Caso #5

septiembre, 14, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #5• Quito, ciudad de piernas cortas.

Quito elige alcaldes con pasos cortos para planes de piernas largas. En 2014, Mauricio Rodas alcanzó la alcaldía con cerca del 58 %. Cinco años después, Jorge Yunda ganó con 21,35 %, y en 2023 Pabel Muñoz llegó con 25,18 %. Tres elecciones, tres legitimidades dispares, una misma constante: la capital se gobierna con apoyos mínimos para sostener proyectos que, en teoría, deberían caminar hasta 2032. El resultado es predecible: la ciudad arranca con ambiciones de maratón, pero tropieza antes del primer kilómetro.

La fragilidad empieza en el diseño electoral: decenas de candidatos, una sola vuelta y un microganador al frente de la ciudad. Con un piso político tan angosto, la oposición es inmediata y la continuidad, imposible. Una gobernanza de trapecistas.

Aquí conviene desempolvar ese artefacto casi mitológico que alguna vez prometió cambiar las reglas del juego y que nadie se atreve a romper… ni a cumplir: el Estatuto Autonómico de Quito.

El estatuto fantasma de una Constitución malograda

Ese ensayo retorcido de la Constitución del 2008 demolió los contrapesos jurídicos, operativos y morales, puso al país a merced de un Estado centralizador y angurriento, y dejó al Ecuador atrapado en una arquitectura institucional frágil y autocomplaciente. Sin embargo, en medio de ese andamiaje problemático, sobrevivió una idea rescatable: que los distritos metropolitanos como Quito pudieran romper sus grilletes.

Buenos propósitos: blindar los planes de ciudad frente al vaivén político, otorgar competencias propias, descentralizar en alcaldías zonales y asegurar ingresos estables. En febrero de 2020, el urbanista Fernando Carrión —durante el interludio de Jorge Yunda— llegó a darle forma: presupuestos distribuidos por zonas, gobiernos de cercanía y agencias técnicas que sobrevivieran a las elecciones… o, al menos, a los caprichos de sus ganadores. Pero la trama cambió de acto, se interrumpió el mandato, cambiaron los protagonistas, y el proyecto terminó en el cajón donde Quito guarda todo lo épico que termina oliendo a naftalina.

Desde 2023 el Concejo ha retomado el tema con informes técnicos, pero el paso decisivo —la consulta popular, única vía para legitimar el Estatuto— sigue sin convocarse. Mientras tanto, Quito continúa siendo un distrito metropolitano a medias, con planes de largo aliento que pueden ser alterados al antojo de cada sesión del Concejo.

Quito diseña planes a doce años y alcaldes que duran cuatro… o dos si el drama se espesa. Esa asimetría convierte cada PMDOT o PUGS —ambos con vigencia de doce años por ordenanza; hoy rige el PMDOT 2024–2033— en un delirio: se conciben para tres mandatos y apenas sobreviven a medio, condenados a ser reescritos antes de madurar.

Medellín: cuando la memoria se vuelve sistema

Al norte, Medellín parece haber hecho un pacto con el tiempo. Su Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) coordina a nueve municipios como quien dirige una orquesta afinada, y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) marca un horizonte de treinta años. Los alcaldes duran cuatro, pero no improvisan: gobiernan dentro de una partitura escrita de antemano.

Sobre esa capa supralocal se apoyan empresas públicas blindadas —EPM, la EDU, Ruta N— que funcionan con estatutos propios, juntas técnicas y planes que sobreviven a la política como los árboles al clima. Allí los gobiernos cambian, pero la ciudad avanza sin amnesia.

Quito, en cambio, parece empeñada en borrar sus huellas: empresas a merced de las urnas (y viceversa), planes que se reescriben antes de estrenarse y proyectos que mueren a medio camino.

En esta maratón, Medellín mantiene su cadencia y nuestras ciudades paran por un pan con cola en cada cuadra.

