Caso #27

febrero, 15, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #27• Río Monjas: La ley de la gravedad no se abstiene.

febrero, 15, 2026 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

La topografía de Quito convive en una relación tóxica con lo construido. Nos resistimos a reconocer su agresividad topográfica y le exigimos que todas sus pendientes sean de suelo aprovechable. Pero Newton no negocia cuando la masa y la pendiente hacen lo suyo. A la gravedad le importa un bledo la viveza criolla o las abstenciones del Concejo.

Según un informe técnico difundido en 2019 por el Colegio de Arquitectos de Pichincha, alrededor del 70 % de las edificaciones de nuestra capital presentan algún grado de informalidad o incumplimiento normativo, y una parte importante quedaría en problemas serios ante un sismo fuerte. No solo en la periferia extrema, sino también en la “normalidad urbana”.

En mi práctica profesional, uno advierte rápidamente nuestros vicios territoriales: siempre habrá quien quiera coronar una meseta con un capricho de Pinterest o aplanar una pendiente del 60 % para un partidito de ecuavoley. Mientras haya suelo, alguien encontrará la forma de venderlo o invadirlo para construir donde el terreno está en desacuerdo.

El borde del abismo sobre el río Monjas —en Pomasqui, Carretas, El Común Bajo—, del que tanto se ha hablado estas semanas, no nació ayer y es apenas una muestra pequeña de un territorio que se desgrana lentamente a lo largo de toda la infraestructura del territorio ecuatoriano.

Allí, como en centenares de otros casos, al menos una decena de viviendas comparten un riesgo inminente. Varias familias han sido evacuadas; otras han regresado por falta de alternativas reales. Como muchas, no se trata de una quebrada rural aislada, sino de una cuenca intervenida durante décadas por descargas, rellenos, urbanizaciones y la presión constante sobre taludes inestables.

En 2022, la Corte Constitucional declaró al río Monja como sujeto de derechos de la naturaleza mediante una sentencia vinculante. Ordenó su restauración ecológica, el control de las descargas, la gestión integral de la cuenca, la protección de los taludes y la coordinación interinstitucional.

Y el problema no se limita a las viviendas recientes ni a los barrios periféricos.

Uno de tantos está en Ponceano: la Casa de la Marquesa de Solanda —Hacienda Carcelén, del siglo XVIII— también observó cómo el suelo cedía junto al borde de la misma quebrada, mientras los informes circulaban y las mesas técnicas se multiplicaban. Contexto distinto, mismo patrón. (Al final del artículo enumeraré muchos otros casos locales y nacionales)

No fue un gesto espontáneo de la administración municipal. Llegó tras la presión sostenida de ciudadanos organizados que presentaron amicus curiae y llevaron el conflicto a los tribunales cuando aún no era tendencia. El Cabildo Cívico de Quito y la Veeduría Ciudadana de la Sentencia Río Monjas no pidieron protagonismo: se esmeran en cumplir su mandato.

Cuatro años después, hay estudios, mesas técnicas y enrocados parciales, pero el plan integral de recuperación de la cuenca no cuenta con un cronograma ni un presupuesto claro, ni siquiera de forma visible y accesible para la ciudadanía. Sin hoja de ruta, cada intervención se siente como un parche frente a una dinámica geomorfológica acumulada durante décadas.

La llamada Ordenanza Verde-Azul intentó reconocer que las quebradas no son bordes sobrantes, sino infraestructura natural viva. Nació por obligación y su fuerza en la práctica todavía está en disputa.

En las últimas semanas, las imágenes de dron del caso Monjas mostraron grietas activas, taludes desbrozados, cimentaciones expuestas y erosión que se acercaba a la infraestructura estratégica del norte de Quito. Familias con maletas listas, esperando compensaciones que, según denuncias públicas, no reflejan el valor real de los inmuebles.

También vale preguntarnos: ¿se debe indemnizar por el valor catastral o por el valor comercial? ¿Qué ocurre cuando la construcción es irregular pero tolerada durante años por el propio sistema? No solo es un dilema técnico, sino también moral. Vergonzosamente, en un clima preelectoral evidente, tanto para la alcaldía como para algunos ediles, parece que les resulta un estorbo comunicacional. 

