ¿quién está al volante?

Quito perdió la voz. Perdió la brújula. Y, sobre todo, perdió al conductor.

El clima político de la capital empieza a sentirse raro. Un alcalde que ya habla con tono de precampaña, un exalcalde que vuelve a calentar motores para 2027, un Gobierno que mueve fichas pensando en el próximo ciclo y una ciudadanía que percibe, con creciente lucidez, que Quito se administra más desde cálculos electorales que desde instituciones estables.

El problema está en una regla que produce mandatos débiles y luego nos sorprende con alcaldías frágiles.

En las dos últimas elecciones, Quito eligió alcalde con porcentajes que deberían encender una alarma cívica. En 2019, Jorge Yunda ganó con cerca del 21 %. En 2023, Pabel Muñoz ganó con alrededor del 25 %, en una contienda donde tres candidatos quedaron separados por pocos puntos. Dos veces seguidas, el rumbo de casi tres millones de habitantes quedó definido por una minoría intensa, dispersa o simplemente mejor ubicada en el tablero.

La mayoría relativa abre una puerta muy cómoda para quien sabe leerla: una sola vuelta, candidaturas múltiples, voto fragmentado y una legitimidad que nace pequeña. A veces esa fragmentación ocurre sola. A veces alguien la ayuda a ocurrir.

Mientras tanto, 2027 ya empezó antes de tiempo. Hay nombres en carrera abierta; otros tantean terreno en columnas, reuniones, encuestas y conversaciones discretas. Quito vuelve a ser la pieza grande del tablero nacional: valiosa, disputada, útil. Lo que no siempre queda claro es si alguien la está mirando como ciudad.

Un alcalde dividido entre gestión y campaña pierde foco.
Un exalcalde que regresa sin examinar su propio legado añade ruido.
Un Gobierno central que mira a Quito como plataforma electoral deja de verla como paciente crítico.

El resultado se siente todos los días: prioridades que cambian con el clima político, proyectos estructurales que no despegan, decisiones guiadas por encuestas antes que por indicadores, y una orfandad institucional que ya parece parte del paisaje.

Quito necesita abrir tres conversaciones antes de que las papeletas estén impresas.

La primera: coaliciones reales antes de votar.

La papeleta no se llena sola. La dispersión política suele tener autores, beneficiarios y silencios convenientes. Si la ciudad aspira a un mandato sólido, los sectores empresariales, barriales, técnicos, académicos y sociales que dicen preocuparse por Quito deberían exigir acuerdos previos, renuncias necesarias y menos candidaturas testimoniales. Menos ego electoral. Más ciudad.

La segunda: revisar la elección a una sola vuelta.

Cambiar el sistema implica reformas complejas, incluso constitucionales. De acuerdo. Pero la dificultad jurídica no puede convertirse en coartada para la resignación. Una capital no debería acostumbrarse a elegir autoridades con un cuarto del electorado. Vale discutir si un balotaje capitalino ayudaría a producir mandatos más claros, menos improvisación y mayor estabilidad.

La tercera: construir un tablero de ciudad por encima de los candidatos.

Quito necesita un acuerdo mínimo sobre sus urgencias reales: movilidad que conecte corredores, suelo usado con criterio, seguridad pensada territorialmente, finanzas municipales sostenibles y periferias que no sigan creciendo sin servicios. Ese marco debería estar sobre la mesa antes de que empiece la feria de slogans. Quien aspire a dirigir la capital debería comprometerse con ese rumbo antes de pedir el voto.

Si evitamos esta conversación ahora, el costo llegará después: otra campaña de frases bonitas, otro alcalde con legitimidad precaria, otra administración confundiendo victoria electoral con respaldo real y otro ciclo de frustración que se sentirá en el tráfico, el espacio público, la economía barrial y el ánimo colectivo.

Quito está manejando sin reglas claras, con demasiadas manos cerca del volante y muy poca ciudad en la conversación.

Para una capital que vive tan cerca del sol, ya es bastante absurdo seguir entregando el rumbo a una minoría bien organizada.

Ese vacío ya se nota en la calle.

Caso #17

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

diciembre, 7, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #17• Quito.exe.

El sistema pide reiniciarse

Quito funciona como un dispositivo viejo: cambia la carcasa, actualiza el fondo de pantalla, presume filtros nuevos… pero el sistema operativo sigue fosilizado en otra época. La ciudad se cuelga en lo esencial, se calienta en lo cotidiano y, aun así, nos venden cada elección como si fuera la gran actualización. Brillo nuevo, rendimiento inmóvil.

