Caso #14

noviembre, 16, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #14• Machángara: la mierda que el Municipio pretende perfumar.

Lo confieso sin remordimientos: soy más de ciudad que de campo. Las urbes me serenan. El campo me atrae, pero con un tope de ocho horas. La playa me agota aún más rápido. Nunca fui de campamento ni mochilero. Y, aun así, desde chico, me revuelve las tripas ver cómo tratamos al entorno natural como basurero de feria. No por postureo ni por activismo ecológico: por pura vergüenza.

Pocas vergüenzas superan lo que le hemos hecho al Machángara.

El 29 de mayo de 2024, antes de que el alcalde de turno posara en las fotos, un puñado de ciudadanos decidió plantarse de una vez. Entre quienes empujaron la acción de protección figuraban el Cabildo Cívico de Quito y el Pueblo Kitu Kara, para quienes el río no es un accidente urbano: es herencia ancestral. Más de 40 colectivos ambientales, urbanos y barriales juntaron pruebas, recorridos y estudios para demostrar lo obvio: el Machángara no está «olvidado»; lo hemos violado sistemáticamente durante décadas.

Mucho de lo que relato aquí surge del testimonio directo de María Elena Rodríguez y de la información aportada por Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico. Su narrativa —cruda, sin filtros— revela que esto no fue un arranque impulsivo, sino un año entero de trabajo para darle voz a un río mudo ante el Estado.

Y aquí conviene poner el espejo también del lado de la ciudadanía, no solo del Municipio. Quito genera alrededor de 2.000 toneladas de basura al día, en su mayoría doméstica, y buena parte termina donde no debe: quebradas usadas como vertederos improvisados —La Gasca, El Tejar, La Tola y tantas otras que bajan del Pichincha arrastrando bolsas, plásticos y escombros que nadie reconoce como propios. Y no es solo un problema del «Quito duro»: en los valles de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Los Chillos, ríos como el San Pedro o el Pita arrastran aguas servidas y residuos que tarde o temprano desembocan en el mismo sistema Guayllabamba–Esmeraldas. No toda la contaminación del Machángara viene de tuberías clandestinas: una parte nace en nuestras casas, negocios y barrios, y viaja río abajo sin firma ni responsable. Esa sombra también es nuestra.

Los jueces lo captaron mejor que varias alcaldías: un río convertido en alcantarilla abierta no solo pisotea los derechos de la naturaleza, sino los de 2,7 millones de quiteños que merecen un entorno mínimamente decente. Además, aquí cabe la comparación que arde: mientras Quito celebra su 2,8 % de tratamiento de aguas servidas como si fuera un trofeo, Cuenca ya trata el 95 % gracias a ETAPA EP y su planta Ucubamba. En julio de 2025 adjudicaron la construcción de Guangarcucho, la obra más grande en su historia (USD 65,7 millones), que llevará a Cuenca al 100 %.

Guayaquil hoy trata más del 60 %, y con las PTAR Esclusas, Los Merinos y Mi Lote llegará al 100 % en 2026.

No es casualidad: es negligencia estructural.

La sentencia fue un mazazo de 27 medidas obligatorias con plazos de 6, 12 y 24 meses. Sin pretextos presupuestarios ni malabares interpretativos. Y no son medidas abstractas: son tareas concretas que cualquier ciudad seria ya habría iniciado. No voy a enlistarlas todas aquí —la sentencia completa se puede descargar al final del artículo—, pero comprende obligaciones municipales como: plantas de tratamiento pequeñas y medianas en puntos críticos; separación estricta de aguas lluvias y servidas; soluciones basadas en la naturaleza; control industrial con sanciones reales; restauración de riberas con vegetación nativa; y un monitoreo quincenal transparente, construido junto a colectivos ciudadanos y la Defensoría del Pueblo.

Y un punto adicional que el Municipio parece haber «cumplido» a medias:
la sentencia obliga a incorporar educación ambiental y a mostrar el documental La vida de un río en escuelas municipales. Lo hicieron —pero sin un programa integral que forme criterio, solo como trámite fácil para la foto.

