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CASO #24• Positivismo tóxico.

¿Es Quito realmente la ciudad más linda del mundo?

enero, 25, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

Hay fotos familiares tomadas cinco minutos después de una discusión.
Pausa: sonrían, revisen que todos estén bien peinados, que no pestañeen y que miren a la cámara. Después de diez fotos, se publica una. El resto se borra.

No es tan distinto de las frases motivacionales que decoran los vestíbulos públicos y corporativos. Mantras breves, diseñados para ayudar a pasar el día sin mirar demasiado lo que el primer café no logró disimular.

Postergar lo incómodo para seguir adelante es un hábito humano. Los psicólogos lo estudian y lo llaman supresión emocional, pero todos lo reconocemos, no porque el problema desaparezca, sino porque nos hace sentir mejor. A veces funciona y nos permite avanzar, cumplir, llegar al final del día. Cuando, en lo personal, se convierte en costumbre, nos aplana. Cuando es grupal, nos anestesia.

Es un ingenioso truco comunicacional cuando entra en el discurso institucional, porque ya no importa creérselo: basta con repetirlo. Así, negarlo nos hace parecer ingratos, amargados o acomplejados.

“Quito es la ciudad más linda del mundo” es una frase emocionalmente rentable, que nos reduce a una categoría frívola e infantil cuando, en realidad, nuestra ciudad goza de vicios y atributos mucho más sustanciales.

Si bajamos el volumen del eslogan y miramos indicadores concretos, es más fácil ser objetivos y autocríticos.

Un estudio de la Universidad de Navarra (IESE Cities in Motion Index 2025), que evalúa ciudades en nueve dimensiones: gobernanza, economía, capital humano, cohesión social, planificación urbana, movilidad, medio ambiente, tecnología y proyección internacional. De este estudio de 183 ciudades globales, Quito está en el puesto 149, Bogotá en el 138 y Lima en el 150. De las 11 ciudades sudamericanas estudiadas, Quito es la novena, por encima de Lima y Río de Janeiro.

Por supuesto, esto no mide belleza; sería demencial hacerlo porque no existe una métrica semejante.

Por ejemplo, las capitales que nos rodean, como Bogotá y Lima, son tres o cuatro veces más grandes que la nuestra y, en gran medida, policéntricas y dispersas. Su crecimiento horizontal, su extensión metropolitana y la multiplicación de subcentros hacen que la fragmentación social, la presión ambiental y la movilidad sean problemas mucho más complejos.

Quito tiene una superficie más contenida por sus límites topográficos, que nos encajan longitudinalmente entre cordilleras, organizada en un claro eje norte–sur, con barreras naturales que han limitado parcialmente su expansión indiscriminada.

En términos de cohesión social, esa forma importa y nos ayuda a explicar, en cierta medida, por qué en estos índices tenemos una mejor valoración que en Lima y Bogotá. Aún conservamos una continuidad territorial en la que barrios de diferentes niveles de ingresos comparten sistemas de movilidad, espacios públicos y servicios en una misma franja urbana. Por supuesto, no somos una ciudad sin desigualdades, pero no estamos fracturados en enclaves autónomos como ocurre en áreas metropolitanas mucho mayores, donde la segregación ya es sistémica e irreversible.

En lo ambiental, nuestra relación directa con volcanes, quebradas, valles y corredores ecológicos sigue definiéndonos. El entorno natural no está a cientos de kilómetros ni reducido a parques residuales. Nos atraviesa. Esa condición, aún vigente, es una ventaja comparativa que muchas capitales latinoamericanas ya han perdido y que aún podemos potenciar.

Y en movilidad, el argumento es todavía más claro. La linealidad urbana de Quito, su tamaño relativo y la concentración de flujos en pocos ejes principales hacen que los problemas sean graves, pero técnicamente abordables. Ajustes de red, jerarquización vial o cambios en el uso del suelo todavía pueden tener un impacto real. En Lima o en Bogotá, decisiones equivalentes chocan con una complejidad política y territorial mucho mayor.

¿Dónde los datos muestran nuestras mayores fallas?
En economía, gobernanza, planificación urbana y proyección internacional.
No en su forma urbana, sino en cómo se la administra, se la regula y se la proyecta.

Con esta escala y estas condiciones, no nos conviene solo quedarnos frente al espejo repitiendo lo lindos que somos, sino exigirnos trabajar para que funcionemos mejor.

Quito no compite por belleza, sino por rareza. Y eso nos invita a pensarla de manera distinta.

En economía, raro significa escaso, difícil de reproducir, validado externamente y con valor acumulado. Una piedra preciosa no vale solo por ser linda, sino porque casi nadie puede fabricarla de nuevo. Encajamos mejor allí.

Solo hay un grupo extremadamente reducido de ciudades sudamericanas que cuenta con patrimonio urbano integral y reconocimiento creativo contemporáneo de la UNESCO. En la región, Río de Janeiro o Buenos Aires concentra múltiples reconocimientos culturales internacionales, aunque bajo lógicas distintas: paisaje cultural, literatura o diseño, y en volumen muchísimo mayor que el nuestro.

La combinación específica de la que gozamos: uno de los centros históricos más extensos y mejor conservados de América Latina, reconocido por esta institución en 1978 y, desde 2025, Quito también fue sumado a la Red de Ciudades Creativas en arquitectura, con potencial de desarrollo sostenible e identidad urbana.

Esa rareza no se activa con consignas. Tiene una promesa inconclusa que, por su escala y su potencial objetivo, puede convertirse en una capital “boutique” = valor versus volumen.

Quito no necesita gustar más y quizás nos convenga decidir muy pronto cómo haremos notar al mundo, bastante más allá de nuestra lindura, lo singulares que somos.

Fuentes y referencias

IESE – Cities in Motion Index (CIMI)

  • Página oficial del proyecto Cities in Motion:
    https://www.iese.edu/research/cities-in-motion/
  • Cities in Motion Index 2025 (ranking y fichas de ciudad):
    https://www.iese.edu/research/cities-in-motion/2025/

UNESCO – Patrimonio Cultural de la Humanidad
Centro Histórico de Quito, inscrito en 1978 (uno de los primeros bienes declarados a nivel mundial).

UNESCO – Red de Ciudades Creativas
Quito incorporada a la Red de Ciudades Creativas en el campo de Arquitectura, como reconocimiento al valor de la creatividad urbana contemporánea como motor de desarrollo sostenible e identidad.

  • Red de Ciudades Creativas – UNESCO:
    https://en.unesco.org/creative-cities/
  • Ciudades Creativas – Arquitectura (criterios y listado):
    https://en.unesco.org/creative-cities/architecture
  • Perfil de Quito en la Red de Ciudades Creativas:
    https://en.unesco.org/creative-cities/quito

Contexto demográfico y urbano (referencias comparativas)
Para escala poblacional, áreas metropolitanas y análisis regional.

CEPAL – Desarrollo urbano y ciudades en América Latina:
https://www.cepal.org/es/temas/desarrollo-urbano

Banco Mundial – Datos urbanos y población:
https://data.worldbank.org/

CASO #23• Patrimonio incómodo.

Cómo mirar a Quito de adelante hacia atrás

enero, 18, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

Paul Thomas Anderson ya había dirigido Boogie Nights a los 27 años cuando explicó en una entrevista por qué dejó la escuela de cine casi al empezar. El primer día de clases, su profesor fue tajante: si estaban ahí para aprender a escribir “Terminator 2”, podían retirarse. El curso empezaba con El acorazado Potemkin y avanzaba desde los orígenes del cine hasta el presente.

A Anderson ese método no le sirvió.

No por desprecio a la historia, sino por una intuición práctica: los lenguajes no se entienden solo por su valor fundacional. Se entienden más fácilmente desde lo que todavía usamos y reconocemos con naturalidad.

Para entender el lenguaje urbano de Quito, tendemos a verlo en un orden cronológico que nos resulta más familiar y reconocible: prehispánico, colonial y, si queda espacio, moderno. Como si el siglo XX nos diera un poco de vergüenza.

Ese es nuestro anatema: nos cuesta reconocernos en una identidad mixta. La aceptamos en el discurso, pero la rechazamos cuando toca comprender el todo de lo construido. Ese Quito más reciente convive con nosotros todos los días, incluso junto al casco histórico, en La Mariscal o a lo largo de la 10 de Agosto. Pasamos por ahí todos los días en bus, en auto o a pie sin notarlos.

El hormigón y el vidrio del inventario moderno de Quito suelen recibir un juicio rápido: “feos”, “eso no pega”, “eso es de otra época”. Como si la ciudad pudiera elegir qué décadas entran en la memoria colectiva y cuáles aún no lo merecen.

Recordemos que, para los parisinos, la Torre Eiffel fue rechazada durante décadas antes de adoptarla como símbolo nacional.

Aquí cabe una comparación simple. No es posible entendernos a nosotros mismos solo por la mirada de nuestra infancia, ni por lo que nos pasó el fin de semana. Lo primero importa; lo segundo aún no se asienta lo suficiente. Nuestra uniformidad cultural, desde lo construido, también puede tener memoria a mediano plazo, aunque incomode porque no encaja del todo con nuestra noción romántica de patrimonio.

Durante buena parte del siglo XX, algunas cosas envejecieron mal y otras simplemente las dejamos envejecer solas, pero Quito tampoco fue un accidente. Hubo visión, ambición y talento. No fue solo una suma de caprichos ni una moda importada sin filtro. Fue la arquitectura la que buscó crear la ciudad: esquina, continuidad, escala, relación entre lo público y lo institucional. No fue solo estética; fue, durante décadas, infraestructura visionaria y optimista para nuestra cultura cotidiana.

El dilema es lo que hacemos hoy con este patrimonio moderno.

Cuando esa capa queda fuera de nuestra vista y de nuestra memoria, también queda al margen de las decisiones que podrían generar en nosotros un afecto y una pertenencia suficientes para suscitar su cuidado.

El abandono rara vez es ideológico; suele ser operativo y nadie pelea por lo que no siente como propio ni invierte en lo que no reconoce que tiene valor. Así, sin conflicto visible, los edificios que sostuvieron a Quito pasan muchas veces a ser percibidos como oportunidades inmobiliarias y, cuando queramos reaccionar, ya habrá entrado la excavadora y, cuando aparezca el render, ya será tarde.

Ese proceso ya está en marcha. En Quito hay decenas de obras modernas, subutilizadas, alteradas o en desgaste avanzado, sin presencia real en el debate público.

No busco sacralizar el siglo XX. Trato de ver el valor histórico, contextual y estético que merecen ser cuidado, restaurado y reutilizado con un propósito claro.

La pérdida del patrimonio moderno no siempre se manifiesta con un gran escándalo, como en el caso del Hotel Quito. Llegará silenciosamente, como despojos oportunistas de ruinas con papeles en regla.

Este es el cambio de lectura que considero oportuno: mirar la ciudad, por un momento, desde el pasado reciente y hacia atrás. No como nostalgia, sino como madurez urbana.

Reconocer la modernidad no desplaza la urgencia ni la relevancia de preservar tanto lo prehispánico como lo colonial; lo complementa.

Aceptar quiénes somos, con todas nuestras capas, es la única forma de proyectar mejor lo que queremos ser. Quito también se define por lo que dejamos de lado.

Algunos arquitectos del movimiento moderno en Quito (memoria urbana viva)

Milton Barragán Dumet (1934–2024)
Obras: Edificio Artigas; Templo de La Dolorosa; Templo de la Patria; Edificio CIESPAL (coautor).

Ovidio Wappenstein (1938–2022)
Obras: Torre / Edificio CFN; Edificio COFIEC; Edificio CIESPAL (coautor).

Rafael Vélez Calisto (1942– )
Obras: Banco Holandés; Banco Popular; Banco Amazonas; Edificio IBM; City Plaza; Edificio Forum (y otras).

Diego Ponce Bueno (1945–2013)
Obras: Edificio La Filantrópica; Conjunto Residencial California Alta; Conjunto Colinas del Pichincha.

Fausto Nicolás Banderas Vela (1938–2026)
Conjuntos BEV (Yavirac; El Carmen 1 y 3; Miller; Santa Anita); asesor Solanda / BEV; obra y estudio “Banderas Vela”.

Diego Banderas Vela
Intervenciones y obra con Juan Espinosa Páez (Palacio Arzobispal, guía Quito); producción recopilada en el libro Diego Banderas Vela: obras y proyectos.

Fernando Najas (1940– )
Obras: Benalcázar 1000 (diseño arquitectónico en equipo); vivienda de interés social y prefabricación (referencias a El Batán / industrialización).

Guillermo Jones Odriozola (1913–1994)
Obras: Plan Regulador de Quito (1942–1945).

Gilberto Gatto Sobral (1910–1978)
Obras: Plan Regulador de Quito (equipo y continuidad del plan); Ciudadela Universitaria de la UCE; Facultad de Economía de la UCE (y otros edificios del campus).

Oswaldo de la Torre Villacreses (1926–2012)
Obras: Teatro de la Escuela Politécnica Nacional (1965).

Alfredo León Cevallos (1928–1981)
Obras: Palacio Legislativo (Asamblea Nacional).

Otto Glass Pick (1903–1976)
Obras: Casa-Taller Olga Fisch (1952).

Giovanni Rota (1899–1966)
Obras: Caja de Pensiones (1949); Pasaje Amador (1956).

Edificio Casabaca / Juan Francisco Baca (c. años 1957-1959)
Autor arquitectónico: Oscar Etwanik (arquitecto)
Constructor / responsable de obra: Ing. Ernesto Ordóñez Viteri

CASO #22• Un miércoles cualquiera.

Cuando el mall se vuelve refugio urbano

enero, 11, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

Un miércoles cualquiera, salimos con la idea de sentarnos en la vereda para hacer una pausa en la calle y tomar un café. Lo pensamos por unos segundos y, sin que pase nada concreto que podamos nombrar, con una leve y constante tensión, dudamos y nos desviamos. Seguimos de largo por si acaso.  

Así se repiten diariamente en nuestras ciudades miles de decisiones conscientes o inconscientes que nos empujan a resguardarnos, sin estadísticas ni métricas gubernamentales que nos ayuden, porque las sentimos silenciosas en las venas, dejando mesas vacías, horarios que se acortan, calles que pierden densidad humana, incluso en zonas que hasta hace poco se consideraban confiables.

También un miércoles cualquiera, un guardia perdió trágicamente la vida en manos de delincuentes.


Sucedió, no en la periferia olvidada ni en un borde urbano residual, sino en una de las zonas más consolidadas de la capital: cafés activos, veredas amplias, oficinas, colegios, vida cotidiana y a plena luz del día.

Con el paso de las horas, el debate público empezó a centrarse en un punto específico: la ineficacia municipal para controlar y regular ciertos usos cotidianos del espacio público, en particular el reparto en motocicleta. No como causa única del hecho, sino como síntoma de algo más amplio.

En ese vacío, actividades tan comunes como pedir comida a domicilio, normalizadas y amplificadas desde la pandemia, se han convertido en zonas grises de la vida urbana, no por el servicio en sí, sino por la falta de claridad sobre quién circula, cómo lo hace y bajo qué controles mínimos. El efecto no es solo un problema de seguridad, sino también de confianza: gestos antes banales se cargan de tensión, y salir a buscar lo que se necesita empieza a sentirse, paradójicamente, más seguro dentro de un entorno controlado.

Cuando la violencia alcanza los lugares que la calle había considerado inimaginables, el problema deja de ser excepcional. Ya no se trata solo de evitar ciertos barrios ni de ajustar rutinas. Se trata de aceptar que incluso los espacios mejor armados dejaron de sostener la vida urbana sin una tensión permanente.

A partir de ahí, algo se mueve. No de golpe ni de la misma manera para todos.

Frente a la impotencia, existen refugios, no solo físicos, sino también mentales, que, aun siendo parte esencial de la vida moderna, no son un reemplazo del ideal urbano, pero sí ofrecen algo que, afuera, se volvió errático. Un ecosistema de reglas claras, competentemente administradas, con iluminación constante, donde la sensación de que el cuerpo puede aflojarse por un rato.

Ahí, donde la vereda y la calzada abiertas dejaron de ofrecer experiencias compartidas y lo cerrado ocupa un rol mayor al que fue concebido, aparece entonces como refugio. 

Es aquí donde el mall no funciona solo por sus amenidades y marcas, sino que funciona como un entorno predecible frente a una ciudad impredecible. Se sabe qué se espera de uno y qué del entorno: no solo comodidad y consumo, sino algo más básico: claridad en las normas y en las conductas.