Gobernanza con piernas largas

Medellín demuestra que la continuidad no es un acto de fe, sino una ingeniería institucional: visión clara, técnica constante y reglas que sobreviven a los turnos. Quito no necesita obritas difundidas como contenido de redes sociales, sino un andamiaje que impida borrarlas cada dos años y, al mismo tiempo, las someta a controles y ajustes cuando la realidad lo exija.

Un sistema electoral que obligue a mayorías reales —segunda vuelta o voto preferencial— daría a la alcaldía un piso firme; un Estatuto Autonómico aprobado en consulta popular fijaría competencias e ingresos a salvo del capricho centralista; y una agencia técnica con junta multianual permitiría ejecutar proyectos sin reiniciarlos con cada cambio de alcalde.

Son medidas elementales para que Quito deje de planear maratones con piernas cortas… y empiece, por fin, a llegar a la meta.


Fuentes principales citadas

Resultados 2019 (Yunda 21,35 %) y 2023 (Muñoz 25,18 %): El Comercio. elcomercio.com

2014 (Rodas ≈58 %): El Comercio (exit poll). elcomercio.com

PMDOT/PUGS 12 años y PMDOT 2024–2033: Ordenanza 003-2024; PMDOT oficial. quito.gob.ec

Estatuto 2020 (Carrión/Yunda) y seguimiento 2023–2024: Quito Informa, El Comercio, actas municipales. quitoinforma.gob.ec

Consulta popular obligatoria para estatuto: Constitución 2008 y COOTAD. oas.org

AMVA/PEMOT (marco y adopción): Ley 1625 de 2013, portal AMVA y documentos oficiales. funcionpublica.gov.co

Caso #4

septiembre, 7, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #4• La ciudad en el limbo del huérfano.

Cinco trabas que impiden su repoblamiento

Quito es un hijo en medio de un divorcio maltrecho. De un lado, la ciudad real: edificios de los 70 y 80, como los bloques de La Tola que aún resisten, con metros cuadrados listos para volver a usarse. Del otro, la ley: rígida, diseñada para torres nuevas, ciega ante lo existente. Entre estos padres distantes, la ciudad queda huérfana: barrios que se vacían, como San Roque, y un patrimonio que se oxida bajo el peso de trámites.

La tensión que sufre Quito no es aislada: más del 55 % de la población mundial vive hoy en ciudades y, en apenas una generación, esta cifra se acercará al 70 %. Mientras el planeta se urbaniza, los conflictos de gobernanza se hacen más visibles. La cuerda se estira entre un centralismo que legisla desde arriba sin entender las realidades locales y los municipios que cargan contra el ciudadano y la vida urbana. En ese forcejeo, la ciudad queda atrapada como un hijo que no puede decidir dónde vivir.

El 29 de octubre de 2024, la reforma a la Ley de Cultura fue vetada en su totalidad (Oficio No. T.377-SGJ-24-0411). La Asamblea, sin los votos suficientes, la archivó. Esa propuesta reducía los planes integrales de patrimonio a simples anexos y dejaba abierto un inventario vago de bienes protegidos. En una ciudad donde seis de cada diez edificaciones son informales (Municipio de Quito, 2023), el riesgo era enorme: casas de bloque en La Mariscal o edificios precarios en Chimbacalle podían ser declarados «patrimonio» solo por la fecha de construcción. Imagina un edificio con techos de zinc roído, intocable, solo por ser ochentero. Sería condenar al huérfano a un congelador jurídico, sin poder adaptarse ni crecer, incluso cuando el 45 % de esas estructuras colapsarían en un sismo fuerte (Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2022).