En arquitectura manda lo invisible. El suelo decide antes del trazo. La topografía dicta movimientos previos a cualquier calle. La luz define confort antes de que exista una ventana. El comportamiento humano anticipa diseño.
Ese orden —metodología antes que obra— sostiene todo. Cuando se rompe, la estructura cede. Una ciudad no escapa a esa lógica.

Quito arrastra un defecto de fábrica: cada administración borra la memoria del sistema, reescribe procesos, reinventa trámites y vuelve a instalar la misma app rota. Las responsabilidades cambian de dueño, las decisiones se contradicen, y los proyectos nacen sin compatibilidad entre sí. No es mala suerte; es un diseño fallido.

Conviene recordar algo que casi nunca se explica: «Distrito Metropolitano» no es un adorno institucional, es una figura constitucional con licencia para operar con un Estatuto Autonómico. Esa es la arquitectura legal que permite que una ciudad compleja funcione como ciudad compleja.
Quito lo obtuvo en 1993, lo ratificó en 2008… y ahí se quedó: en la carpeta de descargas. Quince años sin activar el software.

La propuesta más sólida apareció en 2017: un sistema claro de competencias, planificación integrada y jerarquías que no dependían del humor del día. Tres años después, otro diagnóstico confirmó el daño: el Estado central comparte el mismo cuerpo con la ciudad, y ese accidente anatómico diluye el músculo local. El resultado es predecible: prioridades nacionales que aplastan necesidades urbanas básicas.

Y surge la pregunta inevitable —y legítima—:
¿cómo entender que un alcalde que ayudó a abrir la puerta constitucional para este Estatuto no haya movido un solo tornillo para levantarlo?
La respuesta es estructural, no personal: un sistema con límites, controles y verificaciones reduce la discrecionalidad política. Y la discrecionalidad es la droga favorita de cualquier administración que piense más en la reelección que en la ciudad.

Mientras tanto, las señales están en la calle. Servicios que no conversan entre sí. Obras que no anticipan a la siguiente. Tiempos institucionales que jamás calzan. Un cuerpo con órganos descoordinados intentando trotar en una loma. Nada fluye donde no existe un núcleo operativo.

Insistir en agregar infraestructura sin estructura es seguir parchando un teléfono que ya pide reinicio.

Lo urgente es el núcleo: jerarquías definidas, reglas exigibles, consecuencias claras, y una arquitectura institucional que aguante más que un periodo electoral.

Eso propone el Estatuto Autonómico:
— Unificación operativa para movilidad, suelo, seguridad, ambiente y riesgos. Una sola ruta, un solo responsable.
— Consejos zonales con recursos propios: el territorio decidiendo sobre el territorio.
— Parroquias y comunas con competencias reales, no simbólicas.
— Planificación integrada: suelo, banco de suelo, tanteo y retracto funcionando como engranaje técnico, no como consulta decorativa.
— Órganos con blindaje profesional: mérito, no compadrazgo.
— Lógica regional: agua, movilidad y cuencas pensadas como red —lo mínimo para una capital situada entre quebradas y volcanes.

Pero hay un vacío que debemos corregir si queremos un sistema funcional:
los deberes ciudadanos.

Una autonomía moderna no se sostiene solo con garantías. Necesita obligaciones verificables: cuidar el espacio común, respetar normas básicas, asumir consecuencias cuando se incumple. No se puede exigir un sistema operativo moderno si el usuario insiste en forzar la pantalla con llaves. Corresponsabilidad o declive: no hay tercera vía.

Ahí entra la suprapolítica: una disciplina que ordena antes de actuar, profesionaliza antes de inaugurar y alinea a la ciudad antes de moverla. Lo contrario al espectáculo: decisiones que funcionan aunque nadie las aplauda. Gobernanza en vez de «gestión». La primera piensa; la segunda reacciona.

El Estatuto no está muerto: está suspendido, como un programa que nunca terminó de instalarse. Podemos actualizarlo, adaptarlo y enlazarlo con lo que estos años de desgaste nos han enseñado. La premisa debería ser compartida:

Esta capital no falla por falta de obras. Falla por falta de sistema.
Y cuando el sistema pide actualizarse, ignorarlo solo agrava el daño.
Quien esté al frente debe instalar el software; si no, no sirve.

