Caso #31

marzo, 15, 2026 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #31• El último chulla quiteño.

Marco Chiriboga Villaquirán —cronista apasionado por nuestra capital y una de esas voces que conocieron cada entraña de sus calles— me regaló el libro «Guía de arquitectura de la ciudad de Quito», publicado por la Junta de Andalucía.

Son quince años desde que, entre sus páginas, dejó una nota escrita a mano, alentando a un joven arquitecto que no sabía muy bien qué hacía. Intentamos juntos un plan para recuperar las escalinatas de la Avenida Pichincha, buscando hilvanar el corredor peatonal que fragmenta San Blas, San Marcos y La Tola con el Centro Histórico.

El proyecto, como tantos otros empujados durante décadas por quiteños idealistas, murió en el papel. La nota manuscrita en papel Kimberly, de color ocre, en cambio, sigue viva entre las páginas de esos tomos que tengo a la vista en mi mesa de trabajo.

Palabras escritas que, si salieran de su boca hoy, serenamente retumbarían con su enorme voz que lo caracterizaba, como un Orson Welles nacido en la Tola.

Durante años, condujo en Radio Sucesos el programa «Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito». Impulsó y difundió la identidad nacional a través de otras 23 radios en todo el Ecuador. No era solamente un cronista de Quito, sino también un narrador del país.

Desde que se fue en 2014, muchos lo recuerdan como «el último chulla quiteño». Lo que él representó fue uno de los últimos destellos de una larga identidad capitalina, una tradición con la que Quito ha sido discretamente ingrata y que se apaga como un velón de romería.

La palabra chulla proviene del kichwa ch’ulla. Significa uno solo, impar, sin pareja. Algo incompleto.

Esa idea de lo incompleto describe muy bien la historia cultural de Quito.

Durante décadas, el chulla, además de ser un personaje, fue una forma en que nuestra ciudad se detenía en las esquinas. Elegancia improvisada, ironía política, orgullo mestizo… y esa habilidad muy quiteña de mirar al poder con media sonrisa, como quien sabe que mañana también puede encontrárselo comprando pan.

La literatura capturó ese espíritu con precisión en El chulla Romero y Flores, la novela que Jorge Icaza publicó en 1958. En ella, Luis Alfonso Romero y Flores vive atrapado entre dos mundos: la herencia indígena que intenta negar y la respetabilidad social que intenta imitar.

Esa fractura interior no era solo personal. Era también urbana.

Con el tiempo, el arquetipo saltó de la literatura al escenario. Ernesto Albán transformó ese dilema interno en una comedia popular con Don Evaristo Corral y Chancleta, un personaje que se convirtió en uno de los grandes símbolos teatrales de Quito.

El público se reía porque se reconocía a sí mismo.

Años después, el Municipio intentó convertir ese símbolo en una campaña cívica. A finales de los años ochenta, durante la alcaldía de Rodrigo Paz, el caricaturista quiteño Édgar Cevallos Rosales reinterpretó al personaje con la voz de Hernán Cevallos.

Fue una campaña muy efectiva: usar un arquetipo cultural para hablarle a la ciudad.

Pero algo empezó a cambiar.

Quito creció más rápido que su propio relato.

Hoy Quito ya no funciona como una ciudad, sino más bien como un archipiélago urbano: islas que comparten cordillera pero no necesariamente conversación.

Centros históricos patrimoniales, corredores financieros, barrios de ladera, urbanizaciones suburbanas en los valles, enormes periferias populares que también producen su propia forma de vida.

Todos somos Quito, pero no siempre hablamos el mismo lenguaje.

Gran parte de quienes hoy habitan la ciudad no heredó esa identidad. Llegaron a una casa que siempre nos abre la puerta. Algunos se quedaron a vivir, pero todavía no siempre nos sentamos en la misma mesa. Esta familia disfuncional, llamada Quito, todavía está tratando de encontrar un idioma común.

Quito se convirtió, silenciosamente, en una ciudad sin quiteños.

Quizás lo que Quito está perdiendo no es solamente su identidad, sino algo más sutil: su dialecto urbano. Durante décadas la ciudad desarrolló una manera propia de hablarse a sí misma —en el humor, en la ironía política, en la forma de caminar sus plazas o de comentar la vida pública desde una esquina—. El chulla era, en el fondo, la personificación de ese dialecto.

La estatua de don Evaristo sigue sentada en la Plaza del Teatro, frente al Teatro Variedades Ernesto Albán, observando a la ciudad pasar.

Turistas, oficinistas, estudiantes, vendedores ambulantes, migrantes recientes, quiteños de varias generaciones.

Todos compartimos el mismo espacio. Pero no siempre la misma ciudad. Porque una ciudad no es solo un territorio. Es una conversación que alguien tiene que sostener. Y últimamente, en Quito, cada barrio parece hablar por su cuenta. El chulla caminaba por la ciudad con bastón, ironía y memoria y sabía perfectamente dónde estaba parado, incluso cuando fingía.

Nosotros, en cambio, muchas veces habitamos la ciudad en constante tránsito: conocemos nuestro sector, pero no necesariamente el barrio ni la ciudad.

En esa nota que dejó Marquito Chiriboga entre las páginas del libro que tengo a mi lado mientras escribo esto, cabe algo pequeño pero potente: una frase escrita a mano. Una pista de lo inefable de ser quiteños… y de algo que todavía estamos tratando de asir.

Caso #30

marzo, 8, 2026 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #30• Cuando el presupuesto se convierte en teatro.

En el Concejo Metropolitano de Quito se discutió la proporción entre el gasto y la inversión en el presupuesto municipal. Lo que debía ser un debate técnico terminó, otra vez, en una puesta en escena.

Se proyectaron cifras alarmantes, colegios municipales en riesgo, programas sociales y servicios básicos amenazados. A los concejales se les desafió a elegir el cordero de sacrificio. El libreto fue claro: si se aplica el 70/30, alguien deberá sufrir, pero no cuenten con que sea el aparato burocrático.

En El rey Lear, de William Shakespeare, cuando al monarca le dicen que no necesita cien caballeros, responde indignado: «No me habléis de necesidad.» Y convierte el límite en un agravio. No es muy distinto de lo que vemos hoy.

En este culebrón de los GAD, usar a los colegios y al gasto social como escudo retórico siempre rinde más que abrir las partidas y ordenar la casa. Claro que una escuela necesita profesores. Lo curioso es que cada vez que se habla de ordenar el presupuesto, el foco se pone en el aula y no en rubros amplios —consultorías varias, servicios externos— que también merecen revisión. Si ordenar estorba, el problema no es la escuela, sino la gestión.

Aquí conviene una precisión: esta no es una discusión contable ni un cuestionamiento del gasto social o cultural. Es una discusión sobre la gestión institucional y cómo una discusión administrativa puede convertirse en un espectáculo político.

La regla ha estado en el COOTAD desde su origen. El artículo 198 regula el destino de las transferencias; la reforma añade el 198.1 y ahora el cumplimiento se mide respecto del presupuesto codificado, con aplicación gradual. Traducido: el debate no es de capítulos ni de etiquetas, sino sobre cómo se clasifica y se ejecuta el gasto bajo un indicador revisable. Hoy se refuerza el control y se amplía el seguimiento, con más disciplina y menos margen para mover partidas tras bastidores.

En esta discusión, todas las estructuras de gobernanza deberían estar orientadas a combatir la ineficiencia, sin reglas de excepción entre el Gobierno Central y los GAD. Este límite debería empujar a jerarquizar, no a dramatizar.

Defender la inversión social no es incompatible con exigir rigor administrativo. Al contrario: cuanto más valioso es un programa educativo o cultural, mayor debería ser la exigencia de gestionarlo con eficiencia y transparencia.

Y conviene decirlo sin rodeos: la importancia de las artes para una sociedad no está en cuestión aquí. Para algunos de nosotros —arquitectos, diseñadores y personas formadas en disciplinas creativas— esa defensa no es retórica ni coyuntural. Es existencial.