Las acciones frente a la inseguridad nacional suelen activarse cuando el delito ya ocurrió: operativos, persecuciones y reacciones, como parte de las tareas propias del control y la fuerza. Pero la experiencia urbana cotidiana se define mucho antes, en otra escala y con otras decisiones: calles bien iluminadas, un orden que se hace cumplir, un desorden que no se normaliza y una administración constante que evita que el espacio público quede a la deriva. Ahí no se persigue el delito; se dificulta que ocurra.

Frente al claro fracaso de estas medidas, nuestro comportamiento gregario nos invita, por instinto y por lógica, a congregarnos donde otros se quedan, para evitar espacios que parecen frágiles o vacíos. La seguridad no solo se ejerce; se interpreta. Y cuando la interpretación compartida cambia, perdemos vida urbana incluso sin que ocurra un delito en ese instante.

No es que me preocupe que el mall absorba esa carencia urbana, sino que cada vez se convierta en el lugar para escapar de una calle que ha dejado de cumplir su función básica como espacio público amigable.

No se trata de una imposibilidad estructural. Hay zonas dentro donde la calle sigue siendo un lugar de encuentro y permanencia porque alguien asume la responsabilidad de operarla: iluminación, presencia, reglas claras y continuidad. Lastimosamente, en mayor medida por la gestión privada y la organización ciudadana que por una administración pública eficaz. 

Hay dos opciones: o es gestión urbana asumida, o, como es costumbre, postergada.

No pretendo condenar el mall; a menudo lo disfruto en familia. Me gusta ir al cine y hacer alguna compra allí. Tampoco insinúo privatizar el espacio público ni convertir la vereda en un centro comercial a cielo abierto, sino señalar que una urbe que comienza a necesitar refugios cerrados para sostener la vida cotidiana está, esencialmente, fracasando.

Pero una ciudad que se repliega lejos del cielo, que convierte lo cerrado en su último resguardo y deja que la calle se achique, no está resolviendo su problema de seguridad.

Los vacíos no siempre esperan.

CASO #20• Uso de suelo a la carta.

El plan no se reforma, la ciudad sí

diciembre, 27, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

En nuestras ciudades ya no hace falta violar la ley para causar daño en el espacio urbano. Basta con cumplirla bien. Proyectos que alteran barrios enteros, saturan servicios o rompen escalas aparecen con todos los permisos en regla, respaldados por informes técnicos y aprobaciones formales.

Sin embargo, algo no cuadra. Demasiadas veces, decisiones presentadas como “técnicas” terminan afectando la vida cotidiana: el barrio, el tráfico o el paisaje. La respuesta institucional suele ser inmediata y formalmente correcta: todo está en regla. El problema es que esa explicación ya no alcanza para entender lo que ocurre en la ciudad real.

Aquí entra el PUGS (Plan de Uso y Gestión del Suelo): el instrumento que define qué, dónde y cómo hacerlo, y que fue actualizado y reformado para funcionar en el ciclo 2024-2033 como parte del marco obligatorio de planificación territorial. Es el documento principal que incluye los usos del suelo, las densidades, las actividades económicas y las áreas de protección.

Durante su formulación y tras su aprobación, gremios técnicos, incluido el CAE, han señalado públicamente los riesgos de la forma en que el PUGS se estaba aplicando. No eran objeciones políticas, sino advertencias técnicas: gobernar desde la norma operativa y no desde el plan produce una ciudad sin deliberación. Que esas alertas hayan sido ignoradas por los órganos políticos no fue un descuido, sino una elección consciente que normaliza un modelo de ciudad decidido sin discusión pública.

Mientras tanto, el territorio cambia a una velocidad brutal que supera la capacidad del papel para seguirla. Cada proyecto que intensifica los usos acumula impacto y la ciudad empieza a desfigurarse frente a lo que el PUGS prometía ordenar. En ese punto, el dilema deja de ser técnico y se vuelve político.

Esto no ocurre solo por una ilegalidad, sino por un mecanismo más sofisticado: producir transformaciones profundas sin modificar formalmente el instrumento principal. Normas operativas, criterios administrativos, codificaciones extensas y resoluciones técnicas reinterpretan su aplicación fuera del radar del ciudadano.

El resultado es predecible: la complejidad técnica del PUGS afecta a todos, pero solo fortalece a quienes saben operar sus vacíos jurídicos y deja fuera a quienes solo viven sus consecuencias.

Incluso dentro del propio Concejo Metropolitano de Quito, durante la Sesión Extraordinaria No. 61 del 10 de mayo de 2024, en la que se aprobó en segundo debate la actualización del PUGS, varios concejales plantearon inquietudes sobre el papel de las normas operativas y su impacto en la aplicación del plan, señalando que parte de la producción de la ciudad se da por medio de la normativa secundaria sin asumirlo como una decisión política explícita.

Quien quiera ejemplos concretos, los encontrará en debates del Concejo, en reclamos barriales documentados y en proyectos ampliamente cubiertos por la prensa. El problema no es uno. Es el mecanismo que los hace posibles.

El efecto se siente en un barrio que durante años tuvo escala y vida cotidiana. Llega un proyecto de gran tamaño, legal, con estudios y permisos. Los vecinos preguntan si contradice el uso del suelo y la respuesta, en teoría, es correcta: el plan no se ha modificado. El proyecto se construye. Afecta el tráfico, presiona los servicios y altera la forma de habitar. El plan sigue intacto. El barrio no.

Desde el punto de vista jurídico, todo puede estar en regla. Pero la legalidad mínima no agota la responsabilidad pública. Las decisiones urbanísticas no son neutras solo porque cumplen la norma: son acumulativas, irreversibles y afectan a generaciones que no estuvieron en la mesa cuando se tomaron.

El PUGS no es una Biblia ni un trámite. Es un pacto urbano. Cuando se cumple en la letra, pero se traiciona en el espíritu, deja de ordenar la ciudad y empieza a fragmentarla.

Si el plan no se mueve, pero tu barrio desaparece, la pregunta deja de ser técnica. Se vuelve política: ¿quién manda realmente cuando dejamos de mirar?

FUENTES CONSULTADAS

  1. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
    Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT)
    Aprobados en Sesión Extraordinaria No. 61 del Concejo Metropolitano, 10 de mayo de 2024.
    Vigencia: 2024–2033.
    Disponible en:
    https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administración%202023-2027/Sesiones%20de%20Concejo/2024/Sesión%20061%20Extraordinaria%202024-05-10/
  2. Concejo Metropolitano de Quito
    Actas, anexos técnicos y documentos de segundo debate del PUGS / PMDOT
    Sesión Extraordinaria No. 61 – 10 mayo 2024.
    Disponible en:
    https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/
  3. Quito Informa (medio institucional)
    “La actualización del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el PUGS fue aprobada”
    Publicado el 10 de mayo de 2024.
    Disponible en:
    https://www.quitoinforma.gob.ec/2024/05/10/la-actualizacion-del-plan-metropolitano-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial-y-el-plan-de-uso-y-gestion-del-suelo-fue-aprobada/
  4. Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE)
    Pronunciamientos y observaciones técnicas sobre el PUGS
    Periodo 2023–2025.
    Disponible en:
    https://www.cae.org.ec

Prensa nacional y local
Cobertura de debates del Concejo, reclamos barriales y proyectos urbanos con impacto territorial en Quito.

CASO #19• Los buses y la fatiga de la ciudad

diciembre, 21 , 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

El viernes pasado a mediodía, me senté con Claude. Fue la primera vez que nos vimos cara a cara, porque solamente lo conocía por su seudónimo en redes sociales: “Más allá de los cuentos”. Su rostro muestra la vitalidad forjada por décadas de actividad física (solo anda en bicicleta)

Nos ha pasado a todos. Como cuando caminamos por una vereda y un autobús atolondrado nos roza la sien con su enorme espejo retrovisor, o, con un frenazo violento, emite una espesa nube de gases que barniza por dentro nuestros pulmones y fosas nasales.

Si manejas, los carriles son meras sugerencias para algunos homínidos que pretenden operar tantas de estas moles averiadas.

Lo que describo fue, para Claude, el detonante de una cruzada para detener una maquinaria imparable que los demás no tenemos el tiempo ni las agallas de enfrentar. Comenzó como frustración y, para él, se convirtió en un método.   

Denunció e insistió durante años y cada vez aprendió a hacerlo mejor. Con cámara en mano, firmas, una carpeta física por cada unidad (más de 3000). No para acusar a personas, me dice, sino para mostrar algo más incómodo: las entidades no reaccionan porque no les conviene reaccionar.

Me cuenta que hubo un momento en 2018 en que una autoridad transitoria decidió hacer lo elemental: salir a la vía con controles efectivos. Luego, fue removido un funcionario bienintencionado y, desde entonces, a Claude lo han detenido por tomar fotos; su cámara fue confiscada y, tras recuperarla en criminalística, la encontraron dañada.

Parte de la información de cada unidad está disponible en línea, pero no es realmente pública si no tienes un número de chasis para acceder. En la práctica, para cualquier ciudadano, no es posible verificar absolutamente nada a menos que hagas el trabajo detectivesco de Claude, quien lo publica periódicamente en redes sociales sin efecto alguno, aunque parezca que él tiene más información que la propia Agencia Nacional de Tránsito.

Lo que llamamos red de “transporte público” realmente es solo parcialmente. Es una superposición de capas que dificulta su control. El resultado es que, cuando algo falla en la calle, nadie sabe exactamente quién debería haber llegado primero, pues, a escala nacional, la Agencia Nacional de Tránsito fija las normas generales y las registra, pero no opera ni controla en la calle, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito fiscaliza y sanciona en vía, con un control intermitente que depende de quien observe.

Es más fácil notar la diferencia con el Metro, el Trolebús o la Ecovía, donde hay un operador público único, una flota institucional y un control centralizado. En el resto del transporte en superficie, ocurre lo contrario: miles de buses privados, organizados en cooperativas y consorcios, con propietarios individuales que operan bajo un esquema en el que el Municipio solo puede regular de lejos.

El resultado es un sistema fragmentado, con responsabilidades difusas, datos que no circulan y sanciones que rara vez cierran el circuito.

Confieso que, al conocer cómo funciona en Ciudad de México, no me sorprende por lo elemental que suena ni por ser perfecta, sino porque allí estas cosas dejaron de ser promesas. En varios corredores, cada unidad está identificada, monitoreada por GPS y vinculada a un operador responsable; si incumple, no hay regateo: sale del sistema. Desde la propia unidad, con un código QR visible que cualquiera puede escanear, el usuario puede reportar un incidente, generar un folio y obligar a una respuesta institucional, mientras aquí seguimos discutiendo intenciones; allá el problema dejó de ser el chófer y pasó a ser la estructura que lo pone en la calle.

Oficio tras oficio, ventanilla tras ventanilla, abogados, audiencias, papeles. El sistema no te derrota con argumentos: te derrota por desgaste. Es una fatiga institucional que blinda a buenos quiteños como Claude, quienes intentan, siempre sin éxito, formalizar sus reclamos.

Al final, uno no se pregunta solamente quién tiene la culpa, sino cuánto más puede aguantar una ciudad antes de dejar de insistir.

CASO #18• El punto ciego de Quito

diciembre, 14 , 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

La realidad a veces revela sus carencias sin ruido, sin malicia.
Hace un mes lancé una encuesta en X para elegir el próximo Caso para la ciudad. Cuatro opciones: constituyente, ríos, mascotas y personas con discapacidad. Esta última fue la menos votada.

No escribiré sobre este tema por victimismo ni por moraleja. Lo hago porque ese resultado —pequeño, casi invisible— dice mucho sobre una ciudad que todavía construye obra pública como si ciertas realidades no existieran, o fueran siempre de otros.

A mí me tocó entenderlo de la forma menos académica posible: tres veces terminé siendo empujado en silla de ruedas por ciudades que no eran mías, viviendo —a la fuerza— una experiencia construida que yo no elegí. En ese modo uno no “opina” de la vereda. La padece. Y sí: también maldice a quien la dejó así.

Fuera del molde hay gente de carne y hueso. Tres amigos, por ejemplo.

Fuad, reumatólogo, docente en la USFQ, usuario de silla de ruedas. El Municipio lo invitó a probar una rampa recién hecha tras una sentencia judicial. En el papel, perfecta. En la realidad, la silla volcó hacia atrás. No por mala suerte: por geometría. Pendientes imposibles en el Centro Histórico, texturas que frenan, bordillos traicioneros. Para él, Quito es una postal que, al recorrerla, se convierte en campo minado.

Roberto, paisajista, entre muletas y silla desde hace treinta años. Ha visto normas endurecerse y arquitectos sensibilizarse. Pero queda la viveza criolla local: el “solo un minuto” en el espacio reservado; el “dele nomás, sí sube” frente a una rampa al 20 %. En Estados Unidos lo multaron con 2.000 dólares por estacionar sin credencial visible. Lección aprendida: las normas de accesibilidad no viven de la buena onda solidaria. Se sostienen con control; después, con costumbre.

Gregorio, músico, estudiante de Derecho, con discapacidad visual, recorre Guayaquil con bastón y su mapa mental… hasta que un día un cable tensado para sostener un poste le cruzó el cuello. El bastón alcanza lo que alcanza; el resto depende de la improvisación diaria. Un auto en la acera lo expulsa a jugarse la vida. Un árbol nuevo, mal colocado, le cierra el paso hacia un lugar donde ningún mapa mental sirve.

En Quito, además, la topografía no perdona. Hay barrios enteros donde cada paso se piensa dos veces. Y ahí aparece el problema de fondo: no basta una rampa “correcta” en la esquina si, vereda arriba, cada predio hace lo que le da la gana. Uno mete gradas. El siguiente cambia la cota. Más allá, la rampa termina en el vacío. Veredas a mordiscos. Imposible en silla, traicionera con bastón, inestable incluso para quien camina confiado. Quito logra algo insólito: te ayuda a subir para dejarte atrapado tres metros después.

Todo esto ocurre no por ausencia de reglas, sino a pesar de ellas.

El marco jurídico existe. La Constitución reconoce derechos y garantías de accesibilidad. La Norma Ecuatoriana de la Construcción incluye el capítulo de Accesibilidad Universal (NEC-HS-AU) y define la “cadena de accesibilidad”: no un gesto aislado, sino un recorrido continuo, sin cortes absurdos. Existen también normas INEN adoptadas y listados técnicos de acceso público.

Pero en la calle esa cadena se rompe a cada rato: porque nadie responde por la cuadra completa. Porque se diseña mirando el plano y no el cuerpo. Porque se fiscaliza con el ojo y no con la cinta métrica. Porque se inaugura antes de recorrer.

Conviene ser precisos con los datos. En Ecuador se habla de 1,1 millones de personas con discapacidad (cifra difundida en reportes basados en INEC), mientras que el registro administrativo nacional muestra una cifra menor, alrededor de 487.542 personas registradas en cortes recientes. No es contradicción moral: es la diferencia entre medición estadística y registro. En cualquier caso, el número no es pequeño. Y la ciudad sigue diseñándose como si lo fuera.

La brecha es operativa. Diseñamos sin usuario real. Fiscalizamos sin medir consecuencias. Inauguramos fotos que no encuadran todo el trayecto. El podotáctil aparece interrumpido por postes o macetas. La rampa “cumple” el plano, pero no la cuadra.

¿Hay opciones para mejorar? Sí. Sin milagros de presupuesto. Sin épica. Con administración básica.

Auditar veredas, cruces y paradas de forma periódica, con mapas abiertos y responsables claros: quién contrató, quién fiscalizó, quién recibió. Lo que no se mide, en Quito se vuelve paisaje.

En la obra privada formal, las normas exigen cumplir para aprobar planos y luego obtener el permiso de habitabilidad. En el espacio público, en cambio, el cuerpo —y nuestros tributos— terminan pagando la cuenta: contratistas que entregan “tramos” y nadie que responda por el recorrido completo. La regla debería ser simple: sin certificación independiente de accesibilidad, no hay recepción de obra. Mucho menos inauguración.

Y lo más barato —y más honesto— es probar rutas con usuarios reales: silla, bastón, ojos cubiertos. No como show. Como verificación. El cuerpo mide mejor que cualquier papel.

Tal vez el error sea pensar que este es solo un problema técnico. Quizás es algo más incómodo: diseñamos sin mirar porque mirar obliga a quedarse, a corregir, a admitir que la ciudad falla en lo cotidiano.

Quito necesita eso: medir, corregir, publicar… y volver a empezar.
¿Estamos dispuestos a recorrer la cuadra completa antes de cortarla para la foto?

Una ciudad se mide por lo que decide no mirar.
Y cuando ajusta el retrovisor, descubre que el punto ciego estaba lleno de cuerpos esperando pasar.