Fuentes consultadas

  1. Instituto de la Ciudad (ICQ).
    Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito — Versión Final 211117 (2017).
  2. Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) – Fernando Carrión.
    Sobre el Estatuto Autonómico del Quito Distrito Metropolitano (2020).
  3. Paulina Cepeda, FLACSO.
    Ciudades Capitales en América Latina (estudio comparado).
  4. Constitución de la República del Ecuador (2008).
    Artículos 242, 247, 264, 171 (régimen territorial, competencias municipales, parroquias y comunas).
  5. Ley del Distrito Metropolitano de Quito (1993).
  6. Registro Oficial de la República del Ecuador.
    Publicaciones relacionadas con la normativa del DMQ y su ratificación constitucional (2008).
  7. Entrevistas públicas, planes de gobierno y declaraciones oficiales (2023–2025) del alcalde y del Concejo Metropolitano sobre autonomía, planificación y competencias.
  8. Contraloría General del Estado.
    Informes sobre gestión y funcionamiento de empresas públicas metropolitanas.
  9. Estudios y reportes técnicos sobre gobernanza urbana y descentralización (fuentes abiertas verificadas entre 2023–2025).

Caso #16

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

noviembre, 30, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #16• Ciudad de animales.

En Quito, a las 6:45, en cualquier parque como El Ejido —donde el sol quema y las sombras escasean—, ocurre la escena conocida: distraídos por las pantallas que empapelan la ciudad, esquivamos —literalmente— un problema primitivo y fecal.
Imagina a una madre empujando un cochecito, zigzagueando entre minas caninas mientras el dueño scrollea memes: el perro mira al dueño y la caca queda donde estaba.
Urbanismo a escala individual: si no ordenamos la acera, difícilmente ordenaremos algo más complejo.

El dato frío cambió hace rato nuestro panorama: en Quito ya hay más perros y gatos (1,08 millones) que niños y adolescentes (700.000).
Ecuador suma 7,6 millones de mascotas, y la densidad canina pasó de 107 a 542 perros/km² en cinco años.
Del total, el 16,5 % tiene tutor responsable, el 16,5 % vive en abandono y el 67 % es «semilibre»: desayuna en la cocina, almuerza en la vereda y cena en el parque.

Seguimos planificando como si la familia típica fuese «dos adultos + dos niños».
La estadística muestra otra cosa: dos adultos + un perro (y un gato que administra el hogar… y probablemente la agenda del dueño).
La ciudad cambió más rápido que sus ordenanzas.

I. La ciudad que convive sin correa (con minúscula)

El problema no solo está en la superficie —cacas, perros sueltos, ruido—.
Por dentro, es un ecosistema urbano, casi darwiniano, donde cada uno impone sus reglas afectivas a los demás.

Las heces huérfanas concentran bacterias y, con cada lluvia, también contaminan el agua. Varias ciudades ya las clasifican como residuo peligroso urbano.
En América Latina, la combinación «perros sueltos + baja recolección» aumenta riesgos de zoonosis y mordeduras, sobre todo en zonas vulnerables.

La fauna urbana tampoco es homogénea: se concentra donde hay menos servicios veterinarios, menos control y más residuos.
La gestión animal —o su ausencia— es un indicador de asimetría social.

Parques y veredas se han vuelto territorios en disputa: unos se sienten expulsados; otros, con derecho absoluto.
No odio a los perros; detesto el caos que permitimos.
Esto no va de afectos; va del derecho real al espacio público.

Los perros sueltos alteran la fauna silvestre, las aves y la calidad del agua, y son parte del metabolismo urbano que, sin datos claros, produce impactos sin mitigación.
Sin datos no hay mitigación.

En gobernanza, la OMS y la OIE recomiendan programas estructurados, con métricas y continuidad.
En Quito, los esfuerzos existen… pero no interoperan, no se evalúan y no tienen continuidad garantizada.
Dicho simple: convivimos con animales, pero la ciudad misma no está domesticada.

II. Salud pública, movilidad y vivienda: ejes desconectados

Se suele hablar de mascotas desde la ternura, pero el núcleo es salud pública: residuos, parásitos, mordeduras, perros que comen basura… riesgos sanitarios que se acumulan.
Esto no es anecdótico: es infraestructura de calle y de barrio.