El 3 de febrero, el Concejo Metropolitano intentó abordar el tema ante la presión mediática. Diez abstenciones y ausencia del alcalde. El 10 de febrero, doce abstenciones, esta vez con el alcalde presente. El río erosiona la base de los taludes. El cálculo político erosiona la credibilidad institucional. Newton no distingue bancadas. El reloj tampoco.

Basta que tiemble la tierra o que el invierno haga lo suyo. Ahí nadie querrá mirarse al espejo ante la tragedia y les será urgente fingir demencia ante todas las omisiones de obras preventivas tan poco fotogénicas. Vendrá entonces el momento performativo de la indignación, antes de capitalizar con las jugosas obras correctivas que suman contenido mediático.   

El caso de Río Monjas no solo retrata la abstención de votos calculados de ediles serviles. Trata de un estado de conciencia colectiva y territorial en el que todas las capas estructurales conviven en un territorio andino, atravesado por quebradas activas y suelos saturables, donde el voluntarismo político y la comodidad civil han aprendido a convivir.

Cada relleno y cada descarga dejan una huella que, tarde o temprano, aparecerá. El río Monjas no necesita informes para seguir abriéndose paso. Solo necesita que el sistema siga funcionando como hasta ahora.

Lista corta de territorios en riesgo:

1. Río Monjas (Pomasqui/Carretas/El Común Bajo) — erosión del talud / riesgo para las viviendas (2026).
2. Programa Habitacional del Magisterio (San Enrique de Velasco, norte) — talud / conjunto declarado inhabitable (más de 300 familias) (2026).
3. Av. Simón Bolívar (sector Guápulo) — deslizamiento / cierre vial (2026).
4. Guápulo — deslizamiento / afectación vial (2023).
5. La Gasca — aluvión (quebrada / arrastre de lodo y escombros) (2022).
6. La Gasca — nuevo aluvión/arrastre por lluvias (sector afectado durante la temporada invernal) (2024).
7. Quebrada Rumipamba (Pomasqui) — aluvión, arrastre y afectaciones a viviendas (2024).
8. Barrio Núñez (quebrada El Carmen) — riesgo por talud y quebrada, y reclamos vecinales (2022).
9. Quebrada (sector Osorio) — aluvión / emergencia por lluvias (2019).
10. Casa de la Marquesa de Solanda (Hacienda Carcelén, Ponceano) — pérdida de soporte del suelo / afectación al bien patrimonial junto a la quebrada (2025, informe técnico de visita).
11. Colapso/derrumbe de vivienda por lluvias (Guayaquil) — falla asociada a temporada invernal (2025).
12. Vía Cuenca–Girón–Pasaje — deslizamientos/derrumbes por lluvias (talud/vía) (2025)
13. Ambato (intervención/estabilización de taludes por riesgo) — talud inestable como problema recurrente (2024).
14. Esmeraldas: Reportes oficiales (SitRep) con eventos por lluvias — incluyen deslizamientos y afectaciones (año según el SitRep citado).

Fuentes documentales primarias

1. Corte Constitucional del Ecuador.
Sentencia No. 110-21-IN/22 y acumulados.
Caso: Vulneración de derechos de la naturaleza en la cuenca del río Monjas.
Quito, 2022.
Declara al río Monjas sujeto de derechos de la naturaleza y dispone medidas obligatorias de restauración ecológica, control de descargas, gestión integral de la cuenca, protección de taludes y coordinación interinstitucional.

2. Veeduría Ciudadana de la Sentencia Constitucional Río Monjas.
Informe presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Quito, 2025.
Documento que detalla observaciones sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional, cronogramas, requerimientos de información pública y seguimiento a las obligaciones municipales y de EPMAPS.

3. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Informe Técnico Nro. INPC-DCTCSPC-IT-2025-012.
“Respuesta a visita técnica Casa Marquesa de Solanda (Hacienda Carcelén)”.
Quito, 2025.
Informe sobre afectaciones estructurales vinculadas a procesos de inestabilidad del talud asociado a la quebrada del río Monjas en el sector de Ponceano.

4. Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAP).
Informe técnico difundido en 2019 sobre la informalidad constructiva en el Distrito Metropolitano de Quito.
Señala que aproximadamente el 70 % de las edificaciones presentan algún grado de incumplimiento normativo y vulnerabilidad estructural.