FUENTES CONSULTADAS:

  1. Constitución de la República del Ecuador (2008), derechos de las personas con discapacidad.
  2. Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento (art. 17).
  3. NEC-HS-AU — Accesibilidad Universal (Norma Ecuatoriana de la Construcción).
  4. NTE INEN ISO 21542 — Accesibilidad del entorno construido.
  5. RTE INEN 042 — Accesibilidad al medio físico.
  6. NTE INEN 2854 — Pavimento podotáctil.
  7. Normas INEN complementarias (rampas, bordillos, veredas, estacionamientos accesibles).
  8. INEC — Encuesta Nacional de Discapacidades.
  9. Municipio de Quito — Evaluaciones de accesibilidad en veredas (2020–2023).
  10. Municipio de Guayaquil — Informes técnicos sobre rampas accesibles (2021
  11. Fuad Terán (Quito).
  12. Roberto Lizarralde (Quito).
  13. Gregorio Álvarez (Guayaquil).
  14. Varios Artículos María Teresa Donoso

CASO #17• Quito.exe

El sistema pide reiniciarse

diciembre, 7 , 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

Quito funciona como un dispositivo viejo: cambia la carcasa, actualiza el fondo de pantalla, presume filtros nuevos… pero el sistema operativo sigue fosilizado en otra época. La ciudad se cuelga en lo esencial, se calienta en lo cotidiano y, aun así, nos venden cada elección como si fuera la gran actualización. Brillo nuevo, rendimiento inmóvil.

En arquitectura manda lo invisible. El suelo decide antes del trazo. La topografía dicta movimientos previos a cualquier calle. La luz define confort antes de que exista una ventana. El comportamiento humano anticipa diseño.
Ese orden —metodología antes que obra— sostiene todo. Cuando se rompe, la estructura cede. Una ciudad no escapa a esa lógica.

Quito arrastra un defecto de fábrica: cada administración borra la memoria del sistema, reescribe procesos, reinventa trámites y vuelve a instalar la misma app rota. Las responsabilidades cambian de dueño, las decisiones se contradicen, y los proyectos nacen sin compatibilidad entre sí. No es mala suerte; es un diseño fallido.

Conviene recordar algo que casi nunca se explica: “Distrito Metropolitano” no es un adorno institucional, es una figura constitucional con licencia para operar con un Estatuto Autonómico. Esa es la arquitectura legal que permite que una ciudad compleja funcione como ciudad compleja.
Quito lo obtuvo en 1993, lo ratificó en 2008… y ahí se quedó: en la carpeta de descargas. Quince años sin activar el software.

La propuesta más sólida apareció en 2017: un sistema claro de competencias, planificación integrada y jerarquías que no dependían del humor del día. Tres años después, otro diagnóstico confirmó el daño: el Estado central comparte el mismo cuerpo con la ciudad, y ese accidente anatómico diluye el músculo local. El resultado es predecible: prioridades nacionales que aplastan necesidades urbanas básicas.

Y surge la pregunta inevitable —y legítima—:
¿cómo entender que un alcalde que ayudó a abrir la puerta constitucional para este Estatuto no haya movido un solo tornillo para levantarlo?
La respuesta es estructural, no personal: un sistema con límites, controles y verificaciones reduce la discrecionalidad política. Y la discrecionalidad es la droga favorita de cualquier administración que piense más en la reelección que en la ciudad.

Mientras tanto, las señales están en la calle. Servicios que no conversan entre sí. Obras que no anticipan a la siguiente. Tiempos institucionales que jamás calzan. Un cuerpo con órganos descoordinados intentando trotar en una loma. Nada fluye donde no existe un núcleo operativo.

Insistir en agregar infraestructura sin estructura es seguir parchando un teléfono que ya pide reinicio.


Lo urgente es el núcleo: jerarquías definidas, reglas exigibles, consecuencias claras, y una arquitectura institucional que aguante más que un periodo electoral.

Eso propone el Estatuto Autonómico:
— Unificación operativa para movilidad, suelo, seguridad, ambiente y riesgos. Una sola ruta, un solo responsable.
— Consejos zonales con recursos propios: el territorio decidiendo sobre el territorio.
— Parroquias y comunas con competencias reales, no simbólicas.
— Planificación integrada: suelo, banco de suelo, tanteo y retracto funcionando como engranaje técnico, no como consulta decorativa.
— Órganos con blindaje profesional: mérito, no compadrazgo.
— Lógica regional: agua, movilidad y cuencas pensadas como red —lo mínimo para una capital situada entre quebradas y volcanes.

Pero hay un vacío que debemos corregir si queremos un sistema funcional:
los deberes ciudadanos.

Una autonomía moderna no se sostiene solo con garantías. Necesita obligaciones verificables: cuidar el espacio común, respetar normas básicas, asumir consecuencias cuando se incumple. No se puede exigir un sistema operativo moderno si el usuario insiste en forzar la pantalla con llaves. Corresponsabilidad o declive: no hay tercera vía.

Ahí entra la suprapolítica: una disciplina que ordena antes de actuar, profesionaliza antes de inaugurar y alinea a la ciudad antes de moverla. Lo contrario al espectáculo: decisiones que funcionan aunque nadie las aplauda. Gobernanza en vez de “gestión”. La primera piensa; la segunda reacciona.

El Estatuto no está muerto: está suspendido, como un programa que nunca terminó de instalarse. Podemos actualizarlo, adaptarlo y enlazarlo con lo que estos años de desgaste nos han enseñado. La premisa debería ser compartida:

Esta capital no falla por falta de obras. Falla por falta de sistema.
Y cuando el sistema pide actualizarse, ignorarlo solo agrava el daño.
Quien esté al frente debe instalar el software; si no, no sirve.

FUENTES CONSULTADAS:

  1. Instituto de la Ciudad (ICQ).
    Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito — Versión Final 211117 (2017).
  2. Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) – Fernando Carrión.
    Sobre el Estatuto Autonómico del Quito Distrito Metropolitano (2020).
  3. Paulina Cepeda, FLACSO.
    Ciudades Capitales en América Latina (estudio comparado).
  4. Constitución de la República del Ecuador (2008).
    Artículos 242, 247, 264, 171 (régimen territorial, competencias municipales, parroquias y comunas).
  5. Ley del Distrito Metropolitano de Quito (1993).
  6. Registro Oficial de la República del Ecuador.
    Publicaciones relacionadas con la normativa del DMQ y su ratificación constitucional (2008).
  7. Entrevistas públicas, planes de gobierno y declaraciones oficiales (2023–2025)
    del alcalde y del Concejo Metropolitano sobre autonomía, planificación y competencias.
  8. Contraloría General del Estado.
    Informes sobre gestión y funcionamiento de empresas públicas metropolitanas.
  9. Estudios y reportes técnicos sobre gobernanza urbana y descentralización
    (fuentes abiertas verificadas entre 2023–2025).

Esta capital no falla por falta de obras. Falla por falta de sistema.
Y cuando el sistema pide actualizarse, ignorarlo solo agrava el daño.
Quien esté al frente debe instalar el software; si no, no sirve.

CASO #16• Ciudad de animales.

noviembre, 30, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

En Quito, a las 6:45, en cualquier parque como El Ejido —donde el sol quema y las sombras escasean—, ocurre la escena conocida: distraídos por las pantallas que empapelan la ciudad, esquivamos —literalmente— un problema primitivo y fecal.
Imagina a una madre empujando un cochecito, zigzagueando entre minas caninas mientras el dueño scrollea memes: el perro mira al dueño y la caca queda donde estaba.
Urbanismo a escala individual: si no ordenamos la acera, difícilmente ordenaremos algo más complejo.

El dato frío cambió hace rato nuestro panorama: en Quito ya hay más perros y gatos (1,08 millones) que niños y adolescentes (700 000).
Ecuador suma 7,6 millones de mascotas, y la densidad canina pasó de 107 a 542 perros/km² en cinco años.
Del total, el 16,5 % tiene tutor responsable, el 16,5 % vive en abandono y el 67 % es “semilibre”: desayuna en la cocina, almuerza en la vereda y cena en el parque.

Seguimos planificando como si la familia típica fuese “dos adultos + dos niños”.
La estadística muestra otra cosa: dos adultos + un perro (y un gato que administra el hogar… y probablemente la agenda del dueño).
La ciudad cambió más rápido que sus ordenanzas.

I. La ciudad que convive sin correa (con minúscula)

El problema no solo está en la superficie —cacas, perros sueltos, ruido—.
Por dentro, es un ecosistema urbano, casi darwiniano, donde cada uno impone sus reglas afectivas a los demás.

Las heces huérfanas concentran bacterias y, con cada lluvia, también contaminan el agua. Varias ciudades ya las clasifican como residuo peligroso urbano.
En América Latina, la combinación “perros sueltos + baja recolección” aumenta riesgos de zoonosis y mordeduras, sobre todo en zonas vulnerables.

La fauna urbana tampoco es homogénea: se concentra donde hay menos servicios veterinarios, menos control y más residuos.
La gestión animal —o su ausencia— es un indicador de asimetría social.

Parques y veredas se han vuelto territorios en disputa: unos se sienten expulsados; otros, con derecho absoluto.
No odio a los perros; detesto el caos que permitimos.
Esto no va de afectos; va del derecho real al espacio público.

Los perros sueltos alteran la fauna silvestre, las aves y la calidad del agua, y son parte del metabolismo urbano que, sin datos claros, produce impactos sin mitigación.
Sin datos no hay mitigación.

En gobernanza, la OMS y la OIE recomiendan programas estructurados, con métricas y continuidad.
En Quito, los esfuerzos existen… pero no interoperan, no se evalúan y no tienen continuidad garantizada.
Dicho simple: convivimos con animales, pero la ciudad misma no está domesticada.

II. Salud pública, movilidad y vivienda: ejes desconectados

Se suele hablar de mascotas desde la ternura, pero el núcleo es salud pública: residuos, parásitos, mordeduras, perros que comen basura… riesgos sanitarios que se acumulan.
Esto no es anecdótico: es infraestructura de calle y de barrio.

Luego está la abuela del Trolebús, asustada por un perro grande sin bozal. Ese susto es planificación fallida.
El Municipio aprobó que solo viajen mascotas de menos de 10 kg dentro de un kennel.
Como quiteño que camina estas calles, veo la lógica y la respaldo: en un sistema masivo y cerrado, la seguridad importa.
¿Perfecta? No.
¿Lógica? Sí.

Y dejo una pregunta —con humor, pero en serio—:
¿regulamos por kilos, por conducta… o por ese sentido común ecuatoriano que funciona como Wi-Fi: aparece cuando quiere?

Lo que no puede pasar es fusionar, por ejemplo, el Trolebús con un vehículo de rescate animal.

Finalmente, la vivienda.
El mercado privado ya se adaptó: pet-spa, terrazas, drenajes, áreas de paseo.
La arquitectura reconoce al animal como usuario. La demografía ya no es solo bípeda.
La planificación pública sigue con el manual de hace veinte años.

III. Siete líneas de acción — abiertas, discutibles y ejecutables

Antes de proponer, una aclaración necesaria: no pretendo tener la verdad absoluta.
Trabajo con datos, observación y sentido urbano.
Estas líneas no son certezas: son insumos para Municipio, ministerios, ONGs, academia y ciudadanía organizada.

Registro Municipal Único interoperable (QR).
QR en el collar; base conectada con INEC y UBA; actualización automática de vacunas y esterilización.
Planificación, no castigo. (Referencia: REMETFU)

Parques caninos con estándar técnico.
Drenaje, sombra, bebederos, cierre y mantenimiento garantizado.
Zonas densas primero. Improvisación nunca. (Ej.: Bogotá)

Sanción aplicable, no decorativa.
1.ª falta: limpieza inmediata + microcurso digital.
2.ª: trabajo comunitario.
3.ª: multa asociada a la cédula.
Todo vía QR. (Ej.: Ciudad de México)

Esterilización con metas públicas.
Reducir animales en calle en un 30 % en cinco años.
Auditoría universitaria y continuidad asegurada. (Ej.: Belo Horizonte)

Movilidad con protocolo técnico.
Horarios valle, sección específica, bozal para perros > 20 kg.
El peso es parte del criterio, no el único. (Ej.: Barcelona / Santiago)

Manual de Diseño Urbano y Arquitectónico.
Normas mínminas para pisos, drenaje, áreas verdes y espacios comunes.
No es para arquitectos: es para que lo cotidiano funcione mejor. (Ej.: Melbourne)

Comunicación basada en evidencia.
Riesgos sanitarios, costos de limpieza, tenencia responsable vs. abandono, casos que funcionan.
Corresponsabilidad: Municipio + tutor + comunidad. (Ej.: Toronto)

Estas líneas no resuelven el tema por sí solas, pero sí abren un debate adulto, lejos del sentimentalismo y del enojo de fin de semana.
Este no es un artículo para cerrar nada: Quito necesita que este tema deje de ser anecdótico y se convierta en política pública.

La convivencia humano–animal cruza salud pública, planificación, movilidad, desigualdad, normativa y hábitos cotidianos.
Hay mucho por entender, ordenar y decidir.
Quito nos adiestra o nos muerde.
Elijamos lo primero.

Fuentes

  1. Samartino, L. & Eddi, C. (s.f.). Zoonosis de las Áreas Urbanas y Periurbanas de América Latina. CIAP. ciap.org.ar
  2. Universidad Central del Ecuador. (2019). Tesis: Caracterización de la población de perros y gatos en Guayaquil (Facultad de …). UCE. dspace.uce.edu.ec
  3. M. J. Vera Pillajo. (2024). Estimación poblacional de caninos y felinos en situación de calle. UPS. Dspace UPS
  4. Vega Arévalo, H.A. (2024). El abandono de animales en América Latina: estudio cualitativo-cuantitativo. UCE. dspace.uce.edu.ec
  5. Sánchez, L.M.E. (2023). Importancia del manejo de la población canina en México. CIBA. ciba.org.mx
  6. “En Quito hay un promedio de 542 perros por kilómetro cuadrado.” (2025, Abr. 7). Ecuavisa. www.ecuavisa.com
  7. “En Quito hay un perro callejero por cada 19 habitantes.” (2024, Feb.) EcuadorChequea. Ecuador Chequea
  8. “¿Cuántos animales en condición de calle hay en Quito?” (2024, Feb. 16). QuitoInforma. quitoinforma.gob.ec
  9. “En Quito hay alrededor de 97.000 perros callejeros.” (2024, Feb. 14). Primicias. revistagestion.primicias.ec
  10. “Estimación de la población de perros y gatos en …” (2024, Ene. 4). RECIEÑA / ESPOCH. reciena.espoch.edu.ec
  11. Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2001). Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. Washington, D.C. www3.paho.org
  12. Samartino, L. (2006). “La zoonosis como Ciencia y su Impacto Social.” Redalyc. Redalyc

Hay mucho por entender, ordenar y decidir.
Quito nos adiestra o nos muerde.
Elijamos lo primero.

CASO #15• Mi yo de 25 años tenía razón.

noviembre, 23, 2025 • Tiempo de Lectura: 2 minutos

En diciembre del 2001 entregué el trabajo final de Theory of Contemporary Architecture en la Universidad de Oregon, donde fui becario. Lo titulé The Other Side (Everyday Architecture). Lo imprimí en una impresora con ruido a mimeógrafo y lo entregué convencido de que era profundísimo.

A esa edad todavía rondaba la sombra de Le Corbusier: el mito de que, para ser arquitecto, había que usar gafas raras y hablar como si uno hubiera inventado el hormigón armado. Yo ya sospechaba que ese disfraz nunca me iba a quedar.

Hoy lo releo y me doy cuenta: más que profundo, era transparente.
Y por eso vale.

A los 25 años ya desconfiaba del arquitecto que se toma demasiado en serio. Decía que la teoría podía volverse una jaula brillante donde todos repiten palabras importantes sin decir nada realmente útil. Que la escuela me estaba malcriando —un poco—, que las formas podían ser una coartada para olvidar la vida y que el verdadero riesgo no era el error técnico, sino el ego estético.

Lo leo y sonrío: sin saberlo, estaba describiendo los males que después vería a escala urbana, institucional y política.

Escribí, sin entender del todo la bomba que soltaba, que la arquitectura debía ser “sentida por la gente común y entendida por los intelectuales”. Hoy esa frase es mi síntesis: la ciudad no necesita explicaciones sofisticadas; necesita resonancia humana. Claridad, coherencia y sentido común. Lo mismo que pedía ese estudiante del 2001, ahora aplicado a vivienda, movilidad, seguridad, espacio público y gobernanza.

Hablaba del Genius Loci —sin saber pronunciarlo— como deber ético, no como misticismo. Hoy sé que es pura lógica: intervenir sin leer el espíritu del lugar es lo que nos tiene llenos de plazas desconectadas, vallas absurdas, barrios rotos y decisiones tomadas de espaldas a la gente.

