Caso #14

noviembre, 16, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #14• Machángara: la mierda que el Municipio pretende perfumar.

Lo confieso sin remordimientos: soy más de ciudad que de campo. Las urbes me serenan. El campo me atrae, pero con un tope de ocho horas. La playa me agota aún más rápido. Nunca fui de campamento ni mochilero. Y, aun así, desde chico, me revuelve las tripas ver cómo tratamos al entorno natural como basurero de feria. No por postureo ni por activismo ecológico: por pura vergüenza.

Pocas vergüenzas superan lo que le hemos hecho al Machángara.

El 29 de mayo de 2024, antes de que el alcalde de turno posara en las fotos, un puñado de ciudadanos decidió plantarse de una vez. Entre quienes empujaron la acción de protección figuraban el Cabildo Cívico de Quito y el Pueblo Kitu Kara, para quienes el río no es un accidente urbano: es herencia ancestral. Más de 40 colectivos ambientales, urbanos y barriales juntaron pruebas, recorridos y estudios para demostrar lo obvio: el Machángara no está «olvidado»; lo hemos violado sistemáticamente durante décadas.

Mucho de lo que relato aquí surge del testimonio directo de María Elena Rodríguez y de la información aportada por Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico. Su narrativa —cruda, sin filtros— revela que esto no fue un arranque impulsivo, sino un año entero de trabajo para darle voz a un río mudo ante el Estado.

Y aquí conviene poner el espejo también del lado de la ciudadanía, no solo del Municipio. Quito genera alrededor de 2.000 toneladas de basura al día, en su mayoría doméstica, y buena parte termina donde no debe: quebradas usadas como vertederos improvisados —La Gasca, El Tejar, La Tola y tantas otras que bajan del Pichincha arrastrando bolsas, plásticos y escombros que nadie reconoce como propios. Y no es solo un problema del «Quito duro»: en los valles de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Los Chillos, ríos como el San Pedro o el Pita arrastran aguas servidas y residuos que tarde o temprano desembocan en el mismo sistema Guayllabamba–Esmeraldas. No toda la contaminación del Machángara viene de tuberías clandestinas: una parte nace en nuestras casas, negocios y barrios, y viaja río abajo sin firma ni responsable. Esa sombra también es nuestra.

Los jueces lo captaron mejor que varias alcaldías: un río convertido en alcantarilla abierta no solo pisotea los derechos de la naturaleza, sino los de 2,7 millones de quiteños que merecen un entorno mínimamente decente. Además, aquí cabe la comparación que arde: mientras Quito celebra su 2,8 % de tratamiento de aguas servidas como si fuera un trofeo, Cuenca ya trata el 95 % gracias a ETAPA EP y su planta Ucubamba. En julio de 2025 adjudicaron la construcción de Guangarcucho, la obra más grande en su historia (USD 65,7 millones), que llevará a Cuenca al 100 %.

Guayaquil hoy trata más del 60 %, y con las PTAR Esclusas, Los Merinos y Mi Lote llegará al 100 % en 2026.

No es casualidad: es negligencia estructural.

La sentencia fue un mazazo de 27 medidas obligatorias con plazos de 6, 12 y 24 meses. Sin pretextos presupuestarios ni malabares interpretativos. Y no son medidas abstractas: son tareas concretas que cualquier ciudad seria ya habría iniciado. No voy a enlistarlas todas aquí —la sentencia completa se puede descargar al final del artículo—, pero comprende obligaciones municipales como: plantas de tratamiento pequeñas y medianas en puntos críticos; separación estricta de aguas lluvias y servidas; soluciones basadas en la naturaleza; control industrial con sanciones reales; restauración de riberas con vegetación nativa; y un monitoreo quincenal transparente, construido junto a colectivos ciudadanos y la Defensoría del Pueblo.

Y un punto adicional que el Municipio parece haber «cumplido» a medias:
la sentencia obliga a incorporar educación ambiental y a mostrar el documental La vida de un río en escuelas municipales. Lo hicieron —pero sin un programa integral que forme criterio, solo como trámite fácil para la foto.

Es diáfano.
Es inapelable.
Es urgente.

Pero Quito domina el arte de la cosmética burocrática. Ni bien salió el fallo, el Municipio desempolvó su libreto: «es imposible», «no da el tiempo», «no hay plata», «no nos toca». Luego vino el circo de las mesas técnicas: cuarenta burócratas por sesión, discursos repetidos y una creatividad usada exclusivamente para producir excusas. Incluso firmaron un acuerdo para estirar plazos; el juez lo rechazó sin pestañear.

La sentencia sigue intacta.
Así que, señores del Municipio: a remangarse.

Desde entonces, el cumplimiento parece un carnaval de disfraces: tres árboles torcidos como «restauración ecológica»; un cerco de pingos azul y rojo como «protección ribereña»; un talud cubierto con tela como «solución natural»; y una gira con cámaras como «inspección». Y, para rematar, intentan «perfumar» la escena con un popurrí de promesas vacías, como si un río pestilente se arreglara con flores secas. Ninguna medida tiene escala ni coherencia frente a un río que atraviesa media ciudad y descarga tóxicos hasta el Pacífico.

Ahí está el desastre.
Quito apadrina una tragedia hídrica que ya huele a nivel nacional.

El vacío más hondo es técnico y político: la sentencia omitió indicadores específicos. Sin ellos, cualquier improvisación se vende como «avance». El diagnóstico profundo —la obligación inicial— debía entregarse hace más de un año. No existe. Juraron diciembre de 2025.
Queda medio mes y, al paso que van, parece que esperan que llegue por Rappi.

Los recorridos con la Defensoría lo dejan en evidencia: descargas crudas, tuberías al aire, basura amontonada, riberas desiertas. Y la AMC, como siempre, ausente. Quito fabrica excusas con la misma eficiencia con la que produce aguas negras: sin procesar.

Mientras tanto, el Plan de Acción Climática Quito 2025 plantea que para 2027 llegaremos apenas al 3,47 % de tratamiento. Recién para 2034 aspiran al 10 %. Un chiste de mal gusto para una capital andina del siglo XXI.

La sentencia creó algo inédito: las Guardianas del río Machángara, un frente ciudadano que vigila el cumplimiento. Colectivos, barrios, organizaciones y defensoras que conocen el río mejor que muchos ingenieros. El fallo ordena colaborar con ellas.
¿Ha ocurrido?
Ni una sola vez.

Aquí la rabia deja de ser verde y se vuelve urbana: ningún río se recupera sin indicadores reales, sin una línea base seria, sin control industrial firme, sin datos públicos ni participación auténtica. Nada de eso existe hoy. Mucho menos si el «avance» municipal se limita a álbumes de selfies y giras guiadas.

La sentencia está.
La evidencia también.
Lo que falta es voluntad política —y ciudadanía activa.

Porque un río no se perfuma.
Se limpia.
Y ese trabajo, más temprano que tarde, tendrá culpables con nombres propios.

El Machángara no perdona.


Documentos de referencia (descargables):

  1. Sentencia completa del caso Río Machángara (PDF).
    El fallo original: derechos vulnerados, medidas obligatorias y creación de las Guardianas del río.
    Descargar sentencia →
  2. Matriz de seguimiento y cumplimiento (Excel).
    Todas las medidas, responsables, plazos y vacíos detectados en las mesas técnicas.
    Descargar matriz →
  3. Elementos clave de la sentencia (DOCX).
    Síntesis jurídica: derechos reconocidos, obligaciones municipales y alcances de las reparaciones ordenadas.
    Descargar síntesis →

Llamado a la acción

Recomiendo La vida de un río, documental de Jorge Juan Anhalzer y Naia Andrade: sigue el recorrido de un río ecuatoriano que muta de nombre, paisaje y heridas (Gualpaloma, Pita, San Pedro, Guayllabamba, Esmeraldas).
Seiscientos kilómetros sin maquillaje oficial.
Si no te remueve, revisa tu pulso.

Este filme debería ser obligatorio en las escuelas: no para crear ecoguerreros, sino ciudadanos que entiendan que un río es una vena viva, no un desagüe.

Ministerio de Educación: currículo ambiental listo. Solo proyecten.

Y tú, lector: involúcrate. Únete a las Guardianas (@guardianas_rio_machangara), presiona, firma.
No esperes que llegue por Rappi.
Actúa. El Machángara no espera.

Caso #13

noviembre, 9, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #13• El Estado Clonado. Primera propuesta del proyecto AURA

OJO: Puedes descargar PDF V.01 del manifiesto del proyecto AURA al final de esta entrega.

