CASO #47

El choro en el tejado

Centro Comercial Montúfar

En marzo de este año, en el techo de un local del Centro Comercial Montúfar, un operativo policial encontró una mochila con 66 celulares con alertas de bloqueo. Seguro, una de las centenas que pululan en tan prestigioso establecimiento.

No sé si todos se acuerdan, pero en la célebre madrugada de la gesta heroica del 24 de mayo de 2003, el Centro Histórico amaneció con 6.801 puestos informales menos, despachados en camiones municipales tras la firma de 98 asociaciones: casi 10.000 comerciantes que llevaban décadas en la calle. La ciudad entera aplaudió esta “nueva era”.

El Montúfar retrata esa fe ingenua que trasladó la economía de vereda a un inmueble con más de 400 locales, abrumadoramente privados, y una minoría municipal a la que le resulta imposible gobernar.

En 2024, el 30% contaba con licencia de funcionamiento. Un operativo retiró un cachito de evidencia de 86 celulares dudosos y clausuró 19 locales; entre 2024 y 2025, la Agencia Metropolitana de Control acumuló 98 procedimientos. En enero de 2026, cayeron tres detenidos en los exteriores mientras el Concejo proclamaba con entusiasmo: ¡expropiación!

Los comerciantes —más de 350 firmaron la queja— cuentan que las mafias son externas, que tienen reglas propias, multas y cierres temporales para quienes comercializan objetos de dudosa procedencia, y que cualquiera puede acercar un celular robado a la esquina para que el GPS lo localice en el Montúfar. Pero incluso si fuera cierto, la conclusión los compromete de todas formas: si el problema está afuera, el Municipio debe abordar lo externo. Si está adentro, debe auditar lo interno. Y si está en ambos lados, pues avíspense.

Que el Montúfar sea una mafia podrá no tener respaldo judicial, pero funciona igualito que una, y el sistema no tiene idea de cómo lidiar con piratas. Habría que probar que el vendedor sabía que el equipo era robado, y un celular reseteado no sabe ni recuerda nada. Mientras tanto, la gobernanza es un bailecito administrativo: operativo para un lado, boletín para el otro, clausura temporal para adelante y una vueltita para atrás. El Municipio ve permisos; la Policía, indicios; la Fiscalía, denuncias que no llegan. A cada institución le importa su pupo, y el artefacto robado entra, cambia de manos, se resetea y se revende. Impunes, por los días de los días, amén.

No solo en Quito proliferan estos callejones con olor a orina. Lima reubicó a sus ambulantes en 1981 y creó los célebres “Polvos Azules”. Marca identitaria de los corsarios populares. En Las Malvinas, su pariente tecnológico, la Policía, tras más de cuarenta años de operativos, sigue coleccionando gadgets que alimentan a la bestia y a los titulares amarillistas.

Si me lo permiten, propongo unas pocas reglas. ¿Les parece?

Primera: trazabilidad o suspensión. Dentro de la LUAE, una categoría de alto riesgo de receptación para todo local que compre, repare o revenda tecnología usada. La condición: registro digital de cada equipo —IMEI, fotografía, cédula de quien lo entrega, comprobante de venta—. Equipo sin historia: suspensión, clausura, revocatoria, sin esperar la sentencia penal ni presumir la culpa. Un restaurante demuestra su salubridad; un local de usados, su origen. Y la carga de la prueba se invierte: hoy la víctima debe probar que su celular terminó allí; mañana el comerciante deberá probar que lo que vende entró legalmente.

Segunda: memoria pública. Un semáforo de locales —verde, amarillo, rojo— publicado cada mes en la entrada del centro, en la web municipal y en un código QR en la vitrina, alimentado solo con actos administrativos firmes. Hoy, el edificio entero carga con la mala fama, mientras los locales opacos se camuflan con la vecina que vende llaveros de Naruto; el semáforo rompe ese anonimato funcional y separa al comerciante honesto del opaco con consecuencias automáticas: multa, suspensión, clausura, imposibilidad de renovar la LUAE y ¡fuera!

Tercera: una zona especial de control comercial por 18 meses. Mesa técnica permanente, con actas públicas y metas medibles —AMC, Policía Judicial, Fiscalía, SRI, SENAE, ARCOTEL, administración del centro, comerciantes electos y veeduría ciudadana—. La mesa administra el riesgo urbano; la propiedad privada queda intacta.