Es diáfano.
Es inapelable.
Es urgente.

Pero Quito domina el arte de la cosmética burocrática. Ni bien salió el fallo, el Municipio desempolvó su libreto: «es imposible», «no da el tiempo», «no hay plata», «no nos toca». Luego vino el circo de las mesas técnicas: cuarenta burócratas por sesión, discursos repetidos y una creatividad usada exclusivamente para producir excusas. Incluso firmaron un acuerdo para estirar plazos; el juez lo rechazó sin pestañear.

La sentencia sigue intacta.
Así que, señores del Municipio: a remangarse.

Desde entonces, el cumplimiento parece un carnaval de disfraces: tres árboles torcidos como «restauración ecológica»; un cerco de pingos azul y rojo como «protección ribereña»; un talud cubierto con tela como «solución natural»; y una gira con cámaras como «inspección». Y, para rematar, intentan «perfumar» la escena con un popurrí de promesas vacías, como si un río pestilente se arreglara con flores secas. Ninguna medida tiene escala ni coherencia frente a un río que atraviesa media ciudad y descarga tóxicos hasta el Pacífico.

Ahí está el desastre.
Quito apadrina una tragedia hídrica que ya huele a nivel nacional.

El vacío más hondo es técnico y político: la sentencia omitió indicadores específicos. Sin ellos, cualquier improvisación se vende como «avance». El diagnóstico profundo —la obligación inicial— debía entregarse hace más de un año. No existe. Juraron diciembre de 2025.
Queda medio mes y, al paso que van, parece que esperan que llegue por Rappi.

Los recorridos con la Defensoría lo dejan en evidencia: descargas crudas, tuberías al aire, basura amontonada, riberas desiertas. Y la AMC, como siempre, ausente. Quito fabrica excusas con la misma eficiencia con la que produce aguas negras: sin procesar.

Mientras tanto, el Plan de Acción Climática Quito 2025 plantea que para 2027 llegaremos apenas al 3,47 % de tratamiento. Recién para 2034 aspiran al 10 %. Un chiste de mal gusto para una capital andina del siglo XXI.

La sentencia creó algo inédito: las Guardianas del río Machángara, un frente ciudadano que vigila el cumplimiento. Colectivos, barrios, organizaciones y defensoras que conocen el río mejor que muchos ingenieros. El fallo ordena colaborar con ellas.
¿Ha ocurrido?
Ni una sola vez.

Aquí la rabia deja de ser verde y se vuelve urbana: ningún río se recupera sin indicadores reales, sin una línea base seria, sin control industrial firme, sin datos públicos ni participación auténtica. Nada de eso existe hoy. Mucho menos si el «avance» municipal se limita a álbumes de selfies y giras guiadas.

La sentencia está.
La evidencia también.
Lo que falta es voluntad política —y ciudadanía activa.

Porque un río no se perfuma.
Se limpia.
Y ese trabajo, más temprano que tarde, tendrá culpables con nombres propios.

El Machángara no perdona.


Documentos de referencia (descargables):

  1. Sentencia completa del caso Río Machángara (PDF).
    El fallo original: derechos vulnerados, medidas obligatorias y creación de las Guardianas del río.
    Descargar sentencia →
  2. Matriz de seguimiento y cumplimiento (Excel).
    Todas las medidas, responsables, plazos y vacíos detectados en las mesas técnicas.
    Descargar matriz →
  3. Elementos clave de la sentencia (DOCX).
    Síntesis jurídica: derechos reconocidos, obligaciones municipales y alcances de las reparaciones ordenadas.
    Descargar síntesis →

Llamado a la acción

Recomiendo La vida de un río, documental de Jorge Juan Anhalzer y Naia Andrade: sigue el recorrido de un río ecuatoriano que muta de nombre, paisaje y heridas (Gualpaloma, Pita, San Pedro, Guayllabamba, Esmeraldas).
Seiscientos kilómetros sin maquillaje oficial.
Si no te remueve, revisa tu pulso.