En 2008, el 62 % de los ecuatorianos vivía en ciudades. Hoy superamos el 65 %, y hacia 2050 el mundo se encamina al 70 % urbano, según la ONU-Hábitat y el Banco Mundial. Ecuador no es la excepción.

Aun así, las aguas lluvias y las servidas siguen compartiendo tubería en amplias zonas. Una proporción altísima de viviendas en Quito se levantó sin control técnico suficiente (no se diga el resto del país). Somos un país urbano con ADN rural: planificamos con machete y morimos en ventanillas.

Mientras la ciudad crece, el Estado sigue legislando como si todo fuera una gran hacienda con Wi-Fi.

La paradoja es simple: hay normas, pero falta estructura ética y pragmática.
El desorden de lo indescifrable es nuestro idioma oficial.

Nuestro sistema de planificación podría ser una materia en Hogwarts. La Constitución es la varita mayor. Debajo operan, en cascada, el COOTAD, que reparte competencias; la LOOTUGS, que regula el suelo; los PDOT y PUGS, que ordenan el territorio local; y la SOT-IPSOT, que registra y valida técnicamente.

Si las pronuncias seguidas —»COOTAD-LOOTUGS-PUGS»— el conjuro deja al ciudadano petrificado y sus necesidades congeladas:
«Vuelva nomás mañana, porque el sistema se cayó.»

¿Demasiadas siglas? No es tu culpa.
Si te aburriste, abajo hay un gráfico y un manifiesto para ampliar lo que estas mil palabras ya no pueden.

Veinte constituciones y más de trescientas enmiendas después, seguimos creyendo que el cambio empieza en la tinta. Cada gobierno reescribe el hechizo y se proclama fundador de un nuevo país. Sobran artefactos estatales: un nudo gordiano que urge cortar.

La crisis no es solo constitucional ni institucional: es sistémica.
La pirámide de Kelsen ordena las leyes desde arriba, pero el territorio se desordena desde abajo. Entre la norma y la obra se pierde la coherencia. Cada nivel de gobierno interpreta su competencia como feudo, y cada reforma repite el ciclo del hechizo inútil.

Hace veinticinco años, Medellín vivía su propio caos. Respondió con método, no con eslogan: un Plan de Ordenamiento Territorial con horizonte largo y revisiones periódicas; una agencia híbrida —Ruta N— que articula gobierno, academia y empresa privada; y mesas multidisciplinarias donde arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos y comunidades deliberan juntos. Cinco gobiernos distintos después, la misma visión urbana sigue vigente.
No hubo magia: hubo estructura y confianza.

Ecuador tiene instituciones y datos equivalentes, pero los mantiene dispersos y sin una mesa común donde sentarse.

Lo que falta no es más política, sino un mecanismo técnico de continuidad:
una mesa suprapolítica que mantenga el orden cuando los gobiernos cambian.

Podríamos llamarlo —provisionalmente— Sistema Nacional de Gobernanza Urbana, mientras alguien inventa un nombre menos burocrático. Yo lo llamo proyecto AURA.

No sería otro ministerio —ya tenemos más siglas que encantamientos—, sino un mecanismo de articulación dentro del Sistema Nacional de Planificación.
Tres verbos bastan: medir, alinear, corregir.

Medir: un tablero público de indicadores comparables —vivienda segura, movilidad sostenible, calidad de ríos, espacio público, residuos tratados, acceso a agua y cumplimiento de planes.
Alinear: revisar cada diez años los PDOT y PUGS frente a metas nacionales verificables, preservando la autonomía de los GAD, pero exigiendo coherencia entre niveles de gobierno.
Corregir: un consejo técnico independiente, rotativo y con datos abiertos que active mecanismos de cumplimiento e incentivos por desempeño.

Ese consejo —núcleo del AURA— estaría conformado por universidades, colegios profesionales, cámaras técnicas, ciudadanía organizada, institutos de investigación, gremios sectoriales y representantes de los GAD.
Su misión no sería legislar, sino evaluar la trazabilidad técnica de las políticas públicas, medir resultados y publicar reportes verificables.
A diferencia de los consejos políticos del pasado, el AURA no nombra autoridades ni reparte poder.

Su composición sería meritocrática y rotativa, elegida por votación interna en instituciones académicas, gremiales y ciudadanas verificadas, con prohibición expresa de ocupar cargos públicos o partidistas.
Su función: auditar con datos, no gobernar con discursos.

Un sistema de fiscalización inteligente, cívico y multidisciplinario que actúe como interfaz viva entre la pirámide normativa y la red social que la sostiene.
El AURA no limita la autonomía de los GAD: la ordena.
No recentraliza: coordina.
No agrega burocracia: agrega memoria.

Su función sería garantizar la continuidad técnica como principio constitucional implícito del derecho a la ciudad.

Otras ciudades ya aprendieron el truco. Curitiba usa su BRT para ordenar densidad y mezcla de usos desde los setenta. Bilbao mantiene su proyecto urbano-cultural con reglas estables más allá de los alcaldes. Seúl restauró el Cheonggyecheon por política de continuidad, no por fetiche de obra. Ninguna inventó ministerios para cada ciclo: consolidaron confianza y evaluación técnica.

Ecuador, en cambio, acumula constituciones y modelos de planificación.
Veinte cartas en dos siglos explican la ansiedad refundacional.
Pero refundar sin evaluar reproduce el mal: más estructuras, menos estructura.

La salida no es otro hechizo, sino un principio de gobernanza suprapolítica que conecte la pirámide con la red.
El nuevo artículo 31 no debería añadir palabras bonitas, sino método y memoria: que la Constitución garantice la continuidad técnica más allá de los periodos electorales.

La ética se hace estructura,
la estructura se hace tiempo,
y el tiempo se hace ciudad.


Descargar Manifiesto AURA V1 — Arq. Esteban Najas →


Notas y fuentes

  1. Constitución del Ecuador (2008) – Arts. 31, 97, 279–280
  2. COOTAD – Registro Oficial Suplemento 303 (2010)
  3. LOOTUGS – Registro Oficial 790 (2016)
  4. ONU-Hábitat – World Cities Report 2022
  5. Ruta N Medellín – Plan Maestro de Innovación
  6. IPPUC Curitiba – Planejamento Urbano
  7. Bilbao Ría 2000 – Informes de proyecto urbano
  8. Hans Kelsen – Teoría Pura del Derecho (1934)
  9. Agenda 2030 – ODS 11: Ciudades sostenibles
  10. Entrevista a Diego Ordóñez — Presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2025. «No diferenciamos lluvias de servidas; estamos matando ríos y, al final, el océano.»

Caso #12

noviembre, 2, 2025 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #12• Barrio La Mariscal: Quito ya está construido, solo está dormido.

Los barrios también sueñan.
A veces con sus memorias extraviadas.

En La Mariscal, entre Robles y Jorge Washington, vivían mis abuelos.
Cuentan que Augusto Pinochet —sí, ese mismo—, agregado militar entre 1956 y 1959, dejaba su Cadillac negro atravesado frente al portón.
Mi abuelo, habano en boca, gesticulaba insultos en su idioma natal desde el balcón al general: «¡Sharmuta, te crees dueño del barrio!»… Vaya que el viejo tenía razón.

Años antes, el barrio ya mudaba de piel.
Rosales al frente, pan caliente, madera encerada y las campanas de Santa Teresita marcando la hora exacta: una ciudad de veredas anchas donde el prestigio se medía por la sombra de los árboles.

En la esquina de la Amazonas con Robles abrió La Favorita, el primer autoservicio del país: así como los parachoques cromados de los autos, los fierros del carrito de compras eran símbolos de modernidad.
La Mariscal era el mall antes del mall: fuentes de soda, peluquerías, sastrerías y zapateros con olor a tiza y laca.

Salto a mi adolescencia.
Frente al parque Gabriela Mistral mi familia abrió el Centro de Comidas El Parque.
Yo, con mandil, volteaba hamburguesas y servía helados.
Cada 5 de diciembre el parque retumbaba con bandas de pueblo, trombones y espuma; después, Wilfrido Vargas hasta el amanecer.
Aunque las damas cariñosas de la noche pululaban en sus esquinas, el barrio era seguro.
Bullían Libri Mundi, Café Libro, El Pobre Diablo, Taller Mariscal, Latitud Cero, Liberarte, Q Manía, El Sótano y Cactus Jack: un circuito insomne de arte, música y resaca.

Hasta ahí nomás mi nostalgia, porque no viví el auge de la Plaza Foch.
Les dejo a ustedes contarme la suya.

