Etiqueta: mediambiente

marzo, 29, 2026 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #33• Arte y ciudad: lo que la calle sostiene.

A raíz del Caso #30 y del artículo de Primicias que más improperios me propinó en redes sociales, un golpe que conectó fue el de Javier Cevallos Perugachi, compañero de aula en la secundaria y con un histrionismo envidiable. Lleva décadas entre el teatro, la gestión cultural y la calle; conoce de cerca esa distancia, un poco cruel, entre la idea artística y la logística pedestre que la vuelve posible.

Para los que tienen calle como él, el laberinto va bastante más allá del edificio. Tiene razón: se necesitan equipos, mediación, operación, permisos, continuidad y público. Sin eso, hasta el espacio cultural mejor restaurado es apenas un cascarón.

El comentario de Javier me devolvió a una intuición similar a la del Caso #7: «Abre un restaurante… y luego me cuentas». Escribí entonces sobre el viacrucis de abrir un restaurante en Quito. Hay trabajos que, desde afuera, parecen simples hasta que uno mira la trastienda. Con los artistas pasa algo parecido, pero más ingrato. El backstage se desparrama por toda la ciudad. Y cuando la política decide usar la cultura como escudo o munición, el camino se vuelve todavía más áspero para quienes solo intentan trabajar.

La propia arquitectura cultural ecuatoriana ya parte de una idea amplia del sector, con rectoría nacional, registro de actores culturales, fondos de fomento, gestión local y una cadena de autorizaciones para que la expresión llegue a ocurrir en el espacio urbano. Es decir, esto nunca fue solo un asunto de gastar en murales.

Quito y el país siguen tratando estas expresiones como episodios fotogénicos y como rehenes útiles de pugnas entre facciones centralistas y locales. Muy pocas veces como parte de una misma ecología cívica y cultural. Y ese conflicto no siempre nace de la falta de recursos, sino de algo quizá más ecuatoriano: la costumbre de volver ilegible la gestión, incluso para quienes dependen de ella para trabajar. Ahí empieza buena parte del desgaste. No solo en la escasez, sino también en la opacidad, en el trámite que nadie termina de explicar del todo.

Ciudades como Filadelfia convirtieron el mural en una herramienta cívica vinculada a la educación, a la comunidad y a la memoria. Lisboa creó una institucionalidad específica para dialogar con el grafiti y el street art como lenguajes contemporáneos de la ciudad. Y Buenos Aires, con todos sus problemas, ofrece algo que aquí todavía miramos como si fuera alquimia: una mezcla de fondos, mecenazgo, sociedad civil especializada y políticas sectoriales para sostener el teatro, el libro y la circulación cultural sin colgar todo de la misma cuerda anual.

No digo que esas ciudades lo tengan resuelto por completo. Solo digo que adoptaron algo mucho mejor: la cultura urbana necesita reglas, operación eficiente y continuidad.

Porque una feria del libro, una obra en la calle, un concierto en una plaza o una instalación visual tienen una materialidad muy concreta. Requieren permisos, rutas de producción, uso del espacio, seguridad, aforo, coordinación pública y, muchas veces, mezclas de financiamiento y apoyo que no dependen de una sola oficina ni de un solo relato político. En Quito, incluso para un espectáculo público, la cadena ya pasa por RUC, patente, aforo, bomberos, autorizaciones y controles. O sea, la épica del artista por sí sola no alcanza. Nunca alcanzó.

Por eso, la discusión no debería quedarse en el griterío sobre quién tiene la culpa cuando una expresión cultural entra en crisis. Esa pelea produce bastante ruido, poco sistema y, casi siempre, termina dejando a los artistas con las migajas del conflicto.

Lo útil sería empezar por cosas más concretas. Una sola ventanilla digital para la cultura en el espacio público, con formularios unificados, trazabilidad real, responsables identificables y un calendario claro, no esta gincana de sellos que hoy desgasta antes de empezar y, al mismo tiempo, deja espacio para que todo se vuelva opaco.

Si se observa un trámite, que se sepa quién lo observó, cuándo y por qué. Si se aprueba, lo mismo. Un sistema de coinversión en el que el respaldo ciudadano, privado o barrial, active fo

marzo, 22, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #32• Marca ciudad: souvenirs de alcaldías.