Quito ya tuvo el FONSAL, una institución que convirtió el presupuesto en ciudad, nacida tras el terremoto de 1987 como unidad ejecutora con foco territorial, presupuesto identificable y capacidad real para construir.

En 2010, el FONSAL se transforma en el IMP. Con ello, el modelo dejó de ejecutarse directamente y pasó a regular, ampliando sus competencias internas. El músculo operativo dejó de ser el centro y el patrimonio pasó a gestionarse más desde una lógica institucional y regulatoria.

El FONSAL restauró el Teatro Sucre. Hoy, el edificio sigue funcionando gestionado por la Fundación Teatro Nacional Sucre del Municipio, fuera de la tarima política. Una rareza para Quito: un edificio cultural restaurado que durante décadas ha organizado actividades artísticas, junto con una plaza bien recuperada que impulsó el comercio, el turismo y la vida urbana.

Ese punto importa: la infraestructura cultural importa, pero no funciona sola. Los edificios crean condiciones; lo que los mantiene vivos son los artistas, los públicos y los modelos de gestión que sostienen su programación.

El arte no debería defenderse como un argumento presupuestario esencial dentro del gasto público ni convertirse en marioneta de ninguna ideología ni de ningún partido. Se defiende construyendo escenarios que perduren más allá de una administración. El Sucre sigue allí, eficaz, como modelo de una gestión que cambió hace dieciséis años.

Por otro lado, tenemos el Teatro Bolívar, un espacio de propiedad privada gestionado por su fundación, al que no le quita el sueño ni el 70% ni el 30%, cuando, en buena parte, ha subsistido gracias a la resiliencia de una fundación privada, con aportes y campañas de restauración paulatinas.

El 70/30 no se aplicará de un día para otro ni en abstracto. Será un proceso gradual cuya verdadera dimensión se verá en su implementación. Allí sabremos si esta pugna de poderes termina afectando lo que realmente importa: la vida cultural, social y cotidiana de las ciudades.

Frente a una regla fiscal más estricta, los GAD deberían ordenar el backstage burocrático: dónde se pierde eficiencia, qué gasto corriente se disfraza de inversión y qué inversión no genera resultados medibles.

Se puede discutir la regla y defender la autonomía, pero no se puede seguir confundiendo el escenario con la gestión. El teatro vive del conflicto y del sacrificio simbólico; la administración pública vive de decisiones que se ejecutan a tiempo y con rigor.

Cuando el presupuesto se convierte en espectáculo, el drama desplaza el orden y el sacrificio aparece en primera fila mientras el aparato que lo produce permanece detrás del telón. El 70/30 no es una tragedia. Es la prueba de si sabemos administrar cuando no hay público.

En el Concejo Metropolitano de Quito se discutió la proporción entre el gasto y la inversión en el presupuesto municipal. Lo que debía ser un debate técnico terminó, otra vez, en una puesta en escena.

Se proyectaron cifras alarmantes, colegios municipales en riesgo, programas sociales y servicios básicos amenazados. Se desafió a los concejales a elegir el cordero de sacrificio. El libreto fue claro: si se aplica el 70/30, alguien deberá sufrir, pero no cuenten con que sea el aparato burocrático.

En El rey Lear, de William Shakespeare, cuando al monarca le dicen que no necesita cien caballeros, responde indignado: “No me habléis de necesidad.” Y convierte el límite en un agravio. No es muy distinto de lo que vemos hoy.

En este culebrón de los GAD, usar a los colegios y al gasto social como escudos retóricos siempre rinde más que abrir las partidas y ordenar la casa. Claro que una escuela necesita profesores. Lo curioso es que cada vez que se habla de ordenar el presupuesto, el foco se pone en el aula y no en rubros amplios—como consultorías varias y servicios externos—que también merecen revisión. Si ordenar estorba, el problema no es la escuela, sino la gestión.

La regla ha estado en el COOTAD desde su origen. El artículo 198 regula el destino de las transferencias; la reforma añade el 198.1 y ahora el cumplimiento se mide respecto del presupuesto codificado, con aplicación gradual. Traducido: el debate no es sobre capítulos ni etiquetas, sino sobre cómo se clasifica y se ejecuta el gasto bajo un indicador revisable. Hoy se refuerza el control y se amplía el seguimiento, con más disciplina y menos margen para mover partidas tras bastidores.

En esta discusión, todas las estructuras de gobernanza deberían estar orientadas a combatir la ineficiencia, sin reglas de excepción entre el Gobierno Central y los GAD. Este límite debería empujar a jerarquizar, no a dramatizar.

Defender la inversión social no es incompatible con exigir rigor administrativo. Al contrario: cuanto más valioso es un programa educativo o cultural, mayor debería ser la exigencia de gestionarlo con eficiencia y transparencia.

Quito ya tuvo el FONSAL, una institución que convirtió el presupuesto en ciudad, nacida tras el terremoto de 1987 como unidad ejecutora con foco territorial, presupuesto identificable y capacidad real para construir.

En 2010, el FONSAL se transforma en el IMP. Con ello, el modelo dejó de ejecutarse directamente y pasó a regular, ampliando sus competencias internas. El músculo operativo dejó de ser el centro y el patrimonio se convirtió mayormente en un trámite institucional.

El FONSAL restauró el Teatro Sucre. Hoy, el edificio sigue funcionando fuera de la tarima política. Una rareza para Quito: un edificio cultural restaurado que durante décadas ha organizado actividades artísticas, junto con una plaza bien recuperada que impulsó el comercio, el turismo y la vida urbana.

El arte no debería defenderse como un argumento presupuestario esencial dentro del gasto público ni convertirse en marioneta de ninguna ideología ni de ningún partido. Se defiende construyendo escenarios que perduren más allá de una administración. El Sucre sigue allí, eficaz, como modelo de una gestión que cambió hace dieciséis años.

Por otro lado, tenemos el Teatro Bolívar, al que no le quita el sueño ni el 70% ni el 30%, cuando, en buena parte, ha subsistido gracias a la resiliencia de una fundación privada, con aportes y campañas de restauración paulatinas.

Frente a una regla fiscal más estricta, los GAD deberían ordenar el backstage burocrático: dónde se pierde eficiencia, qué gasto corriente se disfraza de inversión y qué inversión no genera resultados medibles.

Se puede discutir la regla y defender la autonomía, pero no se puede seguir confundiendo el escenario con la gestión. El teatro vive del conflicto y del sacrificio simbólico; la administración pública vive de decisiones que se ejecutan a tiempo y con rigor.

Cuando el presupuesto se convierte en espectáculo, el drama desplaza el orden y el sacrificio aparece en primera fila mientras el aparato que lo produce permanece detrás del telón. El 70/30 no es una tragedia. Es la prueba de si sabemos administrar cuando no hay público.

Caso #29

marzo, 1, 2026 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #29• La Mariscal: el papel ya existe, ahora empieza lo difícil.

Son tres meses desde que escribí el Caso #12: «Barrio La Mariscal: Quito ya está construido, solo está dormido»; conté cómo nació un proceso que pudiera ayudar a enlazar necesidades barriales, incentivos privados, criterios técnicos y voluntad pública para alinearlos con los objetivos compartidos de esta zona de Quito.

A finales de enero de 2026, el Concejo aprobó el Plan Urbanístico Complementario Parcial de La Mariscal (PUCP-001-2026).

Como todo instrumento urbano, es mejorable y sujeto a revisión, pero lo suficientemente concreto como para empujarnos a no desperdiciar la oportunidad de incidir en él.

Este llamado «polígono de innovación» entre Colón, Reina Victoria, Lizardo García y 6 de Diciembre —con epicentro en el Parque Gabriela Mistral— ha sido aprobado con algunos objetivos: volver a poblar el barrio, activar el comercio de cercanía y recuperar residentes en un entorno que concentra nueve universidades y una potencial demanda de unidades residenciales que reconozcan su identidad histórica.

Mientras eso ocurre en el plano normativo, en la calle ya hay piezas concretas a la vista, a las que haremos seguimiento técnico y ciudadano para tratar de que no queden en letra muerta.