El Esteban del 2001 detestaba la monumentalidad innecesaria.
El del 2025 detesta la política instrumentalizada y espectacular.
Cambiar de escala no cambia de enemigo.

El estudiante se advertía del arquitecto narcisista; el adulto señala al funcionario performático. Ambos pelean contra el mismo virus: la forma sin consecuencia.

Hubo años —entre 2010 y 2020— en que estuve peligrosamente cerca de convertirme en lo que criticaba. La práctica, el aplauso fácil y las expectativas ajenas son tentaciones silenciosas. A veces basta una decisión cómoda para torcer la brújula.

Releer el ensayo del 2001 fue un correctivo existencial: la brújula seguía en el bolsillo izquierdo de la camisa. No solo como metáfora, sino como herramienta práctica: cada enero releo esos principios y me pregunto, ¿esta decisión de proyecto puede explicarse en un minuto a quien vivirá con ella? ¿Resuelve algo real o solo alimenta mi portafolio?

Publico esto para mantenerme en eje. Porque en esas páginas juveniles, escritas con inocencia pero con verdad, está la misma obsesión que hoy guía todo mi oficio: cruzar cada día la línea entre arquitectura y vida, entre teoría y práctica, entre discurso y consecuencia.

Esa línea no desaparece: solo se mueve.
Y hay que cruzarla con las manos sucias —bajando del render a la obra, escuchando al maestro que señala un error, teniendo el valor de cambiar— para no quedarse en el lado cómodo.

Han pasado casi 25 años y hoy, habiendo duplicado esa edad, reafirmo en plena conciencia que la arquitectura y la ciudad germinan de lo cotidiano.
Y sigo sin comprarme las gafas raras.
La ciudad —que tiene buena memoria— me lo agradecería.

El Esteban del 2001 detestaba la monumentalidad innecesaria.
El del 2025 detesta la política instrumentalizada y espectacular.
Cambiar de escala no cambia de enemigo.

CASO #14• Machángara: la mierda que el Municipio pretende perfumar.

noviembre, 16, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

Lo confieso sin remordimientos: soy más de ciudad que de campo. Las urbes me serenan. El campo me atrae, pero con un tope de ocho horas. La playa me agota aún más rápido. Nunca fui de campamento ni mochilero. Y, aun así, desde chico, me revuelve las tripas ver cómo tratamos al entorno natural como basurero de feria. No por postureo ni por activismo ecológico: por pura vergüenza.

Pocas vergüenzas superan lo que le hemos hecho al Machángara.

El 29 de mayo de 2024, antes de que el alcalde de turno posara en las fotos, un puñado de ciudadanos decidió plantarse de una vez. Entre quienes empujaron la acción de protección figuraban el Cabildo Cívico de Quito y el Pueblo Kitu Kara, para quienes el río no es un accidente urbano: es herencia ancestral. Más de 40 colectivos ambientales, urbanos y barriales juntaron pruebas, recorridos y estudios para demostrar lo obvio: el Machángara no está “olvidado”; lo hemos violado sistemáticamente durante décadas.

Mucho de lo que relato aquí surge del testimonio directo de María Elena Rodríguez y de la información aportada por Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico. Su narrativa —cruda, sin filtros— revela que esto no fue un arranque impulsivo, sino un año entero de trabajo para darle voz a un río mudo ante el Estado.

Y aquí conviene poner el espejo también del lado de la ciudadanía, no solo del Municipio. Quito genera alrededor de 2 000 toneladas de basura al día, en su mayoría doméstica, y buena parte termina donde no debe: quebradas usadas como vertederos improvisados —La Gasca, El Tejar, La Tola y tantas otras que bajan del Pichincha arrastrando bolsas, plásticos y escombros que nadie reconoce como propios. Y no es solo un problema del “Quito duro”: en los valles de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Los Chillos, ríos como el San Pedro o el Pita arrastran aguas servidas y residuos que tarde o temprano desembocan en el mismo sistema Guayllabamba–Esmeraldas. No toda la contaminación del Machángara viene de tuberías clandestinas: una parte nace en nuestras casas, negocios y barrios, y viaja río abajo sin firma ni responsable. Esa sombra también es nuestra.

Los jueces lo captaron mejor que varias alcaldías: un río convertido en alcantarilla abierta no solo pisotea los derechos de la naturaleza, sino los de 2,7 millones de quiteños que merecen un entorno mínimamente decente. Además, aquí cabe la comparación que arde: mientras Quito celebra su 2,8 % de tratamiento de aguas servidas como si fuera un trofeo, Cuenca ya trata el 95 % gracias a ETAPA EP y su planta Ucubamba. En julio de 2025 adjudicaron la construcción de Guangarcucho, la obra más grande en su historia (USD 65,7 millones), que llevará a Cuenca al 100 %.

Guayaquil hoy trata más del 60 %, y con las PTAR Esclusas, Los Merinos y Mi Lote llegará al 100 % en 2026.

No es casualidad: es negligencia estructural.

La sentencia fue un mazazo de 27 medidas obligatorias con plazos de 6, 12 y 24 meses. Sin pretextos presupuestarios ni malabares interpretativos. Y no son medidas abstractas: son tareas concretas que cualquier ciudad seria ya habría iniciado. No voy a enlistarlas todas aquí —la sentencia completa se puede descargar al final del artículo—, pero comprende obligaciones municipales como: plantas de tratamiento pequeñas y medianas en puntos críticos; separación estricta de aguas lluvias y servidas; soluciones basadas en la naturaleza; control industrial con sanciones reales; restauración de riberas con vegetación nativa; y un monitoreo quincenal transparente, construido junto a colectivos ciudadanos y la Defensoría del Pueblo.

Y un punto adicional que el Municipio parece haber “cumplido” a medias:
la sentencia obliga a incorporar educación ambiental y a mostrar el documental La vida de un río en escuelas municipales. Lo hicieron —pero sin un programa integral que forme criterio, solo como trámite fácil para la foto.

Es diáfano.
Es inapelable.
Es urgente.

Pero Quito domina el arte de la cosmética burocrática. Ni bien salió el fallo, el Municipio desempolvó su libreto: “es imposible”, “no da el tiempo”, “no hay plata”, “no nos toca”. Luego vino el circo de las mesas técnicas: cuarenta burócratas por sesión, discursos repetidos y una creatividad usada exclusivamente para producir excusas. Incluso firmaron un acuerdo para estirar plazos; el juez lo rechazó sin pestañear.

La sentencia sigue intacta.
Así que, señores del Municipio: a remangarse.

Desde entonces, el cumplimiento parece un carnaval de disfraces: tres árboles torcidos como “restauración ecológica”; un cerco de pingos azul y rojo como “protección ribereña”; un talud cubierto con tela como “solución natural”; y una gira con cámaras como “inspección”. Y, para rematar, intentan “perfumar” la escena con un popurrí de promesas vacías, como si un río pestilente se arreglara con flores secas. Ninguna medida tiene escala ni coherencia frente a un río que atraviesa media ciudad y descarga tóxicos hasta el Pacífico.

Ahí está el desastre.
Quito apadrina una tragedia hídrica que ya huele a nivel nacional.

El vacío más hondo es técnico y político: la sentencia omitió indicadores específicos. Sin ellos, cualquier improvisación se vende como “avance”. El diagnóstico profundo —la obligación inicial— debía entregarse hace más de un año. No existe. Juraron diciembre de 2025.
Queda medio mes y, al paso que van, parece que esperan que llegue por Rappi.

Los recorridos con la Defensoría lo dejan en evidencia: descargas crudas, tuberías al aire, basura amontonada, riberas desiertas. Y la AMC, como siempre, ausente. Quito fabrica excusas con la misma eficiencia con la que produce aguas negras: sin procesar.

Mientras tanto, el Plan de Acción Climática Quito 2025 plantea que para 2027 llegaremos apenas al 3,47 % de tratamiento. Recién para 2034 aspiran al 10 %. Un chiste de mal gusto para una capital andina del siglo XXI.

La sentencia creó algo inédito: las Guardianas del río Machángara, un frente ciudadano que vigila el cumplimiento. Colectivos, barrios, organizaciones y defensoras que conocen el río mejor que muchos ingenieros. El fallo ordena colaborar con ellas.
¿Ha ocurrido?
Ni una sola vez.

Aquí la rabia deja de ser verde y se vuelve urbana: ningún río se recupera sin indicadores reales, sin una línea base seria, sin control industrial firme, sin datos públicos ni participación auténtica. Nada de eso existe hoy. Mucho menos si el “avance” municipal se limita a álbumes de selfies y giras guiadas.

La sentencia está.
La evidencia también.
Lo que falta es voluntad política —y ciudadanía activa.

Porque un río no se perfuma.
Se limpia.
Y ese trabajo, más temprano que tarde, tendrá culpables con nombres propios.

El Machángara no perdona.

Documentos de referencia (descargables):
A continuación incluyo tres documentos esenciales para comprender —sin maquillaje— el marco jurídico, técnico y ciudadano detrás de la sentencia del Río Machángara:

  1. Sentencia completa del caso Río Machángara (PDF).
    El fallo original: derechos vulnerados, medidas obligatorias y creación de las Guardianas del río.
  2. Matriz de seguimiento y cumplimiento (Excel).
    Todas las medidas, responsables, plazos y vacíos detectados en las mesas técnicas.
  3. Elementos clave de la sentencia (DOCX).
    Síntesis jurídica: derechos reconocidos, obligaciones municipales y alcances de las reparaciones ordenadas.

Llamado a la acción

Recomiendo La vida de un río, documental de Jorge Juan Anhalzer y Naia Andrade: sigue el recorrido de un río ecuatoriano que muta de nombre, paisaje y heridas (Gualpaloma, Pita, San Pedro, Guayllabamba, Esmeraldas).
Seiscientos kilómetros sin maquillaje oficial.
Si no te remueve, revisa tu pulso.

Este filme debería ser obligatorio en las escuelas: no para crear ecoguerreros, sino ciudadanos que entiendan que un río es una vena viva, no un desagüe.

Ministerio de Educación: currículo ambiental listo. Solo proyecten.

Y tú, lector: involúcrate. Únete a las Guardianas (@guardianas_rio_machangara), presiona, firma.
No esperes que llegue por Rappi.
Actúa. El Machángara no espera.

El Machángara no es papeleo. Es un umbral ético. No cuelga de un alcalde ni de un discurso. No expira con un período. No se maquilla. Y mucho menos se perfuma.

CASO #13• El Estado clonado. Primera propuesta del proyecto AURA

OJO: Puedes descargar PDF V.01 de manifiesto de proyecto AURA al final de esta entrega.

noviembre, 9, 2025 • Tiempo de Lectura: 3. minutos

En 2008, el 62 % de los ecuatorianos vivía en ciudades. Hoy superamos el 65 %, y hacia 2050 el mundo se encamina al 70 % urbano, según la ONU-Hábitat y el Banco Mundial. Ecuador no es la excepción.

Aun así, las aguas lluvias y las servidas siguen compartiendo tubería en amplias zonas. Una proporción altísima de viviendas en Quito se levantó sin control técnico suficiente (no se diga el resto del país). Somos un país urbano con ADN rural: planificamos con machete y morimos en ventanillas.

Mientras la ciudad crece, el Estado sigue legislando como si todo fuera una gran hacienda con Wi-Fi.

La paradoja es simple: hay normas, pero falta estructura ética y pragmática.
El desorden de lo indescifrable es nuestro idioma oficial.

Nuestro sistema de planificación podría ser una materia en Hogwarts. La Constitución es la varita mayor. Debajo operan, en cascada, el COOTAD, que reparte competencias; la LOOTUGS, que regula el suelo; los PDOT y PUGS, que ordenan el territorio local; y la SOT-IPSOT, que registra y valida técnicamente.

Si las pronuncias seguidas —“COOTAD-LOOTUGS-PUGS”— el conjuro deja al ciudadano petrificado y sus necesidades congeladas:
«Vuelva nomás mañana, porque el sistema se cayó.»

¿Demasiadas siglas? No es tu culpa.
Si te aburriste, abajo hay un gráfico y un manifiesto para ampliar lo que estas mil palabras ya no pueden.

Veinte constituciones y más de trescientas enmiendas después, seguimos creyendo que el cambio empieza en la tinta. Cada gobierno reescribe el hechizo y se proclama fundador de un nuevo país. Sobran artefactos estatales: un nudo gordiano que urge cortar.

La crisis no es solo constitucional ni institucional: es sistémica.
La pirámide de Kelsen ordena las leyes desde arriba, pero el territorio se desordena desde abajo. Entre la norma y la obra se pierde la coherencia. Cada nivel de gobierno interpreta su competencia como feudo, y cada reforma repite el ciclo del hechizo inútil.

Hace veinticinco años, Medellín vivía su propio caos. Respondió con método, no con eslogan: un Plan de Ordenamiento Territorial con horizonte largo y revisiones periódicas; una agencia híbrida —Ruta N— que articula gobierno, academia y empresa privada; y mesas multidisciplinarias donde arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos y comunidades deliberan juntos. Cinco gobiernos distintos después, la misma visión urbana sigue vigente.
No hubo magia: hubo estructura y confianza.

Ecuador tiene instituciones y datos equivalentes, pero los mantiene dispersos y sin una mesa común donde sentarse.

Lo que falta no es más política, sino un mecanismo técnico de continuidad:
una mesa suprapolítica que mantenga el orden cuando los gobiernos cambian.

Podríamos llamarlo —provisionalmente— Sistema Nacional de Gobernanza Urbana, mientras alguien inventa un nombre menos burocrático. Yo lo llamo proyecto AURA.

No sería otro ministerio —ya tenemos más siglas que encantamientos—, sino un mecanismo de articulación dentro del Sistema Nacional de Planificación.
Tres verbos bastan: medir, alinear, corregir.

Medir: un tablero público de indicadores comparables —vivienda segura, movilidad sostenible, calidad de ríos, espacio público, residuos tratados, acceso a agua y cumplimiento de planes.
Alinear: revisar cada diez años los PDOT y PUGS frente a metas nacionales verificables, preservando la autonomía de los GAD, pero exigiendo coherencia entre niveles de gobierno.
Corregir: un consejo técnico independiente, rotativo y con datos abiertos que active mecanismos de cumplimiento e incentivos por desempeño.

Ese consejo —núcleo del AURA— estaría conformado por universidades, colegios profesionales, cámaras técnicas, ciudadanía organizada, institutos de investigación, gremios sectoriales y representantes de los GAD.
Su misión no sería legislar, sino evaluar la trazabilidad técnica de las políticas públicas, medir resultados y publicar reportes verificables.
A diferencia de los consejos políticos del pasado, el AURA no nombra autoridades ni reparte poder.

Su composición sería meritocrática y rotativa, elegida por votación interna en instituciones académicas, gremiales y ciudadanas verificadas, con prohibición expresa de ocupar cargos públicos o partidistas.
Su función: auditar con datos, no gobernar con discursos.

Un sistema de fiscalización inteligente, cívico y multidisciplinario que actúe como interfaz viva entre la pirámide normativa y la red social que la sostiene.
El AURA no limita la autonomía de los GAD: la ordena.
No recentraliza: coordina.
No agrega burocracia: agrega memoria.

Su función sería garantizar la continuidad técnica como principio constitucional implícito del derecho a la ciudad.

Otras ciudades ya aprendieron el truco. Curitiba usa su BRT para ordenar densidad y mezcla de usos desde los setenta. Bilbao mantiene su proyecto urbano-cultural con reglas estables más allá de los alcaldes. Seúl restauró el Cheonggyecheon por política de continuidad, no por fetiche de obra. Ninguna inventó ministerios para cada ciclo: consolidaron confianza y evaluación técnica.

Ecuador, en cambio, acumula constituciones y modelos de planificación.
Veinte cartas en dos siglos explican la ansiedad refundacional.
Pero refundar sin evaluar reproduce el mal: más estructuras, menos estructura.

La salida no es otro hechizo, sino un principio de gobernanza suprapolítica que conecte la pirámide con la red.
El nuevo artículo 31 no debería añadir palabras bonitas, sino método y memoria: que la Constitución garantice la continuidad técnica más allá de los periodos electorales.

La ética se hace estructura,
la estructura se hace tiempo,
y el tiempo se hace ciudad

DESCARGA MANIFIESTO PROYECTO SUPRAPOLITICO “AURA” – ARQ. ESTEBAN NAJAS

La ética se hace estructura,
la estructura se hace tiempo,
y el tiempo se hace ciudad

CASO #12• Barrio La Mariscal: Quito ya está construido, solo está dormido.

noviembre, 2, 2025 • Tiempo de Lectura: 3.5 minutos

Los barrios también sueñan.
A veces con sus memorias extraviadas.