Antes de estudiar arquitectura, me gradué como diseñador gráfico en 1997, dominaba la lógica de la imprenta offset: separar los colores por capas, preparar películas y planchas, y controlar los tramados con los que la imagen aparecía en el papel. No sospeché que la era digital me esperaba al doblar la esquina.

De ese mundo analógico me quedaron la síntesis, la legibilidad y la construcción de sentido comunicacional. Hoy, con la IA, las herramientas envejecerán más rápido que las ideas, y a muchos jóvenes este nuevo asalto tecnológico los encontrará en un estado de alerta aún mayor.

Con las ciudades pasa algo parecido cuando no hay una estrategia de comunicación: cambian los formatos, los canales y los lenguajes visuales. Lo que no debería entrar en subasta pública cada cuatro años es la arquitectura de marca y sus activos distintivos, así como los relatos y las reglas de uso que pueden sostener su reconocimiento a lo largo del tiempo.

Quito, en cambio, lleva décadas atrapada en una compulsión tan amenazante como los cambios tecnológicos: reiniciar su firma institucional y reabrirla, una y otra vez.

Una marca no se evalúa primero por si gusta o no, sino por su capacidad de condensar sentido, generar reconocimiento, sostener una promesa y mantenerse en el tiempo.

Esto no va en contra de los diseñadores, artistas o equipos de comunicación que han trabajado con estas marcas a lo largo de los años. Varias pudieron haber sido perfectamente competentes, incluso bien resueltas.

Se confunde la marca con el logo, el turismo con la identidad y la ciudad con el alcalde.

Ahí está la confusión madre: una cosa es la marca ciudad, otra la marca turística y otra la firma institucional del municipio.

La primera debería durar bastante más que un alcalde. La segunda puede adaptarse sin perder su esencia. La tercera sí puede cambiar con el gobierno local.

El desorden empieza cuando esas tres capas se mezclan y terminan sometidas al mismo impulso: rebautizar la ciudad como si fuera Snoop Dogg.

Entre 2000 y 2022, un estudio sobre el caso quiteño identificó siete marcas corporativas municipales y tres procesos de city branding, con una frontera difusa entre la marca ciudad y la marca turística, una fuerte influencia política en los cambios y una apropiación limitada por parte de los quiteños.

Esta ilógica manía por «reinventarse» pierde el reconocimiento acumulado, la claridad ante el visitante y la consistencia ante el propio ciudadano. El problema no es un logo. Es la compulsión de pegar uno nuevo sobre el anterior.

Es útil mirar ejemplos con lógicas distintas. I LOVE NY, administrada bajo licencia oficial por el Estado de Nueva York, no es una marca de ciudad ni vive solo de un código gráfico pegajoso. Sigue vigente porque alguien entendió a tiempo que la identidad pública no puede tratarse como una campaña de temporada.

Nuestros vecinos crearon Marca Perú, que nació en 2011 y, quince años después, sigue viva porque no fue tratada como un souvenir estatal. Se convirtió en una herramienta nacional muy versátil que sirve para el turismo, las exportaciones, las inversiones, los eventos, los productos y las licencias de uso. Duró porque salió del logo y entró en el sistema.

Para Quito, resulta especialmente torpe cambiar el tono, el lema, la firma y la promesa visual como si cada administración estuviera en un concurso de arte preescolar. Más aún, cuando Quito tiene tanto material narrativo en su geografía, patrimonio, historia, altura y paisaje, y en una condición andina muy marcada.

La salida tampoco pasa por correr a encargar otro logo, que es una forma carísima de fingir que se está haciendo algo. Esto debe ser algo más serio y menos ansioso: auditar qué activos simbólicos ya existen, qué recuerdan y reconocen los quiteños, qué funciona hacia afuera y qué parte del sistema actual merece quedarse.

Puede que la salida no sea matar la marca vigente, sino dejar de administrarla mal. Corregir lo que haga falta, ordenar su uso y separar, de una vez, la marca ciudad, la marca turística y la firma institucional.

Quito no tiene problema con su logo. Tiene un problema de continuidad simbólica. Y eso empieza a resolverse cuando se deja de pegar un sticker político sobre otro.

marzo, 15, 2026 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #31• El último chulla quiteño.

Marco Chiriboga Villaquirán —cronista apasionado por nuestra capital y una de esas voces que conocieron cada entraña de sus calles— me regaló el libro «Guía de arquitectura de la ciudad de Quito», publicado por la Junta de Andalucía.