A ese peligro se suman los candados que ya conocemos. Los incentivos fiscales premian únicamente a la obra nueva: VIS y VIP devuelven IVA y facilitan crédito, pero un edificio en La Floresta, con décadas de historia, no recibe nada aunque su rehabilitación revitalizaría el barrio. Las licencias se limitan a certificar lo existente: la LMU 22 da fe de lo construido, pero no permite subdividir un departamento de 200 m² en dos más pequeños, aunque la demanda lo pida. Los cupos de vivienda actúan como jaulas: una ordenanza fija cuántas unidades puede tener un lote y, aunque los metros lo permitan, en San Juan no se puede dividir. La Propiedad Horizontal exige mayorías imposibles: 75 % de aprobación para cambios estructurales y 60 % incluso para intervenciones menores en fachada. En edificios antiguos del centro-norte, conseguir esas firmas es tan difícil como reunir a los dueños que viven en Australia. Y el crédito castiga la edad: la banca privada cierra la puerta a inmuebles con más de veinte años, y aunque el BIESS ofrece líneas de remodelación, sus condiciones son tan rígidas que pocos logran acceder.

Estos cinco papeleos mantienen a Quito en un orfanato urbano: edificios detenidos en el tiempo, memoria atrapada en formularios, barrios que pierden habitantes. La salida no está solo en torres brillantes en la periferia, sino en un acuerdo de custodia que reconcilie a la ciudad con sus normas. Urge un VIP-R que premie la rehabilitación, como hace Londres al reducir el IVA en viviendas renovadas; una LMU 22-bis que autorice subdivisiones sin aumentar volumetría; un cupo neutro que libere metros útiles dentro de lo ya construido; una Propiedad Horizontal flexible que simplifique mayorías; y un crédito post-obra que trate a un inmueble reforzado como nuevo, como los créditos fiscales que aplica EE.UU.

Todo esto exige, además, una hoja catastral renovada y digitalizada que reconozca los edificios de los 70 y 80 como activos habitables, no como reliquias. Con ella se evita patrimonializarlos sin criterios y se genera seguridad jurídica para rehabilitarlos. Y al mismo tiempo permite distinguir lo que debe seguir caminos distintos: los inmuebles dilapidados de esa época requieren reglas claras para su actualización, mientras que el patrimonio moderno, en todas sus tipologías, debe ser inventariado, preservado y proyectado con un aire nuevo hacia el futuro.

Quito no necesita más periferias desconectadas. Necesita padres que se hablen: leyes que dialoguen con lo construido, trámites que liberen en vez de atrapar. Otras ciudades lo han logrado: Londres revitalizó barrios con incentivos fiscales; Estados Unidos salvó distritos históricos con créditos accesibles. Quito puede ser el siguiente. Pero mientras sus normas actúen como padres en disputa, seguirá siendo un huérfano en su propio centro. La ciudad está frente a un dilema: o se habilita la rehabilitación como vía de repoblamiento, o se condena a sus edificios antiguos a la obsolescencia.


Fuentes consultadas

Urbanización global: más del 55 % de la población vive en ciudades (UN DESA, World Bank); se espera que aumente al 68–70 % hacia 2050. un.org

Veto total Ley de Cultura: Oficio No. T.377-SGJ-24-0411, Presidencia del Ecuador, 29 de octubre de 2024.

Informalidad urbana: Municipio de Quito y El Comercio (2023), «Más del 60 % de las edificaciones de Quito son informales».

Vulnerabilidad sísmica: Colegio de Arquitectos de Pichincha citado en El Comercio (2022), «70 % de edificaciones informales; 45 % colapsarían en un sismo fuerte».

Comparativa internacional:
Reino Unido: reducción de IVA a rehabilitación, HM Revenue & Customs.
Estados Unidos: Federal Historic Preservation Tax Incentives Program, National Park Service / IRS.

Caso #3

agosto, 31, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

CASO #3• Quito y Tokio – La Post Nostalgia.

El pasado jueves, en un podcast en La Floresta, Quito, se debatió la rehabilitación de La Mariscal. Allí surgió, otra vez, la falsa batalla entre nostalgia y reinvención, una dicotomía que no existe.

En Tokio, una metrópoli de 37 millones de habitantes, una anciana manicura las plantas de su vereda con precisión milimétrica y limpia con cepillo sus escaleras de piedra. A doscientos metros, un niño de siete años, bajo rascacielos y luces LED, camina solo hacia la estación de tren, mochila al hombro, rumbo a su barrio.