En La Mariscal, entre Robles y Jorge Washington, vivían mis abuelos.
Cuentan que Augusto Pinochet —sí, ese mismo—, agregado militar entre 1956 y 1959, dejaba su Cadillac negro atravesado frente al portón.
Mi abuelo, habano en boca, gesticulaba insultos en su idioma natal desde el balcón al general: «¡Sharmuta, te crees dueño del barrio!»… Vaya que el viejo tenía razón.

Años antes, el barrio ya mudaba de piel.
Rosales al frente, pan caliente, madera encerada y las campanas de Santa Teresita marcando la hora exacta: una ciudad de veredas anchas donde el prestigio se medía por la sombra de los árboles.

En la esquina de la Amazonas con Robles abrió La Favorita, el primer autoservicio del país: así como los parachoques cromados de los autos, los fierros del carrito de compras eran símbolos de modernidad.
La Mariscal era el mall antes del mall: fuentes de soda, peluquerías, sastrerías y zapateros con olor a tiza y laca.

Salto a mi adolescencia.
Frente al parque Gabriela Mistral mi familia abrió el Centro de Comidas El Parque.
Yo, con mandil, volteaba hamburguesas y servía helados.
Cada 5 de diciembre el parque retumbaba con bandas de pueblo, trombones y espuma; después, Wilfrido Vargas hasta el amanecer.
Aunque las damas cariñosas de la noche pululaban en sus esquinas, el barrio era seguro.
Bullían Libri Mundi, Café Libro, El Pobre Diablo, Taller Mariscal, Latitud Cero, Liberarte, Q Manía, El Sótano y Cactus Jack: un circuito insomne de arte, música y resaca.

Hasta ahí nomás mi nostalgia, porque no viví el auge de la Plaza Foch.
Les dejo a ustedes contarme la suya.

Ahora quiero hablar de un barrio que sueña con futuro, pero mirando al retrovisor.

Para 2022, anémica, La Mariscal tenía apenas 10 067 habitantes en 130 hectáreas, pero estaba rodeada de nueve universidades, con miles de estudiantes, docentes y profesionales que llegan de día y huyen al caer el sol.
Otros rondan, consumiendo con licencia municipal hasta la madrugada, en un barrio con luces pero sin ojos.
Y cuando nadie mira, las ciudades caducan como la leche, y los oportunistas se la beben sin mirar la fecha.

Aquí, sin embargo, hay todo para revertirlo: servicios, transporte y población suficiente para repoblarla cuando sientan que hay valor real bajo un modelo sostenible para el inversor dentro de un ecosistema cívico, ético y accesible.
Un barrio vivo no se mide por los bares que cierran tarde, sino por las cortinas que se abren temprano.

El acuerdo

Suena mi celular.
La Agencia de Emprendimiento e Innovación (AEI) —con una red de más de 200 empresas y startups ecuatorianas— me pide apoyo.
«Mañana a las ocho», respondí.

Llovía, pero con café en mano nos sentamos con Daniela Sofía Loaiza (CAE-P) y Diego Hurtado (vecino y urbanista).
Decidimos ir sin novelerías: acuerdos reales entre gobernanza, privados y habitantes.
Así se fortaleció el Polígono de Innovación La Mariscal, dentro del Distrito de Innovación: un trabajo conjunto entre empresa, academia y comunidad para probar que regenerar no es expulsar.
Aparentemente, la alcaldía también está alineada para impulsarla; ojalá sea sostenido.

El polígono ocupa siete hectáreas alrededor del parque Gabriela Mistral —entre Colón, 6 de Diciembre, Reina Victoria y Lizardo García—, un nodo de acupuntura urbana diseñado para provocar contagio virtuoso.

El plan

Esperamos llagar a que el 70 % del suelo sea vivienda, con arriendos accesibles para estudiantes, docentes y jóvenes profesionales.
Regular las alturas con sentido: veinte pisos en los ejes Patria y Colón, consolidando los perfiles urbanos formados en los últimos cincuenta años; doce en la 6 de Diciembre y en las avenidas norte-sur, como Río Amazonas y 10 de Agosto; y solo cuatro —más un quinto retraído— en el corazón barrial de la Mariscal.
Esa escala mantiene la relación con las edificaciones tradicionales y evita sombras que rompan la calidad de vida.
Ninguna sombra más larga que la memoria.

Queremos calles vivas, pisos bajos que huelan a pan y a libros, cafés sin cercos ni vallas, donde los árboles marquen el ritmo del la vida moderna.
Reverdecer con techos ajardinados, aceras amplias y pavimentos permeables que filtren agua y esperanza.
Dejar el auto en los bordes y entrar caminando.
Tarifas que lleguen a los vecinos directamente.
Estacionar menos y mirar más.

La seguridad vendrá con inteligencia: tecnología visible e invisible, diseño urbano que permita ver y ser vistos, y vecinos que confíen entre sí, porque la seguridad no se vigila: se comparte.

El CAE-P recomienda, además, preservar los retiros ajardinados y la morfología histórica de La Mariscal —fachadas abiertas, altura coherente y transición suave entre el espacio público y el privado— como garantía de escala humana y bienestar.

El modelo

La AEI ya instaló su sede en las Torres de Almagro (Ponce Bueno y Stadler, 1978).
La UPC del parque Gabriela Mistral fue renovada por empresas privadas, primer gesto concreto de esta alianza entre ciudadanía y empresa.
Urbanistas y arquitectos acompañan con asistencia técnica, urbanismo táctico y seguimiento del plan parcial.

Privado, gremio y ciudadanía: tres fuerzas que rara vez se alinean, hoy tratando de apuntar derecho.
El objetivo no es solo La Mariscal: es crear un prototipo de ciudad posible, en escala manejable hoy, pero escalable mañana.
Suprapolítica.

Si funciona, servirá de molde para otros barrios que todavía no despiertan.
Cuando un barrio funciona, la gente lo respeta y lo replica.
Pasa como con los sánduches y los hot dogs: si uno pega, al mes siguiente hay diez más.
El éxito también se contagia y desplaza lentamente lo indeseable.

Escriban, discrepen, sumen: las ciudades —como los barrios— se perfeccionan cuando se comparten.
Porque las ciudades no se despiertan solas; alguien tiene que encenderles la luz.

Le seguirá la avenida 10 de Agosto. Ya les contaré… caso a caso.

NOTA EDITORIAL: Este texto pertenece a la serie “Quito Caso a Caso”, un proyecto suprapolítico —más allá de partidos o ideologías— que propone leer la ciudad desde su memoria y desde quienes la habitan.

Un barrio vivo no se mide por los bares que cierran tarde, sino por las cortinas que se abren temprano.

CASO #11 • Por abrir la boca (y por abrir el metro)

octubre, 26, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

Las redes, los lectores, los troles y yo mordimos el anzuelo.
Una frase suelta en una entrevista que Primicias publicó el 9 de agosto de 2025 se convirtió, en pocas horas, en un circo digital.
Troles desatados en los comentarios, como si hubiera pateado a su perro.
No hablé de alguien, hablé de algo: de ciudad.
Pero, en esta era frágil, la verdad ofende y se usa para apuñalar desde el anonimato.

Un titular es dinamita con mecha corta.
Este tenía lo justo: dos palabras infladas y una coma mal puesta.
Fui tendencia, banquete y meme por dos días.
Leí los comentarios con risa y fascinación antropológica: cientos gritando injurias, como en un partido en el Atahualpa, y otros discutiendo urbanismo, como en un café de la Flacso.

Mientras tanto, Quito seguía igual: una ciudad atrapada entre la grandeza de sus proyectos y la miseria de sus aceras.
Pero, bajo el ruido —digital y literal—, late algo bueno: el Metro de Quito.
Una obra impecable que corre bajo tierra con la precisión que arriba parece un sueño.

Verónica Sevilla, presidenta del sistema, me compartió los números: 105 millones de viajes; 58 % mujeres; la mayoría del sur, donde el tráfico era una condena estática.
Antes, uno podía pasar quince minutos en Quitumbe, varado frente a un bus con «Muñeco de todas, juguete de nadie» en el parabrisas, como si la ciudad se riera de su propio destino.

Los datos de septiembre cuentan más: la mitad de los usuarios son empleados privados; los más frecuentes, entre 18 y 29 años; y le dan al servicio un 9,5 sobre 10.
Más de 107 toneladas menos de CO₂ —como si cinco millones de árboles suspiraran aliviados— le devuelven oxígeno a Quito.

Pero, al salir, la ciudad te cachetea con una vereda rota, como diciendo:
«Bienvenido, gil, aquí no hay final feliz».
El metro corre; la ciudad cojea.

Entre Quitumbe y Labrador, varias estaciones te sueltan en un páramo de vallas y grafitis que gritan “sálvese quien pueda”.
San Francisco, Iñaquito y La Carolina cumplen; demasiadas intermedias te entregan a la nada: sin parques, sin tiendas abiertas, sin vida callejera.

Decir “falta ciudad” no fue un eslogan: fue un grito.
El metro mueve cuerpos, pero no almas si no hay razones para bajarse.
Cada estación debería ser un imán, no una puerta de emergencia.

Imagina un plan barrial: un parque en Quitumbe con bancas y food trucks; una placita en El Recreo con ferias los fines de semana; un mercado artesanal en San Francisco.
No es solo cavar túneles: es hacer que el metro ancle vida, como Medellín con sus bibliotecas parque.

El metro tejió el primer hilo de un manto incompleto: un eje norte-sur que funciona, pero no cose el este-oeste, donde te esperan calles empinadas y smog de diésel.
Los extremos se conectan; el centro se pierde.
Quien vive entre estaciones no tiene por qué quedarse, y quien está cerca empieza su huairasinchi en un Quito que no camina.

Abajo, en el metro, la gente guarda silencio, respeta turnos, cede el paso.
Arriba, reaparece nuestra esencia reptiliana: bocinas, empujones, ansiedad.
Así de brutal es el entorno.


El Metro demuestra que la arquitectura puede domesticarnos…y el urbanismo transformarnos.

La topografía de Quito promete paisajes, pero entrega caos: letreros trepando laderas, avisos en cada milímetro de fachada, veredas que gritan lo que la ciudad calla.
Ahí debería sonar el urbanismo y la arquitectura: silenciosos, persistentes, capaces de coser lo que los planos políticos deshilachan.

El desafío no es hacer más túneles, sino que las estaciones sean portales, no escapes.
Que cada salida invite a caminar, a comprar en un puesto de frutas, a sentarse en una banca que no esté rota.

Los trenes ya pasan, impecables, bajo una ciudad que aún cojea.
Pero cada estación puede ser un nudo que teja Quito: un mercado, una plaza, un rincón donde la vereda no te traicione.
El metro ya llegó; que la ciudad no se quede en el andén.

El Metro demuestra que la arquitectura puede domesticarnos…y el urbanismo transformarnos.

CASO #10 • La valla imperfecta: el crimen perfecto.

El que cumple, pierde.

octubre, 18, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

Ya me obligaron a hablar de las vallas otra vez…
Que conste que quería otro tema esta semana, pero, con sabor criollo, las brutalidades del sistema no paran.

Permítanme: trato de explicar lo inexplicable.
La nueva normativa de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT) —el ente municipal que regula el uso del suelo— no es un trámite más. Es el engranaje de un aparato que tortura al ciudadano.
El Concejo aprueba, las Administraciones Zonales dan licencias y la AMC debería controlar.
¿Lo hace? Juzguen ustedes.

Imaginemos, por un momento, que las vallas son casas. Les cuento de dos vecinos.

El primero, un valiente cumplidor, decide en enero construir su hogar. Se lanza al abismo: contrata arquitecto, presenta planos, paga estudios estructurales, de suelos, replanteo vial… hasta un permiso de aviación civil (sí, ¡para una casa!). Jadeando, logra aprobar planos en noviembre. Pero, en ventanilla, el Municipio le dice:
“Solo tramitamos permisos de construcción (LMU-20) en julio y agosto.”
Ocho meses de espera. Terreno vacío, crédito devorando intereses, sueño en pausa.

El otro vecino, más “avispado”, construyó sin licencia ni planos hace años.
Ahora, con una foto, regulariza todo.
Un reglazo en la mano y licencia renovada por cuatro años.
Así nomás.

Eso plantea la nueva resolución de SHOT para las vallas ilegales: cuatro años de premio al infractor, cuatro años de castigo al iluso formal.
¡Vaya política pública!

Hoy Quito tiene 1 040 vallas publicitarias; 889 (85 %) son ilegales.
Solo 151 cumplen la norma.
La deuda por multas y permisos suma USD 76 millones.
Una sola empresa controla el 40 % del negocio.
Y, aun así, la normativa amplía el cupo a 1 400 vallas, legalizando las ilegales y extendiendo su vida útil.
Un salto del 827 %, disfrazado de “actualización normativa”.

La analogía con las casas es inevitable: el 70 % de las edificaciones en Quito son irregulares, el 80 % vulnerables a un sismo.
Se castiga al que pide permiso; se premia al que construye y pregunta después.
El arquitecto y su cliente formal pagan caro.
El infractor gana estabilidad.
La ciudad pierde.
Pierde paisaje, seguridad, identidad.

Cada valla ilegal es una casa irregular con patas de acero.
Y en lugar de sancionarla, el Municipio la bendice por decreto, con yapa.
Quebradas, cerros, fachadas, espacios verdes —los pocos respiros de Quito— se convierten en soportes de propaganda.
¿Vieron esas cubetas de biscochos gigantes en los edificios?
¿Las Vegas en el Ilaló?

La contaminación visual no es solo estética: fatiga la mente, deforma el paisaje, borra la identidad.
Quito ya no se mira, se alquila.

Así se comete el crimen perfecto:
instala lo ilegal, espera unos años, cambia la norma, y listo.
Sin juicio, sin culpa, sin fianza.
El delito se vuelve trámite; el trámite, negocio.
Y nosotros, con cara de giles, chupándonos el dedo.

Porque en Quito, cumplir es desventaja.
El crimen perfecto no lo comete el que roba…
sino el que legisla para que robar deje de serlo. Al final, dejo la resolución completa de SHOT (PDF) para quien quiera leer —con calma— el guion de este heist municipal.

El crimen perfecto no lo comete el que roba…sino el que legisla para que robar deje de serlo.

CASO #9 • Marroquín y las firmas que son nuestro espejo (o el día que quisimos auto-revocarnos )

Porque no hay líderes fallidos, sino sistemas que los fabrican.

octubre, 12, 2025 • Tiempo de Lectura: 6 minutos

Nota previa:

Esta es la primera entrega de un proyecto cívico que llamo AURA (Alianza Urbana de Renovación y Acción Suprapolítica).

Escribo como ciudadano y ecuatoriano.
No soy neutral.
Defiendo estándares.
No busco convencer; escribo para provocar y ordenar ideas.

El ciclo de la indignación

Cada cierto tiempo miramos nuestro reflejo y no nos gusta. Cambiamos de improvisadores —alcaldes, concejales— y repetimos la misma historia.

En 2025, el intento de revocar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue un eco de esa rutina: se anunciaron cerca de 470 000 firmas, pero apenas 94 000 cumplieron los requisitos formales del CNE. El proceso terminó desistido antes de llegar a consulta.

La secuencia fue la misma de siempre: reunir firmas, indignarse, desistir, olvidar. Ctrl C, Ctrl V.

El intento no llegó al debate político, pero dejó una verdad desnuda: no fallan las personas, falla la estructura que las produce. Nos cuesta admitirlo: hemos reducido la política a nombres propios.
La verdadera revocatoria que deberíamos firmar es contra nuestra propia superficialidad.

Somos parte del sistema que criticamos, alimentándolo con emociones y despiste.

Autonomía de papel

La Constitución promete autonomía política, administrativa y financiera.
El COOTAD asigna el 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los no permanentes del Presupuesto General del Estado a los gobiernos autónomos.
En teoría.
En la práctica, no hay independencia.
Cuando la liquidez nacional se encoge, los improvisadores se convierten en pedigüeños, esperando transferencias o favores del gobierno central.

Es una cadena de dependencia: el Estado espera del petróleo, los municipios del Estado, los barrios de los municipios.
Una matrioska infinita de excusas que mantiene a todos subordinados al siguiente.

El dinero que Quito produce y el que no regresa

Según el SRI, la recaudación nacional de 2024 fue de USD 20 131 millones, y Quito generó USD 9 769 millones: casi la mitad de todos los impuestos del país.
A cambio, la capital recibe apenas once centavos por cada dólar que aporta en presupuesto o inversión pública.

El reparto nacional no es injusto por existir —es necesario que los recursos se redistribuyan para equilibrar al país—, pero la proporción es desequilibrada.