Son quince años desde que, entre sus páginas, dejó una nota escrita a mano, alentando a un joven arquitecto que no sabía muy bien qué hacía. Intentamos juntos un plan para recuperar las escalinatas de la Avenida Pichincha, buscando hilvanar el corredor peatonal que fragmenta San Blas, San Marcos y La Tola con el Centro Histórico.

El proyecto, como tantos otros empujados durante décadas por quiteños idealistas, murió en el papel. La nota manuscrita en papel Kimberly, de color ocre, en cambio, sigue viva entre las páginas de esos tomos que tengo a la vista en mi mesa de trabajo.

Palabras escritas que, si salieran de su boca hoy, serenamente retumbarían con su enorme voz que lo caracterizaba, como un Orson Welles nacido en la Tola.

Durante años, condujo en Radio Sucesos el programa «Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito». Impulsó y difundió la identidad nacional a través de otras 23 radios en todo el Ecuador. No era solamente un cronista de Quito, sino también un narrador del país.

Desde que se fue en 2014, muchos lo recuerdan como «el último chulla quiteño». Lo que él representó fue uno de los últimos destellos de una larga identidad capitalina, una tradición con la que Quito ha sido discretamente ingrata y que se apaga como un velón de romería.

La palabra chulla proviene del kichwa ch’ulla. Significa uno solo, impar, sin pareja. Algo incompleto.

Esa idea de lo incompleto describe muy bien la historia cultural de Quito.

Durante décadas, el chulla, además de ser un personaje, fue una forma en que nuestra ciudad se detenía en las esquinas. Elegancia improvisada, ironía política, orgullo mestizo… y esa habilidad muy quiteña de mirar al poder con media sonrisa, como quien sabe que mañana también puede encontrárselo comprando pan.

La literatura capturó ese espíritu con precisión en El chulla Romero y Flores, la novela que Jorge Icaza publicó en 1958. En ella, Luis Alfonso Romero y Flores vive atrapado entre dos mundos: la herencia indígena que intenta negar y la respetabilidad social que intenta imitar.

Esa fractura interior no era solo personal. Era también urbana.

Con el tiempo, el arquetipo saltó de la literatura al escenario. Ernesto Albán transformó ese dilema interno en una comedia popular con Don Evaristo Corral y Chancleta, un personaje que se convirtió en uno de los grandes símbolos teatrales de Quito.

El público se reía porque se reconocía a sí mismo.

Años después, el Municipio intentó convertir ese símbolo en una campaña cívica. A finales de los años ochenta, durante la alcaldía de Rodrigo Paz, el caricaturista quiteño Édgar Cevallos Rosales reinterpretó al personaje con la voz de Hernán Cevallos.

Fue una campaña muy efectiva: usar un arquetipo cultural para hablarle a la ciudad.

Pero algo empezó a cambiar.

Quito creció más rápido que su propio relato.

Hoy Quito ya no funciona como una ciudad, sino más bien como un archipiélago urbano: islas que comparten cordillera pero no necesariamente conversación.

Centros históricos patrimoniales, corredores financieros, barrios de ladera, urbanizaciones suburbanas en los valles, enormes periferias populares que también producen su propia forma de vida.

Todos somos Quito, pero no siempre hablamos el mismo lenguaje.

Gran parte de quienes hoy habitan la ciudad no heredó esa identidad. Llegaron a una casa que siempre nos abre la puerta. Algunos se quedaron a vivir, pero todavía no siempre nos sentamos en la misma mesa. Esta familia disfuncional, llamada Quito, todavía está tratando de encontrar un idioma común.

Quito se convirtió, silenciosamente, en una ciudad sin quiteños.

Quizás lo que Quito está perdiendo no es solamente su identidad, sino algo más sutil: su dialecto urbano. Durante décadas la ciudad desarrolló una manera propia de hablarse a sí misma —en el humor, en la ironía política, en la forma de caminar sus plazas o de comentar la vida pública desde una esquina—. El chulla era, en el fondo, la personificación de ese dialecto.

La estatua de don Evaristo sigue sentada en la Plaza del Teatro, frente al Teatro Variedades Ernesto Albán, observando a la ciudad pasar.

Turistas, oficinistas, estudiantes, vendedores ambulantes, migrantes recientes, quiteños de varias generaciones.