Primero: la AEI (Alianza para el emprendimiento e innovación del Ecuador) adquirió oficinas en las Torres de Almagro, donde próximamente funcionará el HUB de Innovación.

Desde distintos equipos técnicos se ha trabajado en su diseño arquitectónico y en la mejora del espacio público para fortalecer la conexión peatonal, el uso mixto y la relación directa con el Parque Gabriela Mistral. Este es solo uno de varios esfuerzos que deberán coordinarse para que el plan tenga un efecto positivo medible.

En paralelo, se trabaja con universidades y actores barriales en la elaboración de un manual con propuestas para el espacio público del polígono, que plantea la extensión de veredas, atrios gradados de estancia y una arborización que conecte, con mayor fluidez, el subsuelo comercial de las torres con el parque.

Segundo: La Asamblea Barrial Mariscal Legado Cultural, con la participación activa de vecinos y dueños de emprendimientos locales, ha obtenido fondos de participación ciudadana por aproximadamente cuarenta mil dólares para rediseñar el parque, con la ayuda de docentes y estudiantes de la PUCE.

Tercero: El Colegio de Arquitectos de Pichincha, dentro del marco de la XXV Bienal Panamericana de Arquitectura, lanzó el concurso de nueve pabellones urbanos centrados en la niñez; uno permanecerá de forma permanente en el parque, con el objetivo de lograr una apropiación real y duradera por parte de la comunidad.

Cuarto: El 11 de diciembre de 2025, en la intersección de Diego de Almagro y Luis Cordero, ConQuito inauguró el centro de innovación IQ con servicios de coworking, salas de reuniones, talleres de prototipado, cabinas de estudio y áreas de capacitación. Sería excelente que algunos de sus ocho pisos fueran destinados a vivienda de jóvenes funcionarios de esta institución.

El texto del plan amplía el margen de acción: la innovación no se reduce a lo tecnológico, sino que también habilita iniciativas urbanas que pueden evaluarse caso por caso. En ese sentido, el polígono puede funcionar como un laboratorio regulado donde nazcan nuevas ideas de ciudad para su ensayo y medición de su impacto en la zona.

A la Mariscal le urge recuperar residentes permanentes, especialmente de la clase media, como estudiantes y docentes, que hoy no encuentran una oferta adecuada en la zona. Sin población estable, no hay mezcla social que sostenga la actividad cultural y económica más allá de los picos horarios.

Pero hay una pieza crucial que, de no resolverse, cierra toda posibilidad: la plaza El Quinde, mejor conocida como Plaza Foch.

Durante décadas, fue el corazón nocturno del norte de Quito. Hoy es un epicentro de toda estirpe de ilegalidades y de microtráfico que degrada de manera devastadora la percepción integral del barrio.

Si la Foch no se interviene con urgencia en materia de seguridad, el repoblamiento no despegará jamás. Se requiere presencia operativa constante, coordinación efectiva entre la Policía Nacional y el Municipio, control real de permisos y horarios, y combate sostenido al microtráfico.

A eso se suman la tecnología interoperable, la iluminación estratégica y el rediseño del espacio público bajo criterios de seguridad activa y pasiva: visibilidad, eliminación de puntos ciegos, mezcla de usos y flujo peatonal continuo. Sin ese estándar integral, cualquier inversión resultará inútil.

En varias ciudades, cuando un distrito se degrada, su recuperación viene de la mano de un control eficaz, de reglas claras e incentivos que hacen que volver a invertir tenga sentido financiero. La norma, por sí sola, no atrae capital; pero con el modelo de innovación urbana implantado en el texto, se abre la puerta a nuevas propuestas de inversión sostenible con valor tangible para el barrio.

Si hablamos de innovación urbana, hay que aterrizarla. Incentivos tributarios bien diseñados. Traslado de los derechos de edificabilidad a zonas más densas. Y algo clave: que los créditos hipotecarios preferenciales del Ministerio de Vivienda no sirvan solo para construir desde cero, sino también para remodelar y rehabilitar edificios existentes. La diferencia estará en activar lo que ya está construido, generar un producto accesible por cercanía y precio justo, y evitar que la clase media siga siendo expulsada hacia la periferia.

El papel ya está. Lo que sigue no depende solo de las autoridades ni de los desarrolladores. Ahora está en la arena pública. Si se ejecuta con metas claras para Quito, puede convertirse en un precedente ejemplar. Si se tuerce, quedará claro dónde y en manos de quién. Eso será material para el CASO #45.

IMPORTANTE: Aquí está el enlace público para descargar el Plan Urbanístico Complementario Parcial de La Mariscal (PUCP-001-2026). POR FAVOR, PONGÁNLO BAJO SU MICROSCOPIO.

Descargar el PUCP-001-2026 →

Caso #28

febrero, 22, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #28• Barrios de ocho horas.

¿Es una realidad el vaciamiento de Quito?

En el Foro de la Ciudad #91, presentado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha hace unos días, se lanzó una pregunta muy amplia: ¿Es una realidad el vaciamiento de Quito?

Si bien cualquier ciudad puede degenerar paulatinamente por causas fortuitas, como la pandemia; demográficas, como el envejecimiento de la población; y administrativas, como la falta de estabilidad jurídica y normativa, la conclusión más evidente para el ciudadano es que esto sucede cuando se vuelve unifuncional y pierde habitantes. Es decir, cuando los incentivos para quedarse se desvanecen y la mezcla deja de sostener la vida cotidiana.

Detroit, como caso extremo, perdió cerca del 65 % de su población en setenta años, entre otras razones, tras depender durante décadas de un único motor económico y urbano: la industria automotriz.

Pero a veces también lo que suena como una buena idea en papel puede acelerar el deterioro, no solo en sus calles inmediatas, sino también, con el paso del tiempo, provocar cambios inesperados a kilómetros de distancia.

Quiero mirar dos ejemplos locales. No son los únicos, pero ayudan a entender cómo las decisiones urbanas o arquitectónicas pueden reconfigurar barrios enteros sin que lo notemos a tiempo.

A la altura de lo que hoy es el Parque Bicentenario, el norte fue durante décadas un territorio densamente habitado, aunque imperfecto; allí convivían hoteles, oficinas, cines, bancos, supermercados y colegios. Todo superpuesto en pocas cuadras y con una fricción citadina constante.

El antiguo aeropuerto movía más de cinco millones de pasajeros al año antes de cerrar en 2013. Desde 1960, funcionó como un motor urbano incrustado en estos barrios caminables donde crecí y jugué. Los aviones pasaban amenazantes sobre nuestras cabezas, sí, pero abajo ocurría todo lo que necesitábamos sin un plan maestro para validarlo, porque había algo elemental: vivienda y variedad de usos.

El 19 de febrero de 2013 no solo despegó el último avión. Se apagó un sistema cotidiano con el que habíamos aprendido a convivir, a aceptar riesgos y a generar comunidad y pertenencia. En cuestión de meses, su pulso fue perdiendo vitalidad.

No fue accidental ni imprevisto. Desde los años 2000, se sabía que retirar el aeropuerto era necesario. Durante años, nuestra disfuncional burocracia enterró concursos, estudios y discursos en décadas de alcaldías discontinuas, dándole la espalda a un parque urbano que sigue en deuda con todos los quiteños.

Luego vino otra decisión: esta vez, no por quitar una pieza urbana, sino por imponer una nueva, que concentraría a miles de funcionarios en un solo complejo administrativo al norte. Muy cómodo para muchos ciudadanos, pero su impacto indirecto en la vida del gran tejido quiteño fue monumental.

La Plataforma Norte, resultado de un concurso público en 2012, terminó siendo un volumen horizontal ininterrumpido de más de 130.000 metros cuadrados. El planteamiento original hablaba de dos piezas y de un sistema de plazas, pero lo que se construyó fue una masa ajena a la escala peatonal, lo que rigidizó aún más la ya frágil conexión oriente–occidente en esta ciudad tan alargada.

