Caso #23

enero, 18, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #23• Patrimonio incómodo.

Cómo mirar a Quito de adelante hacia atrás

Paul Thomas Anderson ya había dirigido Boogie Nights a los 27 años cuando explicó en una entrevista por qué dejó la escuela de cine casi al empezar. El primer día de clases, su profesor fue tajante: si estaban ahí para aprender a escribir «Terminator 2», podían retirarse. El curso empezaba con El acorazado Potemkin y avanzaba desde los orígenes del cine hasta el presente.

A Anderson ese método no le sirvió.

No por desprecio a la historia, sino por una intuición práctica: los lenguajes no se entienden solo por su valor fundacional. Se entienden más fácilmente desde lo que todavía usamos y reconocemos con naturalidad.

Para entender el lenguaje urbano de Quito, tendemos a verlo en un orden cronológico que nos resulta más familiar y reconocible: prehispánico, colonial y, si queda espacio, moderno. Como si el siglo XX nos diera un poco de vergüenza.

Ese es nuestro anatema: nos cuesta reconocernos en una identidad mixta. La aceptamos en el discurso, pero la rechazamos cuando toca comprender el todo de lo construido. Ese Quito más reciente convive con nosotros todos los días, incluso junto al casco histórico, en La Mariscal o a lo largo de la 10 de Agosto. Pasamos por ahí todos los días en bus, en auto o a pie sin notarlos.

El hormigón y el vidrio del inventario moderno de Quito suelen recibir un juicio rápido: «feos», «eso no pega», «eso es de otra época». Como si la ciudad pudiera elegir qué décadas entran en la memoria colectiva y cuáles aún no lo merecen.

Recordemos que, para los parisinos, la Torre Eiffel fue rechazada durante décadas antes de adoptarla como símbolo nacional.

Aquí cabe una comparación simple. No es posible entendernos a nosotros mismos solo por la mirada de nuestra infancia, ni por lo que nos pasó el fin de semana. Lo primero importa; lo segundo aún no se asienta lo suficiente. Nuestra uniformidad cultural, desde lo construido, también puede tener memoria a mediano plazo, aunque incomode porque no encaja del todo con nuestra noción romántica de patrimonio.

Durante buena parte del siglo XX, algunas cosas envejecieron mal y otras simplemente las dejamos envejecer solas, pero Quito tampoco fue un accidente. Hubo visión, ambición y talento. No fue solo una suma de caprichos ni una moda importada sin filtro. Fue la arquitectura la que buscó crear la ciudad: esquina, continuidad, escala, relación entre lo público y lo institucional. No fue solo estética; fue, durante décadas, infraestructura visionaria y optimista para nuestra cultura cotidiana.

El dilema es lo que hacemos hoy con este patrimonio moderno.

Cuando esa capa queda fuera de nuestra vista y de nuestra memoria, también queda al margen de las decisiones que podrían generar en nosotros un afecto y una pertenencia suficientes para suscitar su cuidado.

El abandono rara vez es ideológico; suele ser operativo y nadie pelea por lo que no siente como propio ni invierte en lo que no reconoce que tiene valor. Así, sin conflicto visible, los edificios que sostuvieron a Quito pasan muchas veces a ser percibidos como oportunidades inmobiliarias y, cuando queramos reaccionar, ya habrá entrado la excavadora y, cuando aparezca el render, ya será tarde.

Ese proceso ya está en marcha. En Quito hay decenas de obras modernas, subutilizadas, alteradas o en desgaste avanzado, sin presencia real en el debate público.

No busco sacralizar el siglo XX. Trato de ver el valor histórico, contextual y estético que merecen ser cuidado, restaurado y reutilizado con un propósito claro.

La pérdida del patrimonio moderno no siempre se manifiesta con un gran escándalo, como en el caso del Hotel Quito. Llegará silenciosamente, como despojos oportunistas de ruinas con papeles en regla.

Este es el cambio de lectura que considero oportuno: mirar la ciudad, por un momento, desde el pasado reciente y hacia atrás. No como nostalgia, sino como madurez urbana.