Todos compartimos el mismo espacio. Pero no siempre la misma ciudad. Porque una ciudad no es solo un territorio. Es una conversación que alguien tiene que sostener. Y últimamente, en Quito, cada barrio parece hablar por su cuenta. El chulla caminaba por la ciudad con bastón, ironía y memoria y sabía perfectamente dónde estaba parado, incluso cuando fingía.

Nosotros, en cambio, muchas veces habitamos la ciudad en constante tránsito: conocemos nuestro sector, pero no necesariamente el barrio ni la ciudad.

En esa nota que dejó Marquito Chiriboga entre las páginas del libro que tengo a mi lado mientras escribo esto, cabe algo pequeño pero potente: una frase escrita a mano. Una pista de lo inefable de ser quiteños… y de algo que todavía estamos tratando de asir.

marzo, 8, 2026 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #30• Cuando el presupuesto se convierte en teatro.

En el Concejo Metropolitano de Quito se discutió la proporción entre el gasto y la inversión en el presupuesto municipal. Lo que debía ser un debate técnico terminó, otra vez, en una puesta en escena.

Se proyectaron cifras alarmantes, colegios municipales en riesgo, programas sociales y servicios básicos amenazados. A los concejales se les desafió a elegir el cordero de sacrificio. El libreto fue claro: si se aplica el 70/30, alguien deberá sufrir, pero no cuenten con que sea el aparato burocrático.

En El rey Lear, de William Shakespeare, cuando al monarca le dicen que no necesita cien caballeros, responde indignado: «No me habléis de necesidad.» Y convierte el límite en un agravio. No es muy distinto de lo que vemos hoy.

En este culebrón de los GAD, usar a los colegios y al gasto social como escudo retórico siempre rinde más que abrir las partidas y ordenar la casa. Claro que una escuela necesita profesores. Lo curioso es que cada vez que se habla de ordenar el presupuesto, el foco se pone en el aula y no en rubros amplios —consultorías varias, servicios externos— que también merecen revisión. Si ordenar estorba, el problema no es la escuela, sino la gestión.

Aquí conviene una precisión: esta no es una discusión contable ni un cuestionamiento del gasto social o cultural. Es una discusión sobre la gestión institucional y cómo una discusión administrativa puede convertirse en un espectáculo político.

La regla ha estado en el COOTAD desde su origen. El artículo 198 regula el destino de las transferencias; la reforma añade el 198.1 y ahora el cumplimiento se mide respecto del presupuesto codificado, con aplicación gradual. Traducido: el debate no es de capítulos ni de etiquetas, sino sobre cómo se clasifica y se ejecuta el gasto bajo un indicador revisable. Hoy se refuerza el control y se amplía el seguimiento, con más disciplina y menos margen para mover partidas tras bastidores.

En esta discusión, todas las estructuras de gobernanza deberían estar orientadas a combatir la ineficiencia, sin reglas de excepción entre el Gobierno Central y los GAD. Este límite debería empujar a jerarquizar, no a dramatizar.

Defender la inversión social no es incompatible con exigir rigor administrativo. Al contrario: cuanto más valioso es un programa educativo o cultural, mayor debería ser la exigencia de gestionarlo con eficiencia y transparencia.

Y conviene decirlo sin rodeos: la importancia de las artes para una sociedad no está en cuestión aquí. Para algunos de nosotros —arquitectos, diseñadores y personas formadas en disciplinas creativas— esa defensa no es retórica ni coyuntural. Es existencial.

Quito ya tuvo el FONSAL, una institución que convirtió el presupuesto en ciudad, nacida tras el terremoto de 1987 como unidad ejecutora con foco territorial, presupuesto identificable y capacidad real para construir.

En 2010, el FONSAL se transforma en el IMP. Con ello, el modelo dejó de ejecutarse directamente y pasó a regular, ampliando sus competencias internas. El músculo operativo dejó de ser el centro y el patrimonio pasó a gestionarse más desde una lógica institucional y regulatoria.

El FONSAL restauró el Teatro Sucre. Hoy, el edificio sigue funcionando gestionado por la Fundación Teatro Nacional Sucre del Municipio, fuera de la tarima política. Una rareza para Quito: un edificio cultural restaurado que durante décadas ha organizado actividades artísticas, junto con una plaza bien recuperada que impulsó el comercio, el turismo y la vida urbana.

Ese punto importa: la infraestructura cultural importa, pero no funciona sola. Los edificios crean condiciones; lo que los mantiene vivos son los artistas, los públicos y los modelos de gestión que sostienen su programación.