Luego está la abuela del Trolebús, asustada por un perro grande sin bozal. Ese susto es planificación fallida.
El Municipio aprobó que solo viajen mascotas de menos de 10 kg dentro de un kennel.
Como quiteño que camina estas calles, veo la lógica y la respaldo: en un sistema masivo y cerrado, la seguridad importa.
¿Perfecta? No.
¿Lógica? Sí.

Y dejo una pregunta —con humor, pero en serio—:
¿regulamos por kilos, por conducta… o por ese sentido común ecuatoriano que funciona como Wi-Fi: aparece cuando quiere?

Lo que no puede pasar es fusionar, por ejemplo, el Trolebús con un vehículo de rescate animal.

Finalmente, la vivienda.
El mercado privado ya se adaptó: pet-spa, terrazas, drenajes, áreas de paseo.
La arquitectura reconoce al animal como usuario. La demografía ya no es solo bípeda.
La planificación pública sigue con el manual de hace veinte años.

III. Siete líneas de acción — abiertas, discutibles y ejecutables

Antes de proponer, una aclaración necesaria: no pretendo tener la verdad absoluta.
Trabajo con datos, observación y sentido urbano.
Estas líneas no son certezas: son insumos para Municipio, ministerios, ONGs, academia y ciudadanía organizada.

Registro Municipal Único interoperable (QR).
QR en el collar; base conectada con INEC y UBA; actualización automática de vacunas y esterilización.
Planificación, no castigo. (Referencia: REMETFU)

Parques caninos con estándar técnico.
Drenaje, sombra, bebederos, cierre y mantenimiento garantizado.
Zonas densas primero. Improvisación nunca. (Ej.: Bogotá)

Sanción aplicable, no decorativa.
1.ª falta: limpieza inmediata + microcurso digital.
2.ª: trabajo comunitario.
3.ª: multa asociada a la cédula.
Todo vía QR. (Ej.: Ciudad de México)

Esterilización con metas públicas.
Reducir animales en calle en un 30 % en cinco años.
Auditoría universitaria y continuidad asegurada. (Ej.: Belo Horizonte)

Movilidad con protocolo técnico.
Horarios valle, sección específica, bozal para perros > 20 kg.
El peso es parte del criterio, no el único. (Ej.: Barcelona / Santiago)

Manual de Diseño Urbano y Arquitectónico.
Normas mínimas para pisos, drenaje, áreas verdes y espacios comunes.
No es para arquitectos: es para que lo cotidiano funcione mejor. (Ej.: Melbourne)

Comunicación basada en evidencia.
Riesgos sanitarios, costos de limpieza, tenencia responsable vs. abandono, casos que funcionan.
Corresponsabilidad: Municipio + tutor + comunidad. (Ej.: Toronto)

Estas líneas no resuelven el tema por sí solas, pero sí abren un debate adulto, lejos del sentimentalismo y del enojo de fin de semana.
Este no es un artículo para cerrar nada: Quito necesita que este tema deje de ser anecdótico y se convierta en política pública.

La convivencia humano–animal cruza salud pública, planificación, movilidad, desigualdad, normativa y hábitos cotidianos.
Hay mucho por entender, ordenar y decidir.
Quito nos adiestra o nos muerde.
Elijamos lo primero.

Fuentes

  1. Samartino, L. & Eddi, C. Zoonosis de las Áreas Urbanas y Periurbanas de América Latina. CIAP. ciap.org.ar
  2. Universidad Central del Ecuador. (2019). Tesis: Caracterización de la población de perros y gatos en Guayaquil. UCE. dspace.uce.edu.ec
  3. M. J. Vera Pillajo. (2024). Estimación poblacional de caninos y felinos en situación de calle. UPS. dspace.ups.edu.ec
  4. Vega Arévalo, H.A. (2024). El abandono de animales en América Latina: estudio cualitativo-cuantitativo. UCE. dspace.uce.edu.ec
  5. Sánchez, L.M.E. (2023). Importancia del manejo de la población canina en México. CIBA. ciba.org.mx
  6. «En Quito hay un promedio de 542 perros por kilómetro cuadrado.» (2025). Ecuavisa. ecuavisa.com
  7. «En Quito hay un perro callejero por cada 19 habitantes.» (2024). EcuadorChequea. ecuadorchequea.com
  8. «¿Cuántos animales en condición de calle hay en Quito?» (2024). QuitoInforma. quitoinforma.gob.ec
  9. «En Quito hay alrededor de 97.000 perros callejeros.» (2024). Primicias. primicias.ec
  10. «Estimación de la población de perros y gatos.» (2024). RECIEÑA / ESPOCH. reciena.espoch.edu.ec
  11. Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2001). Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. Washington, D.C. paho.org
  12. Samartino, L. (2006). «La zoonosis como Ciencia y su Impacto Social.» Redalyc. redalyc.org

