Caso #30

marzo, 8, 2026 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

CASO #30• Cuando el presupuesto se convierte en teatro.

marzo, 8, 2026 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

En el Concejo Metropolitano de Quito se discutió la proporción entre el gasto y la inversión en el presupuesto municipal. Lo que debía ser un debate técnico terminó, otra vez, en una puesta en escena.

Se proyectaron cifras alarmantes, colegios municipales en riesgo, programas sociales y servicios básicos amenazados. A los concejales se les desafió a elegir el cordero de sacrificio. El libreto fue claro: si se aplica el 70/30, alguien deberá sufrir, pero no cuenten con que sea el aparato burocrático.

En El rey Lear, de William Shakespeare, cuando al monarca le dicen que no necesita cien caballeros, responde indignado: “No me habléis de necesidad.” Y convierte el límite en un agravio. No es muy distinto de lo que vemos hoy.

En este culebrón de los GAD, usar a los colegios y al gasto social como escudo retórico siempre rinde más que abrir las partidas y ordenar la casa. Claro que una escuela necesita profesores. Lo curioso es que cada vez que se habla de ordenar el presupuesto, el foco se pone en el aula y no en rubros amplios—consultorías varias, servicios externos—que también merecen revisión. Si ordenar estorba, el problema no es la escuela, sino la gestión.

Aquí conviene una precisión: esta no es una discusión contable ni un cuestionamiento del gasto social o cultural. Es una discusión sobre la gestión institucional y cómo una discusión administrativa puede convertirse en un espectáculo político.

La regla ha estado en el COOTAD desde su origen. El artículo 198 regula el destino de las transferencias; la reforma añade el 198.1 y ahora el cumplimiento se mide respecto del presupuesto codificado, con aplicación gradual. Traducido: el debate no es de capítulos ni de etiquetas, sino sobre cómo se clasifica y se ejecuta el gasto bajo un indicador revisable. Hoy se refuerza el control y se amplía el seguimiento, con más disciplina y menos margen para mover partidas tras bastidores.

En esta discusión, todas las estructuras de gobernanza deberían estar orientadas a combatir la ineficiencia, sin reglas de excepción entre el Gobierno Central y los GAD. Este límite debería empujar a jerarquizar, no a dramatizar.

Defender la inversión social no es incompatible con exigir rigor administrativo. Al contrario: cuanto más valioso es un programa educativo o cultural, mayor debería ser la exigencia de gestionarlo con eficiencia y transparencia.

Y conviene decirlo sin rodeos: la importancia de las artes para una sociedad no está en cuestión aquí. Para algunos de nosotros —arquitectos, diseñadores y personas formadas en disciplinas creativas— esa defensa no es retórica ni coyuntural. Es existencial.

Quito ya tuvo el FONSAL, una institución que convirtió el presupuesto en ciudad, nacida tras el terremoto de 1987 como unidad ejecutora con foco territorial, presupuesto identificable y capacidad real para construir.

En 2010, el FONSAL se transforma en el IMP. Con ello, el modelo dejó de ejecutarse directamente y pasó a regular, ampliando sus competencias internas. El músculo operativo dejó de ser el centro y el patrimonio pasó a gestionarse más desde una lógica institucional y regulatoria.

El FONSAL restauró el Teatro Sucre. Hoy, el edificio sigue funcionando gestionado por la Fundación Teatro Nacional Sucre del Municipio, fuera de la tarima política. Una rareza para Quito: un edificio cultural restaurado que durante décadas ha organizado actividades artísticas, junto con una plaza bien recuperada que impulsó el comercio, el turismo y la vida urbana.

Ese punto importa: la infraestructura cultural importa, pero no funciona sola. Los edificios crean condiciones; lo que los mantiene vivos son los artistas, los públicos y los modelos de gestión que sostienen su programación.

El arte no debería defenderse como un argumento presupuestario esencial dentro del gasto público ni convertirse en marioneta de ninguna ideología ni de ningún partido. Se defiende construyendo escenarios que perduren más allá de una administración. El Sucre sigue allí, eficaz, como modelo de una gestión que cambió hace dieciséis años.

Por otro lado, tenemos el Teatro Bolívar, un espacio de propiedad privada gestionado por su fundación, al que no le quita el sueño ni el 70% ni el 30%, cuando, en buena parte, ha subsistido gracias a la resiliencia de una fundación privada, con aportes y campañas de restauración paulatinas.

El 70/30 no se aplicará de un día para otro ni en abstracto. Será un proceso gradual cuya verdadera dimensión se verá en su implementación. Allí sabremos si esta pugna de poderes termina afectando lo que realmente importa: la vida cultural, social y cotidiana de las ciudades.

Frente a una regla fiscal más estricta, los GAD deberían ordenar el backstage burocrático: dónde se pierde eficiencia, qué gasto corriente se disfraza de inversión y qué inversión no genera resultados medibles.

Se puede discutir la regla y defender la autonomía, pero no se puede seguir confundiendo el escenario con la gestión. El teatro vive del conflicto y del sacrificio simbólico; la administración pública vive de decisiones que se ejecutan a tiempo y con rigor.

Cuando el presupuesto se convierte en espectáculo, el drama desplaza el orden y el sacrificio aparece en primera fila mientras el aparato que lo produce permanece detrás del telón. El 70/30 no es una tragedia. Es la prueba de si sabemos administrar cuando no hay público.