El arte no debería defenderse como un argumento presupuestario esencial dentro del gasto público ni convertirse en marioneta de ninguna ideología ni de ningún partido. Se defiende construyendo escenarios que perduren más allá de una administración. El Sucre sigue allí, eficaz, como modelo de una gestión que cambió hace dieciséis años.

Por otro lado, tenemos el Teatro Bolívar, un espacio de propiedad privada gestionado por su fundación, al que no le quita el sueño ni el 70% ni el 30%, cuando, en buena parte, ha subsistido gracias a la resiliencia de una fundación privada, con aportes y campañas de restauración paulatinas.

El 70/30 no se aplicará de un día para otro ni en abstracto. Será un proceso gradual cuya verdadera dimensión se verá en su implementación. Allí sabremos si esta pugna de poderes termina afectando lo que realmente importa: la vida cultural, social y cotidiana de las ciudades.

Frente a una regla fiscal más estricta, los GAD deberían ordenar el backstage burocrático: dónde se pierde eficiencia, qué gasto corriente se disfraza de inversión y qué inversión no genera resultados medibles.

Se puede discutir la regla y defender la autonomía, pero no se puede seguir confundiendo el escenario con la gestión. El teatro vive del conflicto y del sacrificio simbólico; la administración pública vive de decisiones que se ejecutan a tiempo y con rigor.

Cuando el presupuesto se convierte en espectáculo, el drama desplaza el orden y el sacrificio aparece en primera fila mientras el aparato que lo produce permanece detrás del telón. El 70/30 no es una tragedia. Es la prueba de si sabemos administrar cuando no hay público.

marzo, 1, 2026 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #29• La Mariscal: el papel ya existe, ahora empieza lo difícil.

Son tres meses desde que escribí el Caso #12: «Barrio La Mariscal: Quito ya está construido, solo está dormido»; conté cómo nació un proceso que pudiera ayudar a enlazar necesidades barriales, incentivos privados, criterios técnicos y voluntad pública para alinearlos con los objetivos compartidos de esta zona de Quito.

A finales de enero de 2026, el Concejo aprobó el Plan Urbanístico Complementario Parcial de La Mariscal (PUCP-001-2026).

Como todo instrumento urbano, es mejorable y sujeto a revisión, pero lo suficientemente concreto como para empujarnos a no desperdiciar la oportunidad de incidir en él.

Este llamado «polígono de innovación» entre Colón, Reina Victoria, Lizardo García y 6 de Diciembre —con epicentro en el Parque Gabriela Mistral— ha sido aprobado con algunos objetivos: volver a poblar el barrio, activar el comercio de cercanía y recuperar residentes en un entorno que concentra nueve universidades y una potencial demanda de unidades residenciales que reconozcan su identidad histórica.

Mientras eso ocurre en el plano normativo, en la calle ya hay piezas concretas a la vista, a las que haremos seguimiento técnico y ciudadano para tratar de que no queden en letra muerta.

Primero: la AEI (Alianza para el emprendimiento e innovación del Ecuador) adquirió oficinas en las Torres de Almagro, donde próximamente funcionará el HUB de Innovación.

Desde distintos equipos técnicos se ha trabajado en su diseño arquitectónico y en la mejora del espacio público para fortalecer la conexión peatonal, el uso mixto y la relación directa con el Parque Gabriela Mistral. Este es solo uno de varios esfuerzos que deberán coordinarse para que el plan tenga un efecto positivo medible.

En paralelo, se trabaja con universidades y actores barriales en la elaboración de un manual con propuestas para el espacio público del polígono, que plantea la extensión de veredas, atrios gradados de estancia y una arborización que conecte, con mayor fluidez, el subsuelo comercial de las torres con el parque.

Segundo: La Asamblea Barrial Mariscal Legado Cultural, con la participación activa de vecinos y dueños de emprendimientos locales, ha obtenido fondos de participación ciudadana por aproximadamente cuarenta mil dólares para rediseñar el parque, con la ayuda de docentes y estudiantes de la PUCE.

Tercero: El Colegio de Arquitectos de Pichincha, dentro del marco de la XXV Bienal Panamericana de Arquitectura, lanzó el concurso de nueve pabellones urbanos centrados en la niñez; uno permanecerá de forma permanente en el parque, con el objetivo de lograr una apropiación real y duradera por parte de la comunidad.