He tenido la suerte de visitar Japón cada década desde los diez años. Siempre quedo abrumado por una ciudad que sostiene la vida cotidiana, donde el pasado ancestral convive con una modernidad vertiginosa.

Tokio teje 23 distritos especiales en un orden funcional e inescrutable; su identidad es más horizontal que vertical, con calles a escala humana. Caminar, pedalear o tomar el tren más eficiente del mundo asegura una proximidad absoluta.

En esas calles estrechas conviven capas de lo cotidiano: casas de madera y edificios de catorce pisos en solares mínimos, konbini abiertos 24/7 con lo esencial a pasos de casa, máquinas dispensadoras regadas como confeti en cada callejón, y los koban —casetas policiales con mascotas de anime— que ofrecen seguridad sin armas.

La vida urbana no distingue recuerdo o futuro: el espacio público moldea al ciudadano, y el ciudadano da forma al espacio, guiado por una danza invisible de dos términos fundacionales de la psiquis japonesa: honne (本音), lo que se siente en el corazón, y tatemae (建前), la armonía mostrada al mundo. La metrópoli brilla con neón, pero el barrio cultiva una calma que sostiene la convivencia.

El Tokyo Toilet Project, rediseñando baños públicos en Shibuya con arquitectos de renombre, lo demuestra: cuidar lo pequeño dignifica lo grande. Los shotengai, pasajes con tiendas y tabernas, cruzan lo cotidiano con la monumentalidad. La era Shōwa, esa época de los 50 a los 70 con neón, city pop y el auge tras la guerra, revive en el honne nostálgico de Shibuya, con el Miyashita Park —un parque elevado con jardines y tiendas retro— y el Shibuya Yokocho —un callejón de bares que evoca los sabores de antaño—, un tatemae que brilla hoy.

En Quito debatimos si conservar o reinventar, como si fueran antónimos. Las plazas y veredas donde antes se cruzaban historias han quedado vacías frente al confort de malls cerrados, con aire acondicionado, patios de comida y escaparates de franquicias.

Hay iniciativas público-privadas que intentan cambiar ese guion. En Bellavista, el Parque Aromático florece con senderos sensoriales y un Club del Compost que une vecinos en torno a la sostenibilidad. En Guápulo, el programa El CEES deja Huella restaura quebradas con camineras verdes. En el Centro Histórico, el proyecto De Vuelta al Centro siembra geranios en balcones y plazas, evocando el honne de la memoria quiteña y el tatemae de un futuro vivo.

Club del Compost — Barrio Bellavista →

De Vuelta al Centro — Ruta de los Geranios →

El CEES Deja Huella →

Tokio no es perfecto. Una crisis demográfica pesa, con ancianos llenando calles y una juventud desconectada, atrapada en pantallas y algoritmos. Pero en Quito, donde barrios enteros son hoy abandonados, no debemos sentir la presión de repoblarlos con una simple elección entre ingenua añoranza versus un futuro «trendy» que tiene fecha de caducidad anunciada. Propongo saber tejer, con inteligencia urbana, un camino entre honne y tatemae: lo que la ciudad susurra en su memoria y lo que decide proyectar en sus barrios. Que nuestro pasado no sea ancla, sino viento que impulse un Quito vivo, donde un niño camine seguro, como en Tokio, con el ayer en su mochila y el mañana en sus pasos. ¿Qué calle de tu ciudad salvarías para que esto sea real?

Caso #2

agosto, 24, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #2• Vidrios rotos, ciudad rota.

En 1969, el psicólogo Philip Zimbardo dejó un carro abandonado en el Bronx. Dos días después, lo deshuesaron. Lo mismo hizo luego en Palo Alto, un suburbio californiano perfecto: el auto quedó intacto. Pero Zimbardo quiso probar algo más: darle un martillazo a uno de sus vidrios. Fue entonces cuando el vecindario «civilizado» sintió por semanas la licencia para desmantelarlo.

