Categoría: Primicias

En Quito y, cada vez con mayor claridad, en otras ciudades del país, ya no hace falta violar la ley para transformar la ciudad. Basta con conocerla bien. No por un déficit de normas, sino por un sistema que permite alterarlas “en chiquis”, sin asumir costos políticos inmediatos. Las huellas dactilares aparecen después, cuando los reclamos llegan tarde y la decisión ya se ha consumado.

Dos frentes lo exponen con crudeza, en Quito y más allá: el uso del suelo y las vallas publicitarias.

En el uso del suelo, el procedimiento aprende a esquivar reglas extensas y detalladas mediante instrumentos legítimos para obtener resultados indiscutibles. En las vallas, en cambio, la norma no solo se esquiva: se acomoda ad hoc para absorber lo que antes era irregular. Dos raíces distintas, un mismo efecto: la ciudad adaptándose al operador, no al revés.

El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), como uno de los instrumentos estructurantes de muchas ciudades ecuatorianas, es, en teoría, el corazón del proyecto urbano: fija usos, intensidades y reglas. Reformarlo exige lo que casi nunca ocurre: un debate técnico previo sobre la ciudad que queremos.

En la práctica, el modelo se reconfigura por una vía más discreta. Las normas subordinadas permiten que los instrumentos creados para desarrollar el plan ajusten los usos y la edificabilidad en ámbitos cada vez más pequeños: polígonos específicos, frentes puntuales o lotes concretos. Así, la decisión deja de ser metropolitana y pasa a ser administrativa. El plan no se reforma: se evade.

El efecto es silencioso y a menudo irreversible, porque la planificación deja de operar como proyecto colectivo para convertirse en una secuencia de expedientes bien armados.

Ese mismo patrón se reproduce en el control cotidiano: procedimientos que se activan, sellos que se colocan y se rompen, expedientes que crecen mientras la infracción sigue operando. La sanción se vuelve ritual: se notifica, se sella y se archiva.

Con las vallas publicitarias ocurre lo mismo, solo que aquí resulta imposible no verlas. En Quito y en varias ciudades del país, el fenómeno resulta obsceno. Es la ventana de Overton en operación: la ilegalidad no se elimina, se desplaza hasta volverse aceptable. Durante años, los propios municipios han reconocido una irregularidad masiva; en Quito, de forma explícita: cientos de vallas y pantallas sin permiso, en lugares prohibidos o en condiciones irregulares. Existen resoluciones sancionatorias, multas millonarias y expedientes abiertos. El aparato sancionador existe, pero opera sin certeza sobre las consecuencias.

Las multas se emiten; los procesos avanzan mínimamente. Mientras tanto, nuevas normas amplían los cupos y habilitan regularizaciones. Estructuras que operaron ilegalmente durante años pueden terminar absorbidas por un nuevo marco normativo, sin una frontera nítida entre sanción y premio. De nuevo, todo dentro de la ley.

Aquí aparece el patrón que une ambos casos. Las reglas no fallan: funcionan exactamente como están diseñadas. Premian al actor con astucia técnica y jurídica y con músculo financiero para navegarlas. No gana el más ilegal; gana el más adiestrado para administrarla a su favor.

Así, Quito y muchas otras ciudades ecuatorianas operan como un buffet normativo, reservado para un reducido grupo de actores que tuercen el sistema. El interés general queda enunciado; la ciudadanía, estructuralmente en desventaja.

Este no es solo un problema ético individual, sino también un problema de diseño institucional. La fragmentación de la toma de decisiones en comisiones, informes y resoluciones produce legalidad sin dirección y termina dejando a las ciudades decididas por nadie.

Las consecuencias no son abstractas, sino visibles y acumulativas: barrios que cambian de escala sin discusión metropolitana, cargas urbanísticas negociadas en silencio, derechos consolidados sin haber sido debatidos, espacio público tratado como un activo privado, sanciones que dejan de disuadir y aprenden a convivir con el incumplimiento.

Los problemas normativos de Quito y del país no son fallas aisladas: son el resultado de un método que educa en la infracción rentable. Enseña que esperar paga, que cumplir estorba y que saber maniobrar en la letra pequeña vale más que respetar la ciudad. Así opera el buffet: algunos repiten plato, mientras la ciudad se queda con las sobras.

