CASO #40

Divorciarse de Quito.

Vivo en el valle. Lo digo antes que nada porque cambia desde dónde escribo esto y porque no estoy seguro de poder escribirlo desde afuera ni de quererlo.

Desde aquí, quien quiere irse no está loco. Tiene un argumento y es válido. Este territorio nunca fue gobernado: brotó como hierba buena y mala. Primero la carretera, después la gente, después la urbanización, y en algún punto de esa secuencia nadie decidió que esto fuera una ciudad. Simplemente lo fue. El que hoy pide separarse del Distrito señala, con razón, que, a este lado del barranco, se siente desheredado.

El argumento, dicho claramente, no es solo emocional; es institucional. La proximidad podría gobernar mejor la obra menor, la vía secundaria, el impuesto predial que se cobra y, luego, se puede tocar con las manos y los pies, y el funcionario que comparte la misma calle que uno. En teoría, la unidad pequeña ejecuta mejor que la grande porque el votante castiga rápido y de cerca. Esa mecánica es una línea directa de rendición de cuentas.

Más simétrico aún: una parroquia que aporta mucho y decide poco no tiene, dentro del Distrito, ninguna herramienta real de presión. Puede pedir. Puede esperar. Puede soportar que le descuenten menos de un cuarto del presupuesto que ya le correspondía. La separación, vista así, no es un berrinche: parece la única herramienta vinculante que le queda a quien lleva años pidiendo bien y recibiendo silencio administrativo.

Si yo viviera en Pifo —y vivo cerca—, probablemente también firmaría. Quizás ya lo habría hecho.

Hasta aquí, el caso del que se va. Ahora, la palabra del título.

Todos hablan de una especie de divorcio. Pero esto supone que es entre dos adultos: bienes que repartir y una decisión entre iguales. Lo que se pide es otra cosa: irse de la casa, no rendir cuentas, alcalde, bandera y nombres propios. Los promotores del Ilaló ya eligieron el gentilicio: ilalences. El escudo debe estar en borrador. Eso no es divorcio: es emancipación. Y esta otra palabra no es un insulto: es una pregunta. El que se quiere emancipar casi siempre tiene razón en algo; la pregunta no es si la tiene o no, sino si puede pagar el arriendo. Se puede tener toda la razón y, a la vez, no estar listo. Las dos cosas son verdad, y esa es justamente la paradoja.

Y aquí conviene mirar el costo del arriendo, porque rara vez se comprende hasta que se vive solo. El predial pesa mucho en los ingresos propios del municipio, y la otra gran fuente la aporta el Estado, cuando la aporta: la deuda del gobierno central con los municipios del país se cuenta en cientos de millones y se paga tarde, en partes o cuando le conviene. Esa es la primera trampa. Existe una fórmula nacional que reparte recursos según criterios de población, pobreza, esfuerzo fiscal y otros indicadores; es obligatoria, está en la ley, no es nueva. El problema nunca fue que faltara la fórmula. Es que quien debe cumplirla la trata como una sugerencia.

La segunda trampa silenciosa, y que importa mucho, es esa fórmula que reparte recursos del Estado al municipio. Del municipio a los territorios no existe una regla firme y exigible. Hay presupuestos participativos —priorizar dentro de lo ya asignado—, no el derecho a discutir cuánto se baja. Se reparte según el cálculo político de la administración de turno. La cercanía que reclama el valle no falla por la distancia, sino porque, dentro del distrito, nadie tiene un derecho exigible a su favor. Tiene, con suerte, una buena relación con quien firma.

Y eso desarma la idea de que esto sea asunto de valles acomodados. El mismo abandono que hace que Cumbayá grite también hace que Carapungo y Quitumbe permanezcan callados desde hace años: los norteños y los del sur han crecido tanto o más, con menos servicios y sin aeropuerto para apalancar la negociación. La diferencia no es el agravio, sino el megáfono. El valle paga a abogados, a la junta cívica y una cifra de predial para exhibir. El sur no. Si separarse es la única forma de ser atendido, el derecho a la ciudad queda a la venta, y solo lo compra quien tiene con qué.