Reconocer la modernidad no desplaza la urgencia ni la relevancia de preservar tanto lo prehispánico como lo colonial; lo complementa.

Aceptar quiénes somos, con todas nuestras capas, es la única forma de proyectar mejor lo que queremos ser. Quito también se define por lo que dejamos de lado.


Algunos arquitectos del movimiento moderno en Quito (memoria urbana viva)

Milton Barragán Dumet (1934–2024)
Obras: Edificio Artigas; Templo de La Dolorosa; Templo de la Patria; Edificio CIESPAL (coautor).

Ovidio Wappenstein (1938–2022)
Obras: Torre / Edificio CFN; Edificio COFIEC; Edificio CIESPAL (coautor).

Rafael Vélez Calisto (1942– )
Obras: Banco Holandés; Banco Popular; Banco Amazonas; Edificio IBM; City Plaza; Edificio Forum (y otras).

Diego Ponce Bueno (1945–2013)
Obras: Edificio La Filantrópica; Conjunto Residencial California Alta; Conjunto Colinas del Pichincha.

Fausto Nicolás Banderas Vela (1938–2026)
Conjuntos BEV (Yavirac; El Carmen 1 y 3; Miller; Santa Anita); asesor Solanda / BEV; obra y estudio «Banderas Vela».

Diego Banderas Vela
Intervenciones y obra con Juan Espinosa Páez (Palacio Arzobispal, guía Quito); producción recopilada en el libro Diego Banderas Vela: obras y proyectos.

Fernando Najas (1940– )
Obras: Benalcázar 1000 (diseño arquitectónico en equipo); vivienda de interés social y prefabricación (referencias a El Batán / industrialización).

Guillermo Jones Odriozola (1913–1994)
Obras: Plan Regulador de Quito (1942–1945).

Gilberto Gatto Sobral (1910–1978)
Obras: Plan Regulador de Quito (equipo y continuidad del plan); Ciudadela Universitaria de la UCE; Facultad de Economía de la UCE (y otros edificios del campus).

Oswaldo de la Torre Villacreses (1926–2012)
Obras: Teatro de la Escuela Politécnica Nacional (1965).

Alfredo León Cevallos (1928–1981)
Obras: Palacio Legislativo (Asamblea Nacional).

Otto Glass Pick (1903–1976)
Obras: Casa-Taller Olga Fisch (1952).

Giovanni Rota (1899–1966)
Obras: Caja de Pensiones (1949); Pasaje Amador (1956).

Edificio Casabaca / Juan Francisco Baca (c. 1957–1959)
Autor arquitectónico: Oscar Etwanik (arquitecto)
Constructor / responsable de obra: Ing. Ernesto Ordóñez Viteri

Caso #22

enero, 11, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #22• Un miércoles cualquiera.

Cuando el mall se vuelve refugio urbano

Un miércoles cualquiera, salimos con la idea de sentarnos en la vereda para hacer una pausa en la calle y tomar un café. Lo pensamos por unos segundos y, sin que pase nada concreto que podamos nombrar, con una leve y constante tensión, dudamos y nos desviamos. Seguimos de largo por si acaso.

Así se repiten diariamente en nuestras ciudades miles de decisiones conscientes o inconscientes que nos empujan a resguardarnos, sin estadísticas ni métricas gubernamentales que nos ayuden, porque las sentimos silenciosas en las venas, dejando mesas vacías, horarios que se acortan, calles que pierden densidad humana, incluso en zonas que hasta hace poco se consideraban confiables.

También un miércoles cualquiera, un guardia perdió trágicamente la vida en manos de delincuentes.

Sucedió, no en la periferia olvidada ni en un borde urbano residual, sino en una de las zonas más consolidadas de la capital: cafés activos, veredas amplias, oficinas, colegios, vida cotidiana y a plena luz del día.

Con el paso de las horas, el debate público empezó a centrarse en un punto específico: la ineficacia municipal para controlar y regular ciertos usos cotidianos del espacio público, en particular el reparto en motocicleta. No como causa única del hecho, sino como síntoma de algo más amplio.