El Modelo de Equidad Territorial fija un 21 % de los ingresos permanentes y un 10 % de los no permanentes del presupuesto nacional para todos los gobiernos locales, aplicando factores de población, pobreza y extensión.
El problema es que ese modelo no se actualiza al ritmo del crecimiento urbano de Quito ni reconoce su papel como motor fiscal y administrativo del país.

Producimos como capital y recibimos como parroquia.
Se nos exige ser una metrópoli global con presupuesto de ciudad intermedia.

Y aun estando de acuerdo con la redistribución, resulta insostenible que una ciudad que genera casi la mitad de la recaudación nacional funcione con apenas una fracción mínima de lo que entrega.

Política sin estructura

El municipio es un campo de batalla ideológico donde algunos concejales votan como seguidores ciegos de sus bloques, a veces a cambio de comisiones privadas tras el velo.

La izquierda predica moral y desvía fondos sin culpa.
La derecha ama el libre mercado, pero olvida nivelar la cancha.
El centro parlotea en cafés y celebra empates.

El problema no es ideológico: es estructural.
Una fábrica de subdesarrollo con improvisadores oprimiendo los botones.

De esa necesidad de trascender la política nace la idea de una alianza suprapolítica: un marco cívico que no dependa de los nombres, sino de las reglas.
Por eso necesitamos otra escala: una Suprapolítica.

La marca ciudad y el olvido

Un logo y un eslogan no son una marca ciudad.
En 2006, un grupo focal decidió que eso bastaba, pero una verdadera marca debe ser un pacto civilizatorio, una política de Estado que sobreviva al menos tres administraciones.

Si no dura, no es identidad: es propaganda.

El costo no es solo económico —millones gastados en campañas efímeras—, es simbólico.
Una ciudad sin memoria es un proyecto en pausa permanente.

De la ingenuidad a la complicidad

Nos quejamos, firmamos, marchamos, votamos… y olvidamos.
Cada elección renueva la esperanza y borra la lección.

Esa ingenuidad ya es complicidad: sabemos que el modelo está roto, pero lo sostenemos.
Creemos que un rostro nuevo cambiará todo, cuando el problema es el molde.
Esa creencia, repetida cada cuatro años, es el verdadero mecanismo de control.

Mi aspiración es simple: que no dependamos de un “buen candidato” para que el sistema funcione.
Los nombres —todos— se desvanecen, como lágrimas en la lluvia.*

Quiero un paraguas institucional que evite que el país se disuelva con ellos.

La Suprapolítica

La política es espectáculo.
La Suprapolítica propone devolverle su función: gestionar con evidencia, no con aplausos.

No destruye lo existente: lo eleva.
Usa conocimiento, trazabilidad digital y control ciudadano.
Las decisiones públicas deben ser medibles, auditables, duraderas, más allá del improvisador de turno.

No queremos otro rostro; queremos otro sistema:
un contrato ciudadano con reglas estables, planes que no mueran con cada decreto, datos abiertos que no se maquillen.

La transparencia no se promete: se programa.

La tecnología no es un fetiche: es trazabilidad.
Su arquitectura más prometedora es el blockchain:
no como moneda, sino como bitácora inviolable —una contraloría que no puede incendiarse, una red pública y verificable que deje constancia de cada contrato, decreto, gasto y decisión.

Un sistema así no reemplaza la justicia: la hace visible, mostrando el instante exacto en que una decisión se tuerce.

Más allá del ejemplo

Medellín blindó su transformación con reglas que sobreviven a los alcaldes: educación, movilidad, inclusión.
Barcelona hizo de la coordinación una política de Estado.
Santiago redistribuye impuestos sin discursos heroicos.

Pero la Suprapolítica no copia modelos.
Propone un sistema inmunológico ciudadano: un marco ético y técnico que vuelva obsoleta la corrupción y garantice continuidad, sin depender del humor del poder.

En futuras entregas detallaré herramientas concretas —trazabilidad digital, auditoría pública, control ciudadano— para que esta inmunidad funcione.

La tecnología, bien usada, revela las huellas invisibles del abuso y registra la memoria en la gestión, enlazándola con el marco jurídico y constitucional sin interpretaciones ni leguleyadas.

Hoy algunas ciudades del mundo ya ensayan ese camino:
Dubái avanza hacia una administración 100 % basada en blockchain;
Estonia utiliza un sistema digital de gobernanza que autentica cada acción estatal en tiempo real;
y Seúl implementa inteligencia artificial cívica para auditar procesos públicos y responder a denuncias ciudadanas.

No son utopías: son los primeros ensayos de una gobernanza que deja constancia de cada decisión y hace del dato una herramienta moral.

El cierre que abre

No nos salvarán las ideologías ni los liderazgos con planes comunicacionales nacidos en cuartos de guerra en Ciudad de México o en granjas de trolls para TikTok.
Nos salvará algo menos frívolo —y menos peligroso—: pensar antes de postear, planificar antes de prometer.

Ese día, la revocatoria no será necesaria,
porque nadie querrá revocar lo que sí funciona.

Marroquín es solo un apellido —como tantos otros—; solo importa por lo que revela: que seguimos buscando tontos útiles en un juego circular.
Y cuando entendamos eso, quizás dejemos de revocar personas
para empezar a imaginar nuevas estructuras.

Tal vez sea mi manía de arquitecto: planificar antes de ejecutar, trazar antes de improvisar.
Me declaro alérgico al impulso del “ya veremos”, tan rentable para los oportunos y tan costoso para las ciudades.

Sigo creyendo —quizás por deformación profesional—
que la razón, el orden y la estructura pueden ser una forma de esperanza.

Y si esa obsesión sirve para algo, ojalá sea para ayudar a que las cosas finalmente se materialicen, como intento hacer cada día en mi oficio.

Esto no es un cierre.
Es el inicio de un proyecto cívico que he decidido llamar AURA — Alianza Urbana de Renovación Suprapolítica.

¿Quieres sumarte a AURA?
Comparte tus ideas en los comentarios.

Fuentes:
Servicio de Rentas Internas (SRI), Boletín Técnico Anual 2024 — recaudación total USD 20.131 millones.
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Modelo de Equidad Territorial, Proforma Presupuestaria 2024 (COOTAD: 21 % ingresos permanentes, 10 % no permanentes).
Gk.city, El pedido de revocatoria de Pabel Muñoz fracasó, ¿por qué?, octubre 2025 — 470 000 firmas reunidas, 94 000 válidas, desistimiento del proceso.
Primicias.ec, TCE dio paso a la revocatoria del alcalde de Quito, marzo 2025 — requisito de 206 000 firmas (10 % del padrón).
Plan V, Pabel Muñoz bajo escrutinio, abril 2025 — cronología y contexto de la iniciativa.
Tax Strategy Ecuador, Recaudación tributaria 2024, febrero 2025 — Quito como ciudad con mayor aporte nacional.
El Comercio / Primicias — presupuestos municipales 2024–2025 (USD 1 616 millones y USD 1 002 millones respectivamente) como referencia de contexto fiscal.
“All those moments will be lost in time, like tears in rain” — monólogo final de Roy Batty en Blade Runner (1982), dirigido por Ridley Scott.

CASO #8 • Las vallas en Quito — la silla siempre está vacía.

El arte de blanquear lo ilegal

octubre 5, 2025Tiempo de Lectura (5 minutos)

La silla vacía nació en la Constitución de 2008.
Un mecanismo que permite a cualquier ciudadano —a ti o a mí— participar en las sesiones del Concejo, hablar, opinar, advertir.
Suena buenísimo: un espacio para que nuestra voz sea escuchada por las otras sillas donde se sientan quienes, momentáneamente, conducen la ciudad.
Pero este teatro participativo es el equivalente político a un karaoke con parlante desconectado.

En el Concejo Metropolitano de Quito, la silla vacía se ha vuelto una pieza fija de escenografía.
Cada sesión tiene su convocado, sus cinco minutos de micrófono y la indiferencia garantizada.

Quito es como Springfield, la ciudad ficticia de Los Simpsons.
Allí también hay una silla vacía donde el alcalde Quimby inaugura la sesión, promete transparencia y, mientras los vecinos hablan, él ya firmó el contrato con su primo.
Tanto Quito como Springfield son una caricatura.

El jueves pasado, la farsa llegó a su clímax habitual.
Mientras los que lograron llenar el papeleo para poder hablar se sentaban, la Comisión de Suelo ya tenía lista una presentación de PowerPoint, diagramada profesionalmente por los ingenuos técnicos que cumplían el mandato de sus jefes.
A través de la ordenanza LMU-41, con un solo clic, Quito pasó de 115 vallas legales a 900 legalizadas, eliminando más de 76 millones de dólares en multas, mientras el concejal a cargo se sentía orgulloso de haber cobrado 1,2 millones —apenas el 1,6 %— y de ampliar el cupo a 1 430 vallas.
Espectacular gestión.

Por enésima vez —una de las miles— la ciudad premia a quienes la desfiguran y se dan una palmadita en la espalda por “hacer lo que nadie antes pudo”.

Durante la sesión, los ciudadanos que lograron sentarse en la silla invisible expusieron sus cifras y opiniones: colectivos, técnicos, urbanistas y empresarios del negocio de las vallas, grandes y pequeños.
Algunos defendían su “derecho adquirido” a ocupar el espacio público; otros, su derecho a seguir impunes.
Y todos lo hacían bajo la sombra de una sola empresa que controla el 40 % de las vallas de Quito, como si el paisaje urbano fuera una franquicia privada.

Al frente, los concejales —casi todos de profesiones ajenas al urbanismo o al pensamiento libre— fingían escuchar mientras respondían mensajes de texto.
Gente que legisla sobre lo que no comprende y que, en cualquier país civilizado, estaría tomando nota para luego, con una módica dosis de ética, tratar de servir a sus mandantes: los quiteños.

Los mismos que no aparecieron en las mesas de diálogo cuando fueron convocados.
Los mismos que ahora llaman “regularización” a lo que cualquier jurista llamaría blanqueo de ilegalidad.

El Municipio publicó su defensa en un documento “técnico”: un PDF maquillado como informe, repleto de infográficos de agencia comunicacional fungiendo de tecnicismos.
Una pieza de propaganda con marca ciudad y tufo a Las Vegas.
Un archivo con más gráficos que argumentos; más color que vergüenza.

Quito no necesitaba más vallas, necesitaba menos complicidad.
Pero aquí, lo ilegal no se castiga: se decora.
Y luego se regurgita —por ignorancia o apatía— entre los pocos que aún creen estar fuera de la argolla.
El espacio público se vende por cuotas, los paisajes se alquilan por meses y todo se paga con anuncios.

Es grotesco ver el marco donde ocurre todo: la silla vacía al frente, y a cargo una tribu de NPCs (búsquenlo en Google): concejales que estarán unos años, desaparecerán en el olvido y serán reemplazados por otros iguales.
Mismas risitas, los mismos susurros al oído de su pana de al lado, y luego, a contar los minutos para que se acabe el teatro o para defenderse como gata rabiosa si les dicen la verdad.

La silla siempre está vacía.
No se preocupen. La próxima vez, tal vez la llenen… con una publicidad de salchipapas.


NOTA:
Abajo adjunto el PowerPoint con la propuesta y la carta de convocatoria del Concejo a cada participante de la silla vacía, y el link del video del teatro.
Saque cada quien sus propias conclusiones.

Documentos de la sesión del Concejo del 2 de octubre de 2025.

CASO #7 • “Abre un restaurante… y luego me cuentas”

El único plato fuerte: la multa

septiembre 29, 2025Tiempo de Lectura (5 minutos)

La cerveza tibia

Imagina que pides una Pilsener bien fría en el bar de la esquina, pero antes de que te llegue, tres inspectores y dos comisarios le dan un sorbo. Todos te devuelven el vaso con el labio cubierto de espuma, y lo que queda es una cerveza imbebible. Así se siente abrir un restaurante en Quito: arrancas con toda la ilusión, pero en semanas el sueño se pone rancio.

El riesgo y la trampa

Abrir un restaurante ya es difícil en cualquier parte del mundo: seis de cada diez cierran en tres años y ocho de cada diez no llegan al quinto. Es una estadística brutal incluso en ciudades con reglas claras y apoyo real. En Quito, la cosa es aún más brava. Hablé con Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, y los números develan este lío: postpandemia, hay un 20-30 % más locales, pero las ventas cayeron un 20 % respecto a 2019. Más mesas, menos clientes.

La mayoría son pequeños: cafeterías acogedoras en La Floresta, huecas en La Mariscal, bares tranquilos en Cumbayá. Apenas un 1 % llegan a un alto estándar. Mientras tanto, las parrillas en la vereda y los carritos de comida —que también dan de comer a cientos de familias— crecen con la complicidad de la vista gorda, pero bajo un marco distinto: casi sin controles, sin permisos, sin inspecciones. Los formales, en cambio, se ahogan en trámites y costos fijos. Bomberos verificando que el extintor esté colocado con su parte superior a no más de 1,50 m del piso y con un alcance de 15 m; ARCSA revisando condiciones sanitarias sin criterios uniformes; el Municipio pidiendo tres copias del mismo papel en tres ventanillas distintas; Quito Turismo repitiendo lo que ya preguntó otra agencia; y la AMC (Agencia Metropolitana de Control) lista para clausurarte si la coma de tu LUAE no coincide con la del formulario. Siempre el mismo guion, con actores distintos.

Y la mayoría de los inspectores llegan sin conocimiento técnico real: repiten listas de chequeo como guacamayas porque tampoco reciben formación suficiente. Resultado: una maraña de trámites que no protege al ciudadano ni impulsa al emprendedor, solo desgasta y alimenta la informalidad. ¿Quién no ha visto un puesto de tripa mishqui en la esquina que opera sin un solo papel, mientras el restaurante de al lado lucha por no cerrar?

La receta que falta

La ley laboral en Ecuador es otro clavo en el ataúd. Desde 2008, el trabajo por horas está prohibido. La “jornada parcial permanente” sirve para medio tiempo, pero no para los picos del almuerzo o las noches movidas del viernes. El contrato emergente de la pandemia fue un alivio temporal, hasta que la Corte Constitucional lo eliminó. Ahora podría haber una consulta para habilitar contratos por horas en turismo y primer empleo… pero en Ecuador prometer es fácil, cumplir ya veremos.

Otros países ya resolvieron esto con flexibilidad que no raya en abuso: en Países Bajos pagas mínimo tres horas aunque tu mesero solo atienda una mesa; en Australia un bartender gana un recargo del 25 % por la inestabilidad; en Nueva Zelanda los contratos “cero horas” están prohibidos; en Alemania los “minijobs” dan beneficios proporcionales. Mientras tanto, en Quito seguimos atrapados en el todo o nada.

Algunas cosas que sí podríamos hacer

No son soluciones finales: son atajos de sentido común que podrían probarse en pilotos y ajustarse con datos. Ideas simples que abren debate:

  • LUAE exprés digital: licencia provisional en línea por un año, con declaración juramentada. El negocio abre primero y se revisa después. Si cumple, se renueva; si falla, tiene dos oportunidades antes de clausura definitiva.
  • Caja única simplificada: un pago proporcional a ventas que cubra IESS, impuestos y patentes. Una sola cuota en lugar de cuatro ventanillas. Al que cumple, premio en tasas; al que evade, sanción pública.
  • Contratos modulares en línea: turnos que se registran y liquidan automáticamente. Si el mesero trabaja tres horas, recibe pago y aporte al IESS en ese instante, sin papeles ni excusas.
  • Inspección única y pública: Bomberos, ARCSA, Municipio y AMC en un solo chequeo anual con acta filmada. Nada de cinco visitas para medir la misma manguera.
  • Formalización progresiva: quien vende en la vereda recibe licencia temporal de seis meses con requisitos mínimos. Si cumple, sube de nivel; si no, se acabó el permiso.
  • Premio al cumplimiento: descuentos temporales o créditos tributarios al que mantenga nómina, IESS y facturación al día. Sanciones ejemplares para el que hace trampa.

En un contexto como el nuestro, menos ventanillas y más trazabilidad pública es la única receta posible. El que trabaja formal no debería pasar el día haciendo fila; que la fila le toque al que trampea.

El golpe final

Ahora sí: cuéntame, si alguna vez abriste un restaurante o tienes ganas de abrir uno. No competirás con otros negocios, competirás con un sistema que te chupa la espuma y te devuelve el vaso vacío.

Quito no puede seguir viviendo de clausuras, multas y promesas huecas. Si queremos que barrios como La Carolina o Chimbacalle vibren, que el turismo crezca y que haya empleo, necesitamos reglas nuevas ya.

Porque una ciudad que castiga al que invierte y aplaude al que improvisa no está estancada: se pudre de pie.

Fuentes normativas

AMC (Agencia Metropolitana de Control): fiscalización municipal que incluye clausuras por incumplimientos de LUAE y normas locales.