Afuera, la película tampoco anima. Brasil creó más de mil cuatrocientos municipios tras 1988 y tuvo que reformar la Constitución para frenar su proliferación; hoy, más de mil no generan ingresos suficientes para pagar a su alcalde. Lima tiene cuarenta y tres distritos y discute cómo reducirlos. Bogotá hizo lo contrario: anexó seis municipios y hoy discute cuánta autonomía otorgarles, no cómo dejarlos ir. La fragmentación no es una maldición universal: es una apuesta que depende del piso en el que cae. El nuestro, ya lo describí, está demasiado podrido como para apostar encima.

Quedan tres caminos, y los escribo sabiendo lo que les espera. Cantonizar: lo único que, una vez hecho, no se deshace. Administraciones zonales con plata y poder real, sin fundar nada, lo que exige ceder poder desde el centro — justo lo que el centro nunca quiso —. Y una regla de reparto interno que convierta el presupuesto en un derecho y no en un favor. Los tres entran en la misma máquina: partidos que colonizan lo que tocan, una polarización que vuelve imposible cualquier acuerdo técnico y la captura que ya digiere el transporte, el suelo y las licencias. Dos son reversibles. Uno no. Y el irreversible es, previsiblemente, el más aplaudido, porque los otros dependen de la buena voluntad de quien nunca la tuvo, y uno prefiere una mala decisión propia antes que una buena ajena que no llega. Lo entiendo. Esa es la parte que me cuesta.

Yo también querría emanciparme. Y no estoy seguro de que mi escepticismo no sea apenas otra forma de la misma resignación que vengo describiendo. El que ya no espera nada de la gobernanza central y el que ya no espera nada de la separación terminan, al final, en la misma silla. Nadie se va de casa, mientras tanto, y tampoco hay mucho a dónde: el barrio nuevo, si lo fundáramos mañana, me temo que lo levantaría el mismo que dejó así este lugar.

Esto no cabe en mil palabras; tampoco sé si cabría en un cantón nuevo. Lo que pido para mi valle, si llega, va a llegar con la factura adentro. Imagino el espacio para firmar la petición y todavía no sé qué firmaría si me lo pusieran delante. Sospecho que esa duda, y no la respuesta, es lo más honesto que tengo hoy para dejar sobre la mesa.

Fuentes consultadas

Marco normativo y de finanzas públicas:

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), arts. 188–192 y 285 y siguientes — requisitos de cantonización, Modelo de Equidad Territorial y criterios constitucionales de distribución.

Constitución de la República del Ecuador, arts. 270–272 — participación de los GAD en las rentas del Estado y autonomía financiera.

Ministerio de Economía y Finanzas — descripción oficial del Modelo de Equidad Territorial (MET) y sus siete criterios de distribución (finanzas.gob.ec).

Secretaría Nacional de Planificación — Nuevo Sistema de Transferencias a favor de los GAD (planificacion.gob.ec).

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito — Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS); declaraciones de la Administración General sobre recaudación predial, transferencias estatales y ausencia de preasignaciones fijas; reformas al cobro del predial 2026 (quito.gob.ec, quitoinforma.gob.ec).

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y Asamblea Nacional — estado de la deuda del Gobierno central con los GAD y debate sobre la reforma al art. 192 del COOTAD (asambleanacional.gob.ec).

Demografía, prensa y precedentes comparados:

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) — Censo de Población y Vivienda 2022, crecimiento de parroquias rurales y urbanas del DMQ.

Cobertura de prensa sobre las propuestas de cantonización del Valle del Ilaló y Los Chillos, posición de exalcaldes y del Concejo Metropolitano (El Universo, La Hora, Primicias).

Literatura comparada de gobernanza metropolitana y fragmentación municipal: experiencia de emancipação municipal en Brasil tras la Constitución de 1988 y la Enmienda Constitucional 15/1996; fragmentación distrital de Lima Metropolitana; modelo de localidades del Distrito Capital de Bogotá (1954).