Bautizada como la «teoría de la ventana rota», fue manoseada por políticos, policías y urbanistas como una revelación que, si usamos la intuición elemental de la calle, parecería evidente y resuena en contextos urbanos como el nuestro.

Prefiero suponer que aún tenemos tiempo para voltear el guion sin tantas ideas fiadas y mal «tropicalizadas». Hay decenas de estudios serios archivados en las universidades y los gremios.

Una visión para La Mariscal

Tomaré el barrio de La Mariscal como piloto de oportunidades: un corredor académico con universidades a pasos del transporte público —PUCE, Salesiana (El Girón), UDLA–Colón, además de EPN, FLACSO y la UCE en el borde, con la UTE y la UASB a minutos por transporte—. Un ecosistema que debería llenar las calles las 24 horas pero se esfuma al caer el sol.

Un repoblamiento con al menos 40-50 % de vivienda nueva es viable (para equilibrar el actual predominio comercial y nocturno, alineado con recomendaciones de al menos 70 % residencial en nuevos desarrollos), no con torres de 8 pisos en este barrio como se pretende en el proyecto de ordenanza especial de la Mariscal, sino con un mosaico inteligente: restaurar casas patrimoniales para cultura, innovación y gastronomía, transformar edificaciones funcionales y, donde lo merezca, construir edificios con subsuelos para estacionamientos, pero con un máximo de 4+1 pisos de altura que dialoguen con la escala barrial.

Según el Informe Técnico del Colegio de Arquitectos del Ecuador – Provincia de Pichincha (CAE-P, abril 2025), y datos del Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal (PUCP, 2025), el polígono de intervención cubre aproximadamente 154 manzanas (equivalentes a unas 150 hectáreas), con alrededor de 130 predios abandonados o subutilizados que podrían absorber miles de unidades habitacionales nuevas —estimando conservadoramente unas 1.200 en fases iniciales, priorizando repoblamiento—. Esto podría financiarse con incentivos como reducciones tributarias (hasta 50 % en concesiones onerosas para alturas adicionales en zonas permitidas) y la posibilidad de trasladar derechos de construcción a áreas donde sí corresponde crecer en altura, como corredores periféricos.

Imagina La Mariscal con balcones y azoteas que capturan el sol y funcionan como atalayas para ver y ser vistos, veredas arboladas y anchas con edificios que no avasallan la escala de las casas patrimoniales y que no generen sombra excesiva que los árboles ya nos entregan. Cafés, gastronomía, cultura, arte y emprendimientos que devuelven vida y seguridad sin garitas ni redadas policiales.

Estacionamientos subterráneos estratégicamente ubicados dentro del polígono —como el terreno en la Colón junto al edificio España, con potencial para 1.000 plazas bajo tierra y una plaza pública con comercio y vivienda arriba— y grandes parques tarifados en los perímetros, como el lote vacío del Baca Ortiz con capacidad para 400 plazas, pueden absorber al visitante y al turista. Así, los que vienen de fuera dejan el auto en los bordes densos y caminan seguros hacia un barrio con memoria y con futuro, como sucede con el programa Grätzl-Oase en Viena, donde voluntarios transforman estacionamientos en pequeños oasis verdes con subvenciones de hasta 5.000 euros, ayudando a reducir el calor urbano y fomentando el sentido de comunidad entre vecinos.

Beneficios compartidos

Ahora, ¿quién paga y quién gana? Para los inversionistas, permitirles transferencia de derechos de altura: que los metros no construidos en La Mariscal se vendan con descuento y trasladen a corredores como la Colón, la Amazonas y hasta los bordes del Bicentenario que aspira a ser Central Park. Así se densifica donde tiene sentido mientras se protege lo existente para colocar los fondos captados en limpieza, iluminación, árboles, innovación y cultura.

El vecino que pinta su fachada, la familia que rehabilita su casa, el emprendedor que abre en la esquina, y sí, también el inversionista que juega en grande en el lugar que más le conviene, pero deja valor en las zonas que deben tener una reutilización adaptativa (retrofitting: adaptación de edificios existentes para nuevos usos, preservando estructura e identidad). El valor llega a todos los que son «dolientes» porque viven e invierten en el lugar.