Ahora quiero hablar de un barrio que sueña con futuro, pero mirando al retrovisor.

Para 2022, anémica, La Mariscal tenía apenas 10.067 habitantes en 130 hectáreas, pero estaba rodeada de nueve universidades, con miles de estudiantes, docentes y profesionales que llegan de día y huyen al caer el sol.
Otros rondan, consumiendo con licencia municipal hasta la madrugada, en un barrio con luces pero sin ojos.
Y cuando nadie mira, las ciudades caducan como la leche, y los oportunistas se la beben sin mirar la fecha.

Aquí, sin embargo, hay todo para revertirlo: servicios, transporte y población suficiente para repoblarla cuando sientan que hay valor real bajo un modelo sostenible para el inversor dentro de un ecosistema cívico, ético y accesible.
Un barrio vivo no se mide por los bares que cierran tarde, sino por las cortinas que se abren temprano.

El acuerdo

Suena mi celular.
La Agencia de Emprendimiento e Innovación (AEI) —con una red de más de 200 empresas y startups ecuatorianas— me pide apoyo.
«Mañana a las ocho», respondí.

Llovía, pero con café en mano nos sentamos con Daniela Sofía Loaiza (CAE-P) y Diego Hurtado (vecino y urbanista).
Decidimos ir sin novelerías: acuerdos reales entre gobernanza, privados y habitantes.
Así se fortaleció el Polígono de Innovación La Mariscal, dentro del Distrito de Innovación: un trabajo conjunto entre empresa, academia y comunidad para probar que regenerar no es expulsar.
Aparentemente, la alcaldía también está alineada para impulsarla; ojalá sea sostenido.

El polígono ocupa siete hectáreas alrededor del parque Gabriela Mistral —entre Colón, 6 de Diciembre, Reina Victoria y Lizardo García—, un nodo de acupuntura urbana diseñado para provocar contagio virtuoso.

El plan

Esperamos llegar a que el 70 % del suelo sea vivienda, con arriendos accesibles para estudiantes, docentes y jóvenes profesionales.
Regular las alturas con sentido: veinte pisos en los ejes Patria y Colón, consolidando los perfiles urbanos formados en los últimos cincuenta años; doce en la 6 de Diciembre y en las avenidas norte-sur, como Río Amazonas y 10 de Agosto; y solo cuatro —más un quinto retraído— en el corazón barrial de la Mariscal.
Esa escala mantiene la relación con las edificaciones tradicionales y evita sombras que rompan la calidad de vida.
Ninguna sombra más larga que la memoria.

Queremos calles vivas, pisos bajos que huelan a pan y a libros, cafés sin cercos ni vallas, donde los árboles marquen el ritmo de la vida moderna.
Reverdecer con techos ajardinados, aceras amplias y pavimentos permeables que filtren agua y esperanza.
Dejar el auto en los bordes y entrar caminando.
Tarifas que lleguen a los vecinos directamente.
Estacionar menos y mirar más.

La seguridad vendrá con inteligencia: tecnología visible e invisible, diseño urbano que permita ver y ser vistos, y vecinos que confíen entre sí, porque la seguridad no se vigila: se comparte.

El CAE-P recomienda, además, preservar los retiros ajardinados y la morfología histórica de La Mariscal —fachadas abiertas, altura coherente y transición suave entre el espacio público y el privado— como garantía de escala humana y bienestar.

El modelo

La AEI ya instaló su sede en las Torres de Almagro (Ponce Bueno y Stadler, 1978).
La UPC del parque Gabriela Mistral fue renovada por empresas privadas, primer gesto concreto de esta alianza entre ciudadanía y empresa.
Urbanistas y arquitectos acompañan con asistencia técnica, urbanismo táctico y seguimiento del plan parcial.

Privado, gremio y ciudadanía: tres fuerzas que rara vez se alinean, hoy tratando de apuntar derecho.
El objetivo no es solo La Mariscal: es crear un prototipo de ciudad posible, en escala manejable hoy, pero escalable mañana.
Suprapolítica.

Si funciona, servirá de molde para otros barrios que todavía no despiertan.
Cuando un barrio funciona, la gente lo respeta y lo replica.
Pasa como con los sánduches y los hot dogs: si uno pega, al mes siguiente hay diez más.
El éxito también se contagia y desplaza lentamente lo indeseable.

Escriban, discrepen, sumen: las ciudades —como los barrios— se perfeccionan cuando se comparten.
Porque las ciudades no se despiertan solas; alguien tiene que encenderles la luz.

Le seguirá la avenida 10 de Agosto. Ya les contaré… caso a caso.

NOTA EDITORIAL: Este texto pertenece a la serie «Quito Caso a Caso», un proyecto suprapolítico —más allá de partidos o ideologías— que propone leer la ciudad desde su memoria y desde quienes la habitan.

Caso #11

octubre, 26, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #11• Por abrir la boca (y por abrir el metro).

Las redes, los lectores, los troles y yo mordimos el anzuelo.
Una frase suelta en una entrevista que Primicias publicó el 9 de agosto de 2025 se convirtió, en pocas horas, en un circo digital.
Troles desatados en los comentarios, como si hubiera pateado a su perro.
No hablé de alguien, hablé de algo: de ciudad.
Pero, en esta era frágil, la verdad ofende y se usa para apuñalar desde el anonimato.

Un titular es dinamita con mecha corta.
Este tenía lo justo: dos palabras infladas y una coma mal puesta.
Fui tendencia, banquete y meme por dos días.
Leí los comentarios con risa y fascinación antropológica: cientos gritando injurias, como en un partido en el Atahualpa, y otros discutiendo urbanismo, como en un café de la Flacso.

Mientras tanto, Quito seguía igual: una ciudad atrapada entre la grandeza de sus proyectos y la miseria de sus aceras.
Pero, bajo el ruido —digital y literal—, late algo bueno: el Metro de Quito.
Una obra impecable que corre bajo tierra con la precisión que arriba parece un sueño.

Verónica Sevilla, presidenta del sistema, me compartió los números: 105 millones de viajes; 58 % mujeres; la mayoría del sur, donde el tráfico era una condena estática.
Antes, uno podía pasar quince minutos en Quitumbe, varado frente a un bus con «Muñeco de todas, juguete de nadie» en el parabrisas, como si la ciudad se riera de su propio destino.

Los datos de septiembre cuentan más: la mitad de los usuarios son empleados privados; los más frecuentes, entre 18 y 29 años; y le dan al servicio un 9,5 sobre 10.
Más de 107 toneladas menos de CO₂ —como si cinco millones de árboles suspiraran aliviados— le devuelven oxígeno a Quito.

Pero, al salir, la ciudad te cachetea con una vereda rota, como diciendo:
«Bienvenido, gil, aquí no hay final feliz».
El metro corre; la ciudad cojea.

Entre Quitumbe y Labrador, varias estaciones te sueltan en un páramo de vallas y grafitis que gritan «sálvese quien pueda».
San Francisco, Iñaquito y La Carolina cumplen; demasiadas intermedias te entregan a la nada: sin parques, sin tiendas abiertas, sin vida callejera.

Decir «falta ciudad» no fue un eslogan: fue un grito.
El metro mueve cuerpos, pero no almas si no hay razones para bajarse.
Cada estación debería ser un imán, no una puerta de emergencia.

Imagina un plan barrial: un parque en Quitumbe con bancas y food trucks; una placita en El Recreo con ferias los fines de semana; un mercado artesanal en San Francisco.
No es solo cavar túneles: es hacer que el metro ancle vida, como Medellín con sus bibliotecas parque.

El metro tejió el primer hilo de un manto incompleto: un eje norte-sur que funciona, pero no cose el este-oeste, donde te esperan calles empinadas y smog de diésel.
Los extremos se conectan; el centro se pierde.
Quien vive entre estaciones no tiene por qué quedarse, y quien está cerca empieza su huairasinchi en un Quito que no camina.

Abajo, en el metro, la gente guarda silencio, respeta turnos, cede el paso.
Arriba, reaparece nuestra esencia reptiliana: bocinas, empujones, ansiedad.
Así de brutal es el entorno.

El Metro demuestra que la arquitectura puede domesticarnos… y el urbanismo transformarnos.

La topografía de Quito promete paisajes, pero entrega caos: letreros trepando laderas, avisos en cada milímetro de fachada, veredas que gritan lo que la ciudad calla.
Ahí debería sonar el urbanismo y la arquitectura: silenciosos, persistentes, capaces de coser lo que los planos políticos deshilachan.