Este filme debería ser obligatorio en las escuelas: no para crear ecoguerreros, sino ciudadanos que entiendan que un río es una vena viva, no un desagüe.

Ministerio de Educación: currículo ambiental listo. Solo proyecten.

Y tú, lector: involúcrate. Únete a las Guardianas (@guardianas_rio_machangara), presiona, firma.
No esperes que llegue por Rappi.
Actúa. El Machángara no espera.

Caso #13

noviembre, 9, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #13• El Estado Clonado. Primera propuesta del proyecto AURA

OJO: Puedes descargar PDF V.01 del manifiesto del proyecto AURA al final de esta entrega.

En 2008, el 62 % de los ecuatorianos vivía en ciudades. Hoy superamos el 65 %, y hacia 2050 el mundo se encamina al 70 % urbano, según la ONU-Hábitat y el Banco Mundial. Ecuador no es la excepción.

Aun así, las aguas lluvias y las servidas siguen compartiendo tubería en amplias zonas. Una proporción altísima de viviendas en Quito se levantó sin control técnico suficiente (no se diga el resto del país). Somos un país urbano con ADN rural: planificamos con machete y morimos en ventanillas.

Mientras la ciudad crece, el Estado sigue legislando como si todo fuera una gran hacienda con Wi-Fi.

La paradoja es simple: hay normas, pero falta estructura ética y pragmática.
El desorden de lo indescifrable es nuestro idioma oficial.

Nuestro sistema de planificación podría ser una materia en Hogwarts. La Constitución es la varita mayor. Debajo operan, en cascada, el COOTAD, que reparte competencias; la LOOTUGS, que regula el suelo; los PDOT y PUGS, que ordenan el territorio local; y la SOT-IPSOT, que registra y valida técnicamente.

Si las pronuncias seguidas —»COOTAD-LOOTUGS-PUGS»— el conjuro deja al ciudadano petrificado y sus necesidades congeladas:
«Vuelva nomás mañana, porque el sistema se cayó.»

¿Demasiadas siglas? No es tu culpa.
Si te aburriste, abajo hay un gráfico y un manifiesto para ampliar lo que estas mil palabras ya no pueden.

Veinte constituciones y más de trescientas enmiendas después, seguimos creyendo que el cambio empieza en la tinta. Cada gobierno reescribe el hechizo y se proclama fundador de un nuevo país. Sobran artefactos estatales: un nudo gordiano que urge cortar.

La crisis no es solo constitucional ni institucional: es sistémica.
La pirámide de Kelsen ordena las leyes desde arriba, pero el territorio se desordena desde abajo. Entre la norma y la obra se pierde la coherencia. Cada nivel de gobierno interpreta su competencia como feudo, y cada reforma repite el ciclo del hechizo inútil.

Hace veinticinco años, Medellín vivía su propio caos. Respondió con método, no con eslogan: un Plan de Ordenamiento Territorial con horizonte largo y revisiones periódicas; una agencia híbrida —Ruta N— que articula gobierno, academia y empresa privada; y mesas multidisciplinarias donde arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos y comunidades deliberan juntos. Cinco gobiernos distintos después, la misma visión urbana sigue vigente.
No hubo magia: hubo estructura y confianza.

Ecuador tiene instituciones y datos equivalentes, pero los mantiene dispersos y sin una mesa común donde sentarse.

Lo que falta no es más política, sino un mecanismo técnico de continuidad:
una mesa suprapolítica que mantenga el orden cuando los gobiernos cambian.

Podríamos llamarlo —provisionalmente— Sistema Nacional de Gobernanza Urbana, mientras alguien inventa un nombre menos burocrático. Yo lo llamo proyecto AURA.

No sería otro ministerio —ya tenemos más siglas que encantamientos—, sino un mecanismo de articulación dentro del Sistema Nacional de Planificación.
Tres verbos bastan: medir, alinear, corregir.