En ese vacío, actividades tan comunes como pedir comida a domicilio, normalizadas y amplificadas desde la pandemia, se han convertido en zonas grises de la vida urbana, no por el servicio en sí, sino por la falta de claridad sobre quién circula, cómo lo hace y bajo qué controles mínimos. El efecto no es solo un problema de seguridad, sino también de confianza: gestos antes banales se cargan de tensión, y salir a buscar lo que se necesita empieza a sentirse, paradójicamente, más seguro dentro de un entorno controlado.

Cuando la violencia alcanza los lugares que la calle había considerado inimaginables, el problema deja de ser excepcional. Ya no se trata solo de evitar ciertos barrios ni de ajustar rutinas. Se trata de aceptar que incluso los espacios mejor armados dejaron de sostener la vida urbana sin una tensión permanente.

A partir de ahí, algo se mueve. No de golpe ni de la misma manera para todos.

Frente a la impotencia, existen refugios, no solo físicos, sino también mentales, que, aun siendo parte esencial de la vida moderna, no son un reemplazo del ideal urbano, pero sí ofrecen algo que, afuera, se volvió errático. Un ecosistema de reglas claras, competentemente administradas, con iluminación constante, donde la sensación de que el cuerpo puede aflojarse por un rato.

Ahí, donde la vereda y la calzada abiertas dejaron de ofrecer experiencias compartidas y lo cerrado ocupa un rol mayor al que fue concebido, aparece entonces como refugio.

Es aquí donde el mall no funciona solo por sus amenidades y marcas, sino que funciona como un entorno predecible frente a una ciudad impredecible. Se sabe qué se espera de uno y qué del entorno: no solo comodidad y consumo, sino algo más básico: claridad en las normas y en las conductas.

Las acciones frente a la inseguridad nacional suelen activarse cuando el delito ya ocurrió: operativos, persecuciones y reacciones, como parte de las tareas propias del control y la fuerza. Pero la experiencia urbana cotidiana se define mucho antes, en otra escala y con otras decisiones: calles bien iluminadas, un orden que se hace cumplir, un desorden que no se normaliza y una administración constante que evita que el espacio público quede a la deriva. Ahí no se persigue el delito; se dificulta que ocurra.

Frente al claro fracaso de estas medidas, nuestro comportamiento gregario nos invita, por instinto y por lógica, a congregarnos donde otros se quedan, para evitar espacios que parecen frágiles o vacíos. La seguridad no solo se ejerce; se interpreta. Y cuando la interpretación compartida cambia, perdemos vida urbana incluso sin que ocurra un delito en ese instante.

No es que me preocupe que el mall absorba esa carencia urbana, sino que cada vez se convierta en el lugar para escapar de una calle que ha dejado de cumplir su función básica como espacio público amigable.

No se trata de una imposibilidad estructural. Hay zonas dentro donde la calle sigue siendo un lugar de encuentro y permanencia porque alguien asume la responsabilidad de operarla: iluminación, presencia, reglas claras y continuidad. Lastimosamente, en mayor medida por la gestión privada y la organización ciudadana que por una administración pública eficaz.

Hay dos opciones: o es gestión urbana asumida, o, como es costumbre, postergada.

No pretendo condenar el mall; a menudo lo disfruto en familia. Me gusta ir al cine y hacer alguna compra allí. Tampoco insinúo privatizar el espacio público ni convertir la vereda en un centro comercial a cielo abierto, sino señalar que una urbe que comienza a necesitar refugios cerrados para sostener la vida cotidiana está, esencialmente, fracasando.

Pero una ciudad que se repliega lejos del cielo, que convierte lo cerrado en su último resguardo y deja que la calle se achique, no está resolviendo su problema de seguridad.

Los vacíos no siempre esperan.

En Quito y, cada vez con mayor claridad, en otras ciudades del país, ya no hace falta violar la ley para transformar la ciudad. Basta con conocerla bien. No por un déficit de normas, sino por un sistema que permite alterarlas “en chiquis”, sin asumir costos políticos inmediatos. Las huellas dactilares aparecen después, cuando los reclamos llegan tarde y la decisión ya se ha consumado.