El desafío no es hacer más túneles, sino que las estaciones sean portales, no escapes.
Que cada salida invite a caminar, a comprar en un puesto de frutas, a sentarse en una banca que no esté rota.

Los trenes ya pasan, impecables, bajo una ciudad que aún cojea.
Pero cada estación puede ser un nudo que teja Quito: un mercado, una plaza, un rincón donde la vereda no te traicione.
El metro ya llegó; que la ciudad no se quede en el andén.

Caso #10

octubre, 19, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #10• La valla perfecta: el crimen perfecto.

El que cumple, pierde.

Ya me obligaron a hablar de las vallas otra vez…
Que conste que quería otro tema esta semana, pero, con sabor criollo, las brutalidades del sistema no paran.

Permítanme: trato de explicar lo inexplicable.
La nueva normativa de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT) —el ente municipal que regula el uso del suelo— no es un trámite más. Es el engranaje de un aparato que tortura al ciudadano.
El Concejo aprueba, las Administraciones Zonales dan licencias y la AMC debería controlar.
¿Lo hace? Juzguen ustedes.

Imaginemos, por un momento, que las vallas son casas. Les cuento de dos vecinos.

El primero, un valiente cumplidor, decide en enero construir su hogar. Se lanza al abismo: contrata arquitecto, presenta planos, paga estudios estructurales, de suelos, replanteo vial… hasta un permiso de aviación civil (sí, ¡para una casa!). Jadeando, logra aprobar planos en noviembre. Pero, en ventanilla, el Municipio le dice:
«Solo tramitamos permisos de construcción (LMU-20) en julio y agosto.»
Ocho meses de espera. Terreno vacío, crédito devorando intereses, sueño en pausa.

El otro vecino, más «avispado», construyó sin licencia ni planos hace años.
Ahora, con una foto, regulariza todo.
Un reglazo en la mano y licencia renovada por cuatro años.
Así nomás.

Eso plantea la nueva resolución de SHOT para las vallas ilegales: cuatro años de premio al infractor, cuatro años de castigo al iluso formal.
¡Vaya política pública!

Hoy Quito tiene 1.040 vallas publicitarias; 889 (85 %) son ilegales.
Solo 151 cumplen la norma.
La deuda por multas y permisos suma USD 76 millones.
Una sola empresa controla el 40 % del negocio.
Y, aun así, la normativa amplía el cupo a 1.400 vallas, legalizando las ilegales y extendiendo su vida útil.
Un salto del 827 %, disfrazado de «actualización normativa».

La analogía con las casas es inevitable: el 70 % de las edificaciones en Quito son irregulares, el 80 % vulnerables a un sismo.
Se castiga al que pide permiso; se premia al que construye y pregunta después.
El arquitecto y su cliente formal pagan caro.
El infractor gana estabilidad.
La ciudad pierde.
Pierde paisaje, seguridad, identidad.

Cada valla ilegal es una casa irregular con patas de acero.
Y en lugar de sancionarla, el Municipio la bendice por decreto, con yapa.
Quebradas, cerros, fachadas, espacios verdes —los pocos respiros de Quito— se convierten en soportes de propaganda.
¿Vieron esas cubetas de biscochos gigantes en los edificios?
¿Las Vegas en el Ilaló?

La contaminación visual no es solo estética: fatiga la mente, deforma el paisaje, borra la identidad.
Quito ya no se mira, se alquila.

Así se comete el crimen perfecto:
instala lo ilegal, espera unos años, cambia la norma, y listo.
Sin juicio, sin culpa, sin fianza.
El delito se vuelve trámite; el trámite, negocio.
Y nosotros, con cara de giles, chupándonos el dedo.

Porque en Quito, cumplir es desventaja.
El crimen perfecto no lo comete el que roba…
sino el que legisla para que robar deje de serlo.

Al final, dejo la resolución completa de SHOT (PDF) para quien quiera leer —con calma— el guion de este heist municipal.

Descargar Resolución SHOT GADDMQ-2025-0170-R →

«Este texto expresa una opinión ciudadana sobre la gestión del espacio público y no atribuye hechos ilícitos a persona o empresa alguna.»

Caso #9

octubre, 12, 2025 • Tiempo de Lectura: 6 minutos

CASO #9• Marroquín y las firmas que son nuestro espejo (o el día que quisimos auto-revocarnos).

Porque no hay líderes fallidos, sino sistemas que los fabrican.

Nota previa

Esta es la primera entrega de un proyecto cívico que llamo AURA (Alianza Urbana de Renovación y Acción Suprapolítica).

Escribo como ciudadano y ecuatoriano.
No soy neutral.
Defiendo estándares.
No busco convencer; escribo para provocar y ordenar ideas.

El ciclo de la indignación

Cada cierto tiempo miramos nuestro reflejo y no nos gusta. Cambiamos de improvisadores —alcaldes, concejales— y repetimos la misma historia.

En 2025, el intento de revocar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue un eco de esa rutina: se anunciaron cerca de 470.000 firmas, pero apenas 94.000 cumplieron los requisitos formales del CNE. El proceso terminó desistido antes de llegar a consulta.

La secuencia fue la misma de siempre: reunir firmas, indignarse, desistir, olvidar. Ctrl C, Ctrl V.

El intento no llegó al debate político, pero dejó una verdad desnuda: no fallan las personas, falla la estructura que las produce. Nos cuesta admitirlo: hemos reducido la política a nombres propios.
La verdadera revocatoria que deberíamos firmar es contra nuestra propia superficialidad.

Somos parte del sistema que criticamos, alimentándolo con emociones y despiste.

Autonomía de papel

La Constitución promete autonomía política, administrativa y financiera.
El COOTAD asigna el 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los no permanentes del Presupuesto General del Estado a los gobiernos autónomos.
En teoría.
En la práctica, no hay independencia.
Cuando la liquidez nacional se encoge, los improvisadores se convierten en pedigüeños, esperando transferencias o favores del gobierno central.

Es una cadena de dependencia: el Estado espera del petróleo, los municipios del Estado, los barrios de los municipios.
Una matrioska infinita de excusas que mantiene a todos subordinados al siguiente.

El dinero que Quito produce y el que no regresa

Según el SRI, la recaudación nacional de 2024 fue de USD 20.131 millones, y Quito generó USD 9.769 millones: casi la mitad de todos los impuestos del país.
A cambio, la capital recibe apenas once centavos por cada dólar que aporta en presupuesto o inversión pública.

El reparto nacional no es injusto por existir —es necesario que los recursos se redistribuyan para equilibrar al país—, pero la proporción es desequilibrada.

El Modelo de Equidad Territorial fija un 21 % de los ingresos permanentes y un 10 % de los no permanentes del presupuesto nacional para todos los gobiernos locales, aplicando factores de población, pobreza y extensión.
El problema es que ese modelo no se actualiza al ritmo del crecimiento urbano de Quito ni reconoce su papel como motor fiscal y administrativo del país.

Producimos como capital y recibimos como parroquia.
Se nos exige ser una metrópoli global con presupuesto de ciudad intermedia.

Y aun estando de acuerdo con la redistribución, resulta insostenible que una ciudad que genera casi la mitad de la recaudación nacional funcione con apenas una fracción mínima de lo que entrega.

Política sin estructura

El municipio es un campo de batalla ideológico donde algunos concejales votan como seguidores ciegos de sus bloques, a veces a cambio de comisiones privadas tras el velo.

La izquierda predica moral y desvía fondos sin culpa.
La derecha ama el libre mercado, pero olvida nivelar la cancha.
El centro parlotea en cafés y celebra empates.

El problema no es ideológico: es estructural.
Una fábrica de subdesarrollo con improvisadores oprimiendo los botones.

Caso #8

septiembre, 5, 2025 • Tiempo de Lectura: 5 minutos

CASO #8• Las vallas en Quito — la silla siempre está vacía.

El arte de blanquear lo ilegal

La silla vacía nació en la Constitución de 2008.
Un mecanismo que permite a cualquier ciudadano —a ti o a mí— participar en las sesiones del Concejo, hablar, opinar, advertir.
Suena buenísimo: un espacio para que nuestra voz sea escuchada por las otras sillas donde se sientan quienes, momentáneamente, conducen la ciudad.
Pero este teatro participativo es el equivalente político a un karaoke con parlante desconectado.

En el Concejo Metropolitano de Quito, la silla vacía se ha vuelto una pieza fija de escenografía.
Cada sesión tiene su convocado, sus cinco minutos de micrófono y la indiferencia garantizada.