Medir: un tablero público de indicadores comparables —vivienda segura, movilidad sostenible, calidad de ríos, espacio público, residuos tratados, acceso a agua y cumplimiento de planes.
Alinear: revisar cada diez años los PDOT y PUGS frente a metas nacionales verificables, preservando la autonomía de los GAD, pero exigiendo coherencia entre niveles de gobierno.
Corregir: un consejo técnico independiente, rotativo y con datos abiertos que active mecanismos de cumplimiento e incentivos por desempeño.

Ese consejo —núcleo del AURA— estaría conformado por universidades, colegios profesionales, cámaras técnicas, ciudadanía organizada, institutos de investigación, gremios sectoriales y representantes de los GAD.
Su misión no sería legislar, sino evaluar la trazabilidad técnica de las políticas públicas, medir resultados y publicar reportes verificables.
A diferencia de los consejos políticos del pasado, el AURA no nombra autoridades ni reparte poder.

Su composición sería meritocrática y rotativa, elegida por votación interna en instituciones académicas, gremiales y ciudadanas verificadas, con prohibición expresa de ocupar cargos públicos o partidistas.
Su función: auditar con datos, no gobernar con discursos.

Un sistema de fiscalización inteligente, cívico y multidisciplinario que actúe como interfaz viva entre la pirámide normativa y la red social que la sostiene.
El AURA no limita la autonomía de los GAD: la ordena.
No recentraliza: coordina.
No agrega burocracia: agrega memoria.

Su función sería garantizar la continuidad técnica como principio constitucional implícito del derecho a la ciudad.

Otras ciudades ya aprendieron el truco. Curitiba usa su BRT para ordenar densidad y mezcla de usos desde los setenta. Bilbao mantiene su proyecto urbano-cultural con reglas estables más allá de los alcaldes. Seúl restauró el Cheonggyecheon por política de continuidad, no por fetiche de obra. Ninguna inventó ministerios para cada ciclo: consolidaron confianza y evaluación técnica.

Ecuador, en cambio, acumula constituciones y modelos de planificación.
Veinte cartas en dos siglos explican la ansiedad refundacional.
Pero refundar sin evaluar reproduce el mal: más estructuras, menos estructura.

La salida no es otro hechizo, sino un principio de gobernanza suprapolítica que conecte la pirámide con la red.
El nuevo artículo 31 no debería añadir palabras bonitas, sino método y memoria: que la Constitución garantice la continuidad técnica más allá de los periodos electorales.

La ética se hace estructura,
la estructura se hace tiempo,
y el tiempo se hace ciudad.


Descargar Manifiesto AURA V1 — Arq. Esteban Najas →


Notas y fuentes

  1. Constitución del Ecuador (2008) – Arts. 31, 97, 279–280
  2. COOTAD – Registro Oficial Suplemento 303 (2010)
  3. LOOTUGS – Registro Oficial 790 (2016)
  4. ONU-Hábitat – World Cities Report 2022
  5. Ruta N Medellín – Plan Maestro de Innovación
  6. IPPUC Curitiba – Planejamento Urbano
  7. Bilbao Ría 2000 – Informes de proyecto urbano
  8. Hans Kelsen – Teoría Pura del Derecho (1934)
  9. Agenda 2030 – ODS 11: Ciudades sostenibles
  10. Entrevista a Diego Ordóñez — Presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2025. «No diferenciamos lluvias de servidas; estamos matando ríos y, al final, el océano.»

Caso #12

noviembre, 2, 2025 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #12• Barrio La Mariscal: Quito ya está construido, solo está dormido.

Los barrios también sueñan.
A veces con sus memorias extraviadas.

En La Mariscal, entre Robles y Jorge Washington, vivían mis abuelos.
Cuentan que Augusto Pinochet —sí, ese mismo—, agregado militar entre 1956 y 1959, dejaba su Cadillac negro atravesado frente al portón.
Mi abuelo, habano en boca, gesticulaba insultos en su idioma natal desde el balcón al general: «¡Sharmuta, te crees dueño del barrio!»… Vaya que el viejo tenía razón.