La concentración institucional no solo alteró los flujos y los horarios. Reordenó el mapa invisible entre los barrios. Lo que antes estaba distribuido en varios ejes —oficinas públicas, trámites, abogados, cafeterías, movimiento diario— se comprimió en un solo punto. El efecto no fue inmediato, pero sí claro. En la Av. 10 de Agosto, están a la vista decenas de edificios y locales cerrados o subutilizados, incluidos inmuebles oficiales como oficinas del IESS y antiguas sedes públicas. Lo que durante generaciones sostuvo el tránsito cotidiano y la economía de cercanía entró en desgaste que todavía no sabemos cómo revertir.

Un edificio de esta magnitud, donde solo hay oficinas estatales monofuncionales, altera los recorridos, comprime los horarios y genera picos de entrada y salida que dan lugar a barrios de solo ocho horas. Edificios que funcionan hasta las cinco de la tarde y luego apagan las luces. Sin ojos en la calle, el deterioro y la inseguridad germinan con facilidad.

No sería la primera vez que un traslado estratégico reconfigura todo el tejido urbano. Río de Janeiro lo vivió cuando dejó de ser capital; Bogotá cuando su centro internacional perdió mezcla tras la migración empresarial hacia el norte. Las ciudades no siempre colapsan; a veces solo se desplazan.

Como arquitecto, uno debe aprender que un edificio no termina en su perímetro. Cambian trayectorias, bordes y esquinas. Y cuando esas decisiones se toman sin medir su efecto sistémico, el impacto es silencioso y, casi siempre, irremediable.

El problema es que rara vez evaluamos el impacto potencial de las grandes decisiones urbanas a lo largo del tiempo. Medimos presupuesto, eficiencia e imagen inmediata, pero rara vez medimos cuánta vida soportarán cuando pase la novedad y solo quede lo cotidiano.

Entonces: ¿la ciudad se vacía?

Tal vez lo que ocurre sea más discreto: los barrios se «especializan» y, poco a poco, empiezan a necesitar menos gente para sostenerse y se vuelven invivibles. Peor aún, irrelevantes.

Quito convive en una relación tóxica con lo construido. Nos resistimos a reconocer su agresividad topográfica, pero la ley de la gravedad le importa un bledo la viveza criolla o las abstenciones del Concejo al tratar de prevenir oportunamente potenciales tragedias.

El letal terremoto que sacudió nuestro país en 2016 reveló cifras que indicaban que solo el 40% de las edificaciones cuenta con permisos de construcción y que se estima que el 65% de las edificaciones de nuestra capital presentan algún grado de informalidad o incumplimiento normativo. Esto expone los múltiples riesgos sistémicos que enfrentamos, tanto en la periferia como en las zonas urbanas.

En mi práctica profesional, uno advierte rápidamente nuestros vicios territoriales: siempre habrá quien desee coronar una meseta con un capricho de Pinterest o aplanar una pendiente para un partidito de ecuavóley. Mientras haya suelo, alguien encontrará la forma de venderlo o invadirlo para construir donde el terreno está en desacuerdo.

El borde del abismo sobre el río Monjas —en Pomasqui, Carretas, El Común Bajo—, del que tanto se ha hablado estas semanas, no nació ayer y es apenas una pequeña muestra de cómo se desgrana lentamente nuestra infraestructura.

Allí, como en centenares de otros casos, al menos una decena de viviendas comparte un riesgo inminente. Varias familias han sido evacuadas; otras han regresado por falta de alternativas reales. Como muchas otras, no se trata de una quebrada rural aislada, sino de una cuenca intervenida durante décadas, con rellenos, urbanizaciones y la presión constante sobre suelos inestables.

En 2022, la Corte Constitucional declaró al río Monjas sujeto de derechos de la naturaleza mediante una sentencia vinculante. Ordenó su restauración ecológica, el control de las descargas, la gestión integral de la cuenca, la protección de los taludes y la coordinación interinstitucional.

No fue una iniciativa municipal, sino que surgió tras la presión sostenida de ciudadanos organizados, como el Cabildo Cívico de Quito y la Veeduría Ciudadana de la Sentencia Río Monjas, que, con pocos oyentes, se esmeran por insistir en este mandato constitucional.

Cuatro años después, hay mesas técnicas y enrocados parciales, pero el plan integral de su recuperación no cuenta con un cronograma ni un presupuesto claros y accesibles para la ciudadanía. Sin hoja de ruta, cada intervención se siente como un parche frente a una deformación geográfica acumulada durante décadas.

En las últimas semanas, en muchos medios, las imágenes de dron del caso Monjas y otros mostraron erosión activa y cimentaciones expuestas que se acercaban a la infraestructura estratégica del norte de Quito. Familias con maletas listas, esperando compensaciones que, según denuncias públicas, no reflejan el valor real de los inmuebles.

No es solo un dilema técnico, sino también ético. Vergonzosamente, en un evidente clima preelectoral, tanto para la alcaldía como para algunos ediles, parece que les resulta un estorbo comunicacional abordar esta urgencia. ¿Debemos permitir estas omisiones hasta que ocurran tragedias como la del aluvión de La Gasca? ¿Solo un terremoto nos hará entender que lo preventivo es tan inaplazable como lo reactivo?

El martes 3 de febrero, bajo presión mediática, el Concejo Metropolitano intentó abordar el tema: hubo diez abstenciones y el alcalde no asistió. Una semana después, el 10 de febrero, con su presencia, se registraron 12 abstenciones.

Calladito, el río erosiona la base en la que nos asentamos, tal como el cálculo político abre un socavón institucional, pero ni el reloj ni Newton distinguen entre bancadas.

Basta con que tiemble la tierra o con que el invierno haga lo suyo. Ahí, nadie querrá mirarse en el espejo ante la tragedia y les será urgente fingir demencia ante todas las obras preventivas omitidas por ser tan poco fotogénicas. Vendrá entonces el performance de diligencia, con obras correctivas costosas que sí aportan contenido mediático.  

El caso de Río Monjas no solo retrata abstenciones funcionales en medio de una emergencia. Expone una conciencia colectiva en la que nuestro territorio andino se apoya en el voluntarismo político y en una comodidad civil que se acostumbró a convivir con el riesgo.

Caso #27

febrero, 15, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #27• Río Monjas: La ley de la gravedad no se abstiene.

La topografía de Quito convive en una relación tóxica con lo construido. Nos resistimos a reconocer su agresividad topográfica y le exigimos que todas sus pendientes sean de suelo aprovechable. Pero Newton no negocia cuando la masa y la pendiente hacen lo suyo. A la gravedad le importa un bledo la viveza criolla o las abstenciones del Concejo.

Según un informe técnico difundido en 2019 por el Colegio de Arquitectos de Pichincha, alrededor del 70 % de las edificaciones de nuestra capital presentan algún grado de informalidad o incumplimiento normativo, y una parte importante quedaría en problemas serios ante un sismo fuerte. No solo en la periferia extrema, sino también en la «normalidad urbana».

En mi práctica profesional, uno advierte rápidamente nuestros vicios territoriales: siempre habrá quien quiera coronar una meseta con un capricho de Pinterest o aplanar una pendiente del 60 % para un partidito de ecuavoley. Mientras haya suelo, alguien encontrará la forma de venderlo o invadirlo para construir donde el terreno está en desacuerdo.

El borde del abismo sobre el río Monjas —en Pomasqui, Carretas, El Común Bajo—, del que tanto se ha hablado estas semanas, no nació ayer y es apenas una muestra pequeña de un territorio que se desgrana lentamente a lo largo de toda la infraestructura del territorio ecuatoriano.

Allí, como en centenares de otros casos, al menos una decena de viviendas comparten un riesgo inminente. Varias familias han sido evacuadas; otras han regresado por falta de alternativas reales. Como muchas, no se trata de una quebrada rural aislada, sino de una cuenca intervenida durante décadas por descargas, rellenos, urbanizaciones y la presión constante sobre taludes inestables.

En 2022, la Corte Constitucional declaró al río Monjas como sujeto de derechos de la naturaleza mediante una sentencia vinculante. Ordenó su restauración ecológica, el control de las descargas, la gestión integral de la cuenca, la protección de los taludes y la coordinación interinstitucional.