Crecí frente al antiguo aeropuerto, cuando cruzar de La Amazonas a La Prensa era un gesto casi doméstico, como moverse dentro de la misma casa.

En diciembre, las novenas se repartían entre los hogares de los vecinos, mientras los aviones peinaban nuestros tejados. Aun así, fue un barrio caminable y cercano, donde mi escuela y los parques estaban a pocos pasos.

El monumento al Labrador era nuestro GPS; el parque José Collaguazo, un paseo ajardinado que conectaba con la Isla San Cristóbal y el parque Isla Tortuga, era un portal directo a la Avenida de los Shyris. Sí, todo eso sigue en pie, pero como vestigios desgastados de una vida a pie que se mudó hace rato.

Lo que fue mi patio frontal, ahora llamado Parque Bicentenario, existe, pero todavía no se ha convertido en algo cotidiano y esencial para la mayoría, como lo son el Parque La Carolina o el Parque de las Cuadras.

Como termómetro informal, lancé una pregunta en redes sociales: ¿Dónde imaginas que vivirán tus nietos en veinte años? Las respuestas, aunque limitadas, fueron transparentes: seis de cada diez votaron por los valles de Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos, no porque sean los únicos destinos posibles, sino porque hoy, a mi modo de ver, concentran un espejismo que muchos anhelamos. Como si el único futuro estuviera reservado para la Ruta Viva, las cercas eléctricas y los centros comerciales que escoltan las avenidas.

En esta encuesta, muy pocos eligieron el casco histórico, el corredor del Metro o el Bicentenario. No se mencionan los vacíos urbanos del barrio La Mariscal ni el corredor de la Avenida 10 de Agosto.

Es comprensible: este desplazamiento no ocurre solo en los valles ni responde a un único grupo social. Se repite, con matices distintos, desde San Antonio de Pichincha hasta Guamaní.

El relato aspiracional es transversal. Yo mismo vivo desde hace poco en el Valle, y eso no invalida la pregunta: que algo nos funcione o nos resulte cómodo ahora, no garantiza que sea sostenible para quienes vienen después. Los datos no tienen nostalgia y nuestros nietos decidirán con los pies.

Según el INEC, el tamaño promedio de los hogares en Ecuador cayó a 3,2 personas en 2022, y en Pichincha es aún menor. La fecundidad ronda los 1,8 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. Y los nacimientos bajaron de 238.000 en 2023 a 215.000 en 2024.

Vienen familias más pequeñas, con menos hijos, más adultos mayores, y esto se aplica a todos los estratos y tipologías de vivienda.

Esa demografía llega al territorio. Las próximas generaciones, no solo por elección, sino también por su capacidad de endeudamiento, por sus largas horas de desplazamiento o por la lejanía de las instituciones educativas, cada vez tienen menos posibilidades de permanecer.

Hoy, Quito todavía no ofrece una diversidad de alternativas barriales centradas en lo humano con claridad. Mientras tanto, el crecimiento sigue empujándose hacia los bordes.

Los valles y otras zonas de expansión seguirán allí, y eso no está mal. Su dinamismo es innegable, pero me cuesta aceptar que deban seguir siendo el modelo para el futuro de nuestras ciudades. Sin embargo, se trata de entender que Quito no puede extenderse de forma inexorable, transformando zonas céntricas en cuadras de abandono.

El Labrador y el Bicentenario, que se encuentran pausados y sin magnetismo, están prestos a despertarlos, no como única respuesta, sino como uno de los tantos barrios con infraestructura consolidada que requieren urgentemente planes técnicos, visionarios y sostenibles.

Sin dramatismo, el mercado se mueve hacia donde encuentra oportunidades y se retira de donde dejan de existir. En ese mismo vacío, la degradación social encuentra espacio para instalarse. No es una paradoja ni una exageración: es un patrón que se repite.

Donde no hay un plan de inversión, no hay vida urbana; y sin vida urbana, no hay manera de crear valor.

Vale la pena pensarlo juntos y no solo desde lo individual, porque la pregunta final no es solo si nuestros nietos querrán vivir igual que ahora lo hacemos nosotros, sino también si les será posible.

Todo esto no responde a la nostalgia, sino a una sencilla lógica urbana: volver a casa a pie podría ser la única forma de permanecer.