Años antes, el barrio ya mudaba de piel.
Rosales al frente, pan caliente, madera encerada y las campanas de Santa Teresita marcando la hora exacta: una ciudad de veredas anchas donde el prestigio se medía por la sombra de los árboles.

En la esquina de la Amazonas con Robles abrió La Favorita, el primer autoservicio del país: así como los parachoques cromados de los autos, los fierros del carrito de compras eran símbolos de modernidad.
La Mariscal era el mall antes del mall: fuentes de soda, peluquerías, sastrerías y zapateros con olor a tiza y laca.

Salto a mi adolescencia.
Frente al parque Gabriela Mistral mi familia abrió el Centro de Comidas El Parque.
Yo, con mandil, volteaba hamburguesas y servía helados.
Cada 5 de diciembre el parque retumbaba con bandas de pueblo, trombones y espuma; después, Wilfrido Vargas hasta el amanecer.
Aunque las damas cariñosas de la noche pululaban en sus esquinas, el barrio era seguro.
Bullían Libri Mundi, Café Libro, El Pobre Diablo, Taller Mariscal, Latitud Cero, Liberarte, Q Manía, El Sótano y Cactus Jack: un circuito insomne de arte, música y resaca.

Hasta ahí nomás mi nostalgia, porque no viví el auge de la Plaza Foch.
Les dejo a ustedes contarme la suya.

Ahora quiero hablar de un barrio que sueña con futuro, pero mirando al retrovisor.

Para 2022, anémica, La Mariscal tenía apenas 10.067 habitantes en 130 hectáreas, pero estaba rodeada de nueve universidades, con miles de estudiantes, docentes y profesionales que llegan de día y huyen al caer el sol.
Otros rondan, consumiendo con licencia municipal hasta la madrugada, en un barrio con luces pero sin ojos.
Y cuando nadie mira, las ciudades caducan como la leche, y los oportunistas se la beben sin mirar la fecha.

Aquí, sin embargo, hay todo para revertirlo: servicios, transporte y población suficiente para repoblarla cuando sientan que hay valor real bajo un modelo sostenible para el inversor dentro de un ecosistema cívico, ético y accesible.
Un barrio vivo no se mide por los bares que cierran tarde, sino por las cortinas que se abren temprano.

El acuerdo

Suena mi celular.
La Agencia de Emprendimiento e Innovación (AEI) —con una red de más de 200 empresas y startups ecuatorianas— me pide apoyo.
«Mañana a las ocho», respondí.

Llovía, pero con café en mano nos sentamos con Daniela Sofía Loaiza (CAE-P) y Diego Hurtado (vecino y urbanista).
Decidimos ir sin novelerías: acuerdos reales entre gobernanza, privados y habitantes.
Así se fortaleció el Polígono de Innovación La Mariscal, dentro del Distrito de Innovación: un trabajo conjunto entre empresa, academia y comunidad para probar que regenerar no es expulsar.
Aparentemente, la alcaldía también está alineada para impulsarla; ojalá sea sostenido.

El polígono ocupa siete hectáreas alrededor del parque Gabriela Mistral —entre Colón, 6 de Diciembre, Reina Victoria y Lizardo García—, un nodo de acupuntura urbana diseñado para provocar contagio virtuoso.

El plan

Esperamos llegar a que el 70 % del suelo sea vivienda, con arriendos accesibles para estudiantes, docentes y jóvenes profesionales.
Regular las alturas con sentido: veinte pisos en los ejes Patria y Colón, consolidando los perfiles urbanos formados en los últimos cincuenta años; doce en la 6 de Diciembre y en las avenidas norte-sur, como Río Amazonas y 10 de Agosto; y solo cuatro —más un quinto retraído— en el corazón barrial de la Mariscal.
Esa escala mantiene la relación con las edificaciones tradicionales y evita sombras que rompan la calidad de vida.
Ninguna sombra más larga que la memoria.