Y el problema no se limita a las viviendas recientes ni a los barrios periféricos.

Uno de tantos está en Ponceano: la Casa de la Marquesa de Solanda —Hacienda Carcelén, del siglo XVIII— también observó cómo el suelo cedía junto al borde de la misma quebrada, mientras los informes circulaban y las mesas técnicas se multiplicaban. Contexto distinto, mismo patrón. (Al final del artículo enumeraré muchos otros casos locales y nacionales)

No fue un gesto espontáneo de la administración municipal. Llegó tras la presión sostenida de ciudadanos organizados que presentaron amicus curiae y llevaron el conflicto a los tribunales cuando aún no era tendencia. El Cabildo Cívico de Quito y la Veeduría Ciudadana de la Sentencia Río Monjas no pidieron protagonismo: se esmeran en cumplir su mandato.

Cuatro años después, hay estudios, mesas técnicas y enrocados parciales, pero el plan integral de recuperación de la cuenca no cuenta con un cronograma ni un presupuesto claro, ni siquiera de forma visible y accesible para la ciudadanía. Sin hoja de ruta, cada intervención se siente como un parche frente a una dinámica geomorfológica acumulada durante décadas.

La llamada Ordenanza Verde-Azul intentó reconocer que las quebradas no son bordes sobrantes, sino infraestructura natural viva. Nació por obligación y su fuerza en la práctica todavía está en disputa.

En las últimas semanas, las imágenes de dron del caso Monjas mostraron grietas activas, taludes desbrozados, cimentaciones expuestas y erosión que se acercaba a la infraestructura estratégica del norte de Quito. Familias con maletas listas, esperando compensaciones que, según denuncias públicas, no reflejan el valor real de los inmuebles.

También vale preguntarnos: ¿se debe indemnizar por el valor catastral o por el valor comercial? ¿Qué ocurre cuando la construcción es irregular pero tolerada durante años por el propio sistema? No solo es un dilema técnico, sino también moral. Vergonzosamente, en un clima preelectoral evidente, tanto para la alcaldía como para algunos ediles, parece que les resulta un estorbo comunicacional.

El 3 de febrero, el Concejo Metropolitano intentó abordar el tema ante la presión mediática. Diez abstenciones y ausencia del alcalde. El 10 de febrero, doce abstenciones, esta vez con el alcalde presente. El río erosiona la base de los taludes. El cálculo político erosiona la credibilidad institucional. Newton no distingue bancadas. El reloj tampoco.

Basta que tiemble la tierra o que el invierno haga lo suyo. Ahí nadie querrá mirarse al espejo ante la tragedia y les será urgente fingir demencia ante todas las omisiones de obras preventivas tan poco fotogénicas. Vendrá entonces el momento performativo de la indignación, antes de capitalizar con las jugosas obras correctivas que suman contenido mediático.

El caso de Río Monjas no solo retrata la abstención de votos calculados de ediles serviles. Trata de un estado de conciencia colectiva y territorial en el que todas las capas estructurales conviven en un territorio andino, atravesado por quebradas activas y suelos saturables, donde el voluntarismo político y la comodidad civil han aprendido a convivir.

Cada relleno y cada descarga dejan una huella que, tarde o temprano, aparecerá. El río Monjas no necesita informes para seguir abriéndose paso. Solo necesita que el sistema siga funcionando como hasta ahora.


Lista corta de territorios en riesgo:

  1. Río Monjas (Pomasqui/Carretas/El Común Bajo) — erosión del talud / riesgo para las viviendas (2026).
  2. Programa Habitacional del Magisterio (San Enrique de Velasco, norte) — talud / conjunto declarado inhabitable (más de 300 familias) (2026).
  3. Av. Simón Bolívar (sector Guápulo) — deslizamiento / cierre vial (2026).
  4. Guápulo — deslizamiento / afectación vial (2023).
  5. La Gasca — aluvión (quebrada / arrastre de lodo y escombros) (2022).
  6. La Gasca — nuevo aluvión/arrastre por lluvias (sector afectado durante la temporada invernal) (2024).
  7. Quebrada Rumipamba (Pomasqui) — aluvión, arrastre y afectaciones a viviendas (2024).
  8. Barrio Núñez (quebrada El Carmen) — riesgo por talud y quebrada, y reclamos vecinales (2022).
  9. Quebrada (sector Osorio) — aluvión / emergencia por lluvias (2019).
  10. Casa de la Marquesa de Solanda (Hacienda Carcelén, Ponceano) — pérdida de soporte del suelo / afectación al bien patrimonial junto a la quebrada (2025, informe técnico de visita).
  11. Colapso/derrumbe de vivienda por lluvias (Guayaquil) — falla asociada a temporada invernal (2025).
  12. Vía Cuenca–Girón–Pasaje — deslizamientos/derrumbes por lluvias (talud/vía) (2025).
  13. Ambato (intervención/estabilización de taludes por riesgo) — talud inestable como problema recurrente (2024).
  14. Esmeraldas: Reportes oficiales (SitRep) con eventos por lluvias — incluyen deslizamientos y afectaciones (año según el SitRep citado).

Fuentes documentales primarias

1. Corte Constitucional del Ecuador.
Sentencia No. 110-21-IN/22 y acumulados.
Caso: Vulneración de derechos de la naturaleza en la cuenca del río Monjas.
Quito, 2022.
Declara al río Monjas sujeto de derechos de la naturaleza y dispone medidas obligatorias de restauración ecológica, control de descargas, gestión integral de la cuenca, protección de taludes y coordinación interinstitucional.

2. Veeduría Ciudadana de la Sentencia Constitucional Río Monjas.
Informe presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Quito, 2025.
Documento que detalla observaciones sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional, cronogramas, requerimientos de información pública y seguimiento a las obligaciones municipales y de EPMAPS.

3. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Informe Técnico Nro. INPC-DCTCSPC-IT-2025-012.
«Respuesta a visita técnica Casa Marquesa de Solanda (Hacienda Carcelén)».
Quito, 2025.
Informe sobre afectaciones estructurales vinculadas a procesos de inestabilidad del talud asociado a la quebrada del río Monjas en el sector de Ponceano.

4. Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAP).
Informe técnico difundido en 2019 sobre la informalidad constructiva en el Distrito Metropolitano de Quito.
Señala que aproximadamente el 70 % de las edificaciones presentan algún grado de incumplimiento normativo y vulnerabilidad estructural.

Caso #26

febrero, 8, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #26• El idioma de las decisiones.

Manual rápido para no entender nada

Después de veinticinco textos escritos, presiento algo: no tanto sobre lo que escribo, sino desde dónde. Quito Caso a Caso es mi aprendizaje en público que, cada sábado por la noche intenta entender el entorno sin hablarle solo a especialistas, sino a cualquiera que se anime a darme unos minutos. Escribo desde mi formación técnica, sí, pero sin creer que todo pueda explicarse con planos, normas o indicadores.

Estoy en una incubación lenta: afinando ideas, corrigiendo intuiciones y nombrando certezas que a veces perduran menos de lo que espero. No porque el método falle, sino porque lo urbano rara vez se deja leer desde un solo ángulo. He escrito para detectar patrones, siempre con un método, aunque también me arriesgo a equivocarme.

Intento ser un puente imperfecto y, a ratos, incómodo entre el saber especializado y la experiencia cotidiana. Y, sobre todo, para no confundir la claridad con la verdad definitiva.

Por eso este texto no arranca como los anteriores.

En estos meses, me ha pasado algo curioso. En reuniones con amigos y clientes, la conversación se desvía rápido: si voy a ser alcalde o si esto es el inicio de algo partidista. Ahí, la respuesta es sencilla y bastante definitiva: no. No porque la esfera pública no importe, sino porque sus ritmos y formas son incompatibles con mi temperamento profesional inmediatista.

En ámbitos más académicos, en cambio, los comentarios se presentan de vez en cuando con una desconfianza irónica: ¿un arquitecto constructor hablando de urbanismo?