Quito es como Springfield, la ciudad ficticia de Los Simpsons.
Allí también hay una silla vacía donde el alcalde Quimby inaugura la sesión, promete transparencia y, mientras los vecinos hablan, él ya firmó el contrato con su primo.
Tanto Quito como Springfield son una caricatura.

El jueves pasado, la farsa llegó a su clímax habitual.
Mientras los que lograron llenar el papeleo para poder hablar se sentaban, la Comisión de Suelo ya tenía lista una presentación de PowerPoint, diagramada profesionalmente por los ingenuos técnicos que cumplían el mandato de sus jefes.
A través de la ordenanza LMU-41, con un solo clic, Quito pasó de 115 vallas legales a 900 legalizadas, eliminando más de 76 millones de dólares en multas, mientras el concejal a cargo se sentía orgulloso de haber cobrado 1,2 millones —apenas el 1,6 %— y de ampliar el cupo a 1.430 vallas.
Espectacular gestión.

Por enésima vez —una de las miles— la ciudad premia a quienes la desfiguran y se dan una palmadita en la espalda por «hacer lo que nadie antes pudo».

Durante la sesión, los ciudadanos que lograron sentarse en la silla invisible expusieron sus cifras y opiniones: colectivos, técnicos, urbanistas y empresarios del negocio de las vallas, grandes y pequeños.
Algunos defendían su «derecho adquirido» a ocupar el espacio público; otros, su derecho a seguir impunes.
Y todos lo hacían bajo la sombra de una sola empresa que controla el 40 % de las vallas de Quito, como si el paisaje urbano fuera una franquicia privada.

Al frente, los concejales —casi todos de profesiones ajenas al urbanismo o al pensamiento libre— fingían escuchar mientras respondían mensajes de texto.
Gente que legisla sobre lo que no comprende y que, en cualquier país civilizado, estaría tomando nota para luego, con una módica dosis de ética, tratar de servir a sus mandantes: los quiteños.

Los mismos que no aparecieron en las mesas de diálogo cuando fueron convocados.
Los mismos que ahora llaman «regularización» a lo que cualquier jurista llamaría blanqueo de ilegalidad.

El Municipio publicó su defensa en un documento «técnico»: un PDF maquillado como informe, repleto de infográficos de agencia comunicacional fungiendo de tecnicismos.
Una pieza de propaganda con marca ciudad y tufo a Las Vegas.
Un archivo con más gráficos que argumentos; más color que vergüenza.

Quito no necesitaba más vallas, necesitaba menos complicidad.
Pero aquí, lo ilegal no se castiga: se decora.
Y luego se regurgita —por ignorancia o apatía— entre los pocos que aún creen estar fuera de la argolla.
El espacio público se vende por cuotas, los paisajes se alquilan por meses y todo se paga con anuncios.

Es grotesco ver el marco donde ocurre todo: la silla vacía al frente, y a cargo una tribu de NPCs (búsquenlo en Google): concejales que estarán unos años, desaparecerán en el olvido y serán reemplazados por otros iguales.
Mismas risitas, los mismos susurros al oído de su pana de al lado, y luego, a contar los minutos para que se acabe el teatro o para defenderse como gata rabiosa si les dicen la verdad.

La silla siempre está vacía.
No se preocupen. La próxima vez, tal vez la llenen… con una publicidad de salchipapas.

Nota: Abajo adjunto el PowerPoint con la propuesta, la carta de convocatoria del Concejo a cada participante de la silla vacía y el link del video del teatro. Saquen sus propias conclusiones.


Documentos de la sesión del Concejo del 2 de octubre de 2025

Descargar carta de convocatoria GADDMQ-SGCM-2025-3515-M →

Descargar presentación PPT Final →

Caso #7

septiembre, 29, 2025 • Tiempo de Lectura: 5 minutos

CASO #7• «Abre un restaurante… y luego me cuentas.»

El único plato fuerte: la multa

La cerveza tibia

Imagina que pides una Pilsener bien fría en el bar de la esquina, pero antes de que te llegue, tres inspectores y dos comisarios le dan un sorbo. Todos te devuelven el vaso con el labio cubierto de espuma, y lo que queda es una cerveza imbebible. Así se siente abrir un restaurante en Quito: arrancas con toda la ilusión, pero en semanas el sueño se pone rancio.

El riesgo y la trampa

Abrir un restaurante ya es difícil en cualquier parte del mundo: seis de cada diez cierran en tres años y ocho de cada diez no llegan al quinto. Es una estadística brutal incluso en ciudades con reglas claras y apoyo real. En Quito, la cosa es aún más brava. Hablé con Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, y los números develan este lío: postpandemia, hay un 20-30 % más locales, pero las ventas cayeron un 20 % respecto a 2019. Más mesas, menos clientes.

La mayoría son pequeños: cafeterías acogedoras en La Floresta, huecas en La Mariscal, bares tranquilos en Cumbayá. Apenas un 1 % llegan a un alto estándar. Mientras tanto, las parrillas en la vereda y los carritos de comida —que también dan de comer a cientos de familias— crecen con la complicidad de la vista gorda, pero bajo un marco distinto: casi sin controles, sin permisos, sin inspecciones. Los formales, en cambio, se ahogan en trámites y costos fijos. Bomberos verificando que el extintor esté colocado con su parte superior a no más de 1,50 m del piso y con un alcance de 15 m; ARCSA revisando condiciones sanitarias sin criterios uniformes; el Municipio pidiendo tres copias del mismo papel en tres ventanillas distintas; Quito Turismo repitiendo lo que ya preguntó otra agencia; y la AMC lista para clausurarte si la coma de tu LUAE no coincide con la del formulario. Siempre el mismo guion, con actores distintos.

Y la mayoría de los inspectores llegan sin conocimiento técnico real: repiten listas de chequeo como guacamayas porque tampoco reciben formación suficiente. Resultado: una maraña de trámites que no protege al ciudadano ni impulsa al emprendedor, solo desgasta y alimenta la informalidad. ¿Quién no ha visto un puesto de tripa mishqui en la esquina que opera sin un solo papel, mientras el restaurante de al lado lucha por no cerrar?

La receta que falta

La ley laboral en Ecuador es otro clavo en el ataúd. Desde 2008, el trabajo por horas está prohibido. La «jornada parcial permanente» sirve para medio tiempo, pero no para los picos del almuerzo o las noches movidas del viernes. El contrato emergente de la pandemia fue un alivio temporal, hasta que la Corte Constitucional lo eliminó. Ahora podría haber una consulta para habilitar contratos por horas en turismo y primer empleo… pero en Ecuador prometer es fácil, cumplir ya veremos.

Otros países ya resolvieron esto con flexibilidad que no raya en abuso: en Países Bajos pagas mínimo tres horas aunque tu mesero solo atienda una mesa; en Australia un bartender gana un recargo del 25 % por la inestabilidad; en Nueva Zelanda los contratos «cero horas» están prohibidos; en Alemania los «minijobs» dan beneficios proporcionales. Mientras tanto, en Quito seguimos atrapados en el todo o nada.

Algunas cosas que sí podríamos hacer

No son soluciones finales: son atajos de sentido común que podrían probarse en pilotos y ajustarse con datos. Ideas simples que abren debate:

LUAE exprés digital: licencia provisional en línea por un año, con declaración juramentada. El negocio abre primero y se revisa después. Si cumple, se renueva; si falla, tiene dos oportunidades antes de clausura definitiva.

Caja única simplificada: un pago proporcional a ventas que cubra IESS, impuestos y patentes. Una sola cuota en lugar de cuatro ventanillas. Al que cumple, premio en tasas; al que evade, sanción pública.

Contratos modulares en línea: turnos que se registran y liquidan automáticamente. Si el mesero trabaja tres horas, recibe pago y aporte al IESS en ese instante, sin papeles ni excusas.

Inspección única y pública: Bomberos, ARCSA, Municipio y AMC en un solo chequeo anual con acta filmada. Nada de cinco visitas para medir la misma manguera.

Formalización progresiva: quien vende en la vereda recibe licencia temporal de seis meses con requisitos mínimos. Si cumple, sube de nivel; si no, se acabó el permiso.

Premio al cumplimiento: descuentos temporales o créditos tributarios al que mantenga nómina, IESS y facturación al día. Sanciones ejemplares para el que hace trampa.

En un contexto como el nuestro, menos ventanillas y más trazabilidad pública es la única receta posible. El que trabaja formal no debería pasar el día haciendo fila; que la fila le toque al que trampea.