Queremos calles vivas, pisos bajos que huelan a pan y a libros, cafés sin cercos ni vallas, donde los árboles marquen el ritmo de la vida moderna.
Reverdecer con techos ajardinados, aceras amplias y pavimentos permeables que filtren agua y esperanza.
Dejar el auto en los bordes y entrar caminando.
Tarifas que lleguen a los vecinos directamente.
Estacionar menos y mirar más.

La seguridad vendrá con inteligencia: tecnología visible e invisible, diseño urbano que permita ver y ser vistos, y vecinos que confíen entre sí, porque la seguridad no se vigila: se comparte.

El CAE-P recomienda, además, preservar los retiros ajardinados y la morfología histórica de La Mariscal —fachadas abiertas, altura coherente y transición suave entre el espacio público y el privado— como garantía de escala humana y bienestar.

El modelo

La AEI ya instaló su sede en las Torres de Almagro (Ponce Bueno y Stadler, 1978).
La UPC del parque Gabriela Mistral fue renovada por empresas privadas, primer gesto concreto de esta alianza entre ciudadanía y empresa.
Urbanistas y arquitectos acompañan con asistencia técnica, urbanismo táctico y seguimiento del plan parcial.

Privado, gremio y ciudadanía: tres fuerzas que rara vez se alinean, hoy tratando de apuntar derecho.
El objetivo no es solo La Mariscal: es crear un prototipo de ciudad posible, en escala manejable hoy, pero escalable mañana.
Suprapolítica.

Si funciona, servirá de molde para otros barrios que todavía no despiertan.
Cuando un barrio funciona, la gente lo respeta y lo replica.
Pasa como con los sánduches y los hot dogs: si uno pega, al mes siguiente hay diez más.
El éxito también se contagia y desplaza lentamente lo indeseable.

Escriban, discrepen, sumen: las ciudades —como los barrios— se perfeccionan cuando se comparten.
Porque las ciudades no se despiertan solas; alguien tiene que encenderles la luz.

Le seguirá la avenida 10 de Agosto. Ya les contaré… caso a caso.

NOTA EDITORIAL: Este texto pertenece a la serie «Quito Caso a Caso», un proyecto suprapolítico —más allá de partidos o ideologías— que propone leer la ciudad desde su memoria y desde quienes la habitan.

Caso #4

septiembre, 7, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #4• La ciudad en el limbo del huérfano.

Cinco trabas que impiden su repoblamiento

Quito es un hijo en medio de un divorcio maltrecho. De un lado, la ciudad real: edificios de los 70 y 80, como los bloques de La Tola que aún resisten, con metros cuadrados listos para volver a usarse. Del otro, la ley: rígida, diseñada para torres nuevas, ciega ante lo existente. Entre estos padres distantes, la ciudad queda huérfana: barrios que se vacían, como San Roque, y un patrimonio que se oxida bajo el peso de trámites.

La tensión que sufre Quito no es aislada: más del 55 % de la población mundial vive hoy en ciudades y, en apenas una generación, esta cifra se acercará al 70 %. Mientras el planeta se urbaniza, los conflictos de gobernanza se hacen más visibles. La cuerda se estira entre un centralismo que legisla desde arriba sin entender las realidades locales y los municipios que cargan contra el ciudadano y la vida urbana. En ese forcejeo, la ciudad queda atrapada como un hijo que no puede decidir dónde vivir.

El 29 de octubre de 2024, la reforma a la Ley de Cultura fue vetada en su totalidad (Oficio No. T.377-SGJ-24-0411). La Asamblea, sin los votos suficientes, la archivó. Esa propuesta reducía los planes integrales de patrimonio a simples anexos y dejaba abierto un inventario vago de bienes protegidos. En una ciudad donde seis de cada diez edificaciones son informales (Municipio de Quito, 2023), el riesgo era enorme: casas de bloque en La Mariscal o edificios precarios en Chimbacalle podían ser declarados «patrimonio» solo por la fecha de construcción. Imagina un edificio con techos de zinc roído, intocable, solo por ser ochentero. Sería condenar al huérfano a un congelador jurídico, sin poder adaptarse ni crecer, incluso cuando el 45 % de esas estructuras colapsarían en un sismo fuerte (Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2022).