Cuarto: El 11 de diciembre de 2025, en la intersección de Diego de Almagro y Luis Cordero, ConQuito inauguró el centro de innovación IQ con servicios de coworking, salas de reuniones, talleres de prototipado, cabinas de estudio y áreas de capacitación. Sería excelente que algunos de sus ocho pisos fueran destinados a vivienda de jóvenes funcionarios de esta institución.

El texto del plan amplía el margen de acción: la innovación no se reduce a lo tecnológico, sino que también habilita iniciativas urbanas que pueden evaluarse caso por caso. En ese sentido, el polígono puede funcionar como un laboratorio regulado donde nazcan nuevas ideas de ciudad para su ensayo y medición de su impacto en la zona.

A la Mariscal le urge recuperar residentes permanentes, especialmente de la clase media, como estudiantes y docentes, que hoy no encuentran una oferta adecuada en la zona. Sin población estable, no hay mezcla social que sostenga la actividad cultural y económica más allá de los picos horarios.

Pero hay una pieza crucial que, de no resolverse, cierra toda posibilidad: la plaza El Quinde, mejor conocida como Plaza Foch.

Durante décadas, fue el corazón nocturno del norte de Quito. Hoy es un epicentro de toda estirpe de ilegalidades y de microtráfico que degrada de manera devastadora la percepción integral del barrio.

Si la Foch no se interviene con urgencia en materia de seguridad, el repoblamiento no despegará jamás. Se requiere presencia operativa constante, coordinación efectiva entre la Policía Nacional y el Municipio, control real de permisos y horarios, y combate sostenido al microtráfico.

A eso se suman la tecnología interoperable, la iluminación estratégica y el rediseño del espacio público bajo criterios de seguridad activa y pasiva: visibilidad, eliminación de puntos ciegos, mezcla de usos y flujo peatonal continuo. Sin ese estándar integral, cualquier inversión resultará inútil.

En varias ciudades, cuando un distrito se degrada, su recuperación viene de la mano de un control eficaz, de reglas claras e incentivos que hacen que volver a invertir tenga sentido financiero. La norma, por sí sola, no atrae capital; pero con el modelo de innovación urbana implantado en el texto, se abre la puerta a nuevas propuestas de inversión sostenible con valor tangible para el barrio.

Si hablamos de innovación urbana, hay que aterrizarla. Incentivos tributarios bien diseñados. Traslado de los derechos de edificabilidad a zonas más densas. Y algo clave: que los créditos hipotecarios preferenciales del Ministerio de Vivienda no sirvan solo para construir desde cero, sino también para remodelar y rehabilitar edificios existentes. La diferencia estará en activar lo que ya está construido, generar un producto accesible por cercanía y precio justo, y evitar que la clase media siga siendo expulsada hacia la periferia.

El papel ya está. Lo que sigue no depende solo de las autoridades ni de los desarrolladores. Ahora está en la arena pública. Si se ejecuta con metas claras para Quito, puede convertirse en un precedente ejemplar. Si se tuerce, quedará claro dónde y en manos de quién. Eso será material para el CASO #45.

IMPORTANTE: Aquí está el enlace público para descargar el Plan Urbanístico Complementario Parcial de La Mariscal (PUCP-001-2026). POR FAVOR, PONGÁNLO BAJO SU MICROSCOPIO.

Descargar el PUCP-001-2026 →

febrero, 22, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #28• Barrios de ocho horas.

¿Es una realidad el vaciamiento de Quito?

En el Foro de la Ciudad #91, presentado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha hace unos días, se lanzó una pregunta muy amplia: ¿Es una realidad el vaciamiento de Quito?

Si bien cualquier ciudad puede degenerar paulatinamente por causas fortuitas, como la pandemia; demográficas, como el envejecimiento de la población; y administrativas, como la falta de estabilidad jurídica y normativa, la conclusión más evidente para el ciudadano es que esto sucede cuando se vuelve unifuncional y pierde habitantes. Es decir, cuando los incentivos para quedarse se desvanecen y la mezcla deja de sostener la vida cotidiana.

Detroit, como caso extremo, perdió cerca del 65 % de su población en setenta años, entre otras razones, tras depender durante décadas de un único motor económico y urbano: la industria automotriz.