Constitución del Ecuador 2008, art. 327: prohíbe la contratación por horas y toda forma de precarización laboral.

Corte Constitucional (sentencia 49-20-IN/25, 2021): declaró inconstitucional la terminación unilateral del contrato especial emergente sin indemnización.

Bomberos Quito – Reglamento Técnico RTQ: exige extintores de 10 lb como mínimo, visibles, accesibles, con parte superior ≤ 1,50 m y con un alcance máximo de 15 m.

LUAE (Licencia Única de Actividades Económicas): requisito indispensable emitido por el Municipio de Quito.

Permiso ARCSA: control sanitario obligatorio para locales de alimentos.

CASO #6 • Quito 2044: ¿dónde vivirán nuestros nietos?

“Menos hijos, menos espacio, más ciudad: por qué el futuro de Quito no está en los valles”

septiembre 21, 2025Tiempo de Lectura (8 minutos)

Crecí frente al antiguo aeropuerto, donde cruzar de la Amazonas a la Prensa por la Indanza o la Endara era tan cotidiano como pasar de la sala al comedor. En ese barrio nos conocíamos todos: en diciembre jugábamos a cambiar de casa para rezar la novena, mientras los aviones nos peinaban el techo con un estruendo que parecía advertencia divina. Quizás de ahí venga mi ansiedad generalizada —porque, a ver, cualquiera desarrolla nervios si pasa su infancia cantando villancicos a dúo con un Hércules C-130—. Pero así era: un barrio caminable, con escuela cerca, parques a mano y una comunidad donde todos éramos cómplices de las mismas travesuras.

El monumento al Labrador era nuestro GPS; el parque José Collaguazo, la autopista ajardinada que nos llevaba hasta la Isla San Cristóbal; y el parque Isla Tortuga, la llave mágica hacia la Shyris. Todo eso sigue en pie, sí, pero como reliquia empapelada de vallas y fealdad improvisada: huesos de una vida que se mudó hace rato. Lo que fue mi patio trasero es ahora el Parque Bicentenario: monumental, verde, huérfano. Se siente como esos regalos de Navidad con un par de medias dentro. El aeropuerto se fue, sí, pero la vida urbana nunca hizo check-in.

La semana pasada lancé una encuesta en redes: ¿dónde imaginas que vivirán tus nietos en el Quito del 2044?
Las respuestas fueron tan reveladoras como predecibles: seis de cada diez votaron por los valles —Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos— como si el futuro estuviera reservado solo para la Ruta Viva, cercas eléctricas y un centro comercial a la vuelta. Muy pocos eligieron el centro, el corredor del Metro o el Bicentenario.

Y lo entiendo: yo mismo vivo en el valle desde hace cinco años, desde que cumplí 45, después de haber pasado toda mi vida anterior en Quito. Pero eso no significa que deba ser así para siempre, ni que lo sea para las generaciones que vienen.

Los psicólogos llaman a esto sesgo de proyección (projection bias): esa manía de imaginar el futuro como una versión ampliada de nuestro presente, suponiendo que nuestros gustos, deseos y condiciones serán los mismos dentro de veinte o treinta años. No lo serán. Como adolescentes que creen que la fiesta será eterna, proyectamos nuestra vida adulta desde la lógica de la juventud que quiere huir del pasado. Quito hace lo mismo: huye de sí misma, como quien huye de sus padres, y solo cuando ya es tarde entiende que quiere volver a casa.

Pero los datos no tienen nostalgia.
Según el INEC, el tamaño promedio de los hogares en Ecuador cayó a 3,2 personas en 2022, y en Pichincha es todavía menor. La fecundidad está en 1,8 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. Los nacimientos bajaron de 238.000 en 2023 a 215.000 en 2024.

Es decir: vienen generaciones más pequeñas, con menos hijos, más adultos mayores y hogares económicamente más frágiles. No van a vivir en casas enormes con jardines: van a necesitar viviendas proporcionales a su capacidad de endeudamiento, con valores de adquisición moderados, hipotecas que no los asfixien, y acceso cercano a servicios y transporte público.
Y eso es justo lo que Quito no les está ofreciendo.

Aquí entra el concepto de reemplazo generacional. Cuando una cohorte entra y otra se retira, no solo cambia la edad promedio: cambian las prioridades, los valores y las formas de habitar. Los investigadores distinguen tres fuerzas: la edad, que marca los ajustes vitales (hijos, trabajo, retiro); los periodos históricos, que golpean a todos (crisis, pandemia, boom económico); y las cohortes generacionales, que nacen en un contexto y cargan esa marca para siempre. Es esta última —el reemplazo generacional— la que lentamente reconfigura ciudades y mercados.

Es la razón por la cual nuestros nietos no soñarán con lo mismo que nosotros: porque vivirán en otra economía, en otros hogares, con otras expectativas.

Mientras tanto, los valles siguen creciendo porque el mercado —más que la planificación— aprendió a envolverlos en un relato aspiracional. Un regalo de Navidad a la inversa: caja grande, juguete de moda adentro, pero que será reemplazado en la próxima temporada. Cumbayá no se vendió como suelo barato, sino como promesa de vida: colegios, malls, cafés, clínicas, espacios de trabajo compartido. Cada proyecto parte de una narrativa de pertenencia.

Y no se trata de atacar a los valles ni de negar su dinamismo, sino de entender que el futuro de Quito no puede depender solo de expandirse hacia los bordes mientras su centro se vacía y se convierte en una capital fantasma.

Labrador y el Bicentenario, en cambio, no tienen relato. Son un territorio en pausa, planificado pero sin magnetismo, con la etiqueta injusta de “vacío” pegada encima. Lo paradójico es que la ciudad ya decidió, sobre el papel, que esta zona será su próxima gran centralidad. Desde el Plan Especial Bicentenario de 2013, ajustado en 2018, el suelo está zonificado para usos mixtos, alta edificabilidad y proyectos integrales. El PUGS 2021–2033, en su actualización 2024, reafirma esa intención: convertir el entorno del parque en un distrito de vivienda, comercio, cultura y servicios, pensado para revertir la dispersión suburbana.

Sobre el mapa, todo está listo.
Pero la ciudad no se levanta con planos, sino con deseos. Primero el anhelo, luego la visión; después la oferta planificada, y al final la demanda que llega, poco a poco, como quien vuelve a casa sin prisa. Repoblar no es un sprint: es una caminata larga hecha de pasos cortos, con la vista fija en la meta.

Y hoy nadie desea vivir aquí.
Porque sí, hay Metro, pero no hay ciudad. No hay conectividad este–oeste que lo acerque al resto. Porque las calles todavía se sienten inseguras. Porque no hay cafés ni escuelas ni pequeños comercios que den la sensación de barrio. Porque el parque, en vez de irradiar vida urbana, sigue pareciendo un borde verde cercado por la nada.

El mercado castiga esa ausencia de señales: sin actividad, no hay inversión; sin inversión, no hay vida; sin vida, no hay valor. En resumen: sin vida urbana, no hay inversión; sin inversión, no hay valor.

El desafío no es solo de ordenamiento, sino de creación de valor simbólico y real. La estrategia no debería empezar por vender departamentos, sino por construir vida urbana: proyectos ancla de usos mixtos con tres ofertas claras:

  • viviendas accesibles para quienes adquieren su primer hogar,
  • viviendas flexibles para quienes atraviesan la etapa de consolidación familiar,
  • y soluciones de downsizing para quienes buscan reducir metros y gastos sin perder calidad de vida.

Todo esto acompañado de comercios en planta baja, espacios de trabajo compartido y flexible —no esas palabras de moda que suenan a oficina con barista, sino lugares donde realmente se pueda producir y convivir—, guarderías, centros de salud, terrazas comunales y, sobre todo, una red de movilidad multimodal que lo ate al resto de Quito: Metro norte–sur, buses eléctricos este–oeste y cables que suban a las laderas de la Occidental y la Oriental.

Solo así Labrador dejará de ser frontera y podrá ser puente.

Porque la pregunta no es si nuestros nietos querrán vivir aquí.
La pregunta es si podrán vivir en otra parte.
¿Podrán costear gasolina, peajes, colegios lejanos, casas inmensas que se vuelven jaulas vacías cuando los hijos se van? ¿Podrán sostener el mito suburbano en un país donde cada año nacen menos niños, donde los hogares se achican y donde el ingreso real es cada vez más inestable?

Es probable que no.

Y cuando eso pase, cuando el espejismo se disuelva, volverán a buscar lo que hoy dejamos atrás: cercanía, servicios, comunidad, transporte, parques. Ciudad.

Porque los valles seguirán desarrollándose, sin duda, pero las realidades diversas de las próximas generaciones encontrarán también su camino de regreso, repoblando Quito con nuevas formas de habitarlo.

Y ahí, si la ciudad hace bien las cosas, los estará esperando el Labrador, transformado en la centralidad viva que debió ser desde que el último avión despegó.

Porque en el fondo, todo esto no es nostalgia.
Es simple lógica urbana: volver a casa será la única forma de poder quedarse.

Fuentes consultadas

  • INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)
    • Censo de Población y Vivienda 2022.
    • Proyecciones y Estimaciones de Población 2024.
    • Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2023–2024.
  • Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
    • Plan Especial Bicentenario (2013, actualizado 2018).
    • Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2021–2033.
    • Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) 2021–2033, actualización 2024.
  • FLACSO Ecuador / estudios académicos
    • Investigaciones sobre migración residencial hacia el Valle de Tumbaco y efectos de la Ruta Viva y el nuevo aeropuerto (2000–2020).
  • Literatura en ciencias sociales y economía del comportamiento
    • Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow —sesgo de proyección.
    • Loewenstein, G., O’Donoghue, T., & Rabin, M. (2003). Projection Bias in Predicting Future Utility. Quarterly Journal of Economics.

CASO #5 • Quito, ciudad de piernas cortas

El Estatuto Autonómico de Quito

septiembre 14, 2025Tiempo de Lectura (4 minutos)

Quito elige alcaldes con pasos cortos para planes de piernas largas. En 2014, Mauricio Rodas alcanzó la alcaldía con cerca del 58 %. Cinco años después, Jorge Yunda ganó con 21,35 %, y en 2023 Pabel Muñoz llegó con 25,18 %. Tres elecciones, tres legitimidades dispares, una misma constante: la capital se gobierna con apoyos mínimos para sostener proyectos que, en teoría, deberían caminar hasta 2032. El resultado es predecible: la ciudad arranca con ambiciones de maratón, pero tropieza antes del primer kilómetro.

La fragilidad empieza en el diseño electoral: decenas de candidatos, una sola vuelta y un microganador al frente de la ciudad. Con un piso político tan angosto, la oposición es inmediata y la continuidad, imposible. Una gobernanza de trapecistas.

Aquí conviene desempolvar ese artefacto casi mitológico que alguna vez prometió cambiar las reglas del juego y que nadie se atreve a romper… ni a cumplir: el Estatuto Autonómico de Quito.

El estatuto fantasma de una Constitución malograda

Ese ensayo retorcido de la Constitución del 2008 demolió los contrapesos jurídicos, operativos y morales, puso al país a merced de un Estado centralizador y angurriento, y dejó al Ecuador atrapado en una arquitectura institucional frágil y autocomplaciente. Sin embargo, en medio de ese andamiaje problemático, sobrevivió una idea rescatable: que los distritos metropolitanos como Quito pudieran romper sus grilletes.

Buenos propósitos: blindar los planes de ciudad frente al vaivén político, otorgar competencias propias, descentralizar en alcaldías zonales y asegurar ingresos estables. En febrero de 2020, el urbanista Fernando Carrión —durante el interludio de Jorge Yunda— llegó a darle forma: presupuestos distribuidos por zonas, gobiernos de cercanía y agencias técnicas que sobrevivieran a las elecciones… o, al menos, a los caprichos de sus ganadores. Pero la trama cambió de acto, se interrumpió el mandato, cambiaron los protagonistas, y el proyecto terminó en el cajón donde Quito guarda todo lo épico que termina oliendo a naftalina.

Desde 2023 el Concejo ha retomado el tema con informes técnicos, pero el paso decisivo —la consulta popular, única vía para legitimar el Estatuto— sigue sin convocarse. Mientras tanto, Quito continúa siendo un distrito metropolitano a medias, con planes de largo aliento que pueden ser alterados al antojo de cada sesión del Concejo.

Quito diseña planes a doce años y alcaldes que duran cuatro… o dos si el drama se espesa. Esa asimetría convierte cada PMDOT o PUGS —ambos con vigencia de doce años por ordenanza; hoy rige el PMDOT 2024–2033— en un delirio: se conciben para tres mandatos y apenas sobreviven a medio, condenados a ser reescritos antes de madurar.

Medellín: cuando la memoria se vuelve sistema

Al norte, Medellín parece haber hecho un pacto con el tiempo. Su Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) coordina a nueve municipios como quien dirige una orquesta afinada, y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) marca un horizonte de treinta años. Los alcaldes duran cuatro, pero no improvisan: gobiernan dentro de una partitura escrita de antemano.

Sobre esa capa supralocal se apoyan empresas públicas blindadas —EPM, la EDU, Ruta N— que funcionan con estatutos propios, juntas técnicas y planes que sobreviven a la política como los árboles al clima. Allí los gobiernos cambian, pero la ciudad avanza sin amnesia.

Quito, en cambio, parece empeñada en borrar sus huellas: empresas a merced de las urnas (y viceversa), planes que se reescriben antes de estrenarse y proyectos que mueren a medio camino.

En esta maratón, Medellín mantiene su cadencia y nuestras ciudades paran por un pan con cola en cada cuadra.

Gobernanza con piernas largas

Medellín demuestra que la continuidad no es un acto de fe, sino una ingeniería institucional: visión clara, técnica constante y reglas que sobreviven a los turnos. Quito no necesita obritas difundidas como contenido de redes sociales, sino un andamiaje que impida borrarlas cada dos años y, al mismo tiempo, las someta a controles y ajustes cuando la realidad lo exija.

Un sistema electoral que obligue a mayorías reales —segunda vuelta o voto preferencial— daría a la alcaldía un piso firme; un Estatuto Autonómico aprobado en consulta popular fijaría competencias e ingresos a salvo del capricho centralista; y una agencia técnica con junta multianual permitiría ejecutar proyectos sin reiniciarlos con cada cambio de alcalde.

Son medidas elementales para que Quito deje de planear maratones con piernas cortas… y empiece, por fin, a llegar a la meta.

Fuentes principales citadas

CASO #4 • La ciudad, un hijo en el limbo de su custodia.

Cinco trabas que impiden su repoblamiento

septiembre 7, 2025 • Tiempo de Lectura (4 minutos)

Quito es un hijo en medio de un divorcio maltrecho. De un lado, la ciudad real: edificios de los 70 y 80, como los bloques de La Tola que aún resisten, con metros cuadrados listos para volver a usarse. Del otro, la ley: rígida, diseñada para torres nuevas, ciega ante lo existente. Entre estos padres distantes, la ciudad queda huérfana: barrios que se vacían, como San Roque, y un patrimonio que se oxida bajo el peso de trámites.

La tensión que sufre Quito no es aislada: más del 55 % de la población mundial vive hoy en ciudades y, en apenas una generación, esta cifra se acercará al 70 %. Mientras el planeta se urbaniza, los conflictos de gobernanza se hacen más visibles. La cuerda se estira entre un centralismo que legisla desde arriba sin entender las realidades locales y los municipios que cargan contra el ciudadano y la vida urbana. En ese forcejeo, la ciudad queda atrapada como un hijo que no puede decidir dónde vivir.

El 29 de octubre de 2024, la reforma a la Ley de Cultura fue vetada en su totalidad (Oficio No. T.377-SGJ-24-0411). La Asamblea, sin los votos suficientes, la archivó. Esa propuesta reducía los planes integrales de patrimonio a simples anexos y dejaba abierto un inventario vago de bienes protegidos. En una ciudad donde seis de cada diez edificaciones son informales (Municipio de Quito, 2023), el riesgo era enorme: casas de bloque en La Mariscal o edificios precarios en Chimbacalle podían ser declarados “patrimonio” solo por la fecha de construcción. Imagina un edificio con techos de zinc roído, intocable, solo por ser ochentero. Sería condenar al huérfano a un congelador jurídico, sin poder adaptarse ni crecer, incluso cuando el 45 % de esas estructuras colapsarían en un sismo fuerte (Colegio de Arquitectos de Pichincha, 2022).