A ese peligro se suman los candados que ya conocemos. Los incentivos fiscales premian únicamente a la obra nueva: VIS y VIP devuelven IVA y facilitan crédito, pero un edificio en La Floresta, con décadas de historia, no recibe nada aunque su rehabilitación revitalizaría el barrio. Las licencias se limitan a certificar lo existente: la LMU 22 da fe de lo construido, pero no permite subdividir un departamento de 200 m² en dos más pequeños, aunque la demanda lo pida. Los cupos de vivienda actúan como jaulas: una ordenanza fija cuántas unidades puede tener un lote y, aunque los metros lo permitan, en San Juan no se puede dividir. La Propiedad Horizontal exige mayorías imposibles: 75 % de aprobación para cambios estructurales y 60 % incluso para intervenciones menores en fachada. En edificios antiguos del centro-norte, conseguir esas firmas es tan difícil como reunir a los dueños que viven en Australia. Y el crédito castiga la edad: la banca privada cierra la puerta a inmuebles con más de veinte años, y aunque el BIESS ofrece líneas de remodelación, sus condiciones son tan rígidas que pocos logran acceder.

Estos cinco papeleos mantienen a Quito en un orfanato urbano: edificios detenidos en el tiempo, memoria atrapada en formularios, barrios que pierden habitantes. La salida no está solo en torres brillantes en la periferia, sino en un acuerdo de custodia que reconcilie a la ciudad con sus normas. Urge un VIP-R que premie la rehabilitación, como hace Londres al reducir el IVA en viviendas renovadas; una LMU 22-bis que autorice subdivisiones sin aumentar volumetría; un cupo neutro que libere metros útiles dentro de lo ya construido; una Propiedad Horizontal flexible que simplifique mayorías; y un crédito post-obra que trate a un inmueble reforzado como nuevo, como los créditos fiscales que aplica EE.UU.

Todo esto exige, además, una hoja catastral renovada y digitalizada que reconozca los edificios de los 70 y 80 como activos habitables, no como reliquias. Con ella se evita patrimonializarlos sin criterios y se genera seguridad jurídica para rehabilitarlos. Y al mismo tiempo permite distinguir lo que debe seguir caminos distintos: los inmuebles dilapidados de esa época requieren reglas claras para su actualización, mientras que el patrimonio moderno, en todas sus tipologías, debe ser inventariado, preservado y proyectado con un aire nuevo hacia el futuro.

Quito no necesita más periferias desconectadas. Necesita padres que se hablen: leyes que dialoguen con lo construido, trámites que liberen en vez de atrapar. Otras ciudades lo han logrado: Londres revitalizó barrios con incentivos fiscales; Estados Unidos salvó distritos históricos con créditos accesibles. Quito puede ser el siguiente. Pero mientras sus normas actúen como padres en disputa, seguirá siendo un huérfano en su propio centro. La ciudad está frente a un dilema: o se habilita la rehabilitación como vía de repoblamiento, o se condena a sus edificios antiguos a la obsolescencia.


Fuentes consultadas

Urbanización global: más del 55 % de la población vive en ciudades (UN DESA, World Bank); se espera que aumente al 68–70 % hacia 2050. un.org

Veto total Ley de Cultura: Oficio No. T.377-SGJ-24-0411, Presidencia del Ecuador, 29 de octubre de 2024.

Informalidad urbana: Municipio de Quito y El Comercio (2023), «Más del 60 % de las edificaciones de Quito son informales».

Vulnerabilidad sísmica: Colegio de Arquitectos de Pichincha citado en El Comercio (2022), «70 % de edificaciones informales; 45 % colapsarían en un sismo fuerte».

Comparativa internacional:
Reino Unido: reducción de IVA a rehabilitación, HM Revenue & Customs.
Estados Unidos: Federal Historic Preservation Tax Incentives Program, National Park Service / IRS.

Caso #3

agosto, 31, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #3• Quito y Tokio – La Post Nostalgia.