Para esto, tengo una respuesta más firme porque no nace de un límite real, sino de una frontera mental. En mi ejercicio profesional, la lógica siempre ha sido la misma: lugar, espacio y tiempo. Una casa no termina en el lote, y un edificio nunca es un objeto aislado, porque su extensión natural es el barrio; los barrios, en conjunto, arman la ciudad; y esta funciona bajo reglas, incentivos y organismos de gobernanza. No por vocación partidista ni por afán académico, sino por coherencia ética del oficio: pensar el habitar hasta el final obliga a pensar en lo urbano.

Como casi siempre, este texto nació de una encuesta previa. Cuatro temas sobre la mesa, cuatro posibles rutas. Técnica versus política fue, de hecho, la menos votada.

Mi primer impulso fue escribir sobre cómo los técnicos suelen resultar incómodos en los espacios públicos de toma de decisiones. Sobre lo raro que es ver a arquitectos o ingenieros ocupando cargos de poder. Sobre lo poco que ayudan los matices cuando se necesitan frases rápidas.

Pero la lógica política, en realidad, no suele rechazar el conocimiento técnico. Tiene otra maña: simplificarlo para repetirlo de una fórmula digerible en el discurso.

Ahí aparecen, por ejemplo, las mal llamadas smart cities o el manoseado concepto de la ciudad de los 15 minutos. Ideas que nacieron como marcos de lectura, con debates abiertos y límites claros. Pensadas para ordenar discusiones, pero luego reducidas a afirmaciones discursivas sin fundamento.

Cuando todo es «smart», ya nada lo es. Cuando todo cabe en quince minutos, ya no importa demasiado qué ocurre en el minuto diecisiete.

Es tentador decirlo así, sin matices: «los políticos no entienden lo técnico». Pero esa explicación resulta incompleta. Para que una idea compleja termine convirtiéndose en consigna, alguien tuvo que ceder antes. Alguien aceptó recortar más de la cuenta y dejar de insistir. Alguien permitió que la palabra se vaciara de conocimiento para transformarlo en bandera y eslogan, dejando de lado todo su potencial para aliviar problemas reales y cotidianos.

Por eso este texto no busca ser un versus. No se trata de decidir si la política debe escuchar más a la técnica o si los técnicos debemos ocupar más cargos públicos. Esa discusión ordena el mundo en bandos y aquí no hay bandos claros. Hay cruces, fricciones y responsabilidades compartidas.

Tal vez el problema no sea quién se sienta a la mesa, sino el idioma en el que se toman las decisiones: un registro sistemático, cuando repetir basta, explicar estorba y evaluar deja de ser imprescindible.

A veces, para entender una ciudad, hace falta revisar las herramientas con las que uno suele mirarla. Yo elijo publicar lo que escribo.

Me imagino a Quito como un dispositivo que cambia de estuche y actualiza su fondo de pantalla mientras su sistema operativo lleva años sin tocarlo. Se recalienta en lo cotidiano, se cuelga en tareas elementales y la batería no alcanza para completar una sola alcaldía. Es hardware que ya no dialoga con la complejidad real de la ciudad, aunque nadie sabría decir con precisión cuándo empezó a fallar.

Da la impresión de que la capital opera en “modo avión”: un estado apenas suficiente para mover esa mórbida obesidad burocrática, pero incapaz de responder a tareas básicas. La obsolescencia del software reaparece a diario y la toleramos con resignación e impotencia. “Vuelva más tarde; se cayó el sistema” se convirtió en un estándar. No nos sorprende el fallo; solo cuando no ocurre.

Conviene recordar que Quito es un distrito metropolitano, figura reconocida por la Constitución y regulada por una legislación especial, pensada para que una ciudad compleja funcione con reglas diferenciadas respecto del aparato central. Sobre el papel, ese marco existe y promete más de lo que entrega. En la práctica, nunca termina de activarse como arquitectura urbana y queda colgado a mitad de la instalación. Nadie se atreve a presionar el botón de reinicio.

Hubo intentos serios de reprogramar ese andamiaje. La propuesta de un Estatuto de Autonomía para el Distrito Metropolitano de Quito —aún inconcluso— planteó esquemas más claros de competencias, de planificación integrada y de jerarquías menos expuestas al humor del día. Sin embargo, el nudo persiste y conviene decirlo con precisión: más autonomía formal, por sí sola, no optimiza el conjunto.

El Estado central y la ciudad mantienen atribuciones superpuestas y, peor aún, mal articuladas. En áreas críticas, como la seguridad, las responsabilidades se tocan, pero no encajan: el Gobierno conserva facultades que llegan hasta cierto punto; el Municipio asume tareas preventivas y territoriales sin control real sobre el resto del engranaje. El resultado es predecible: cuando algo falla, ninguno responde del todo y ambos encuentran en el otro una coartada para justificar su propia ineficacia.

Ese accidente institucional genera una estructura inflada en la superficie y débil en la ejecución: comités y ventanillas se multiplican, mientras el núcleo pierde capacidad real. Mucho trámite, poca acción. No por exceso de poder, sino por la ausencia de criterios operativos que obliguen a coordinar, medir y asumir costos políticos cuando corresponde.

La pregunta, entonces, no es quién dejó de ejecutar el código, sino por qué la arquitectura nunca termina de levantarse. La respuesta es estructural, no solo de apellidos que van y vienen. Un régimen con límites, controles y consecuencias verificables reduce la discrecionalidad, ese combustible preferido de las administraciones diseñadas para sobrevivir a ciclos cortos, no para sostener realidades complejas.

Han sobrado planes que prometían integrar el territorio, la movilidad y la gestión. Cuando demasiados órganos comparten ritmos incompatibles, las prioridades se diluyen, nadie responde y todos se señalan. El código existe, pero no es ejecutable.

Prácticas de gobernanza con trazabilidad, límites claros y responsabilidades auditables reducirían ese margen de maniobra. Sin métricas ni consecuencias, cualquier estructura se degrada.

Mientras tanto, la calle no disimula nada. Trabajos hechos a la carrera y sin orden reconocible: baches tapados un viernes al mediodía y repavimentaciones con cruces de cebra que terminan en parterres o árboles. Obras performativas, útiles para el cargo, inútiles para el tejido urbano.

Por eso, lo urgente no es otra obra emblemática, sino aquello que casi nunca se inaugura: un sistema capaz de ordenar jerarquías, criterios y responsabilidades, y de resistir algo más que la urgencia electoral. Un arreglo autonómico bien activado permitiría algo básico, pero decisivo: la coherencia operativa en movilidad, suelo, seguridad, ambiente y gestión de riesgos. Todas, respaldadas por mérito técnico y no solo por afinidad partidaria.

Aunque incomode admitirlo, tampoco podemos eludir nuestros deberes ciudadanos. Ninguna autonomía moderna se sostiene únicamente con derechos y garantías. El espacio público y las normas básicas no se cuidan con civismo espontáneo; se mantienen cuando hay consecuencias inmediatas. Ningún sistema sobrevive si nuestra idiosincrasia consiste en forzarlo a diario.

Pensar la ciudad desde esta lógica es un ejercicio suprapolítico. No porque esté por encima de la política —eso sería ingenuo—, sino porque intenta algo más simple y más difícil: ordenar antes de actuar, profesionalizar antes de inaugurar, alinear antes de mover. Gobernanza enmarcando la gestión.

El marco existe. No está muerto. Está suspendido.

Quito no necesita solo obras simbólicas. Necesita que el sistema corra.

Lo demás es quedarnos mirando cómo carga la pantalla.

Caso #25

febrero, 1, 2026 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #25• Porno inmobiliario.

En Instagram pulula la compulsiva captura de cada bendito plato de comida, de la que luego no nos acordamos de qué supo. Se suman a estas manías las rutinas de gimnasio de tres sets y doce repeticiones de selfies, y los turistas que se endeudan por dos años para sostener la Torre de Pisa por treinta segundos para un post mal logrado.

Compulsión que también tiene su par en el mundo inmobiliario y en todos los medios de comunicación imaginables. La fijación por lo aspiracional nos alcanza a todos en el scroll, sin importar cuán cínicos creamos ser.

