CASO #5

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CASO #5: Quito, ciudad de piernas cortas

septiembre, 14, 2025 • Tiempo de Lectura: 4 minutos

Quito elige alcaldes con pasos cortos para planes de piernas largas. En 2014, Mauricio Rodas alcanzó la alcaldía con cerca del 58 %. Cinco años después, Jorge Yunda ganó con 21,35 %, y en 2023 Pabel Muñoz llegó con 25,18 %. Tres elecciones, tres legitimidades dispares, una misma constante: la capital se gobierna con apoyos mínimos para sostener proyectos que, en teoría, deberían caminar hasta 2032. El resultado es predecible: la ciudad arranca con ambiciones de maratón, pero tropieza antes del primer kilómetro.

La fragilidad empieza en el diseño electoral: decenas de candidatos, una sola vuelta y un microganador al frente de la ciudad. Con un piso político tan angosto, la oposición es inmediata y la continuidad, imposible. Una gobernanza de trapecistas.

Aquí conviene desempolvar ese artefacto casi mitológico que alguna vez prometió cambiar las reglas del juego y que nadie se atreve a romper… ni a cumplir: el Estatuto Autonómico de Quito.

El estatuto fantasma de una Constitución malograda

Ese ensayo retorcido de la Constitución del 2008 demolió los contrapesos jurídicos, operativos y morales, puso al país a merced de un Estado centralizador y angurriento, y dejó al Ecuador atrapado en una arquitectura institucional frágil y autocomplaciente. Sin embargo, en medio de ese andamiaje problemático, sobrevivió una idea rescatable: que los distritos metropolitanos como Quito pudieran romper sus grilletes.

Buenos propósitos: blindar los planes de ciudad frente al vaivén político, otorgar competencias propias, descentralizar en alcaldías zonales y asegurar ingresos estables. En febrero de 2020, el urbanista Fernando Carrión —durante el interludio de Jorge Yunda— llegó a darle forma: presupuestos distribuidos por zonas, gobiernos de cercanía y agencias técnicas que sobrevivieran a las elecciones… o, al menos, a los caprichos de sus ganadores. Pero la trama cambió de acto, se interrumpió el mandato, cambiaron los protagonistas, y el proyecto terminó en el cajón donde Quito guarda todo lo épico que termina oliendo a naftalina.

Desde 2023 el Concejo ha retomado el tema con informes técnicos, pero el paso decisivo —la consulta popular, única vía para legitimar el Estatuto— sigue sin convocarse. Mientras tanto, Quito continúa siendo un distrito metropolitano a medias, con planes de largo aliento que pueden ser alterados al antojo de cada sesión del Concejo.

Quito diseña planes a doce años y alcaldes que duran cuatro… o dos si el drama se espesa. Esa asimetría convierte cada PMDOT o PUGS —ambos con vigencia de doce años por ordenanza; hoy rige el PMDOT 2024–2033— en un delirio: se conciben para tres mandatos y apenas sobreviven a medio, condenados a ser reescritos antes de madurar.

Medellín: cuando la memoria se vuelve sistema

Al norte, Medellín parece haber hecho un pacto con el tiempo. Su Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) coordina a nueve municipios como quien dirige una orquesta afinada, y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) marca un horizonte de treinta años. Los alcaldes duran cuatro, pero no improvisan: gobiernan dentro de una partitura escrita de antemano.

Sobre esa capa supralocal se apoyan empresas públicas blindadas —EPM, la EDU, Ruta N— que funcionan con estatutos propios, juntas técnicas y planes que sobreviven a la política como los árboles al clima. Allí los gobiernos cambian, pero la ciudad avanza sin amnesia.

Quito, en cambio, parece empeñada en borrar sus huellas: empresas a merced de las urnas (y viceversa), planes que se reescriben antes de estrenarse y proyectos que mueren a medio camino.

En esta maratón, Medellín mantiene su cadencia y nuestras ciudades paran por un pan con cola en cada cuadra.

Gobernanza con piernas largas

Medellín demuestra que la continuidad no es un acto de fe, sino una ingeniería institucional: visión clara, técnica constante y reglas que sobreviven a los turnos. Quito no necesita obritas difundidas como contenido de redes sociales, sino un andamiaje que impida borrarlas cada dos años y, al mismo tiempo, las someta a controles y ajustes cuando la realidad lo exija.

Un sistema electoral que obligue a mayorías reales —segunda vuelta o voto preferencial— daría a la alcaldía un piso firme; un Estatuto Autonómico aprobado en consulta popular fijaría competencias e ingresos a salvo del capricho centralista; y una agencia técnica con junta multianual permitiría ejecutar proyectos sin reiniciarlos con cada cambio de alcalde.

Son medidas elementales para que Quito deje de planear maratones con piernas cortas… y empiece, por fin, a llegar a la meta.

Fuentes principales citadas

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