Dos frentes lo exponen con crudeza, en Quito y más allá: el uso del suelo y las vallas publicitarias.

En el uso del suelo, el procedimiento aprende a esquivar reglas extensas y detalladas mediante instrumentos legítimos para obtener resultados indiscutibles. En las vallas, en cambio, la norma no solo se esquiva: se acomoda ad hoc para absorber lo que antes era irregular. Dos raíces distintas, un mismo efecto: la ciudad adaptándose al operador, no al revés.

El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), como uno de los instrumentos estructurantes de muchas ciudades ecuatorianas, es, en teoría, el corazón del proyecto urbano: fija usos, intensidades y reglas. Reformarlo exige lo que casi nunca ocurre: un debate técnico previo sobre la ciudad que queremos.

En la práctica, el modelo se reconfigura por una vía más discreta. Las normas subordinadas permiten que los instrumentos creados para desarrollar el plan ajusten los usos y la edificabilidad en ámbitos cada vez más pequeños: polígonos específicos, frentes puntuales o lotes concretos. Así, la decisión deja de ser metropolitana y pasa a ser administrativa. El plan no se reforma: se evade.

El efecto es silencioso y a menudo irreversible, porque la planificación deja de operar como proyecto colectivo para convertirse en una secuencia de expedientes bien armados.

Ese mismo patrón se reproduce en el control cotidiano: procedimientos que se activan, sellos que se colocan y se rompen, expedientes que crecen mientras la infracción sigue operando. La sanción se vuelve ritual: se notifica, se sella y se archiva.

Con las vallas publicitarias ocurre lo mismo, solo que aquí resulta imposible no verlas. En Quito y en varias ciudades del país, el fenómeno resulta obsceno. Es la ventana de Overton en operación: la ilegalidad no se elimina, se desplaza hasta volverse aceptable. Durante años, los propios municipios han reconocido una irregularidad masiva; en Quito, de forma explícita: cientos de vallas y pantallas sin permiso, en lugares prohibidos o en condiciones irregulares. Existen resoluciones sancionatorias, multas millonarias y expedientes abiertos. El aparato sancionador existe, pero opera sin certeza sobre las consecuencias.

Las multas se emiten; los procesos avanzan mínimamente. Mientras tanto, nuevas normas amplían los cupos y habilitan regularizaciones. Estructuras que operaron ilegalmente durante años pueden terminar absorbidas por un nuevo marco normativo, sin una frontera nítida entre sanción y premio. De nuevo, todo dentro de la ley.

Aquí aparece el patrón que une ambos casos. Las reglas no fallan: funcionan exactamente como están diseñadas. Premian al actor con astucia técnica y jurídica y con músculo financiero para navegarlas. No gana el más ilegal; gana el más adiestrado para administrarla a su favor.

Así, Quito y muchas otras ciudades ecuatorianas operan como un buffet normativo, reservado para un reducido grupo de actores que tuercen el sistema. El interés general queda enunciado; la ciudadanía, estructuralmente en desventaja.

Este no es solo un problema ético individual, sino también un problema de diseño institucional. La fragmentación de la toma de decisiones en comisiones, informes y resoluciones produce legalidad sin dirección y termina dejando a las ciudades decididas por nadie.

Las consecuencias no son abstractas, sino visibles y acumulativas: barrios que cambian de escala sin discusión metropolitana, cargas urbanísticas negociadas en silencio, derechos consolidados sin haber sido debatidos, espacio público tratado como un activo privado, sanciones que dejan de disuadir y aprenden a convivir con el incumplimiento.

Los problemas normativos de Quito y del país no son fallas aisladas: son el resultado de un método que educa en la infracción rentable. Enseña que esperar paga, que cumplir estorba y que saber maniobrar en la letra pequeña vale más que respetar la ciudad. Así opera el buffet: algunos repiten plato, mientras la ciudad se queda con las sobras.

Crecí frente al antiguo aeropuerto, cuando cruzar de La Amazonas a La Prensa era un gesto casi doméstico, como moverse dentro de la misma casa.

