Quito convive en una relación tóxica con lo construido. Nos resistimos a reconocer su agresividad topográfica, pero la ley de la gravedad le importa un bledo la viveza criolla o las abstenciones del Concejo al tratar de prevenir oportunamente potenciales tragedias.

El letal terremoto que sacudió nuestro país en 2016 reveló cifras que indicaban que solo el 40% de las edificaciones cuenta con permisos de construcción y que se estima que el 65% de las edificaciones de nuestra capital presentan algún grado de informalidad o incumplimiento normativo. Esto expone los múltiples riesgos sistémicos que enfrentamos, tanto en la periferia como en las zonas urbanas.

En mi práctica profesional, uno advierte rápidamente nuestros vicios territoriales: siempre habrá quien desee coronar una meseta con un capricho de Pinterest o aplanar una pendiente para un partidito de ecuavóley. Mientras haya suelo, alguien encontrará la forma de venderlo o invadirlo para construir donde el terreno está en desacuerdo.

El borde del abismo sobre el río Monjas —en Pomasqui, Carretas, El Común Bajo—, del que tanto se ha hablado estas semanas, no nació ayer y es apenas una pequeña muestra de cómo se desgrana lentamente nuestra infraestructura.

Allí, como en centenares de otros casos, al menos una decena de viviendas comparte un riesgo inminente. Varias familias han sido evacuadas; otras han regresado por falta de alternativas reales. Como muchas otras, no se trata de una quebrada rural aislada, sino de una cuenca intervenida durante décadas, con rellenos, urbanizaciones y la presión constante sobre suelos inestables.

En 2022, la Corte Constitucional declaró al río Monjas sujeto de derechos de la naturaleza mediante una sentencia vinculante. Ordenó su restauración ecológica, el control de las descargas, la gestión integral de la cuenca, la protección de los taludes y la coordinación interinstitucional.

No fue una iniciativa municipal, sino que surgió tras la presión sostenida de ciudadanos organizados, como el Cabildo Cívico de Quito y la Veeduría Ciudadana de la Sentencia Río Monjas, que, con pocos oyentes, se esmeran por insistir en este mandato constitucional.

Cuatro años después, hay mesas técnicas y enrocados parciales, pero el plan integral de su recuperación no cuenta con un cronograma ni un presupuesto claros y accesibles para la ciudadanía. Sin hoja de ruta, cada intervención se siente como un parche frente a una deformación geográfica acumulada durante décadas.

En las últimas semanas, en muchos medios, las imágenes de dron del caso Monjas y otros mostraron erosión activa y cimentaciones expuestas que se acercaban a la infraestructura estratégica del norte de Quito. Familias con maletas listas, esperando compensaciones que, según denuncias públicas, no reflejan el valor real de los inmuebles.

No es solo un dilema técnico, sino también ético. Vergonzosamente, en un evidente clima preelectoral, tanto para la alcaldía como para algunos ediles, parece que les resulta un estorbo comunicacional abordar esta urgencia. ¿Debemos permitir estas omisiones hasta que ocurran tragedias como la del aluvión de La Gasca? ¿Solo un terremoto nos hará entender que lo preventivo es tan inaplazable como lo reactivo?

El martes 3 de febrero, bajo presión mediática, el Concejo Metropolitano intentó abordar el tema: hubo diez abstenciones y el alcalde no asistió. Una semana después, el 10 de febrero, con su presencia, se registraron 12 abstenciones.

Calladito, el río erosiona la base en la que nos asentamos, tal como el cálculo político abre un socavón institucional, pero ni el reloj ni Newton distinguen entre bancadas.

Basta con que tiemble la tierra o con que el invierno haga lo suyo. Ahí, nadie querrá mirarse en el espejo ante la tragedia y les será urgente fingir demencia ante todas las obras preventivas omitidas por ser tan poco fotogénicas. Vendrá entonces el performance de diligencia, con obras correctivas costosas que sí aportan contenido mediático.  

El caso de Río Monjas no solo retrata abstenciones funcionales en medio de una emergencia. Expone una conciencia colectiva en la que nuestro territorio andino se apoya en el voluntarismo político y en una comodidad civil que se acostumbró a convivir con el riesgo.