A ese peligro se suman los candados que ya conocemos. Los incentivos fiscales premian únicamente a la obra nueva: VIS y VIP devuelven IVA y facilitan crédito, pero un edificio en La Floresta, con décadas de historia, no recibe nada aunque su rehabilitación revitalizaría el barrio. Las licencias se limitan a certificar lo existente: la LMU 22 da fe de lo construido, pero no permite subdividir un departamento de 200 m² en dos más pequeños, aunque la demanda lo pida. Los cupos de vivienda actúan como jaulas: una ordenanza fija cuántas unidades puede tener un lote y, aunque los metros lo permitan, en San Juan no se puede dividir. La Propiedad Horizontal exige mayorías imposibles: 75% de aprobación para cambios estructurales y 60 % incluso para intervenciones menores en fachada. En edificios antiguos del centro-norte, conseguir esas firmas es tan difícil como reunir a los dueños que viven en Australia. Y el crédito castiga la edad: la banca privada cierra la puerta a inmuebles con más de veinte años, y aunque el BIESS ofrece líneas de remodelación, sus condiciones son tan rígidas que pocos logran acceder.

Estos cinco papeleos mantienen a Quito en un orfanato urbano: edificios detenidos en el tiempo, memoria atrapada en formularios, barrios que pierden habitantes. La salida no está solo en torres brillantes en la periferia, sino en un acuerdo de custodia que reconcilie a la ciudad con sus normas. Urge un VIP-R que premie la rehabilitación, como hace Londres al reducir el IVA en viviendas renovadas; una LMU 22-bis que autorice subdivisiones sin aumentar volumetría; un cupo neutro que libere metros útiles dentro de lo ya construido; una Propiedad Horizontal flexible que simplifique mayorías; y un crédito post-obra que trate a un inmueble reforzado como nuevo, como los créditos fiscales que aplica EE.UU.

Todo esto exige, además, una hoja catastral renovada y digitalizada que reconozca los edificios de los 70 y 80 como activos habitables, no como reliquias. Con ella se evita patrimonializarlos sin criterios y se genera seguridad jurídica para rehabilitarlos. Y al mismo tiempo permite distinguir lo que debe seguir caminos distintos: los inmuebles dilapidados de esa época requieren reglas claras para su actualización, mientras que el patrimonio moderno, en todas sus tipologías, debe ser inventariado, preservado y proyectado con un aire nuevo hacia el futuro.

Quito no necesita más periferias desconectadas. Necesita padres que se hablen: leyes que dialoguen con lo construido, trámites que liberen en vez de atrapar. Otras ciudades lo han logrado: Londres revitalizó barrios con incentivos fiscales; Estados Unidos salvó distritos históricos con créditos accesibles. Quito puede ser el siguiente. Pero mientras sus normas actúen como padres en disputa, seguirá siendo un huérfano en su propio centro. La ciudad está frente a un dilema: o se habilita la rehabilitación como vía de repoblamiento, o se condena a sus edificios antiguos a la obsolescencia.

Fuentes consultadas

Estados Unidos: Federal Historic Preservation Tax Incentives Program, National Park Service / IRS.

Urbanización global: más del 55 % de la población vive en ciudades (UN DESA, World Bank); se espera que aumente al 68-70 % hacia 2050 (un.org)

Veto total Ley de Cultura: Oficio No. T.377-SGJ-24-0411, Presidencia del Ecuador, 29 de octubre de 2024.

Informalidad urbana: Municipio de Quito y El Comercio (2023), “Más del 60 % de las edificaciones de Quito son informales”.

Vulnerabilidad sísmica: Colegio de Arquitectos de Pichincha citado en El Comercio (2022), “70 % de edificaciones informales; 45 % colapsarían en un sismo fuerte”.

  • CASO #3 • Quito y Tokio • La Post Nostalgia

    agosto 31, 2025 • Tiempo de Lectura (4 minutos)

    El pasado jueves, en un podcast en La Floresta, Quito, se debatió la rehabilitación de La Mariscal. Allí surgió, otra vez, la falsa batalla entre nostalgia y reinvención, una dicotomía que no existe.

    En Tokio, una metrópoli de 37 millones de habitantes, una anciana manicura las plantas de su vereda con precisión milimétrica y limpia con cepillo sus escaleras de piedra. A doscientos metros, un niño de siete años, bajo rascacielos y luces LED, camina solo hacia la estación de tren, mochila al hombro, rumbo a su barrio.

    He tenido la suerte de visitar Japón cada década desde los diez años. Siempre quedo abrumado por una ciudad que sostiene la vida cotidiana, donde el pasado ancestral convive con una modernidad vertiginosa.

    Tokio teje 23 distritos especiales en un orden funcional e inescrutable; su identidad es más horizontal que vertical, con calles a escala humana. Caminar, pedalear o tomar el tren más eficiente del mundo asegura una proximidad absoluta.

    En esas calles estrechas conviven capas de lo cotidiano: casas de madera y edificios de catorce pisos en solares mínimos, konbini abiertos 24/7 con lo esencial a pasos de casa, máquinas dispensadoras regadas como confeti en cada callejón, y los koban —casetas policiales con mascotas de anime— que ofrecen seguridad sin armas.

    La vida urbana no distingue recuerdo o futuro: el espacio público moldea al ciudadano, y el ciudadano da forma al espacio, guiado por una danza invisible de dos términos fundacionales de la psiquis japonesa: honne (本音), lo que se siente en el corazón, y tatemae (建前), la armonía mostrada al mundo. La metrópoli brilla con neón, pero el barrio cultiva una calma que sostiene la convivencia.

    El Tokyo Toilet Project, rediseñando baños públicos en Shibuya con arquitectos de renombre, lo demuestra: cuidar lo pequeño dignifica lo grande. Los shotengai, pasajes con tiendas y tabernas, cruzan lo cotidiano con la monumentalidad. La era Shōwa, esa época de los 50 a los 70 con neón, city pop y el auge tras la guerra, revive en el honne nostálgico de Shibuya, con el Miyashita Park —un parque elevado con jardines y tiendas retro— y el Shibuya Yokocho —un callejón de bares que evoca los sabores de antaño—, un tatemae que brilla hoy.

    En Quito debatimos si conservar o reinventar, como si fueran antónimos. Las plazas y veredas donde antes se cruzaban historias han quedado vacías frente al confort de malls cerrados, con aire acondicionado, patios de comida y escaparates de franquicias.

    Hay iniciativas público-privadas que intentan cambiar ese guion. En Bellavista, el Parque Aromático florece con senderos sensoriales y un Club del Compost que une vecinos en torno a la sostenibilidad. En Guápulo, el programa El CEES deja Huella restaura quebradas con camineras verdes. En el Centro Histórico, el proyecto De Vuelta al Centro siembra geranios en balcones y plazas, evocando el honne de la memoria quiteña y el tatemae de un futuro vivo.

    Tokio no es perfecto. Una crisis demográfica pesa, con ancianos llenando calles y una juventud desconectada, atrapada en pantallas y algoritmos. Pero en Quito, donde barrios enteros son hoy abandonados, no debemos sentir la presión de repoblarlos con una simple elección entre ingenua añoranza versus un futuro “trendy” que tiene fecha de caducidad anunciada.  Propongo saber tejer, con inteligencia urbana un camino entre honne y tatemae: lo que la ciudad susurra en su memoria y lo que decide proyectar en sus barrios. Que nuestro pasado no sea ancla, sino viento que impulse un Quito vivo, donde un niño camine seguro, como en Tokio, con el ayer en su mochila y el mañana en sus pasos. ¿Qué calle de tu ciudad salvarías para que esto sea real?

    https://cees-ecuador.org/el-cees-deja-una-huella/#

    La vida urbana no distingue recuerdo o futuro: el espacio público moldea al ciudadano, y el ciudadano da forma al espacio

  • CASO #2 • Vidrios rotos, ciudad rota.

    agosto 24, 2025 • Tiempo de Lectura (3 minutos)

    En 1969, el psicólogo Philip Zimbardo dejó un carro abandonado en el Bronx. Dos días después, lo deshuesaron. Lo mismo hizo luego en Palo Alto, un suburbio californiano perfecto: el auto quedó intacto. Pero Zimbardo quiso probar algo más: darle un martillazo a uno de sus vidrios. Fue entonces cuando el vecindario “civilizado” sintió por semanas la licencia para desmantelarlo.

    Bautizada como la “teoría de la ventana rota”, fue manoseada por políticos, policías y urbanistas como una revelación que, si usamos la intuición elemental de la calle, parecería evidente y resuena en contextos urbanos como el nuestro.

    Prefiero suponer que aún tenemos tiempo para voltear el guion sin tantas ideas fiadas y mal “tropicalizadas”. Hay decenas de estudios serios archivados en las universidades y los gremios.

    Una Visión para La Mariscal

    Tomaré el barrio de La Mariscal como piloto de oportunidades: un corredor académico con universidades a pasos del transporte público —PUCE, Salesiana (El Girón), UDLA–Colón, además de EPN, FLACSO y la UCE en el borde, con la UTE y la UASB a minutos por transporte—. Un ecosistema que debería llenar las calles las 24 horas pero se esfuma al caer el sol.

    Un repoblamiento con al menos 40%-50% de vivienda nueva es viable (para equilibrar el actual predominio comercial y nocturno, alineado con recomendaciones de al menos 70% residencial en nuevos desarrollos), no con torres de 8 pisos en este barrio como se pretende en el proyecto de ordenanza especial de la Mariscal, sino con un mosaico inteligente: restaurar casas patrimoniales para cultura, innovación y gastronomía, transformar edificaciones funcionales y, donde lo merezca, construir edificios con subsuelos para estacionamientos, pero con un máximo de 4+1 pisos de altura que dialoguen con la escala barrial.

    Según el Informe Técnico del Colegio de Arquitectos del Ecuador – Provincia de Pichincha (CAE-P, abril 2025), y datos del Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal (PUCP, 2025), el polígono de intervención cubre aproximadamente 154 manzanas (equivalentes a unas 150 hectáreas), con alrededor de 130 predios abandonados o subutilizados que podrían absorber miles de unidades habitacionales nuevas —estimando conservadoramente unas 1,200 en fases iniciales, priorizando repoblamiento—. Esto podría financiarse con incentivos como reducciones tributarias (hasta 50% en concesiones onerosas para alturas adicionales en zonas permitidas) y la posibilidad de trasladar derechos de construcción a áreas donde sí corresponde crecer en altura, como corredores periféricos. (Nota: Derechos de construcción transferibles permiten vender metros no usados en un sitio para aplicarlos en otro, equilibrando densificación sin sobrecargar barrios sensibles; exenciones tributarias reducen impuestos para proyectos que rehabiliten patrimonio o fomenten vivienda mixta).

    Imagina La Mariscal con balcones y azoteas que capturan el sol y funcionan como atalayas para ver y ser vistos, veredas arboladas y anchas con edificios que no avasallan la escala de las casas patrimoniales y que no generen sombra excesiva que los árboles ya nos entregan. Cafés, gastronomía, cultura, arte y emprendimientos que devuelven vida y seguridad sin garitas ni redadas policiales.

    Estacionamientos subterráneos estratégicamente ubicados dentro del polígono —como el terreno en la Colón junto al edificio España, con potencial para 1.000 plazas bajo tierra y una plaza pública con comercio y vivienda arriba— y grandes parques tarifados en los perímetros, como el lote vacío del Baca Ortiz con capacidad para 400 plazas, pueden absorber al visitante y al turista. Así, los que vienen de fuera dejan el auto en los bordes densos y caminan seguros hacia un barrio con memoria y con futuro, como sucede con el programa Grätzl-Oase en Viena, donde voluntarios transforman estacionamientos en pequeños oasis verdes (espacios comunitarios con plantas y zonas de descanso) con subvenciones de hasta 5.000 euros, ayudando a reducir el “calor urbano” (el efecto por el cual el asfalto y los edificios acumulan calor excesivo en las ciudades) y fomentando el sentido de comunidad entre vecinos.

    Beneficios Compartidos

    Ahora, ¿quién paga y quién gana? Para los inversionistas, permitirles transferencia de derechos de altura: que los metros no construidos en La Mariscal se vendan con descuento y trasladen a corredores como la Colón, la Amazonas y hasta los bordes del Bicentenario que aspira a ser Central Park. Así se densifica donde tiene sentido mientras se protege lo existente para colocar los fondos captados en limpieza, iluminación, árboles, innovación y cultura.

    El vecino que pinta su fachada, la familia que rehabilita su casa, el emprendedor que abre en la esquina, y sí, también el inversionista que juega en grande en el lugar que más le conviene, pero deja valor en las zonas que deben tener una reutilización adaptativa (retrofitting: adaptación de edificios existentes para nuevos usos, preservando estructura e identidad). El valor llega a todos los que son “dolientes” porque viven e invierten en el lugar.

    El proceso ha incluido participación comunitaria, como las mesas técnicas del CAE-P y autoridades en marzo y abril de 2025, donde se discutieron aspectos clave de revitalización y coordinación para el PUCP, fomentando un enfoque inclusivo.

    El municipio y la AMC se hunden en letargo operativo y normas deformes en lugar de crear un ecosistema de licencias de 15 días, incentivos tributarios para vivienda mixta y rehabilitación patrimonial. Hoy, un trámite en la AMC puede tardar hasta 90 días. Con procesos digitales ya probados, debería tomar uno.

    Libertad empresarial con reglas firmes que obliguen a dejar huella en la vereda. No arengas ni eslóganes. Solo resultados de las ventanas reparadas a tiempo.

    Únete al debate: ¿qué ideas tienes para La Mariscal? Comparte en comentarios o contacta al CAE-P.

    *Referencia principal: Informe Técnico CAE-P (abril 2025); Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal. **https://www.theguardian.com/environment/2025/aug/14/why-would-you-take-away-a-parking-place-the-city-where-anyone-can-build-an-urban-oasis?utm

    ” Imagina La Mariscal con balcones y azoteas que capturan el sol y funcionan como atalayas para ver y ser vistos, veredas arboladas y anchas con edificios que no avasallan la escala de las casas patrimoniales y que no generen sombra excesiva que los árboles ya nos entregan. Cafés, gastronomía, cultura, arte y emprendimientos que devuelven vida y seguridad sin garitas ni redadas policiales.”

CASO #1 • Casuística Quiteña

agosto 17, 2025 • Tiempo de Lectura (2 minutos)

Nuestro dedo apunta con la soltura de una suegra cuando criticamos la ciudad: alcaldes, concejales, empresarios, contratistas. Todos culpables. Pero al volante, cuando el de adelante enciende la direccional, izquierda o derecha, nos da lo mismo: lo importante es bloquear el paso. Repetimos desde abajo la misma lógica que denunciamos arriba.

Sí, la gobernanza está rota, también lo están nuestras esquinas y veredas. No solo por la deficiencia de política pública, sino por la forma en que usamos —y abusamos— del espacio común. Lo que los operadores del poder y sus aliados de ocasión hacen a gran escala, el ciudadano lo replica en piloto automático: estacionarse donde quepa la F50, empujar con la escoba lo que estorba, correr la basura unos metros hacia la vereda del vecino.

Quito es un organismo enfermo. Y, como todo organismo, los síntomas se manifiestan en lo más pequeño: un parque que agoniza, un cruce imposible, una obra inaugurada a medias. Patologías urbanas que se acumulan hasta volverse hábito.

En el quirófano, la gobernanza no tiene credenciales para operar. Está tan enferma como el propio cuerpo urbano que pretende curar. Las intervenciones son urgentes y clandestinas, con cuentas de hospital privado que nos mantienen sedados. Cuando despertamos y nos miramos al espejo, descubrimos un cuerpo mutilado y esquilmado. Nos acostumbramos a la dismorfia de una ciudad que refleja, sin anestesia, nuestra propia deformidad.

La improvisación dejó de ser excepción para convertirse en método. La aceptamos en la autoridad, la repetimos como ciudadanos, la justificamos como cultura. Lo inaceptable se naturaliza hasta volverse paisaje.

Por eso Quito no se entiende en bloque. Se entiende caso por caso. Como un diagnóstico clínico. Cada esquina, cada barrio, cada proyecto necesita atención específica: acupuntura urbana, tratamiento quirúrgico, decisiones que trasciendan la inercia del poder o el capricho individual.

La crítica no es nostalgia ni queja vacía. Es el intento de despertarnos del piloto automático. Es reírnos de lo absurdo, no para resignarnos, sino para desnudar lo que no puede seguir así.

Quito no necesita culpables únicos ni excusas recicladas. Necesita ciudadanos y autoridades capaces de mirarse en el mismo espejo y reconocer que el problema no está solo en “el otro”, sino en el organismo completo que compartimos.

Entenderlo exige cambiar las preguntas. Salir de la anestesia. Preguntarnos, una y otra vez: ¿qué ciudad queremos construir?

La respuesta, como todo lo esencial, solo se encuentra caso por caso.

” La improvisación dejó de ser excepción para convertirse en método.”

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