El pasado jueves, en un podcast en La Floresta, Quito, se debatió la rehabilitación de La Mariscal. Allí surgió, otra vez, la falsa batalla entre nostalgia y reinvención, una dicotomía que no existe.

En Tokio, una metrópoli de 37 millones de habitantes, una anciana manicura las plantas de su vereda con precisión milimétrica y limpia con cepillo sus escaleras de piedra. A doscientos metros, un niño de siete años, bajo rascacielos y luces LED, camina solo hacia la estación de tren, mochila al hombro, rumbo a su barrio.

He tenido la suerte de visitar Japón cada década desde los diez años. Siempre quedo abrumado por una ciudad que sostiene la vida cotidiana, donde el pasado ancestral convive con una modernidad vertiginosa.

Tokio teje 23 distritos especiales en un orden funcional e inescrutable; su identidad es más horizontal que vertical, con calles a escala humana. Caminar, pedalear o tomar el tren más eficiente del mundo asegura una proximidad absoluta.

En esas calles estrechas conviven capas de lo cotidiano: casas de madera y edificios de catorce pisos en solares mínimos, konbini abiertos 24/7 con lo esencial a pasos de casa, máquinas dispensadoras regadas como confeti en cada callejón, y los koban —casetas policiales con mascotas de anime— que ofrecen seguridad sin armas.

La vida urbana no distingue recuerdo o futuro: el espacio público moldea al ciudadano, y el ciudadano da forma al espacio, guiado por una danza invisible de dos términos fundacionales de la psiquis japonesa: honne (本音), lo que se siente en el corazón, y tatemae (建前), la armonía mostrada al mundo. La metrópoli brilla con neón, pero el barrio cultiva una calma que sostiene la convivencia.

El Tokyo Toilet Project, rediseñando baños públicos en Shibuya con arquitectos de renombre, lo demuestra: cuidar lo pequeño dignifica lo grande. Los shotengai, pasajes con tiendas y tabernas, cruzan lo cotidiano con la monumentalidad. La era Shōwa, esa época de los 50 a los 70 con neón, city pop y el auge tras la guerra, revive en el honne nostálgico de Shibuya, con el Miyashita Park —un parque elevado con jardines y tiendas retro— y el Shibuya Yokocho —un callejón de bares que evoca los sabores de antaño—, un tatemae que brilla hoy.

En Quito debatimos si conservar o reinventar, como si fueran antónimos. Las plazas y veredas donde antes se cruzaban historias han quedado vacías frente al confort de malls cerrados, con aire acondicionado, patios de comida y escaparates de franquicias.

Hay iniciativas público-privadas que intentan cambiar ese guion. En Bellavista, el Parque Aromático florece con senderos sensoriales y un Club del Compost que une vecinos en torno a la sostenibilidad. En Guápulo, el programa El CEES deja Huella restaura quebradas con camineras verdes. En el Centro Histórico, el proyecto De Vuelta al Centro siembra geranios en balcones y plazas, evocando el honne de la memoria quiteña y el tatemae de un futuro vivo.

Club del Compost — Barrio Bellavista →

De Vuelta al Centro — Ruta de los Geranios →

El CEES Deja Huella →

Tokio no es perfecto. Una crisis demográfica pesa, con ancianos llenando calles y una juventud desconectada, atrapada en pantallas y algoritmos. Pero en Quito, donde barrios enteros son hoy abandonados, no debemos sentir la presión de repoblarlos con una simple elección entre ingenua añoranza versus un futuro «trendy» que tiene fecha de caducidad anunciada. Propongo saber tejer, con inteligencia urbana, un camino entre honne y tatemae: lo que la ciudad susurra en su memoria y lo que decide proyectar en sus barrios. Que nuestro pasado no sea ancla, sino viento que impulse un Quito vivo, donde un niño camine seguro, como en Tokio, con el ayer en su mochila y el mañana en sus pasos. ¿Qué calle de tu ciudad salvarías para que esto sea real?

Quito, caso por caso.

Cada semana, un análisis urbano directo al grano.