El golpe final

Ahora sí: cuéntame, si alguna vez abriste un restaurante o tienes ganas de abrir uno. No competirás con otros negocios, competirás con un sistema que te chupa la espuma y te devuelve el vaso vacío.

Quito no puede seguir viviendo de clausuras, multas y promesas huecas. Si queremos que barrios como La Carolina o Chimbacalle vibren, que el turismo crezca y que haya empleo, necesitamos reglas nuevas ya.

Porque una ciudad que castiga al que invierte y aplaude al que improvisa no está estancada: se pudre de pie.


Fuentes normativas

AMC (Agencia Metropolitana de Control): fiscalización municipal que incluye clausuras por incumplimientos de LUAE y normas locales.

Constitución del Ecuador 2008, art. 327: prohíbe la contratación por horas y toda forma de precarización laboral.

Corte Constitucional (sentencia 49-20-IN/25, 2021): declaró inconstitucional la terminación unilateral del contrato especial emergente sin indemnización.

Bomberos Quito – Reglamento Técnico RTQ: exige extintores de 10 lb como mínimo, visibles, accesibles, con parte superior ≤ 1,50 m y con un alcance máximo de 15 m.

LUAE (Licencia Única de Actividades Económicas): requisito indispensable emitido por el Municipio de Quito.

Permiso ARCSA: control sanitario obligatorio para locales de alimentos.

Caso #6

septiembre, 21, 2025 • Tiempo de Lectura: 8 minutos

CASO #6• Quito 2044: ¿dónde vivirán nuestros nietos?

«Menos hijos, menos espacio, más ciudad: por qué el único futuro de Quito no está en los valles»

Crecí frente al antiguo aeropuerto, donde cruzar de la Amazonas a la Prensa por la Indanza o la Endara era tan cotidiano como pasar de la sala al comedor. En ese barrio nos conocíamos todos: en diciembre jugábamos a cambiar de casa para rezar la novena, mientras los aviones nos peinaban el techo con un estruendo que parecía advertencia divina. Quizás de ahí venga mi ansiedad generalizada —porque, a ver, cualquiera desarrolla nervios si pasa su infancia cantando villancicos a dúo con un Hércules C-130—. Pero así era: un barrio caminable, con escuela cerca, parques a mano y una comunidad donde todos éramos cómplices de las mismas travesuras.

El monumento al Labrador era nuestro GPS; el parque José Collaguazo, la autopista ajardinada que nos llevaba hasta la Isla San Cristóbal; y el parque Isla Tortuga, la llave mágica hacia la Shyris. Todo eso sigue en pie, sí, pero como reliquia empapelada de vallas y fealdad improvisada: huesos de una vida que se mudó hace rato. Lo que fue mi patio trasero es ahora el Parque Bicentenario: monumental, verde, huérfano. Se siente como esos regalos de Navidad con un par de medias dentro. El aeropuerto se fue, sí, pero la vida urbana nunca hizo check-in.

La semana pasada lancé una encuesta en redes: ¿dónde imaginas que vivirán tus nietos en el Quito del 2044?
Las respuestas fueron tan reveladoras como predecibles: seis de cada diez votaron por los valles —Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos— como si el futuro estuviera reservado solo para la Ruta Viva, cercas eléctricas y un centro comercial a la vuelta. Muy pocos eligieron el centro, el corredor del Metro o el Bicentenario.

Y lo entiendo: yo mismo vivo en el valle desde hace cinco años, desde que cumplí 45, después de haber pasado toda mi vida anterior en Quito. Pero eso no significa que deba ser así para siempre, ni que lo sea para las generaciones que vienen.

Los psicólogos llaman a esto sesgo de proyección (projection bias): esa manía de imaginar el futuro como una versión ampliada de nuestro presente, suponiendo que nuestros gustos, deseos y condiciones serán los mismos dentro de veinte o treinta años. No lo serán. Como adolescentes que creen que la fiesta será eterna, proyectamos nuestra vida adulta desde la lógica de la juventud que quiere huir del pasado. Quito hace lo mismo: huye de sí misma, como quien huye de sus padres, y solo cuando ya es tarde entiende que quiere volver a casa.

Pero los datos no tienen nostalgia.
Según el INEC, el tamaño promedio de los hogares en Ecuador cayó a 3,2 personas en 2022, y en Pichincha es todavía menor. La fecundidad está en 1,8 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. Los nacimientos bajaron de 238.000 en 2023 a 215.000 en 2024.

Es decir: vienen generaciones más pequeñas, con menos hijos, más adultos mayores y hogares económicamente más frágiles. No van a vivir en casas enormes con jardines: van a necesitar viviendas proporcionales a su capacidad de endeudamiento, con valores de adquisición moderados, hipotecas que no los asfixien, y acceso cercano a servicios y transporte público.
Y eso es justo lo que Quito no les está ofreciendo.

Aquí entra el concepto de reemplazo generacional. Cuando una cohorte entra y otra se retira, no solo cambia la edad promedio: cambian las prioridades, los valores y las formas de habitar. Los investigadores distinguen tres fuerzas: la edad, que marca los ajustes vitales (hijos, trabajo, retiro); los periodos históricos, que golpean a todos (crisis, pandemia, boom económico); y las cohortes generacionales, que nacen en un contexto y cargan esa marca para siempre. Es esta última —el reemplazo generacional— la que lentamente reconfigura ciudades y mercados.

Es la razón por la cual nuestros nietos no soñarán con lo mismo que nosotros: porque vivirán en otra economía, en otros hogares, con otras expectativas.

Mientras tanto, los valles siguen creciendo porque el mercado —más que la planificación— aprendió a envolverlos en un relato aspiracional. Un regalo de Navidad a la inversa: caja grande, juguete de moda adentro, pero que será reemplazado en la próxima temporada. Cumbayá no se vendió como suelo barato, sino como promesa de vida: colegios, malls, cafés, clínicas, espacios de trabajo compartido. Cada proyecto parte de una narrativa de pertenencia.

Y no se trata de atacar a los valles ni de negar su dinamismo, sino de entender que el futuro de Quito no puede depender solo de expandirse hacia los bordes mientras su centro se vacía y se convierte en una capital fantasma.

Labrador y el Bicentenario, en cambio, no tienen relato. Son un territorio en pausa, planificado pero sin magnetismo, con la etiqueta injusta de «vacío» pegada encima. Lo paradójico es que la ciudad ya decidió, sobre el papel, que esta zona será su próxima gran centralidad. Desde el Plan Especial Bicentenario de 2013, ajustado en 2018, el suelo está zonificado para usos mixtos, alta edificabilidad y proyectos integrales. El PUGS 2021–2033, en su actualización 2024, reafirma esa intención: convertir el entorno del parque en un distrito de vivienda, comercio, cultura y servicios, pensado para revertir la dispersión suburbana.

Sobre el mapa, todo está listo.
Pero la ciudad no se levanta con planos, sino con deseos. Primero el anhelo, luego la visión; después la oferta planificada, y al final la demanda que llega, poco a poco, como quien vuelve a casa sin prisa. Repoblar no es un sprint: es una caminata larga hecha de pasos cortos, con la vista fija en la meta.

Y hoy nadie desea vivir aquí.
Porque sí, hay Metro, pero no hay ciudad. No hay conectividad este–oeste que lo acerque al resto. Porque las calles todavía se sienten inseguras. Porque no hay cafés ni escuelas ni pequeños comercios que den la sensación de barrio. Porque el parque, en vez de irradiar vida urbana, sigue pareciendo un borde verde cercado por la nada.

El mercado castiga esa ausencia de señales: sin actividad, no hay inversión; sin inversión, no hay vida; sin vida, no hay valor. En resumen: sin vida urbana, no hay inversión; sin inversión, no hay valor.

El desafío no es solo de ordenamiento, sino de creación de valor simbólico y real. La estrategia no debería empezar por vender departamentos, sino por construir vida urbana: proyectos ancla de usos mixtos con tres ofertas claras:

— viviendas accesibles para quienes adquieren su primer hogar,
— viviendas flexibles para quienes atraviesan la etapa de consolidación familiar,
— y soluciones de downsizing para quienes buscan reducir metros y gastos sin perder calidad de vida.

Todo esto acompañado de comercios en planta baja, espacios de trabajo compartido y flexible —no esas palabras de moda que suenan a oficina con barista, sino lugares donde realmente se pueda producir y convivir—, guarderías, centros de salud, terrazas comunales y, sobre todo, una red de movilidad multimodal que lo ate al resto de Quito: Metro norte–sur, buses eléctricos este–oeste y cables que suban a las laderas de la Occidental y la Oriental.