Cuarta: el anillo seco. En un radio definido alrededor del edificio quedan prohibidas la compraventa y la intermediación informal de tecnología usada en el espacio público: ni reparación ambulante, ni entregas sin factura, ni intermediarios en parqueaderos ni accesos. Si los comerciantes sostienen que el problema está afuera, perfecto: empecemos por secar el afuera. El anillo también los protege.

Quinta, y aquí se desarma el fetiche facilista de la expropiación, que suena contundente hasta que uno abre el Registro de la Propiedad. El edificio está repartido en cientos de escrituras individuales, cada local con su dueño y su alícuota; la utilidad pública habría que declararla dueño por dueño, cada uno con derecho a su propio juicio de precio, durante años y con plata que la ciudad no tiene. El Municipio ya posee una minoría de locales adentro y esa es su palanca: convertirlos en usos ancla —ventanilla de denuncias, verificación de IMEI, punto ARCOTEL, red de locales habilitados con trazabilidad reforzada—, comprar voluntariamente los estratégicos y, solo con un proyecto público real, expropiar de forma milimétrica. Deja de ser un espectador minoritario y se convierte en un actor dentro del edificio.

Los primeros cien días alcanzan para la trazabilidad, el anillo y la mesa; el primer año, para el semáforo; el resto es paciencia presupuestada. La meta: que cada objeto tenga historia, cada local tenga rostro, cada sanción tenga memoria y cada reincidente tenga consecuencia. El Montúfar necesita una autopsia administrativa permanente. En 2003 aplaudimos las veredas limpias y nadie preguntó quién gobernaría puertas adentro.

A la ecuatoriana, obra sí, sistema nunca.

Veintitrés años después, la respuesta sigue siendo la misma: 66 pantallas apagadas que alguna vez fueron de alguien que todavía mira el puntito azul, sabiendo ya que no se puede hacer nada. Los choros, bajo techo; sus mochilas, en los tejados.

Fuentes

— Plan V, recuento por los 20 años de la reubicación del comercio informal del Centro Histórico (2023).

— El Universo, cobertura del cierre de la reubicación: 6.801 puestos trasladados y 98 asociaciones firmantes (junio de 2003).

— Primicias, megaoperativo en el Centro Comercial Montúfar: 86 celulares retirados y 19 locales clausurados (mayo de 2024); posición de la AMC sobre los límites de la competencia municipal.

— Expreso, «¿Expropiar, demoler o regular? El futuro del Centro Comercial Montúfar en Quito»: locales municipales minoritarios, bajo porcentaje de licencias en 2024 y mecánica de la expropiación (enero de 2026).

— Expreso, «¿Es posible que el Centro Comercial Montúfar de Quito se transforme en parqueadero?»: operativo del 27 de enero, clausuras de la AMC y sanciones internas del centro (enero de 2026).

— Extra, el caso de Bernardo Jijón y el debate público sobre el Montúfar (enero de 2026).

— Ecuavisa, debate en el Concejo Metropolitano, mayoría de locales privados y pronunciamiento de más de 350 comerciantes (2026).

— El Comercio, el Montúfar como mercado formal bajo sospecha recurrente: más de 400 locales y 98 procedimientos de la AMC entre 2024 y 2025 (marzo de 2026).

— La Hora, operativo policial con hallazgo de 66 celulares en el techo de un local (marzo de 2026).

— Municipio de Quito, Dirección de Centros Comerciales Populares: adjudicación de locales con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad (Resolución C 0037 de 2003).

— Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador y su Reglamento General: régimen de copropiedad, alícuotas y bienes exclusivos.

— COOTAD, requisitos de la declaratoria de utilidad pública: motivación, certificado registral, valoración y disponibilidad presupuestaria.

— ARCOTEL, consulta pública de IMEI y procedimientos sobre equipos reportados como robados o perdidos.

— El Comercio (Perú), reconstrucción histórica de Polvos Azules y la reubicación de 1981 en Lima.

— Cobertura periodística del operativo de la Policía Nacional del Perú en Las Malvinas: más de 500 celulares incautados (2025).