Pero a veces también lo que suena como una buena idea en papel puede acelerar el deterioro, no solo en sus calles inmediatas, sino también, con el paso del tiempo, provocar cambios inesperados a kilómetros de distancia.

Quiero mirar dos ejemplos locales. No son los únicos, pero ayudan a entender cómo las decisiones urbanas o arquitectónicas pueden reconfigurar barrios enteros sin que lo notemos a tiempo.

A la altura de lo que hoy es el Parque Bicentenario, el norte fue durante décadas un territorio densamente habitado, aunque imperfecto; allí convivían hoteles, oficinas, cines, bancos, supermercados y colegios. Todo superpuesto en pocas cuadras y con una fricción citadina constante.

El antiguo aeropuerto movía más de cinco millones de pasajeros al año antes de cerrar en 2013. Desde 1960, funcionó como un motor urbano incrustado en estos barrios caminables donde crecí y jugué. Los aviones pasaban amenazantes sobre nuestras cabezas, sí, pero abajo ocurría todo lo que necesitábamos sin un plan maestro para validarlo, porque había algo elemental: vivienda y variedad de usos.

El 19 de febrero de 2013 no solo despegó el último avión. Se apagó un sistema cotidiano con el que habíamos aprendido a convivir, a aceptar riesgos y a generar comunidad y pertenencia. En cuestión de meses, su pulso fue perdiendo vitalidad.

No fue accidental ni imprevisto. Desde los años 2000, se sabía que retirar el aeropuerto era necesario. Durante años, nuestra disfuncional burocracia enterró concursos, estudios y discursos en décadas de alcaldías discontinuas, dándole la espalda a un parque urbano que sigue en deuda con todos los quiteños.

Luego vino otra decisión: esta vez, no por quitar una pieza urbana, sino por imponer una nueva, que concentraría a miles de funcionarios en un solo complejo administrativo al norte. Muy cómodo para muchos ciudadanos, pero su impacto indirecto en la vida del gran tejido quiteño fue monumental.

La Plataforma Norte, resultado de un concurso público en 2012, terminó siendo un volumen horizontal ininterrumpido de más de 130.000 metros cuadrados. El planteamiento original hablaba de dos piezas y de un sistema de plazas, pero lo que se construyó fue una masa ajena a la escala peatonal, lo que rigidizó aún más la ya frágil conexión oriente–occidente en esta ciudad tan alargada.

La concentración institucional no solo alteró los flujos y los horarios. Reordenó el mapa invisible entre los barrios. Lo que antes estaba distribuido en varios ejes —oficinas públicas, trámites, abogados, cafeterías, movimiento diario— se comprimió en un solo punto. El efecto no fue inmediato, pero sí claro. En la Av. 10 de Agosto, están a la vista decenas de edificios y locales cerrados o subutilizados, incluidos inmuebles oficiales como oficinas del IESS y antiguas sedes públicas. Lo que durante generaciones sostuvo el tránsito cotidiano y la economía de cercanía entró en desgaste que todavía no sabemos cómo revertir.

Un edificio de esta magnitud, donde solo hay oficinas estatales monofuncionales, altera los recorridos, comprime los horarios y genera picos de entrada y salida que dan lugar a barrios de solo ocho horas. Edificios que funcionan hasta las cinco de la tarde y luego apagan las luces. Sin ojos en la calle, el deterioro y la inseguridad germinan con facilidad.

No sería la primera vez que un traslado estratégico reconfigura todo el tejido urbano. Río de Janeiro lo vivió cuando dejó de ser capital; Bogotá cuando su centro internacional perdió mezcla tras la migración empresarial hacia el norte. Las ciudades no siempre colapsan; a veces solo se desplazan.

Como arquitecto, uno debe aprender que un edificio no termina en su perímetro. Cambian trayectorias, bordes y esquinas. Y cuando esas decisiones se toman sin medir su efecto sistémico, el impacto es silencioso y, casi siempre, irremediable.

El problema es que rara vez evaluamos el impacto potencial de las grandes decisiones urbanas a lo largo del tiempo. Medimos presupuesto, eficiencia e imagen inmediata, pero rara vez medimos cuánta vida soportarán cuando pase la novedad y solo quede lo cotidiano.

Entonces: ¿la ciudad se vacía?

Tal vez lo que ocurre sea más discreto: los barrios se «especializan» y, poco a poco, empiezan a necesitar menos gente para sostenerse y se vuelven invivibles. Peor aún, irrelevantes.