El proceso ha incluido participación comunitaria, como las mesas técnicas del CAE-P y autoridades en marzo y abril de 2025, donde se discutieron aspectos clave de revitalización y coordinación para el PUCP, fomentando un enfoque inclusivo.

El municipio y la AMC se hunden en letargo operativo y normas deformes en lugar de crear un ecosistema de licencias de 15 días, incentivos tributarios para vivienda mixta y rehabilitación patrimonial. Hoy, un trámite en la AMC puede tardar hasta 90 días. Con procesos digitales ya probados, debería tomar uno.

Libertad empresarial con reglas firmes que obliguen a dejar huella en la vereda. No arengas ni eslóganes. Solo resultados de las ventanas reparadas a tiempo.

Únete al debate: ¿qué ideas tienes para La Mariscal? Comparte en comentarios o contacta al CAE-P.


Referencia principal: Informe Técnico CAE-P (abril 2025); Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal (PUCP, 2025).
The Guardian — Why would you take away a parking place? The city where anyone can build an urban oasis →

Caso #1

agosto, 17, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #1• Casuística quiteña.

Nuestro dedo apunta con la soltura de una suegra cuando criticamos a la ciudad: alcaldes, concejales, empresarios, contratistas. Todos son culpables. Pero al volante, cuando el de adelante enciende la direccional, a la izquierda o a la derecha, nos da lo mismo: lo importante es bloquear el paso. Repetimos desde abajo la misma lógica que denunciamos arriba.

Sí, la gobernanza está rota. Y también lo están nuestras esquinas y veredas. No solo por la deficiencia de políticas públicas, sino también por la forma en que usamos (y abusamos) del espacio común. Lo que los operadores del poder y sus aliados de ocasión hacen a gran escala, el ciudadano lo repite en piloto automático: estacionarse donde quepa la F50, empujar con la escoba lo que estorba y correr la basura unos metros hacia la vereda del vecino.

Quito es un organismo enfermo. Y, como en todo organismo, los síntomas se manifiestan en lo más pequeño: un parque que agoniza, un cruce imposible, una obra inaugurada a medias. Patologías urbanas que se acumulan hasta convertirse en hábito.

En el quirófano, la gobernanza no cuenta con las credenciales necesarias para operar. Está tan enferma como el propio cuerpo urbano que pretende curar. Las intervenciones son urgentes y clandestinas, con cuentas de un hospital privado que nos mantienen sedados. Cuando despertamos y nos miramos en el espejo, descubrimos un cuerpo mutilado y esquelético. Nos acostumbramos a la dismorfia de una ciudad que, sin anestesia, refleja nuestra propia deformidad.

La improvisación dejó de ser una excepción para convertirse en un método. La aceptamos en la autoridad, la repetimos como ciudadanos y la justificamos como cultura. Lo inaceptable se naturaliza hasta volverse paisaje.

Por eso, Quito no se entiende en bloque. Se entiende, caso por caso, como un diagnóstico clínico. Cada esquina, cada barrio, cada proyecto necesita atención específica: acupuntura urbana, tratamiento quirúrgico, decisiones que trasciendan la inercia del poder o el capricho individual.

La crítica no es nostalgia ni queja vacía. Es el intento de despertarnos del piloto automático. Es reírnos de lo absurdo, no para resignarnos, sino para desnudar lo que no puede seguir así.

Quito no necesita culpables únicos ni excusas recicladas. Necesita ciudadanos y autoridades capaces de mirarse en el mismo espejo y reconocer que el problema no está solo en «el otro», sino en el organismo completo que compartimos.

Entenderlo exige cambiar las preguntas. Salir de la anestesia. Preguntarnos una y otra vez: ¿qué ciudad queremos construir?

La respuesta, como todo lo esencial, solo se encuentra caso por caso.

Quito, caso por caso.

Cada semana, un análisis urbano directo al grano.