Caso #15

Posted on by andres.pena0709@gmail.com

noviembre, 23, 2025 • Tiempo de Lectura: 2 minutos

CASO #15• Mi yo de 25 años tenía razón.

En diciembre del 2001 entregué el trabajo final de Theory of Contemporary Architecture en la Universidad de Oregon, donde fui becario. Lo titulé The Other Side (Everyday Architecture). Lo imprimí en una impresora con ruido a mimeógrafo y lo entregué convencido de que era profundísimo.

A esa edad todavía rondaba la sombra de Le Corbusier: el mito de que, para ser arquitecto, había que usar gafas raras y hablar como si uno hubiera inventado el hormigón armado. Yo ya sospechaba que ese disfraz nunca me iba a quedar.

Hoy lo releo y me doy cuenta: más que profundo, era transparente.
Y por eso vale.

A los 25 años ya desconfiaba del arquitecto que se toma demasiado en serio. Decía que la teoría podía volverse una jaula brillante donde todos repiten palabras importantes sin decir nada realmente útil. Que la escuela me estaba malcriando —un poco—, que las formas podían ser una coartada para olvidar la vida y que el verdadero riesgo no era el error técnico, sino el ego estético.

Lo leo y sonrío: sin saberlo, estaba describiendo los males que después vería a escala urbana, institucional y política.

Escribí, sin entender del todo la bomba que soltaba, que la arquitectura debía ser «sentida por la gente común y entendida por los intelectuales». Hoy esa frase es mi síntesis: la ciudad no necesita explicaciones sofisticadas; necesita resonancia humana. Claridad, coherencia y sentido común. Lo mismo que pedía ese estudiante del 2001, ahora aplicado a vivienda, movilidad, seguridad, espacio público y gobernanza.

Hablaba del Genius Loci —sin saber pronunciarlo— como deber ético, no como misticismo. Hoy sé que es pura lógica: intervenir sin leer el espíritu del lugar es lo que nos tiene llenos de plazas desconectadas, vallas absurdas, barrios rotos y decisiones tomadas de espaldas a la gente.

El Esteban del 2001 detestaba la monumentalidad innecesaria.
El del 2025 detesta la política instrumentalizada y espectacular.
Cambiar de escala no cambia de enemigo.

El estudiante se advertía del arquitecto narcisista; el adulto señala al funcionario performático. Ambos pelean contra el mismo virus: la forma sin consecuencia.

Hubo años —entre 2010 y 2020— en que estuve peligrosamente cerca de convertirme en lo que criticaba. La práctica, el aplauso fácil y las expectativas ajenas son tentaciones silenciosas. A veces basta una decisión cómoda para torcer la brújula.

Releer el ensayo del 2001 fue un correctivo existencial: la brújula seguía en el bolsillo izquierdo de la camisa. No solo como metáfora, sino como herramienta práctica: cada enero releo esos principios y me pregunto, ¿esta decisión de proyecto puede explicarse en un minuto a quien vivirá con ella? ¿Resuelve algo real o solo alimenta mi portafolio?

Publico esto para mantenerme en eje. Porque en esas páginas juveniles, escritas con inocencia pero con verdad, está la misma obsesión que hoy guía todo mi oficio: cruzar cada día la línea entre arquitectura y vida, entre teoría y práctica, entre discurso y consecuencia.

Esa línea no desaparece: solo se mueve.
Y hay que cruzarla con las manos sucias —bajando del render a la obra, escuchando al maestro que señala un error, teniendo el valor de cambiar— para no quedarse en el lado cómodo.

Han pasado casi 25 años y hoy, habiendo duplicado esa edad, reafirmo en plena conciencia que la arquitectura y la ciudad germinan de lo cotidiano.
Y sigo sin comprarme las gafas raras.
La ciudad —que tiene buena memoria— me lo agradecería.

Quito, caso por caso.

Cada semana, un análisis urbano directo al grano.