Todo tiene que ser superlativo: el más alto, el más grande, el primero. El «alfa». Parece que nos obliga a cruzar un campo minado de nombres hiperbólicos, «lo que siempre soñaste» en cualquier idioma, salvo el castellano, como si se buscara camuflar alguna insuficiencia que nadie pidió ver.

Conviene que lo aclare: esto no es, ni de cerca, una crítica al libre mercado ni al desarrollo inmobiliario. Al contrario, indudablemente este sector, en todos sus segmentos, es uno de los motores más potentes de la transformación urbana y, por extensión, humana. Precisamente por eso, importa tanto el tipo de valor que está produciendo.

Ya sea en Miami o en Abu Dhabi, es un sector productivo que, en muchos casos, ha aprendido a vender demasiado bien una ilusión, pero no siempre la convivencia. Operar cada vez más como una fábrica de activos financieros, a veces tan ineficaces como el alerón de un taxi. Aparece entonces la lógica especulativa: comprar para guardar o revender, pero no para habitar. No es ilegal ni inmoral en sí mismo. Es un modelo, en su mayoría legítimo, que, más o menos, funciona. Pero tiene sus consecuencias.

Quito, en su escala, no es ajeno a estas lógicas. El aparato inmobiliario reciente trajo altura, volumen, render y promesa. Eso también puede traer progreso, pero no siempre trae comunidad ni rutina. Por eso, vale la pena observar con atención lo que sí funciona, aunque no sea contenido viral.

Y es curioso: cuando uno busca referentes de vivienda que construyen comunidad, sostienen la rutina y envejecen con dignidad, muchos no nacieron en esta era del confeti visual. No fueron pensados para el feed. Fueron pensados para ser vividos… y para envejecer bien.

Y no, esto no es una cruzada contra la arquitectura contemporánea. La forma no es el problema. La intención sí. Hay proyectos que llaman la atención por su imagen, abren sus puertas a la ciudad y mejoran la vida cotidiana. Pero también hay muchos que solo anhelan atraer al comprador desinformado como polillas a una pantalla.

En Quito hay casos que merecen ser estudiados por su persistencia y su calidad medible. Por ejemplo, el conjunto La Granja, en la avenida Mariana de Jesús, proyectado y construido entre 1971 y 1975 por los arquitectos chilenos Sergio Larraín, Jorge Swinburn e Ignacio Covarrubias, no compite en altura ni en acabados. Su valor está en la escala doméstica, en los espacios comunes, en la separación clara entre peatón y vehículo y en la integración con la topografía, visible en un parterre arbolado en pendiente que ha permanecido abierto, sin cercas ni cerramientos, durante décadas.

No es casualidad que este tipo de proyectos provenga de una época anterior a la obsesión por el impacto viral. Muchísimos ejemplos de arquitectos e ingenieros ecuatorianos remarcables perduran tras décadas por su calidad, y hoy también hay decenas de colegas que intentan construir una ciudad de calidad. Solo el tiempo podrá evaluarlo.

También hay casos urbanos que quieren conectar en lugar de desconectar. Por ejemplo, el barrio de La Floresta ofrece caminabilidad, cultura y variedad. Cafés, cines, librerías, restaurantes pequeños, veredas animadas. No es perfecta ni ordenada, pero ofrece algo cada vez más escaso: una vida callejera reconocible, donde el valor no está en el edificio sino en lo que ocurre alrededor.

En el sector de Las Casas, el uso residencial se transformó gradualmente hacia usos gastronómicos y de encuentro. Residencias que hoy albergan mesas, cocinas abiertas y sobremesas largas. El efecto no es solo comercial: es peatonal y social. Caminar unas cuadras, quedarse un rato y volver a caminar. Vida a escala de barrio, construida desde la experiencia y no desde el render.

Cumbayá, cuando acierta, es por otra razón. En sectores muy puntuales, el valor surge de la relación con una rutina activa y de la cercanía a la naturaleza, no de la torre ni de la altura al servicio único del vehículo. Cuando esa lógica se entiende, el mercado responde. Cuando se copia un modelo genérico, el resultado se canibaliza y se desgasta rápidamente. Pierde valor.

Incluso en los límites del Centro Histórico, empieza a surgir otra búsqueda: la de la identidad y la textura urbanas. Vivir en un lugar que no podría estar en ninguna otra ciudad. Las posibilidades son abundantes.

El valor inmobiliario no brota solo del edificio en sí. Se construye desde la cuadra, la cercanía y la rutina. Desde la integración fluida —y segura— entre lo público y lo privado, para que la vida ocurra también afuera de la puerta.

Las generaciones actuales y las que vienen ya no buscan símbolos genéricos ni promesas vacías. Buscan coherencia entre lo que se muestra y lo que se vive. Me gusta llamarla sofisticación frugal.

Tal vez el diferencial inmobiliario hoy no esté en cuán grande se construye, sino en cuán bien se habita. Y eso, más que una crítica, es una enorme oportunidad inmobiliaria para quien esté dispuesto a explorarla.

Caso #24

enero, 25, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #24• Positivismo tóxico.

¿Es Quito realmente la ciudad más linda del mundo?

Hay fotos familiares tomadas cinco minutos después de una discusión.
Pausa: sonrían, revisen que todos estén bien peinados, que no pestañeen y que miren a la cámara. Después de diez fotos, se publica una. El resto se borra.

No es tan distinto de las frases motivacionales que decoran los vestíbulos públicos y corporativos. Mantras breves, diseñados para ayudar a pasar el día sin mirar demasiado lo que el primer café no logró disimular.

Postergar lo incómodo para seguir adelante es un hábito humano. Los psicólogos lo estudian y lo llaman supresión emocional, pero todos lo reconocemos, no porque el problema desaparezca, sino porque nos hace sentir mejor. A veces funciona y nos permite avanzar, cumplir, llegar al final del día. Cuando, en lo personal, se convierte en costumbre, nos aplana. Cuando es grupal, nos anestesia.

Es un ingenioso truco comunicacional cuando entra en el discurso institucional, porque ya no importa creérselo: basta con repetirlo. Así, negarlo nos hace parecer ingratos, amargados o acomplejados.

«Quito es la ciudad más linda del mundo» es una frase emocionalmente rentable, que nos reduce a una categoría frívola e infantil cuando, en realidad, nuestra ciudad goza de vicios y atributos mucho más sustanciales.

Si bajamos el volumen del eslogan y miramos indicadores concretos, es más fácil ser objetivos y autocríticos.

Un estudio de la Universidad de Navarra (IESE Cities in Motion Index 2025), que evalúa ciudades en nueve dimensiones: gobernanza, economía, capital humano, cohesión social, planificación urbana, movilidad, medio ambiente, tecnología y proyección internacional. De este estudio de 183 ciudades globales, Quito está en el puesto 149, Bogotá en el 138 y Lima en el 150. De las 11 ciudades sudamericanas estudiadas, Quito es la novena, por encima de Lima y Río de Janeiro.

Por supuesto, esto no mide belleza; sería demencial hacerlo porque no existe una métrica semejante.

Por ejemplo, las capitales que nos rodean, como Bogotá y Lima, son tres o cuatro veces más grandes que la nuestra y, en gran medida, policéntricas y dispersas. Su crecimiento horizontal, su extensión metropolitana y la multiplicación de subcentros hacen que la fragmentación social, la presión ambiental y la movilidad sean problemas mucho más complejos.

Quito tiene una superficie más contenida por sus límites topográficos, que nos encajan longitudinalmente entre cordilleras, organizada en un claro eje norte–sur, con barreras naturales que han limitado parcialmente su expansión indiscriminada.

En términos de cohesión social, esa forma importa y nos ayuda a explicar, en cierta medida, por qué en estos índices tenemos una mejor valoración que en Lima y Bogotá. Aún conservamos una continuidad territorial en la que barrios de diferentes niveles de ingresos comparten sistemas de movilidad, espacios públicos y servicios en una misma franja urbana. Por supuesto, no somos una ciudad sin desigualdades, pero no estamos fracturados en enclaves autónomos como ocurre en áreas metropolitanas mucho mayores, donde la segregación ya es sistémica e irreversible.