Solo así Labrador dejará de ser frontera y podrá ser puente.

Porque la pregunta no es si nuestros nietos querrán vivir aquí.
La pregunta es si podrán vivir en otra parte.
¿Podrán costear gasolina, peajes, colegios lejanos, casas inmensas que se vuelven jaulas vacías cuando los hijos se van? ¿Podrán sostener el mito suburbano en un país donde cada año nacen menos niños, donde los hogares se achican y donde el ingreso real es cada vez más inestable?

Es probable que no.

Y cuando eso pase, cuando el espejismo se disuelva, volverán a buscar lo que hoy dejamos atrás: cercanía, servicios, comunidad, transporte, parques. Ciudad.

Porque los valles seguirán desarrollándose, sin duda, pero las realidades diversas de las próximas generaciones encontrarán también su camino de regreso, repoblando Quito con nuevas formas de habitarlo.

Y ahí, si la ciudad hace bien las cosas, los estará esperando el Labrador, transformado en la centralidad viva que debió ser desde que el último avión despegó.

Porque en el fondo, todo esto no es nostalgia.
Es simple lógica urbana: volver a casa será la única forma de poder quedarse.


Fuentes consultadas

INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)
Censo de Población y Vivienda 2022.
Proyecciones y Estimaciones de Población 2024.
Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2023–2024.

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Plan Especial Bicentenario (2013, actualizado 2018).
Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2021–2033.
Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) 2021–2033, actualización 2024.

FLACSO Ecuador / estudios académicos
Investigaciones sobre migración residencial hacia el Valle de Tumbaco y efectos de la Ruta Viva y el nuevo aeropuerto (2000–2020).

Literatura en ciencias sociales y economía del comportamiento
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow — sesgo de proyección.
Loewenstein, G., O’Donoghue, T., & Rabin, M. (2003). Projection Bias in Predicting Future Utility. Quarterly Journal of Economics.

Caso #5

septiembre, 14, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #5• Quito, ciudad de piernas cortas.

Quito elige alcaldes con pasos cortos para planes de piernas largas. En 2014, Mauricio Rodas alcanzó la alcaldía con cerca del 58 %. Cinco años después, Jorge Yunda ganó con 21,35 %, y en 2023 Pabel Muñoz llegó con 25,18 %. Tres elecciones, tres legitimidades dispares, una misma constante: la capital se gobierna con apoyos mínimos para sostener proyectos que, en teoría, deberían caminar hasta 2032. El resultado es predecible: la ciudad arranca con ambiciones de maratón, pero tropieza antes del primer kilómetro.

La fragilidad empieza en el diseño electoral: decenas de candidatos, una sola vuelta y un microganador al frente de la ciudad. Con un piso político tan angosto, la oposición es inmediata y la continuidad, imposible. Una gobernanza de trapecistas.

Aquí conviene desempolvar ese artefacto casi mitológico que alguna vez prometió cambiar las reglas del juego y que nadie se atreve a romper… ni a cumplir: el Estatuto Autonómico de Quito.

El estatuto fantasma de una Constitución malograda

Ese ensayo retorcido de la Constitución del 2008 demolió los contrapesos jurídicos, operativos y morales, puso al país a merced de un Estado centralizador y angurriento, y dejó al Ecuador atrapado en una arquitectura institucional frágil y autocomplaciente. Sin embargo, en medio de ese andamiaje problemático, sobrevivió una idea rescatable: que los distritos metropolitanos como Quito pudieran romper sus grilletes.

Buenos propósitos: blindar los planes de ciudad frente al vaivén político, otorgar competencias propias, descentralizar en alcaldías zonales y asegurar ingresos estables. En febrero de 2020, el urbanista Fernando Carrión —durante el interludio de Jorge Yunda— llegó a darle forma: presupuestos distribuidos por zonas, gobiernos de cercanía y agencias técnicas que sobrevivieran a las elecciones… o, al menos, a los caprichos de sus ganadores. Pero la trama cambió de acto, se interrumpió el mandato, cambiaron los protagonistas, y el proyecto terminó en el cajón donde Quito guarda todo lo épico que termina oliendo a naftalina.

Desde 2023 el Concejo ha retomado el tema con informes técnicos, pero el paso decisivo —la consulta popular, única vía para legitimar el Estatuto— sigue sin convocarse. Mientras tanto, Quito continúa siendo un distrito metropolitano a medias, con planes de largo aliento que pueden ser alterados al antojo de cada sesión del Concejo.

Quito diseña planes a doce años y alcaldes que duran cuatro… o dos si el drama se espesa. Esa asimetría convierte cada PMDOT o PUGS —ambos con vigencia de doce años por ordenanza; hoy rige el PMDOT 2024–2033— en un delirio: se conciben para tres mandatos y apenas sobreviven a medio, condenados a ser reescritos antes de madurar.

Medellín: cuando la memoria se vuelve sistema

Al norte, Medellín parece haber hecho un pacto con el tiempo. Su Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) coordina a nueve municipios como quien dirige una orquesta afinada, y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) marca un horizonte de treinta años. Los alcaldes duran cuatro, pero no improvisan: gobiernan dentro de una partitura escrita de antemano.

Sobre esa capa supralocal se apoyan empresas públicas blindadas —EPM, la EDU, Ruta N— que funcionan con estatutos propios, juntas técnicas y planes que sobreviven a la política como los árboles al clima. Allí los gobiernos cambian, pero la ciudad avanza sin amnesia.

Quito, en cambio, parece empeñada en borrar sus huellas: empresas a merced de las urnas (y viceversa), planes que se reescriben antes de estrenarse y proyectos que mueren a medio camino.

En esta maratón, Medellín mantiene su cadencia y nuestras ciudades paran por un pan con cola en cada cuadra.

Gobernanza con piernas largas

Medellín demuestra que la continuidad no es un acto de fe, sino una ingeniería institucional: visión clara, técnica constante y reglas que sobreviven a los turnos. Quito no necesita obritas difundidas como contenido de redes sociales, sino un andamiaje que impida borrarlas cada dos años y, al mismo tiempo, las someta a controles y ajustes cuando la realidad lo exija.

Un sistema electoral que obligue a mayorías reales —segunda vuelta o voto preferencial— daría a la alcaldía un piso firme; un Estatuto Autonómico aprobado en consulta popular fijaría competencias e ingresos a salvo del capricho centralista; y una agencia técnica con junta multianual permitiría ejecutar proyectos sin reiniciarlos con cada cambio de alcalde.

Son medidas elementales para que Quito deje de planear maratones con piernas cortas… y empiece, por fin, a llegar a la meta.


Fuentes principales citadas

Resultados 2019 (Yunda 21,35 %) y 2023 (Muñoz 25,18 %): El Comercio. elcomercio.com

2014 (Rodas ≈58 %): El Comercio (exit poll). elcomercio.com

PMDOT/PUGS 12 años y PMDOT 2024–2033: Ordenanza 003-2024; PMDOT oficial. quito.gob.ec

Estatuto 2020 (Carrión/Yunda) y seguimiento 2023–2024: Quito Informa, El Comercio, actas municipales. quitoinforma.gob.ec

Consulta popular obligatoria para estatuto: Constitución 2008 y COOTAD. oas.org

AMVA/PEMOT (marco y adopción): Ley 1625 de 2013, portal AMVA y documentos oficiales. funcionpublica.gov.co

Caso #4

septiembre, 7, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #4• La ciudad en el limbo del huérfano.

Cinco trabas que impiden su repoblamiento

Quito es un hijo en medio de un divorcio maltrecho. De un lado, la ciudad real: edificios de los 70 y 80, como los bloques de La Tola que aún resisten, con metros cuadrados listos para volver a usarse. Del otro, la ley: rígida, diseñada para torres nuevas, ciega ante lo existente. Entre estos padres distantes, la ciudad queda huérfana: barrios que se vacían, como San Roque, y un patrimonio que se oxida bajo el peso de trámites.

La tensión que sufre Quito no es aislada: más del 55 % de la población mundial vive hoy en ciudades y, en apenas una generación, esta cifra se acercará al 70 %. Mientras el planeta se urbaniza, los conflictos de gobernanza se hacen más visibles. La cuerda se estira entre un centralismo que legisla desde arriba sin entender las realidades locales y los municipios que cargan contra el ciudadano y la vida urbana. En ese forcejeo, la ciudad queda atrapada como un hijo que no puede decidir dónde vivir.

