Caso #17

diciembre, 7, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

CASO #17• Quito.exe

El sistema pide reiniciarse

diciembre, 7, 2025 • Tiempo de Lectura: 3 minutos

Quito funciona como un dispositivo viejo: cambia la carcasa, actualiza el fondo de pantalla, presume filtros nuevos… pero el sistema operativo sigue fosilizado en otra época. La ciudad se cuelga en lo esencial, se calienta en lo cotidiano y, aun así, nos venden cada elección como si fuera la gran actualización. Brillo nuevo, rendimiento inmóvil.

En arquitectura manda lo invisible. El suelo decide antes del trazo. La topografía dicta movimientos previos a cualquier calle. La luz define confort antes de que exista una ventana. El comportamiento humano anticipa diseño.
Ese orden —metodología antes que obra— sostiene todo. Cuando se rompe, la estructura cede. Una ciudad no escapa a esa lógica.

Quito arrastra un defecto de fábrica: cada administración borra la memoria del sistema, reescribe procesos, reinventa trámites y vuelve a instalar la misma app rota. Las responsabilidades cambian de dueño, las decisiones se contradicen, y los proyectos nacen sin compatibilidad entre sí. No es mala suerte; es un diseño fallido.

Conviene recordar algo que casi nunca se explica: “Distrito Metropolitano” no es un adorno institucional, es una figura constitucional con licencia para operar con un Estatuto Autonómico. Esa es la arquitectura legal que permite que una ciudad compleja funcione como ciudad compleja.
Quito lo obtuvo en 1993, lo ratificó en 2008… y ahí se quedó: en la carpeta de descargas. Quince años sin activar el software.

La propuesta más sólida apareció en 2017: un sistema claro de competencias, planificación integrada y jerarquías que no dependían del humor del día. Tres años después, otro diagnóstico confirmó el daño: el Estado central comparte el mismo cuerpo con la ciudad, y ese accidente anatómico diluye el músculo local. El resultado es predecible: prioridades nacionales que aplastan necesidades urbanas básicas.

Y surge la pregunta inevitable —y legítima—:
¿cómo entender que un alcalde que ayudó a abrir la puerta constitucional para este Estatuto no haya movido un solo tornillo para levantarlo?
La respuesta es estructural, no personal: un sistema con límites, controles y verificaciones reduce la discrecionalidad política. Y la discrecionalidad es la droga favorita de cualquier administración que piense más en la reelección que en la ciudad.

Mientras tanto, las señales están en la calle. Servicios que no conversan entre sí. Obras que no anticipan a la siguiente. Tiempos institucionales que jamás calzan. Un cuerpo con órganos descoordinados intentando trotar en una loma. Nada fluye donde no existe un núcleo operativo.

Insistir en agregar infraestructura sin estructura es seguir parchando un teléfono que ya pide reinicio.

Lo urgente es el núcleo: jerarquías definidas, reglas exigibles, consecuencias claras, y una arquitectura institucional que aguante más que un periodo electoral.

Eso propone el Estatuto Autonómico:
— Unificación operativa para movilidad, suelo, seguridad, ambiente y riesgos. Una sola ruta, un solo responsable.
— Consejos zonales con recursos propios: el territorio decidiendo sobre el territorio.
— Parroquias y comunas con competencias reales, no simbólicas.
— Planificación integrada: suelo, banco de suelo, tanteo y retracto funcionando como engranaje técnico, no como consulta decorativa.
— Órganos con blindaje profesional: mérito, no compadrazgo.
— Lógica regional: agua, movilidad y cuencas pensadas como red —lo mínimo para una capital situada entre quebradas y volcanes.

Pero hay un vacío que debemos corregir si queremos un sistema funcional:
los deberes ciudadanos.

Una autonomía moderna no se sostiene solo con garantías. Necesita obligaciones verificables: cuidar el espacio común, respetar normas básicas, asumir consecuencias cuando se incumple. No se puede exigir un sistema operativo moderno si el usuario insiste en forzar la pantalla con llaves. Corresponsabilidad o declive: no hay tercera vía.

Ahí entra la suprapolítica: una disciplina que ordena antes de actuar, profesionaliza antes de inaugurar y alinea a la ciudad antes de moverla. Lo contrario al espectáculo: decisiones que funcionan aunque nadie las aplauda. Gobernanza en vez de “gestión”. La primera piensa; la segunda reacciona.

El Estatuto no está muerto: está suspendido, como un programa que nunca terminó de instalarse. Podemos actualizarlo, adaptarlo y enlazarlo con lo que estos años de desgaste nos han enseñado. La premisa debería ser compartida:

Esta capital no falla por falta de obras. Falla por falta de sistema.
Y cuando el sistema pide actualizarse, ignorarlo solo agrava el daño.
Quien esté al frente debe instalar el software; si no, no sirve.

Fuentes consultadas

1. Instituto de la Ciudad (ICQ).
   Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito — Versión Final 211117 (2017).
2. Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) – Fernando Carrión.
   Sobre el Estatuto Autonómico del Quito Distrito Metropolitano (2020).
3. Paulina Cepeda, FLACSO.
   Ciudades Capitales en América Latina (estudio comparado).
4. Constitución de la República del Ecuador (2008).
   Artículos 242, 247, 264, 171 (régimen territorial, competencias municipales, parroquias y comunas).
5. Ley del Distrito Metropolitano de Quito (1993).
6. Registro Oficial de la República del Ecuador.
   Publicaciones relacionadas con la normativa del DMQ y su ratificación constitucional (2008).
7. Entrevistas públicas, planes de gobierno y declaraciones oficiales (2023–2025)
   del alcalde y del Concejo Metropolitano sobre autonomía, planificación y competencias.
8. Contraloría General del Estado.
   Informes sobre gestión y funcionamiento de empresas públicas metropolitanas.
9. Estudios y reportes técnicos sobre gobernanza urbana y descentralización
   (fuentes abiertas verificadas entre 2023–2025).