En lo ambiental, nuestra relación directa con volcanes, quebradas, valles y corredores ecológicos sigue definiéndonos. El entorno natural no está a cientos de kilómetros ni reducido a parques residuales. Nos atraviesa. Esa condición, aún vigente, es una ventaja comparativa que muchas capitales latinoamericanas ya han perdido y que aún podemos potenciar.

Y en movilidad, el argumento es todavía más claro. La linealidad urbana de Quito, su tamaño relativo y la concentración de flujos en pocos ejes principales hacen que los problemas sean graves, pero técnicamente abordables. Ajustes de red, jerarquización vial o cambios en el uso del suelo todavía pueden tener un impacto real. En Lima o en Bogotá, decisiones equivalentes chocan con una complejidad política y territorial mucho mayor.

¿Dónde los datos muestran nuestras mayores fallas?
En economía, gobernanza, planificación urbana y proyección internacional.
No en su forma urbana, sino en cómo se la administra, se la regula y se la proyecta.

Con esta escala y estas condiciones, no nos conviene solo quedarnos frente al espejo repitiendo lo lindos que somos, sino exigirnos trabajar para que funcionemos mejor.

Quito no compite por belleza, sino por rareza. Y eso nos invita a pensarla de manera distinta.

En economía, raro significa escaso, difícil de reproducir, validado externamente y con valor acumulado. Una piedra preciosa no vale solo por ser linda, sino porque casi nadie puede fabricarla de nuevo. Encajamos mejor allí.

Solo hay un grupo extremadamente reducido de ciudades sudamericanas que cuenta con patrimonio urbano integral y reconocimiento creativo contemporáneo de la UNESCO. En la región, Río de Janeiro o Buenos Aires concentra múltiples reconocimientos culturales internacionales, aunque bajo lógicas distintas: paisaje cultural, literatura o diseño, y en volumen muchísimo mayor que el nuestro.

La combinación específica de la que gozamos: uno de los centros históricos más extensos y mejor conservados de América Latina, reconocido por esta institución en 1978 y, desde 2025, Quito también fue sumado a la Red de Ciudades Creativas en arquitectura, con potencial de desarrollo sostenible e identidad urbana.

Esa rareza no se activa con consignas. Tiene una promesa inconclusa que, por su escala y su potencial objetivo, puede convertirse en una capital «boutique» = valor versus volumen.

Quito no necesita gustar más y quizás nos convenga decidir muy pronto cómo haremos notar al mundo, bastante más allá de nuestra lindura, lo singulares que somos.


Descargar estudio Cities in Motion ST-0665 →


Fuentes y referencias

IESE – Cities in Motion Index (CIMI)
Página oficial: https://www.iese.edu/research/cities-in-motion/
Ranking 2025: https://www.iese.edu/research/cities-in-motion/2025/

UNESCO – Patrimonio Cultural de la Humanidad
Centro Histórico de Quito, inscrito en 1978.
https://whc.unesco.org/en/list/2/

UNESCO – Red de Ciudades Creativas
Quito incorporada en el campo de Arquitectura.
Red de Ciudades Creativas: https://en.unesco.org/creative-cities/
Arquitectura: https://en.unesco.org/creative-cities/architecture
Perfil de Quito: https://en.unesco.org/creative-cities/quito

Contexto demográfico y urbano
CEPAL: https://www.cepal.org/es/temas/desarrollo-urbano
Banco Mundial: https://data.worldbank.org/

En Historia de dos ciudades, Charles Dickens muestra cómo dos trayectorias paralelas en una misma época pueden desembocar en destinos opuestos. Quito hizo algo similar con sus aeropuertos.

Mover el aeropuerto Mariscal Sucre fue inevitable. Y su traslado a Tababela funciona de manera ejemplar. En el aire, la capital ganó en seguridad, eficiencia y en una infraestructura que hoy le permite jugar en ligas que antes ni siquiera miraba.

En el suelo, desde su primer vuelo, el 5 de agosto de 1960, aunque pendía de la seguridad de su entorno, el aeropuerto de la avenida Amazonas fue un motor urbano en funcionamiento, con presencia humana constante y comercio diario. Todo tipo de actividades conviven, aunque con fricción, con barrios residenciales vivos, activos y caminables.

Con su último despegue, el 19 de febrero de 2013, trasladó sus operaciones aéreas en tan solo 24 horas. Desconectó un nodo crítico de su metabolismo urbano sin prever seriamente un reemplazo funcional. Un motor se apagó de golpe. La ciudad que dependía de él quedó a la espera. Y sigue ahí.

Desde principios de los años 2000 se identificó el impacto de la retirada del aeropuerto. No fue una sorpresa ni un imprevisto técnico. Hubo concursos, planes y visiones. Demasiados. La mayoría quedó archivada por la burocracia, la inercia y la cómoda postergación de decisiones difíciles.

Lo que vino después fue una gran superficie vacía, a la deriva de sus vientos, sin un programa claro, sin mezcla de usos ni densidad que invitara a quedarse. No fue un parque citadino, sino una pista sin aviones a medio retocar y, hasta hoy, sin vida cotidiana.

Como consecuencia, menos pasos diarios se tradujeron en un menor consumo. Calles que dependían del flujo lo perdieron todo. Los negocios cerraron sin titulares y, cuando el deterioro se volvió evidente, el abandono ya era habitual.

Ese vacío, sin embargo, es una reserva urbana excepcional. Bien planificada, con incentivos claros y alianzas público-privadas inteligentes, podría convertir cientos de manzanas en un polo de crecimiento, empleo y vida que aún no hemos visto. El problema no es el lugar. Es la ausencia de una voluntad sostenida sobre qué queremos que renazca allí.

Aquí aparece la segunda historia.

Mientras Quito apagaba uno de sus motores, construía acertadamente un aeropuerto de clase mundial. El nuevo Mariscal Sucre no es solo una buena terminal para pasajeros. Es un activo estratégico. Ha transportado a millones de personas y sigue ampliando su capacidad. Pero su verdadera fortaleza radica en otro aspecto: su capacidad logística.

Hoy contamos con una de las infraestructuras de carga aérea más potentes de la región para una ciudad de su tamaño. Cadena de frío consolidada con operación especializada para perecibles, productos farmacéuticos y otros de alto valor, como nuestro chocolate.

Aviones que salen llenos de exportaciones y regresan vacíos. Ese detalle, que suele pasar desapercibido, no es menor. Ahí hay una oportunidad real: convertirnos en una plataforma regional especializada.

Esa fortaleza logística no es una abstracción. Significa que podemos desempeñar un rol distinto en el continente. No como un hub masivo de pasajeros, sino como una plataforma de intercambio comercial sensible y de alto valor. Una ventaja silenciosa que, bien articulada, puede traducirse en inversión, empleo y encadenamientos productivos.

Ese dato cambia la conversación.

Quito no compite con Panamá, Lima ni Bogotá en número de pasajeros. No necesita hacerlo. Su ventaja es otra y real. Pero no es automática. Requiere estrategia, coordinación y una visión compartida.

Convertir esa fortaleza en un escenario de alta competitividad implica que varios actores se sienten en la misma mesa: el operador aeroportuario, las aerolíneas de carga, los exportadores, los operadores logísticos, la aduana y, sobre todo, una ciudad que entienda qué rol quiere desempeñar. No basta con tener infraestructura. Hay que alinearla con reglas claras, incentivos adecuados y plazos que funcionen en el mundo real.

El problema es que esa ventaja, hasta ahora, nunca dialogó con una capital que terminó por construir dos trayectorias en paralelo: un aeropuerto moderno, competitivo y conectado al mundo, y un espacio que nunca decidió enfrentar seriamente.

No son dos historias distintas. Es un solo relato, mal articulado, sobre una capital y un país que deberían ayudar a sostener.

Por ahora, Quito intenta despegar torpemente.
Pero sigue moviéndose en círculos.

Quito, caso por caso.

Cada semana, un análisis urbano directo al grano.