El 29 de octubre de 2024, la reforma a la Ley de Cultura fue vetada en su totalidad (Oficio No. T.377-SGJ-24-0411). La Asamblea, sin los votos suficientes, la archivó. Esa propuesta reducía los planes integrales de patrimonio a simples anexos y dejaba abierto un inventario vago de bienes protegidos. En una ciudad donde seis de cada diez edificaciones son informales (Municipio de Quito, 2023), el riesgo era enorme: casas de bloque en La Mariscal o edificios precarios en Chimbacalle podían ser declarados «patrimonio» solo por la fecha de construcción. Imagina un edificio con techos de zinc roído, intocable, solo por ser ochentero. Sería condenar al huérfano a un congelador jurídico, sin poder adaptarse ni crecer, incluso cuando el 45 % de esas estructuras colapsarían en un sismo fuerte (Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2022).

A ese peligro se suman los candados que ya conocemos. Los incentivos fiscales premian únicamente a la obra nueva: VIS y VIP devuelven IVA y facilitan crédito, pero un edificio en La Floresta, con décadas de historia, no recibe nada aunque su rehabilitación revitalizaría el barrio. Las licencias se limitan a certificar lo existente: la LMU 22 da fe de lo construido, pero no permite subdividir un departamento de 200 m² en dos más pequeños, aunque la demanda lo pida. Los cupos de vivienda actúan como jaulas: una ordenanza fija cuántas unidades puede tener un lote y, aunque los metros lo permitan, en San Juan no se puede dividir. La Propiedad Horizontal exige mayorías imposibles: 75 % de aprobación para cambios estructurales y 60 % incluso para intervenciones menores en fachada. En edificios antiguos del centro-norte, conseguir esas firmas es tan difícil como reunir a los dueños que viven en Australia. Y el crédito castiga la edad: la banca privada cierra la puerta a inmuebles con más de veinte años, y aunque el BIESS ofrece líneas de remodelación, sus condiciones son tan rígidas que pocos logran acceder.

Estos cinco papeleos mantienen a Quito en un orfanato urbano: edificios detenidos en el tiempo, memoria atrapada en formularios, barrios que pierden habitantes. La salida no está solo en torres brillantes en la periferia, sino en un acuerdo de custodia que reconcilie a la ciudad con sus normas. Urge un VIP-R que premie la rehabilitación, como hace Londres al reducir el IVA en viviendas renovadas; una LMU 22-bis que autorice subdivisiones sin aumentar volumetría; un cupo neutro que libere metros útiles dentro de lo ya construido; una Propiedad Horizontal flexible que simplifique mayorías; y un crédito post-obra que trate a un inmueble reforzado como nuevo, como los créditos fiscales que aplica EE.UU.

Todo esto exige, además, una hoja catastral renovada y digitalizada que reconozca los edificios de los 70 y 80 como activos habitables, no como reliquias. Con ella se evita patrimonializarlos sin criterios y se genera seguridad jurídica para rehabilitarlos. Y al mismo tiempo permite distinguir lo que debe seguir caminos distintos: los inmuebles dilapidados de esa época requieren reglas claras para su actualización, mientras que el patrimonio moderno, en todas sus tipologías, debe ser inventariado, preservado y proyectado con un aire nuevo hacia el futuro.

Quito no necesita más periferias desconectadas. Necesita padres que se hablen: leyes que dialoguen con lo construido, trámites que liberen en vez de atrapar. Otras ciudades lo han logrado: Londres revitalizó barrios con incentivos fiscales; Estados Unidos salvó distritos históricos con créditos accesibles. Quito puede ser el siguiente. Pero mientras sus normas actúen como padres en disputa, seguirá siendo un huérfano en su propio centro. La ciudad está frente a un dilema: o se habilita la rehabilitación como vía de repoblamiento, o se condena a sus edificios antiguos a la obsolescencia.


Fuentes consultadas

Urbanización global: más del 55 % de la población vive en ciudades (UN DESA, World Bank); se espera que aumente al 68–70 % hacia 2050. un.org

Veto total Ley de Cultura: Oficio No. T.377-SGJ-24-0411, Presidencia del Ecuador, 29 de octubre de 2024.

Informalidad urbana: Municipio de Quito y El Comercio (2023), «Más del 60 % de las edificaciones de Quito son informales».

Vulnerabilidad sísmica: Colegio de Arquitectos de Pichincha citado en El Comercio (2022), «70 % de edificaciones informales; 45 % colapsarían en un sismo fuerte».

Comparativa internacional:
Reino Unido: reducción de IVA a rehabilitación, HM Revenue & Customs.
Estados Unidos: Federal Historic Preservation Tax Incentives Program, National Park Service / IRS.

Caso #3

agosto, 31, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #3• Quito y Tokio – La Post Nostalgia.

El pasado jueves, en un podcast en La Floresta, Quito, se debatió la rehabilitación de La Mariscal. Allí surgió, otra vez, la falsa batalla entre nostalgia y reinvención, una dicotomía que no existe.

En Tokio, una metrópoli de 37 millones de habitantes, una anciana manicura las plantas de su vereda con precisión milimétrica y limpia con cepillo sus escaleras de piedra. A doscientos metros, un niño de siete años, bajo rascacielos y luces LED, camina solo hacia la estación de tren, mochila al hombro, rumbo a su barrio.

He tenido la suerte de visitar Japón cada década desde los diez años. Siempre quedo abrumado por una ciudad que sostiene la vida cotidiana, donde el pasado ancestral convive con una modernidad vertiginosa.

Tokio teje 23 distritos especiales en un orden funcional e inescrutable; su identidad es más horizontal que vertical, con calles a escala humana. Caminar, pedalear o tomar el tren más eficiente del mundo asegura una proximidad absoluta.

En esas calles estrechas conviven capas de lo cotidiano: casas de madera y edificios de catorce pisos en solares mínimos, konbini abiertos 24/7 con lo esencial a pasos de casa, máquinas dispensadoras regadas como confeti en cada callejón, y los koban —casetas policiales con mascotas de anime— que ofrecen seguridad sin armas.

La vida urbana no distingue recuerdo o futuro: el espacio público moldea al ciudadano, y el ciudadano da forma al espacio, guiado por una danza invisible de dos términos fundacionales de la psiquis japonesa: honne (本音), lo que se siente en el corazón, y tatemae (建前), la armonía mostrada al mundo. La metrópoli brilla con neón, pero el barrio cultiva una calma que sostiene la convivencia.

El Tokyo Toilet Project, rediseñando baños públicos en Shibuya con arquitectos de renombre, lo demuestra: cuidar lo pequeño dignifica lo grande. Los shotengai, pasajes con tiendas y tabernas, cruzan lo cotidiano con la monumentalidad. La era Shōwa, esa época de los 50 a los 70 con neón, city pop y el auge tras la guerra, revive en el honne nostálgico de Shibuya, con el Miyashita Park —un parque elevado con jardines y tiendas retro— y el Shibuya Yokocho —un callejón de bares que evoca los sabores de antaño—, un tatemae que brilla hoy.

En Quito debatimos si conservar o reinventar, como si fueran antónimos. Las plazas y veredas donde antes se cruzaban historias han quedado vacías frente al confort de malls cerrados, con aire acondicionado, patios de comida y escaparates de franquicias.

Hay iniciativas público-privadas que intentan cambiar ese guion. En Bellavista, el Parque Aromático florece con senderos sensoriales y un Club del Compost que une vecinos en torno a la sostenibilidad. En Guápulo, el programa El CEES deja Huella restaura quebradas con camineras verdes. En el Centro Histórico, el proyecto De Vuelta al Centro siembra geranios en balcones y plazas, evocando el honne de la memoria quiteña y el tatemae de un futuro vivo.

Club del Compost — Barrio Bellavista →

De Vuelta al Centro — Ruta de los Geranios →

El CEES Deja Huella →

Tokio no es perfecto. Una crisis demográfica pesa, con ancianos llenando calles y una juventud desconectada, atrapada en pantallas y algoritmos. Pero en Quito, donde barrios enteros son hoy abandonados, no debemos sentir la presión de repoblarlos con una simple elección entre ingenua añoranza versus un futuro «trendy» que tiene fecha de caducidad anunciada. Propongo saber tejer, con inteligencia urbana, un camino entre honne y tatemae: lo que la ciudad susurra en su memoria y lo que decide proyectar en sus barrios. Que nuestro pasado no sea ancla, sino viento que impulse un Quito vivo, donde un niño camine seguro, como en Tokio, con el ayer en su mochila y el mañana en sus pasos. ¿Qué calle de tu ciudad salvarías para que esto sea real?

Quito, caso por caso.

Cada semana, un análisis urbano directo al grano.