En diciembre, las novenas se repartían entre los hogares de los vecinos, mientras los aviones peinaban nuestros tejados. Aun así, fue un barrio caminable y cercano, donde mi escuela y los parques estaban a pocos pasos.

El monumento al Labrador era nuestro GPS; el parque José Collaguazo, un paseo ajardinado que conectaba con la Isla San Cristóbal y el parque Isla Tortuga, era un portal directo a la Avenida de los Shyris. Sí, todo eso sigue en pie, pero como vestigios desgastados de una vida a pie que se mudó hace rato.

Lo que fue mi patio frontal, ahora llamado Parque Bicentenario, existe, pero todavía no se ha convertido en algo cotidiano y esencial para la mayoría, como lo son el Parque La Carolina o el Parque de las Cuadras.

Como termómetro informal, lancé una pregunta en redes sociales: ¿Dónde imaginas que vivirán tus nietos en veinte años? Las respuestas, aunque limitadas, fueron transparentes: seis de cada diez votaron por los valles de Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos, no porque sean los únicos destinos posibles, sino porque hoy, a mi modo de ver, concentran un espejismo que muchos anhelamos. Como si el único futuro estuviera reservado para la Ruta Viva, las cercas eléctricas y los centros comerciales que escoltan las avenidas.

En esta encuesta, muy pocos eligieron el casco histórico, el corredor del Metro o el Bicentenario. No se mencionan los vacíos urbanos del barrio La Mariscal ni el corredor de la Avenida 10 de Agosto.

Es comprensible: este desplazamiento no ocurre solo en los valles ni responde a un único grupo social. Se repite, con matices distintos, desde San Antonio de Pichincha hasta Guamaní.

El relato aspiracional es transversal. Yo mismo vivo desde hace poco en el Valle, y eso no invalida la pregunta: que algo nos funcione o nos resulte cómodo ahora, no garantiza que sea sostenible para quienes vienen después. Los datos no tienen nostalgia y nuestros nietos decidirán con los pies.

Según el INEC, el tamaño promedio de los hogares en Ecuador cayó a 3,2 personas en 2022, y en Pichincha es aún menor. La fecundidad ronda los 1,8 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. Y los nacimientos bajaron de 238.000 en 2023 a 215.000 en 2024.

Vienen familias más pequeñas, con menos hijos, más adultos mayores, y esto se aplica a todos los estratos y tipologías de vivienda.

Esa demografía llega al territorio. Las próximas generaciones, no solo por elección, sino también por su capacidad de endeudamiento, por sus largas horas de desplazamiento o por la lejanía de las instituciones educativas, cada vez tienen menos posibilidades de permanecer.

Hoy, Quito todavía no ofrece una diversidad de alternativas barriales centradas en lo humano con claridad. Mientras tanto, el crecimiento sigue empujándose hacia los bordes.

Los valles y otras zonas de expansión seguirán allí, y eso no está mal. Su dinamismo es innegable, pero me cuesta aceptar que deban seguir siendo el modelo para el futuro de nuestras ciudades. Sin embargo, se trata de entender que Quito no puede extenderse de forma inexorable, transformando zonas céntricas en cuadras de abandono.

El Labrador y el Bicentenario, que se encuentran pausados y sin magnetismo, están prestos a despertarlos, no como única respuesta, sino como uno de los tantos barrios con infraestructura consolidada que requieren urgentemente planes técnicos, visionarios y sostenibles.

Sin dramatismo, el mercado se mueve hacia donde encuentra oportunidades y se retira de donde dejan de existir. En ese mismo vacío, la degradación social encuentra espacio para instalarse. No es una paradoja ni una exageración: es un patrón que se repite.

Donde no hay un plan de inversión, no hay vida urbana; y sin vida urbana, no hay manera de crear valor.

Vale la pena pensarlo juntos y no solo desde lo individual, porque la pregunta final no es solo si nuestros nietos querrán vivir igual que ahora lo hacemos nosotros, sino también si les será posible.

Todo esto no responde a la nostalgia, sino a una sencilla lógica urbana: volver a casa a pie podría ser la única forma de permanecer.

Quito, caso por caso.

Cada semana, un análisis urbano directo al grano.